24 Feb 2022 - 4:41 p. m.

Candidatos a curules de paz piden aplazar elecciones por falta de garantías

Ante la falta de anticipos económicos para financiar sus campañas y las pocas garantías de seguridad, candidatos de tres circunscripciones de paz están pidiendo que las elecciones al Congreso del próximo 13 de marzo se aplacen hasta que les cumplan con un ambiente electoral propicio y con igualdad de condiciones.
El CNE estipula que los anticipos para las candidaturas a las curules de paz deben ascender los $7 mil millones de pesos.
El CNE estipula que los anticipos para las candidaturas a las curules de paz deben ascender los $7 mil millones de pesos.
Foto: Registraduría

En el papel, y de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), los candidatos víctimas del conflicto armado que quieran llegar al Congreso de la República por medio de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz tenían que recibir un anticipo para financiar sus campañas de $7.032.000.000, asignado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esto también está documentado en el numeral 2.3.6 del Acuerdo de Paz, sin embargo, como denunció Colombia+20 el pasado fin de semana, ningún candidato a las curules de paz ha recibido estos anticipos, pues el CNE les exige una póliza que aseguradoras y bancos se resisten a dar.

Esta situación ha levantado suspicacias entre centenares de estos aspirantes, pues a sabiendas de que ninguno cuenta con el dinero que asigna el Estado, en diferentes regiones han visto cómo algunos candidatos han hecho campañas electorales pomposas, con avisos, pautas en medios de comunicación y demás formas de difusión que son difíciles de sustentar si no se cuenta con dicha plata. A otros les ha tocado usar sus propios recursos o darse a conocer a través del voz a voz, porque no tienen ni para financiar medios de transporte y publicidad.

De hecho, la frustración en diferentes subregiones del país como el Catatumbo, la Serranía del Perijá y la cuenca del Caguán – Piedemonte Caqueteño, es tan alta que los aspirantes a una curul de paz por esas circunscripciones han adelantado y adelantarán acciones legales, como tutelas, para pedirle al CNE y a la Registraduría Nacional del Estado Civil que aplacen estas elecciones, alegando falta de garantías de transparencia y respeto por el Acuerdo de Paz.

Caquetá, una tutela para aplazar las elecciones

Luis Antonio Valencia Ocampo, conocido en las zonas rurales de Florencia y Cartagena del Chairá como “El Profe”, es uno de los aspirantes a la curul de paz de la circunscripción Cuenca del Caguán – Piedemonte Caqueteño, por la Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales Ambientales y Campesinas del Caquetá (Coordosac).

Es chairense de nacimiento, pero lleva más de 24 años en la capital de su departamento, lugar desde el cual se ha dedicado al cuidado de su territorio, principalmente como activista en contra de la deforestación. “Hemos estado desde hace mucho tiempo poniendo el pecho por los derechos humanos de los campesinos, por la defensa de la tierra, para resistir desplazamientos forzados, fumigaciones aéreas y campañas para exterminarnos, que ahora las heredaron las disidencias de las Farc”, dice

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Tanto él, como desde la Mesa Departamental de Víctimas, aseguran que los riesgos electorales que viven en su región con miras al 13 de marzo no están asociados con los grupos armados que se disputan el territorio. Su temor es por la percepción que tiene a diario de que, según él, no todos los que quieren una curul en el Caquetá corren con igualdad de condiciones para llevar sus mensajes a los votantes.

“Más que llamarlo campaña, preferimos decirle pedagogía. El fin último de estas curules es visibilizar a los más afectados por el conflicto y esta oportunidad para enseñar sobre el Acuerdo de Paz en nuestras comunidades nunca se había visto. Y hasta eso nos quieren quitar. Notamos desconocimiento de la Registraduría para asumir este proceso de acercarse a las zonas rurales, nos confunden, ningún banco quiere asumir costos ni pólizas y falta muy poco para las elecciones”.

Y agrega que “no pueden pretender que hagamos campañas en menos de ocho días. Si en realidad conocieran el campo sabrían los costos operativos y físicos que requiere llegar hasta determinados sitios. No nos dan los anticipos que dice la ley, entonces estamos en el legítimo derecho de pensar que el Estado está haciendo una estrategia para que ganen los corruptos y los políticos de siempre”.

Una aspirante de El Doncello, que pidió reserva de identidad, insistió en que cada día que pasa sin recibir dineros de anticipo para armar campañas es un día más para favorecer a “ventajosos que se quieren quedar con los puestos de las víctimas”.

“Afortunadamente ya se han hecho públicas las intenciones políticas en curules de paz de personas como John Fredy Núñez, vivo ejemplo de una corruptela que no se sacia con nada. Amigo de los poderosos, con capacidad de hacer campaña cuando quiera, cercano a parapolíticos como Álvaro Pacheco y siempre de la mano de partidos políticos que juegan sucio. No hay derecho”, denuncia.

Hoy en la tarde, colectivos de víctimas aspirantes a curules de paz, encabezadas por Coordosac, interpondrán una acción de tutela ante la Registraduría para que tomen en consideración un aplazamiento de las elecciones especiales que los involucran, pues alegan que sin capacidad monetaria para hacerse visibles no podrán tener votantes que se vean representados en ellos.

“Los comerciantes de acá tienen un dicho con el que siempre nos molestaban. Nos decían que si no tenemos plata para qué carajos nos vamos a lanzar a la política. Y vea, resulta que tuvieron razón, porque acá no han llegado dineros ni hay garantías para que eso pase”, concluye Luis Valencia.

Las respuestas del CNE frente a los anticipos

El Consejo Nacional Electoral le respondió a este diario que hay 20 denuncias de candidatos a las curules de paz contra la Superintendencia Financiera, entidad que funge como aseguradora y veedora de los desembolsos para sus campañas políticas.

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El CNE, que asegura ya tener el dinero listo, pero puntualizó que la Superintendencia, las compañías de seguros, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento comercial y distintos establecimientos bancarios -incluyendo la entidad de Estado Previsora- “se han negado a expedir las pólizas o garantías a los candidatos a las Circunscripciones Especiales de Paz”.

Así, insisten, se están violando pactos dentro del Acuerdo de Paz y la Ley 1475 de 2011.

Inseguridad y corrupción, los riesgos por una curul en el Catatumbo

Según el Mecanismo de Monitoreo del Sistema Integral para la Paz, durante 2022, en esta subregión se han perpetrado siete homicidios selectivos, diez amenazas de muerte contra líderes locales, ocho episodios de hostigamientos, dos secuestros, dos actos terroristas y dos tentativas de homicidio e intento de hurto contra candidatos a un cargo de elección popular.

La situación de orden público allí es delicada y sobre este último hecho estuvo involucrada una candidata a una curul de paz: Mayra Alejandra Gaona, de la vereda Las Mercedes (El Tarra), fue abordada el pasado 15 de febrero por hombres armados que la despojaron de su camioneta, quemaron su material de campaña y la amedrentaron por sus funciones como lideresa. Si bien Gaona precisó que el acompañamiento de militares y policías a candidatos dentro de su circunscripción no ha faltado, dijo que por momento a lo largo de la subregión eso puede llegar a traer problemas, pues los vuelven un blanco visible para los grupos armados.

A sus temores se han sumado los de Donamaris Ramírez, exalcalde de Cúcuta y quien se ha movido mayoritariamente por Ocaña como candidato a una curul de paz. En un video que publicó en sus redes sociales, el aspirante aseguró que su vida está en riesgo, pues desde hace un par de semanas le han llegado mensajes de desconocidos al Whatsapp que le indican que si no deja sus intenciones políticas atrás “tendrá que atenerse a las consecuencias de nuestro accionar militar”.

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Juan Carlos Quintero, otro candidato a curul de paz por parte de la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat), ha denunciado vulneraciones a su seguridad y a la de compañeros suyos, especialmente desde que inscribieron sus nombres a esta candidatura, el pasado 13 de diciembre de 2021. De hecho, Quintero fue de los primeros que puso en la luz pública diferentes denuncias sobre presuntas compras de votos y de condiciones de inequidad para llevar a cabo campañas políticas en Norte de Santander.

“Estamos en riesgo todos los días. Hay deslealtades por parte de casas políticas de siempre. No pueden suceder elecciones de ningún tipo sin garantías, entonces la reflexión se la mandamos a las autoridades electorales competentes”, aseguró. En las últimas semanas se han sumado a este mismo llamado los aspirantes Luis Fernando Niño y Francisco Cuadros.

El pliego de peticiones de los candidatos en la costa Caribe

En la costa Caribe, representando la Circunscripción 12 (Cesar, La Guajira y Magdalena), las y los candidatos Patricia Obregón, Elvia Jiménez, Luis Fernando Lara, William Ruiz, Carlos Raigoza, Juan Ariel Hinojosa, Judith del Socorro Fonseca, Dulfai Gutiérrez y Yamil Silva le solicitaron al CNE y a la Registraduría, por medio de un oficio judicial, aplazar las elecciones especiales del próximo 13 de marzo, pues sienten que “no existen garantías políticas, electorales, ni de seguridad para que los candidatos y candidatas víctimas participemos en este proceso electoral”.

Entre las razones que dieron, en nombre de las distintas organizaciones sociales, campesinas y culturales que representan, indicaron presuntas “candidaturas viciadas por conflictos de intereses, generados por vínculos de consanguinidad en primer grado con reconocidos victimarios y otras afinidades con el paramilitarismo protagonista del conflicto”, “la falta de garantías en materia de seguridad de los candidatos y candidatas por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) al exigirnos asumir las obligaciones económicas en lo relacionado a alojamiento, transporte y alimentación de los esquemas de seguridad”. También señalaron la ausencia de anticipos económicos para financiar sus campañas, lo que los “pone en desventaja” y episodios recientes de “constreñimiento de los grupos armados al margen de la ley que permanecen en los territorios priorizados de la Circunscripción 12 impidiéndonos el derecho a la libre movilización y desarrollo de nuestras campañas”.

Sobre la situación de seguridad y la petición de aplazar las elecciones, la Registraduría no le respondió nada a este diario hasta el momento de publicación de la nota.

Las y los candidatos a las 16 curules de paz en estas justas electorales ven una oportunidad única para representar a sus comunidades y aunque su realidad para hacer campaña es desfavorable desde distintos flancos, siguen manteniendo la esperanza de que las curules de paz pueden reconfigurar las lógicas de la política regional en el posconflicto.

En video: ‘En elección de curules de paz no deben intervenir grupos económicos ni políticos’

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