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El paro armado del Eln puso en evidencia la situación de violencia en varias regiones del país. En Norte de Santander el tema es particularmente grave porque es una de las zonas en las que esa guerrilla tiene mayor control territorial y en donde tiene disputas con otros actores armados. Además, se trata de la región del país con más hectáreas de coca cultivadas (alrededor de 40.000) y epicentro de la frontera con Venezuela. Así lo explica Junior Maldonado, de 29 años, vocero de la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat).
Maldonado, que ha sido abanderado de procesos como la suspensión de fumigaciones con glifosato, la sustitución de cultivos de uso ilícito y la participación de las víctimas en el Congreso, participó como panelista en el evento Ciudad de Frontera: Los jóvenes sueñan una Cúcuta diferente, organizado por Colombia+20 y la Embajada de Alemania, en alianza con el diario La Opinión.
Colombia+20 habló con él sobre la situación de violencia en Cúcuta, la relación con las dinámicas de violencia que ha vivido por años la región de El Catatumbo, también en Norte de Santander y de la agenda de los líderes sociales de esta región para contribuir a mejorar las condiciones de vida de las comunidades en este territorio.
¿Qué incidencia real tuvo el paro armado del Eln en Cúcuta?
El paro armado es una realidad en Cúcuta, porque hay unas estructuras del Eln que se han fortalecido en la frontera. La disputa que llevaron ellos en 2018, 2019 y 2020 ha afianzado una presencia del Eln en la frontera de Cúcuta, entre Villa del Rosario y Puerto Santander. Ellos tienen una fortaleza en el área metropolitana de Cúcuta, la parálisis del comercio, por ejemplo, Cúcuta vive de la informalidad y esa informalidad se ha visto paralizada en estos tres días de paro.
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A la zona rural de Cúcuta habían llegado las Agc hace ya varios meses a disputarse el territorio ¿Qué pasó con eso?
La disputa de ellos fue con Los Rastrojos y el resultado de esa disputa llevó prácticamente a desaparecer a Los Rastrojos y se quedó la franquicia de las Agc. A pesar de que a ellos los han reducido también, todavía tienen una presencia en el área rural de Cúcuta hacia la frontera con Puerto Santander, muy mínima, pero la hay. Y el Eln se ha puesto en toda la línea de frontera, pegando con el Catatumbo.
¿Por qué después de la firma del Acuerdo de Paz toda esa conflictividad llegó hasta Cúcuta?
Después de la firma hubo una reconfiguración de los actores armados en Norte de Santander y en muchas regiones del país. La guerra tomó otras dimensiones. Hace años nosotros no nos imaginábamos llegar a decir que la guerra podía conectar al Catatumbo con Cúcuta, y eso también se debe a la expansión de los cultivos de uso ilícito. Hay un crecimiento notable en la cantidad de cultivos de coca, Tibú pasó a ser el municipio con más hoja de coca en Colombia según las Naciones Unidas y eso significa que las disputas por las rentas ilegales, pero también por el control de la frontera, se volvieron estratégicas para esos actores armados. A eso se suma ya la presencia de carteles mexicanos en Norte de Santander, que eso no se daba antes de la firma del Acuerdo de paz, y hoy ya tienen una presencia visible, no es mentira, y eso también es un nuevo fenómeno que expande más el conflicto armado hacia las ciudades.
¿Cómo es esa presencia de los carteles mexicanos?
Como han crecido los cultivos de uso ilícito ellos han llegado a tener presencia en la demanda y en el control de las economías, porque a pesar de que Cúcuta se vea muy bonita tiene una informalidad y una economía burbuja, o sea, el lavado de activos que se da en la ciudad es impresionante y es producto de esa entrada de los recursos que llegan a través de la ilegalidad por el narcotráfico en el Catatumbo.
Hay presencia de ellos en el territorio. Antes enviaban a sus emisarios, hoy ya no confían en los emisarios y tienen es a su propia gente en el territorio. Por ahora están en el tráfico, pero hemos identificado que han querido empezar a entrar a la siembra. Eso complicaría mucho las cosas.
Hablemos de la frontera: aunque lleva cerrada mucho tiempo, los grupos ilegales siguen pasando por ahí, ¿eso ha contribuido a esa llegada de las dinámicas del conflicto a la ciudad?
La frontera siempre ha sido un eje de disputa. No solo ahora sino desde hace muchos años. Para todos los actores armados la frontera es importante y en los últimos años aún más, no solo por los elementos políticos o lo que representa, porque quien controle la frontera, controla el departamento y la economía. El problema es que ni Venezuela logra tener el control de la frontera, ni Colombia logra ese control tampoco. Es una frontera muy porosa y lo cierto es que de lado y lado hay una omisión de Estado y eso agrava las situaciones de violencia en todo el territorio, en la ruralidad y en las ciudades.
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Para poner en marcha la sustitución de cultivos de uso ilícito, según los Acuerdos, se iban a hacer dos proyectos piloto en Sardinata y Tibú, ¿cómo les fue con eso?
El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en el Catatumbo recogió a 3.000 familias entre Tibú y Sardinata y nosotros firmamos dos acuerdos de voluntades, avanzamos en un piloto en seis veredas del municipio de Tibú, pero hay que decir que el Gobierno Nacional incumplió su parte. A pesar de que Emilio Archila (consejero para la Estabilización) y el director del programa han dicho que se han invertido miles de recursos, no han puesto a funcionar el programa como debe ser. No hay una integralidad en el programa que, más allá del subsidio de alimentación o de sostenimiento que se le da a la familia, esté articulado al PDET.
También desbarataron las estructuras de funcionamiento del PNIS, por ejemplo, el Consejo Permanente de Dirección Estratégica, a nivel nacional; los Consejos Asesores Territoriales los desapareció este gobierno. Y como no hay figuras de participación de la comunidad la gente no sabe hoy en qué está el PNIS. El gobierno ha propuesto unos paralelos como Hecho a la Medida, como Formalizar para sustituir, pero eso no es lo que se acordó en el territorio. Nosotros lo que hemos decidido es que mientras no haya un real compromiso del Gobierno con la reforma rural integral, no vamos a poder avanzar con el PNIS porque si no hay tierras para la gente es imposible poder avanzar. Hasta el momento está paralizado el programa.
Y además los riesgos que eso genera en los liderazgos. Nosotros después de la firma del programa hemos perdido buena parte de los liderazgos, asesinatos, amenazas. Eso en el territorio tiene un costo político. Primero por las amenazas de los actores armados, de los mismos carteles que se benefician de los cultivos. Y por otro lado, si el gobierno no cumple, nos queda a nosotros muy difícil tener el costo político que lleva haber asumido eso. La gente tiene la voluntad de sustitución, pero si no hay garantías es muy difícil.
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La gran apuesta del movimiento campesino en El Catatumbo es la zona de reserva campesina ¿En qué va eso?
Sí, la zona de reserva campesina sigue siendo nuestra bandera de lucha como organización. Estamos en un proceso en la Corte de Constitucional, amparados sobre la sentencia T052. El pueblo Barí también está buscando la ampliación, delimitación y saneamiento de su resguardo, y nosotros estamos buscando la constitución de la zona reserva campesina. Son figuras que se traslapan y nos han llevado un proceso de diálogo territorial entre indígenas y campesinos. La Corte ha puesto unos tiempos, y esos tiempos los ha incumplido la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Hay dos medidas de desacato contra la ANT por no haber avanzado en ese proceso. Nosotros también planteamos que se titule la tierra a los pequeños campesinos en medio de los baldíos que hay. Hoy hay polígonos para constituir ya, el caso de Tibú y la zona sur de San Calixto y Hacarí. Ahora vamos a llegar a instancias internacionales y estamos esperando respuestas.
¿Cómo ve la oportunidad de que haya una curul de paz en el Congreso representando a la región?
Lo primero es que quienes dimos la pelea jurídica para que esto reviviera fuimos nosotros desde el Catatumbo, que fuimos coadyuvantes de la acción de tutela que las revivió. Las curules de paz implican un reto para el movimiento social, para las organizaciones que hemos estado históricamente en el territorio, y la necesidad de que lleguen voces nuevas al Congreso. A esto se le han puesto muchas talanqueras, el Gobierno Nacional hizo lento el proceso, los tiempos de reglamentación del proceso los retrasaron. Eso llevó a que las candidaturas fueron corriendo, la Registraduría no tuvo una arquitectura diseñada para el proceso. Tanto que hasta el financiamiento estatal está paralizado, no le ha llegado a nadie ese financiamiento. La especialidad de estas curules es que son para las víctimas, pero de especial no tienen nada, porque por ejemplo las aseguradoras no quieren asegurar el proceso.
Y está la injerencia de los partidos políticos tradicionales en este proceso. En el Catatumbo no estamos exentos de partidos políticos que han puesto fichas que hacen pasar como víctimas del conflicto armado, pero que su andamiaje viene a través de alfiles de partidos tradicionales. Sería lamentable que la curul no quedara en manos de la gente que por muchos años ha hecho una lucha social en el territorio. Y no solamente en el Catatumbo sino en muchas regiones del país.
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¿Y qué debería estar en la agenda de quien ocupe esa curul?
Lo primero es la centralidad de las víctimas. A la Ley de Víctimas hay que darle un debate. Ahora mismo en Colombia se está indemnizando a una persona si tiene 65 años, si es madre cabeza de hogar o si tiene enfermedades terminales. Esas resoluciones limitan hoy las indemnizaciones a las familias víctimas del conflicto. Hay que reformar la ley para acelerar los procesos y también revisar fiscalmente hasta dónde se puede indemnizar a las familias porque indemnizar a los nueve millones de víctimas vale $300 billones. Hay que avanzar del 16% de víctimas indemnizadas que llevamos, al 50% como mínimo. Y en esa reforma hay que acelerar también los procesos de los sujetos de reparación colectiva, a esos pueblos que fueron golpeados por la guerra. Esos pueblos tiene una forma de reparación a través de carreteras, infraestructura en salud, entre otras. En el Catatumbo, por ejemplo, La Gabarra es un sujeto de reparación colectiva, pero no ha avanzado, es muy lento.
Lo otro es el tema de tierras. La Ley Segunda (de 1959) no deja titular tierras baldías de Nación; hay mucha gente que está en carta venta o en sana posesión, en baldíos, y hay que darle un debate al tema de la formalización. El Acuerdo de Paz creó el Fondo de Tierras, que debía tener tres millones de hectáreas de tierra para campesinos, pero eso no avanzó. Igualmente, hay que hacerle control político al PDET.
Con el tema de cultivos de uso ilícito hay que avanzar por lo menos en tres iniciativas. Primero, hay que rescatar la ley de prohibición de uso del glifosato. Y no lo hacemos por proteger los cultivos de uso ilícito, como han querido señalar. Lo hacemos por los impactos a la vida humana, a la producción agrícola y porque llevamos 40 años fumigando y los cultivos no se acaban, esa es una política fallida. Segundo, la ley penal diferencial para los cultivadores de hoja de coca. No se puede seguir procesando a los cultivadores de hoja de coca. La ley 30 es para procesar a los narcotraficantes y el cultivador de coca es un pequeño eslabón en toda la cadena. Y la tercera es que la sustitución de cultivos se vuelva ley de la República. Que no se haga por decretos para programas temporales.
Y, por último, en nuestra agenda está la necesidad de insistir en los diálogos con los actores armados y la reapertura de la frontera con Venezuela porque es estratégico para el comercio y el bienestar de la región.
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¿Y qué posición han tomado los grupos armados en la región frente a la curul de paz?
Hay actores armados en el Catatumbo que han señalado que no van a dejar hacer política a los partidos tradicionales. Hemos visto que han limitado el tema de la publicidad, pero en el caso de las curules de paz nos ha tocado también explicarles, porque hay actores de armados que ni conocen el tema. Hasta el momento hemos podido hacer el ejercicio político, algunos candidatos sufrieron situaciones de seguridad, pero hemos venido planteando la necesidad de hacer un pacto electoral para las jornadas electorales de este año. Esperamos que se logre y se dé un libre de ejercicio de la política, que debe ser la batalla de ideas, como dicen por ahí y no de armas.