Así funciona el entramado criminal del Clan del Golfo en Montes de María

En una pared desvencijada sobrevive un grafiti del ELN tachado con una x. Es de las pocas pintas que se pueden ver en los cascos urbanos de Montes de María, pues las AGC han tratado de no dejar marcas de su accionar.

Foto: Julian Rios - Julian Rios

Primero llegaron solo tres hombres. Vestidos de civil, ingresaron a un caserío de los Montes de María (el mismo que en la década de 1990 se volvió un pueblo fantasma después de un desplazamiento masivo causado por los paramilitares de las AUC). Los hombres se presentaron como miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), preguntaron por algunos habitantes de la zona y anunciaron que regresarían dos semanas después “a organizar el pueblo”. Todo ocurrió a finales de 2022.

La comunidad ya sabía de ese grupo, también conocido como Clan del Golfo, que —como contó el domingo Colombia+20 en la primera entrega de este reportaje— ha desplegado una ola de violencia selectiva y silenciosa que le ha permitido tener el control total de esta región sin llamar la atención de las autoridades. Un control clave para apoderarse de un corredor estratégico, entre el río Magdalena y el mar Caribe, por donde se mueven buena parte de la droga, las armas y el contrabando del norte del país.

Lea la primera entrega aquí: La barbarie paramilitar que revive el Clan del Golfo en Montes de María

Cuando llegaron al pueblo, eran 10 veces más que cuando se anunciaron, y algunos usaban uniformes camuflados y mostraban sus armas. Desde entonces no se han ido. “No se quedan en la cabecera del corregimiento. Andan por fincas, entran esporádicamente, patrullan, preguntan por algo y vuelven a salir”, cuenta una persona de la zona. No solo ejercen control: también van endulzando el oído de los jóvenes para que se sumen a sus filas. Según un habitante, “están reclutando gente raizal, montemariana, que conoce las rutas, el territorio y a su gente. Eso les permite también saber quiénes pertenecen a organizaciones sociales y cómo se mueven”.

Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo, le dijo a Colombia+20 que el Clan del Golfo ha vinculado a varios jóvenes como informantes o campaneros “a cambio de un teléfono móvil con conexión a internet o una remuneración que supera el salario mínimo”. La Defensoría también ha documentado casos de menores de edad que son enviados a otras zonas del país para ser entrenados en labores de ataque. “Otros permanecen en sus comunidades y les asignan labores de inteligencia, apoyo en los patrullajes, vigilancia de caminos, control comunitario, sicariato o como correos humanos en el transporte de armas y drogas ilegales”, agrega Camargo.

¿Cuántos son y cómo operan?

De acuerdo con la inteligencia militar, el Clan del Golfo tiene en todo el país alrededor de 4.000 integrantes, de los cuales el 65 % (unos 2.500) estarían en armas. En los ocho municipios de Sucre y siete de Bolívar que conforman los Montes de María, en cambio, la mayoría de los miembros de este grupo ilegal hacen parte de las redes de milicianos e informantes. Según reportes de la Fiscalía conocidos por Colombia+20, solo 51 de los 361 miembros de las dos subestructuras que operan en la región hacen parte del componente armado del clan.

Con ese pie de fuerza, el grupo se ha consolidado como la nueva autoridad. Dictan la hora de dormir, aprueban o desaprueban las reuniones, cobran extorsión por todo lo que se mueve y han cooptado a bandas delincuenciales locales para controlar el microtráfico de drogas y el sicariato.

El profesor Armando Mercado, de la Universidad Tecnológica de Bolívar, explica que aunque en Montes históricamente no ha habido grandes cultivos de coca ni minería ilegal, desde la década de 1960 la región ha sido un corredor estratégico. “A la izquierda tiene el golfo de Morrosquillo y el mar Caribe, a la derecha el río Magdalena, y en la mitad la zona montañosa para resguardarse. Es una ruta clave para sacar la droga e incluso para entrar precursores químicos y otras cosas”.

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Una de las apuestas del Clan para lograr la hegemonía sobre ese corredor fue el control de los municipios principales de la región: San Onofre (donde está la salida al mar Caribe) y El Carmen de Bolívar (principal centro poblado y punto de almacenamiento de parte de la droga que transita por esta ruta). En esos dos pueblos se concentra el 54 % de los homicidios que ocurrieron entre 2020 y 2022 en los Montes de María: 73 de 134 asesinatos.

Además, para reducir su exposición ante las autoridades y evitar que se creen relaciones de confianza con las comunidades, el grupo estaría imponiendo rotaciones de cabecillas locales cada dos o tres meses.

Según los habitantes de la región, en varias de las reuniones a las que ha convocado el Clan del Golfo se ha hablado de la política de paz total del presidente Gustavo Petro, a la que el grupo se matriculó y cuyos avances saltaron a la vista cuando el jefe de Estado decretó, el 1.° de enero, un cese al fuego bilateral con esta estructura, que se dio por terminado el 21 de marzo.

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“En esas reuniones los rangos bajos le han dicho a la comunidad que la orden de arriba es acogerse a la negociación con el Gobierno, pero que acá a ellos no les llega información de eso. Algunos incluso tienen miedo de que no los tengan en cuenta y pase lo mismo que con los paramilitares hace años, que las cabezas negociaron y a los otros los empezaron a matar”, contó un líder de la región.

Alertas en época pre-electoral

La población de los Montes de María también alertó el riesgo que generan estos hechos de violencia en época preelectoral por constreñimiento y amedrentamientos durante la próxima jornada de elecciones regionales en octubre.

En mayo del 2022, los Consejos Territoriales de Paz de los Montes de María, previo a la jornada electoral para las elecciones presidenciales, también alertaron vulneraciones y escenarios de riesgo.

Según el tercer “Informe preelectoral de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales en el 2023″, de la Misión de Observación Electoral (MOE), el departamento de Sucre ocupa el tercer lugar con más agresiones a liderazgos en 2023, faltando cinco meses para las elecciones, con ocho casos.

Es una preocupación latente que, en medio del control total del grupo, las comunidad esperan que no recrudezca el régimen de violencia que ya se vive en la zona.