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Mientras en la mesa de diálogo con el Gobierno la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), que encabeza Alexander Díaz — conocido como Calarcá Córdoba —, ha suscrito compromisos para frenar la deforestación, en corredores de la Amazonía bajo su influencia se evidencia cada vez más la ganadería extensiva que podría tener impactos negativos en los ecosistemas. Informes ambientales recientes muestran que la transformación del bosque avanza en zonas donde ese grupo armado ha anunciado medidas de contención a la luz del proceso de paz que lleva con el Gobierno Petro.
La tensión entre anuncios y lo que se ve en el territorio coincide con nuevas revelaciones judiciales sobre la destrucción de selva en el arco amazónico. Una investigación publicada este domingo por El Espectador documentó el proceso judicial que empezará el próximo 10 de marzo en Villavicencio contra Iván Mordisco, jefe de la disidencia Estado Mayor Central, por la destrucción de más de 398.000 hectáreas de selva.
Aunque ese caso se concentra en su estructura, los registros técnicos citados allí describen patrones de apertura de vías, expansión ganadera y colonización del bosque en corredores donde confluyen ambos grupos armados.
Lo que muestran los sobrevuelos en la zona de influencia de Calarcá
Según el reportaje de El Espectador, en un sobrevuelo organizado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) entre Puerto Cachicamo y las Sabanas del Yarí se observó el avance de grandes extensiones de tierra destinadas a la ganadería y áreas con cultivos de tipo agroindustrial.
El director de la FCDS, Rodrigo Botero, explicó a este diario que hay un patrón de ocupación basado en apertura de carreteras, economías ilícitas y crecimiento del hato bovino, y advirtió sobre la pérdida de conectividad ecológica entre la Amazonía y la cordillera de los Andes. Los registros aéreos muestran potreros y/o franjas abiertas de bosque que serían las pruebas de esos nuevos puntos de ocupación.
Un informe de esa fundación presentado a finales de 2025 reveló que entre 2017 y 2024 el hato bovino creció 86,1 % en Caquetá, Meta, Putumayo y Guaviare, frente a 25,5 % en el promedio nacional. En el arco amazónico noroccidental el aumento equivale a más de 200.000 nuevas cabezas de ganado por año. Investigadores ambientales asocian ese crecimiento con la deforestación, ocupación de baldíos y valorización especulativa de tierras.
Lo más contradictorio es que desde la mesa de diálogo, la disidencia de Calarcá y el Gobierno han explorado compromisos justamente para abordar la deforestación y otras problemáticas territoriales en conversaciones con comunidades campesinas de Meta, Guaviare y Caquetá.
En encuentros realizados en La Macarena en 2024 y 2025, delegados del Gobierno, la disidencia de Calarcá y casi 400 líderes sociales discutieron temas como protección de parques naturales, ordenamiento ambiental, Zonas de Reserva Campesina — en los que de hecho se ha dado vía libre a la creación de varias — y derechos territoriales campesinos e indígenas.
También se consignaron en una declaración compromisos relacionados con la proscripción del acaparamiento de tierras y de procesos de deforestación vinculados a ganadería extensiva y economías ilícitas. De hecho, el mismo Calarcá dijo en 2024 en entrevista con Colombia+20 que prohibiría la tala de árboles.
“Nos oponemos a la tala de bosques. Llevamos tres años dando esa orientación, pero hay quienes no la han acatado y nos tocó tomar una medida: les vamos a recoger la tierra a aquellos que tumbaron 2, 10, 20 o más hectáreas sin necesidad, incluidas las que tumbaron hace un año y ya están en pastoreo”, señaló entonces el jefe del EMBF.
Calarcá también indicó que el grupo armado estaba poniéndole la lupa a quienes deforestan el territorio. “Se los vamos a dar a (los campesinos) que no tienen tierra, para que siembren comida. Estamos estableciendo un área máxima para continuar con la ganadería, pero la regla es que debe haber cultivos de yuca, plátano, maíz, caña, para el autosostenimiento”.
Las autoridades tienen rastreado que la deforestación está asociada con la ampliación de la frontera agrícola para la manutención de ganado. Desde abril de 2024, el Ministerio de Ambiente expresó su preocupación por las dinámicas de deforestación en esta zona del suroriente del país, donde aumenta la tala durante la temporada de verano.
A pesar de esos acuerdos, la mesa enfrenta obstáculos. En reuniones con comunidades y Gobierno, no siempre se han alcanzado pactos firmes sobre la protección forestal, y sectores campesinos han pedido claridad sobre procesos judiciales y medidas concretas frente a la tala.
Vías ilegales, en disputa armada
Los expedientes judiciales citados en la investigación sobre Mordisco detallan corredores como la llamada trocha ganadera y redes que cruzan la Serranía de La Macarena y conectan con el Parque Nacional Natural Tinigua.
Parte de esos corredores estratégicos coinciden con zonas en disputa entre las disidencias de Mordisco y Calarcá. Sin ir más lejos a comienzos de este año hubo un enfrentamiento Guaviare que evidenciaba el deterioro de la seguridad y sus efectos humanitarios.
No es casual que los enfrentamientos se hayan concentrado precisamente en ese departamento donde está la Trocha Ganadera, una vía de cerca de 140 kilómetros que conecta al menos 70 veredas y es clave para la movilidad armada y el control territorial.
“Los brazos de la trocha son paralelos al río Guaviare, que es sumamente importante. Además, la vía se adentra profundamente en la región y de ella salen trochas secundarias que llegan aún más adentro, hacia puntos clave cerca de Guainía y sobre el río Inírida”, explicó entonces a este diario Kyle Johnson, investigador de Conflict Responses.
Todo este panorama evidencia una contradicción entre lo que acuerda en la mesa de paz y lo que ocurre en el territorio con consecuencias aún inmedibles para los ecosistemas.
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