Las calles destapadas del caserío, enclavado en una planicie de los Montes de María, están casi vacías, sin importar que sea día festivo. La mujer —piel cobriza y cabello recogido— nos pide atravesar la casa hasta llegar al patio. Ubica unas sillas plásticas debajo de un palo de mango que le corta la potencia al sol del mediodía y comienza a hablar. Un vallenato se escucha desde una casa vecina, mientras del lado opuesto suena la algarabía de los niños jugando. Restan menos de seis horas para que empiece el toque de queda y el pueblo quede desierto: “Acá estamos como en una cárcel. A las 7 de la noche ya nadie se ve por la calle. Uno se remonta a esa época del 2000. Es como volver a esa bola de nieve en la que uno no sabe qué va a pasar, porque realmente el grupo se apoderó de nuestro territorio”.
Habla de “esa época” porque fueron los años en los que la violencia paramilitar se apoderó del territorio montemariano, conformado por 15 municipios de Bolívar y Sucre ubicados en un corredor estratégico entre el río Magdalena y el mar, que fue la ruta de escape para más de 215.000 habitantes que salieron desplazados, huyendo de las Autodefensas.
Un corredor por el que hoy se mueve buena parte de la droga, las armas y el contrabando que entra y sale por el mar Caribe, que nunca dejó de ser codiciado por los grupos ilegales y hoy controla casi por completo el Clan del Golfo (o AGC) a través de una violencia silenciosa que se expresa en amenazas, homicidios selectivos, confinamientos, extorsiones, reclutamientos, violencia sexual y un control que infunde terror e impide denunciar.
Cuesta creer que todo esto ocurra en un territorio a escasa hora y media de recorrido desde Cartagena, el principal centro turístico del Caribe colombiano. Cualquier visitante que se encarrile por la Troncal de Occidente pasa por estos pueblos sin notar que en las entradas, vestidos de civil, se camuflan informantes del Clan del Golfo que todo lo ven y lo controlan.
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Nadie sospecharía que en un corregimiento a apenas 20 kilómetros de esa carretera nacional —amplia y bien pavimentada— se encuentra una base del grupo en la que se ejercen las peores atrocidades de la guerra: “Allá hay un comandante que cada fin de semana pide que le lleven niñas, que a duras penas tienen 15 años, para violarlas. El tipo está en casa por cárcel y desde una finca controla el pueblo entero”, asegura una habitante que pide reservar su identidad, como todos por acá. Otros dos pobladores corroboran ese testimonio.
Control total en medio de la Paz Total
En los Montes de María nadie habla con nombre y apellido. Las órdenes de las AGC han corrido por cadenas de WhatsApp, panfletos, voz a voz y grafitis en los postes de luz de las zonas rurales: “Acá mandamos nosotros. Todo lo vemos. Nada de sapos”.
Bajo la sombra del árbol de mango, la conversación sobre el control y la violencia del Clan se extiende por más de dos horas. Un pequeño grupo de montemarianos que sobrevivieron a la guerra de los años pasados denuncian que el grupo “está reemplazando a las autoridades, imponiendo sanciones y horarios de entrada y salida, metiéndose en la vida cotidiana de las comunidades”.
Dicen que los campesinos “tienen miedo de ir a las fincas a trabajar porque no saben con quién se van a encontrar”. Que cada que se decreta un paro armado “los pueblos quedan vacíos y hay que aguantar hambre porque tendero que abra es objetivo militar”. Que los jóvenes temen por su seguridad con los toques de queda “porque dicen que al que encuentren en la calle lo van a matar”.
Y aunque todo esto comenzó a ser denunciado ante varias entidades del Estado al menos desde hace cinco años, la situación solo empeora. La consolidación del Clan del Golfo se salió de control durante el gobierno de Iván Duque, sin que la llegada de Gustavo Petro a la presidencia evitara su expansión. De hecho, la Defensoría del Pueblo ha emitido seis alertas tempranas desde 2018, y en la última —033, de diciembre de 2022— advirtió que el Clan ya no estaba solo en seis municipios montemarianos, sino en los 15, ejerciendo una gobernanza armada que tiene en riesgo a casi 350.000 habitantes.
“Citan a la comunidad, imparten sus normas arbitrarias de conducta, extorsionan, amenazan, limitan la actividad de los líderes. Tenemos conocimiento del incremento de patrullajes y advertimos la capacidad de reclutamiento de la población joven. También nos preocupan mucho los casos de acoso y violencia sexual contra las mujeres”, le dijo a Colombia+20 el defensor del pueblo, Carlos Camargo.
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Se trata de una violencia que revictimiza a miles de sobrevivientes del accionar de guerrillas y paramilitares, quienes siguen luchando por ser reparados en medio de un régimen que recuerda el que 20 años atrás impusieron Diego Vecino, Cadena, Juancho Dique y Román, antiguos jefes paramilitares que comandaron el bloque Héroes de los Montes de María de las AUC, al que se le atribuyen parte de las 69 masacres que dejaron casi 500 muertos de 1995 a 2002 y fueron caldo de cultivo de uno de los mayores desplazamientos y despojos de tierras del país.
Ahora pasa lo contrario, bajo una lógica de violencia selectiva para desviar la atención. El grupo le ha puesto cláusula de muerte a quien se desplace: confinan a la población para que la situación no salga de las fronteras que dominan.
“El confinamiento busca mantener la zona calmada y no atraer la atención de entidades, fuerza pública ni organismos humanitarios. Si se produjera un desplazamiento masivo llegaría todo el paquete de atención, y eso es lo que buscan alejar”, asegura el profesor Armando Mercado, de la Universidad Tecnológica de Bolívar. En los últimos tres años, más de 3.000 montemarianos se han visto afectados por los confinamientos.
Pese a que la dinámica de violencia cambió, el control es de tal magnitud que un habitante se remite a aquella época del paramilitarismo para describirlo: “Hoy nos sentimos como en 1997”, dice.
El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, ha visitado la región y reconoce que los Montes de María atraviesan una “delicada situación” y explica que la diferencia (respecto de las AUC) es que el Clan han desarrollado una estrategia de control social: “Su expansión ya no está signada por operaciones sistemáticas de masacres o ejecución de personas, sino de un control que les permite mostrarse como benefactores o ejercer la respuesta a los derechos económicos y sociales de las comunidades”.
El grupo ilegal les ha ofrecido dinero a pobladores, a líderes y juntas de acción comunal completas. Muchos de quienes se han negado a sus ofertas y se han parado en la raya por defender la autonomía de las comunidades son víctimas de una persecución sin cesar. En los últimos dos años se han registrado al menos 18 agresiones contra líderes y lideresas montemarianos, incluidos seis asesinatos.
Transitar por las veredas y algunos barrios de El Carmen de Bolívar, Colosó, San Jacinto, Ovejas o cualquier pueblo montemariano es suficiente para entender la estrategia del grupo de mostrarse como benefactor.
Acá —donde las paredes de madera y los techos de lata de zinc siguen siendo la única opción para muchos, los servicios públicos y la educación son un privilegio impensable, no abunda la riqueza efímera de la coca ni la minería y muchos perdieron todo por la guerra— el Clan del Golfo se dedica a construir una “base social” a punta de ofrecimientos que han fracturado la cohesión que estos pueblos construyeron en las últimas dos décadas.
“Se aprovechan del hambre de la gente”, dice un habitante de esta región, donde más del 80 % de la población está en situación de pobreza y el índice de pobreza multidimensional duplica de lejos al promedio nacional.
El comisionado de Paz recalca, con razón, que la presencia de las AGC en los Montes de María está documentada desde al menos seis años antes de la llegada de Gustavo Petro a la presidencia. Sin embargo, en esta zona la política gubernamental de Paz Total habría tenido un coletazo inesperado que complejizó todo.
“Los grupos sabían que Petro tenía como pilar la Paz Total, y arrancaron todo un proceso acelerado de politización. Ahora el Clan se presentaba como una estructura, estaban uniformados, presentaban líneas de mando (con comandante político, militar y administrativo). Una formalización de la presencia en clave de mostrarse como un grupo político-criminal”, explica Luis Fernando Trejos, investigador y profesor de la Universidad del Norte. Agrega que la falta de claridad en la estrategia de defensa del Gobierno facilitó la expansión de este grupo en todo el Caribe, su principal región de dominio.
El representante a la Cámara por la curul de paz de Montes de María, Luis Ramiro Ricardo, asegura que aunque varias entidades han tomado acciones para dar respuesta a toda esta ola de violencia, hace falta una intervención integral en la región: “Más que un diálogo sobre las circunstancias, lo que estamos requiriendo por parte del Gobierno Nacional son medidas contundentes en materia de seguridad, de orden público, de inversión. El Estado debe atender de manera integral nuestro territorio”.
Los jefes del Clan del Golfo en Montes de María
Un informe de la Fiscalía General de la Nación, conocido por Colombia+20, da cuenta de que el control del Clan del Golfo en los Montes de María está en manos de dos subestructuras del Bloque Nelson Hurtado. La principal es la Manuel José Gaitán (que tendría unos 195 miembros), comandada por Róger Ariel Grandet Chávez (’el Costeño’).
Grandet ya había sido capturado en el sur de Córdoba en 2015, y en su momento fue reportado como hombre de confianza de ‘Gavilán’ -uno de los principales comandantes de las AGC-. Sin embargo, otra vez está en la mira de las autoridades.
La otra subestructura con presencia en la región es la Nicolás Antonio Irango (con 166 integrantes), que estaba al mando Carlos Fernando Ayala Barrera (‘Emperador’ o ‘Gomelo’), capturado el pasado mes de abril.
La Fiscalía reporta 107 capturas del Bloque Nelson Hurtado entre 2019 y 2023, y expidió órdenes de captura contra 51 miembros del Clan que operan en los Montes de María.
Según un defensor de derechos humanos de la zona, entre las comunidades hay zozobra porque “en terreno los miembros de las AGC parecieran no responder a un mando único. Amenazan, asesinan sin que sus superiores se den cuenta, y eso nos hace más vulnerables”.
Una fachada de paz para desviar los reflectores
Los grafitis de las AGC en los postes de las veredas no son gratuitos. Lejos de lo que ocurre en regiones como el Urabá y Chocó, con pintas en cada esquina, en Montes de María el grupo armado se ha encargado de no dejar ninguna señal en los cascos urbanos, en un intento por mantener la falsa idea de que la región es un territorio de paz.
“Buscan dar la impresión de que allá es muy fácil moverse. Como no hay nadie que los desafíe, tienen un control pleno del territorio y aprendieron a dosificar la violencia para no prender las alarmas en ningún lado”, explica el profesor Trejos.
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Prueba de esta fachada de paz es que las cifras de homicidios y masacres han bajado en los últimos años, como lo reportó en diciembre pasado la Defensoría del Pueblo en su alerta temprana estructural 033. De 70 homicidios en 2020 se pasó a 48 en 2021 y 16 en 2022, una reducción que para varios observadores solo muestra la intención del grupo de no llamar la atención de las autoridades.
El control total silencioso le ha permitido al grupo implantar prácticas que superan incluso a las implementadas por las AUC, sin que nadie lo note. Además de quienes vigilan y patrullan pueblos y veredas, el grupo estaría poniendo a algunos de sus hombres a convivir con las comunidades en sus propias casas.
Una suerte de capataz impuesto al que deben obedecer y alimentar. “Son como espías que ponen a vivir en las fincas”, dice un poblador.
“Eso implica no solo mayor control, sino riesgo. Si un padre de familia tiene que hacer una compra o diligencia, debe llevar a sus hijas y esposa. Procuran que no estén solas con esos hombres por el temor a casos de violencia sexual o de género”, agrega un defensor de derechos humanos del Caribe.
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Incluso, el grupo ilegal se ha tomado los lugares emblemáticos de memoria de las comunidades para despachar desde allí su violencia. En el corregimiento de El Salado, donde las AUC masacraron a 60 personas hace 23 años, el Clan estaría citando a reuniones para impartir su ley en la Casa del Pueblo, un espacio construido como parte de la medida de reparación colectiva. Lo mismo ha ocurrido en otros pueblos y veredas, donde las AGC extorsionan a los beneficiarios de indemnizaciones, proyectos de cooperación y hasta a los contratistas encargados de las obras de infraestructura.
¿Y la Fuerza Pública?
La pregunta de los pobladores es cómo el Clan del Golfo ha logrado consolidar ese poder y control en una región atravesada por dos de las principales vías del país y en la que hay más de 4.000 miembros de la Armada, la Policía y el Ejército.
“Yo no puedo asegurar que haya connivencia. No es como en la época de los paramilitares, que andaban todos juntos y mataban juntos, pero sí creo que hay al menos una omisión”, dijo una habitante de la región.
El coronel Orlando Alarcón López, comandante de la Brigada de Infantería de Marina Número 1 -que tiene jurisdicción en la región-, le aseguró a Colombia+20 que sus unidades han sostenido un “combate frontal comprometido en afectar a estos criminales”, que entre 2020 y 2022 dio como resultado la captura de ocho cabecillas y que en lo corrido de este año suma 72 capturas y 17 entregas de miembros del Clan.
Sin embargo, una funcionaria del Estado que pidió no ser citada dijo que la estrategia del grupo ilegal ha sido tan efectiva que el Gobierno sigue viendo la situación de los Montes de María como “un conflicto de baja intensidad”, por lo que se concentran las acciones de seguridad y defensa en territorios con confrontaciones activas.
Esa versión cobra valor al observar los enfrentamientos armados entre la Fuerza Pública y los grupos ilegales, que registra el Mecanismo de Monitoreo del Sistema Integral para la Paz. Entre diciembre de 2016 y mayo de 2023, sumando todo Sucre y Bolívar se tienen 37 hechos, un número muy inferior al de territorios como Cauca (185 enfrentamientos), Antioquia (177) o Norte de Santander (127), donde sí hay disputas territoriales entre estructuras.
Pero el fantasma de la llegada de otros grupos que le hagan frente a las AGC en esta zona sigue existiendo. A inicios de mayo, circuló un panfleto firmado por las Autodefensas Campesinas de los Montes de María (ACMM), en el que aseguran que combatirán al Clan del Golfo. Mientras unos pobladores lo ven como la única salida para ponerles freno, otros temen que sea el preludio de una guerra mucho peor.
Lea la segunda entrega de esta investigación: Así funciona el entramado criminal del Clan del Golfo en Montes de María
“Lo que no ve el Gobierno en Montes es que puede ser un conflicto de baja intensidad, pero con altísimo impacto humanitario para las comunidades que viven acá”, dice alguien que trabaja en la Defensoría del Pueblo.
Mientras sigue la incertidumbre de lo que pueda suceder, el Clan cambia sus tácticas de guerra en la zona y las comunidades temen que todo empeore de cara a las elecciones regionales. Se habla en voz baja de que, como en el capítulo de la parapolítica, el grupo ya tiene sus candidatos a alcaldías y concejos municipales. Pero de todo eso hablaremos en la segunda entrega de este reportaje.
