Los casos en los que el Estado no garantizó la protección a excombatientes de Farc

Imagen tomada en el funeral de 'Albeiro Suárez', líder de los excombatientes en Meta, asesinado en octubre de 2020.

Foto: Suministrado a Colombia+20

La Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo advirtió en noviembre de 2020: de continuar la tendencia, a diciembre de 2024 podrían ser 1.600 exFarc asesinados en el país. Lo decía cuando los homicidios rondaban los 240 casos. Hoy, un año después, la cifra va en 291 asesinatos. Esa misma afirmación la hizo este jueves la Corte Constitucional sin matices: el Estado ha fracasado en la protección a excombatientes que dejaron las armas y se acogieron a la legalidad.

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Una cifra evidencia que la respuesta oficial al riesgo inminente de los firmantes ha sido lenta e inoportuna: 35 excombatientes asesinados habían elevado previamente al Gobierno una solicitud de protección. Mientras la Unidad Nacional de Protección (UNP) estudió el riesgo, hizo el análisis, emitió la decisión para aprobar el esquema y finalmente lo implementó, los armados cumplieron las amenazas y los asesinaron.

Ese fue el caso de Esder Pineda Peña, excombatiente asesinado en Algeciras (Huila) en febrero de 2020. Un año y medio antes de ser ultimado a disparos, el exguerrillero le había pedido a la UNP en junio de 2018 que lo protegiera. Como resultado, el análisis de seguridad que hizo la entidad arrojó que su riesgo era extraordinario y se decidió que la medida de protección para él era apoyarlo en su reubicación y trasteo fuera de ese municipio huilense. A finales de ese 2018 y principios de 2019, la entidad le giró unos pagos para que saliera del municipio donde estaba amenazado.

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Durante 2019, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) volvió a pedirle a la UNP que revaluara la situación de riesgo del excombatiente, que seguía en peligro inminente. Al momento de su asesinato, esa petición aún estaba en trámite dentro de la UNP. A Esder Pineda no le alcanzó el tiempo.

Ese no es el único caso en Algeciras. Manuela Marín, hoy delegada del partido Comunes en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) del Acuerdo de Paz, dice que el caso de ese municipio huilense es un ejemplo de la situación: allí se fueron concentrando exguerrilleros que salieron de antiguos espacios territoriales, se instalaron y levantaron proyectos productivos. Luego, una oleada de crímenes contra ellos que dejó al menos seis asesinados en esa localidad y en los municipios vecinos terminó desplazando a todas las familias de excombatientes en Algeciras, muchas de las cuales no han vuelto y hoy permanecen en Neiva, en Bogotá o en otras ciudades.

Alertas también en los espacios territoriales

Precisamente, los desplazamientos masivos han sido otros de los casos en que los firmantes del Acuerdo sostienen que el Gobierno les falló. El 15 de julio de 2020, 93 personas entre excombatientes y sus familias se subieron a tres chivas, empacaron sus enseres en una decena de camiones y emprendieron camino desde la vereda Santa Lucía, en Ituango, hacia Mutatá. Lo hacían luego de que 11 excombatientes de ese espacio territorial, y algunos de sus familiares, fueran asesinados desde que se asentaron allí tras la firma de la paz.

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La escena, casi idéntica, se repitió un año y medio después en otro espacio territorial. En esta ocasión, en diciembre de 2021, fue en los Llanos del Yarí, en límites entre Meta y Caquetá. Luego de varios hostigamientos a los excombatientes de ese espacio, incluyendo la quema de sus vehículos de protección, la población tuvo que salir desplazada. Sin embargo, ni siquiera así se sintieron seguros: la caravana en la que salieron de allí con sus enseres y sus familias, aún con acompañamiento de entidades como la Defensoría del Pueblo y la Misión de Verificación de la ONU, fue hostigada con disparos de fusil y un camión que iba en el recorrido fue incinerado

Tutelas para su protección

Hay otros casos en que los firmantes del Acuerdo, luego de una cruzada a través de entidades y valiéndose de tutelas, han logrado escapar de las amenazas y el radar de los armados. Armando Rodríguez Ibarra, conocido en las Farc como Daniel Reyes, empezó a denunciar amenazas en enero de 2020. El 22 de ese mes dos militares vestidos de civil en una moto intentaron detenerlo y luego lo persiguieron por un paraje desolado de una vía de Vista Hermosa, al punto que el exguerrillero tuvo que abandonar su moto y escabullirse por el monte. Luego, integrantes del Batallón de Operaciones Terrestres número 6 de Vista Hermosa se comunicaron con él y le dijeron que eran ellos quienes lo habían perseguido al confundirlo con un supuesto extorsionista. Le sugirieron “dejar así” y no denunciar lo que había ocurrido.

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Además de ese hecho, recibió amenazas de muerte a través de sus familiares y fue víctima de estigmatización por parte de un concejal del municipio de Vista Hermosa quien aseguró que él era un extorsionista, aunque después dijo no tener pruebas para demostrarlo. Rodríguez denunció el hecho en la Fiscalía y ante otras autoridades, entre ellas la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) que inició el trámite ante la UNP para que le otorgara un esquema. Como pasaron cinco meses desde su solicitud de protección, el exguerrillero interpuso una tutela en mayo de ese año. El juez de Villavicencio que resolvió la acción la declaró improcedente.

El caso se fue a segunda instancia y allí, el Tribunal Superior del Distrito de Villavicencio revocó el fallo de primera instancia y dijo que las entidades, entre ellas la UNP, habían vulnerado los derechos del excombatiente al transcurrir más de seis meses sin brindarle medidas de protección efectiva. En consecuencia, le ordenó protegerlo.

Pero el fallo de segunda instancia tampoco fue suficiente. Tuvo que interponer un incidente de desacato ante el juez contra la UNP para que esta entidad finalmente materializara el esquema de protección a su favor. Entre el momento en que Armando Rodríguez presentó la solicitud de protección, se emitieron los fallos de primera y segunda instancia y se resolvió el incidente de desacato, pasaron alrededor de nueve meses, parte de los cuales el firmante del Acuerdo tuvo que permanecer desplazado de su municipio para salvaguardar su vida.

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Ese tipo de “cruzadas” que deben emprender los excombatientes para lograr protección del Estado fue uno de los elementos que tuvo en cuenta la ponencia de la magistrada Cristina Pardo que respaldó la Corte Constitucional. “Debe reiterar la Corte -dice la ponencia- que el hecho mismo de que una persona firmante del Acuerdo tenga que acudir a la tutela para obtener la protección ya resulta de por sí gravísimo (…) la población firmante no capituló ni se rindió, y lo que espera es que el Estado honre su compromiso de facilitar su reincorporación a la vida política, social y económica de manera integral, y de este modo se restablezca la asimetría inevitable que se presenta en relación con el cumplimiento de los compromisos de las partes”.

Uno de los casos que tuvo en cuenta la Corte y que evidencia esa cruzada con tutelas para asegurarse la protección es el de la Nueva Área de Reincorporación ubicada en Tallambí – un poblado fronterizo entre Nariño y Ecuador – en la que habita un centenar de firmantes del Acuerdo. Esta población, de forma colectiva, pidió protección ante la UNP desde octubre de 2018 y solo consiguió que se materializara un año y medio después, en abril de 2020, luego de tener que acudir a una tutela. Sin embargo, meses después de recibir el esquema que les otorgó la UNP, el excombatiente Clever Cánticuz Díaz, que pertenecía a ese colectivo, fue asesinado en zona aledaña al poblado.

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En las ocho tutelas que estudió la Corte, cinco provenían de excombatientes de Tallambí. Otra más provenía de Tumaco, otra del líder del espacio territorial de Charras (Guaviare), Francisco Gamboa, o Ricardo Semillas, y otra del líder de los exguerrilleros en Norte de Santander, Emiro Ropero o Rubén Zamora. El elemento común en todas, explicó un abogado cercano al proceso, es el incumplimiento o las demoras en la protección que deben recibir a través de la UNP.

La JEP, en una de las respuestas que ha enviado a la UNP en medio del trámite que avanza en esa justicia sobre medidas cautelares de protección a esa población, advirtió lo desbordada que está la protección a los firmantes del Acuerdo: “ante un escenario hipotético en el que todas las personas que presentaron solicitudes de protección acudieran a la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor congestión judicial, un desbordamiento de las capacidades institucionales de la UNP para cumplir las órdenes emanadas de la justicia, se incrementaría la afectación y se pondría en riesgo la confianza y la legitimidad de la actuación misional de la UNP y del sistema integral de seguridad”.

La respuesta del Gobierno

Sobre la decisión de la Corte Constitucional, este viernes el Gobierno a través del consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, rechazó el fallo, aunque aseguró que lo acatarían. Archila indicó que durante la presidencia de Iván Duque se habría reducido en un 30% las afectaciones contra desmovilizados de las Farc y comparó las cifras con respecto a la administración de Juan Manuel Santos.

“Este es el proceso de desarme, de los 11 que ha habido, en donde menos afectaciones se presentaron por cada 1.000 personas en proceso de reincorporación. El inmediatamente anterior en el tiempo, en la administración del presidente Santos, hubo 11 muertos por cada 1.000 personas en proceso de reincorporación de las Autodefensas”, explicó el consejero Archila.