La emergencia económica y social decretada por el Gobierno no se explica solo por cifras fiscales. En el Decreto 1390, firmado el 22 de diciembre, el Ejecutivo invocó alteraciones del orden público y riesgos de seguridad como parte de la justificación para la declaratoria.
Este viernes, la oposición citó a un debate de control político en el Congreso que se está llevando a cabo de manera virtual para cuestionar el alcance de esa decisión y las facultades extraordinarias que se activaron con la emergencia.
Una de las primeras proposiciones que se han aprobado en esta sesión es que se hará debate de control político a varios ministros del Ejecutivo, quienes tendrán que responder por el acto administrativo.
Según el decreto, la decisión responde, entre otros factores, a un deterioro acelerado de la seguridad y a una crisis fiscal que, en palabras del Ejecutivo, amenaza la garantía de derechos fundamentales y la prestación de servicios esenciales.
En el documento, el Gobierno sostiene que enfrenta una “perturbación grave e inminente del orden económico” que exige “la adopción de medidas extraordinarias, temporales y estrictamente conexas para conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos sobre la garantía efectiva de tales derechos y servicios”
De manera explícita, el Decreto 1390 incluye como uno de sus fundamentos la “garantía de seguridad ciudadana por recientes alteraciones del orden público”, así como el “agravamiento del riesgo por atentados a líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos para las próximas elecciones”.
Para el Gobierno, estos factores configuran un contexto excepcional que desborda las capacidades ordinarias del Estado y exige respuestas inmediatas.
El decreto también relaciona estos riesgos con la necesidad de preservar el control institucional y evitar que la inseguridad termine afectando la estabilidad social y económica. En esa línea, el Ejecutivo sostiene que los hechos de violencia y las amenazas contra actores sociales y políticos inciden directamente en el normal funcionamiento de la economía y en la prestación de servicios esenciales.
Aunque el texto no menciona hechos concretos ni tecnologías específicas, la inclusión de atentados y alteraciones del orden público como razones formales de la emergencia se da en una coyuntura marcada por ataques recientes en varias regiones del país, entre ellos el atentado con drones en Aguachica (Cesar), atribuido al ELN, que llevó al presidente Gustavo Petro a anunciar la urgencia manifiesta para la compra de sistemas antidrones.
Desde la perspectiva del decreto, estas condiciones de seguridad hacen parte de una crisis integral que justifica la activación de facultades extraordinarias.
El decreto también incorpora un componente humanitario ligado directamente a la seguridad. Entre los argumentos del Gobierno aparece la atención a las víctimas del conflicto armado, en particular a la población afectada por desplazamiento forzado, para lo cual el Ejecutivo señala la necesidad de una asignación inmediata de 1,6 billones de pesos. Según el texto, la magnitud y urgencia de esa atención desborda los tiempos y procedimientos ordinarios del presupuesto.
A estos factores se suman otros elementos que el Gobierno considera concurrentes y que, en conjunto, configuran la “situación grave e inminente” que justifica la emergencia. El Decreto 1390 menciona, entre ellos, la no aprobación de dos proyectos de ley de financiamiento, la obligación de cumplir autos y sentencias judiciales, los efectos de la ola invernal y las restricciones de caja de la Tesorería General de la Nación, todo en un contexto que —según el Ejecutivo— limita la capacidad de respuesta del Estado.
Debate de control político
El Senado adelanta este viernes un inusual debate de control político -por la fecha y porque se hizo virtualmente- sobre la emergencia económica. Desde la oposición y sectores independientes se ha cuestionado que el Gobierno recurra a poderes extraordinarios para resolver problemas que, a su juicio, tienen origen estructural y político.
Varios partidos y dirigentes han advertido que la emergencia podría desbordar su finalidad constitucional. Argumentan que no todos los problemas expuestos cumplen el estándar de hechos sobrevinientes, y han anunciado solicitudes formales para que la Corte Constitucional revise con lupa la motivación del decreto, en especial el vínculo entre seguridad, crisis fiscal y la imposibilidad de acudir a herramientas ordinarias.
También han señalado que la negativa del Congreso a las reformas tributarias no puede ser usada, por sí sola, como justificación para gobernar por decreto, y han advertido que el uso reiterado de estados de excepción puede erosionar el equilibrio de poderes. El pulso apenas comienza.
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