26 Aug 2021 - 5:04 p. m.

En dos meses, 30 líderes y defensores han sido asesinados y amenazados en Tolima

Con panfletos, mensajes vía Whatsapp y correos electrónicos, distintos actores armados han estado al acecho de líderes sociales y firmantes de paz en el Tolima. Estas acciones aumentaron desde el pasado 20 de julio y, según el testimonio de las víctimas, las autoridades competentes poco han hecho para defender sus vidas.

La Cordillera Central, que atraviesa al Tolima de norte a sur, tiene rastros que hacen temer que la violencia armada regresó para quedarse por un tiempo indefinido. Pobladores de municipios como Ambalema (nororiente), Rioblanco (suroccidente) o Espinal (oriente) se sienten como en los años en los que guerrillas y paramilitares ejercían allí sus propias leyes, que dejaron horrores y memorias que por estos días parecen pervivir.

A diferencia de lógicas armadas en otras zonas del país durante el posconflicto, en Tolima se volvió difuso saber si existen patrones o modos de operar dirigidos a una población en específico. Tan solo en las últimas siete semanas han sido amenazadas y asesinadas más de 30 personas, entre firmantes de paz, líderes comunales, defensores de derechos humanos, maestros, campesinos, indígenas y voceros juveniles de distintas áreas del territorio tolimense, según datos de organizaciones sociales locales como Fedecolpaz.

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Si bien hay quienes afirman que el escalamiento de las agresiones contra líderes y defensores de derechos humanos comenzaron en el marco del paro nacional, iniciado el 28 de abril de 2021, hay otras voces desde el territorio que aseguran que la masacre en Herrera, en zona rural de Rioblanco, en la que fueron asesinadas tres personas el pasado 3 de agosto, fue la caja de pandora para que disidencias de las Farc, estructuras paramilitares residuales e incluso grupos armados delincuenciales incrementaran sus acciones criminales en detrimento de la tranquilidad de sus víctimas.

Maryluz Biscué, defensora de derechos humanos y directora de la Fundación Social Incoldes, organización que promueve liderazgos sociales por el departamento del Tolima, es una de las lideresas que le atribuye a los ‘neoparamilitares’ la intranquilidad y el miedo que se vive en el departamento.

La lideresa le dijo a Colombia+20 que actualmente operan “unas personas que se hacen llamar Autodefensas Anticomunistas de Colombia (AAC). Están amenazando compañeros líderes de distintas organizaciones sociales en lugares como Ambalema y en la zona rural de Ibagué, por mencionar apenas algunos sitios, con panfletos que rezan que los van a matar si no se van del territorio o incluso mediante correos electrónicos. El 20 de julio esas intimidaciones se hicieron mayores y en esos papeles advertían que tenían perfiladas a las personas que participaron visiblemente en las jornadas de paro nacional. Desde adentro sentimos que estamos en una emergencia humanitaria que no veíamos hace bastante tiempo”.

La denuncia de Biscué es la primera que se recibe sobre esta estructura paramilitar desde el 13 de mayo de 2020, fecha en la que por medio de información filtrada por vecinos de la vereda Los Pastos, en el corregimiento Coello Cocora (Ibagué), la Policía y tropas del Batallón 18 del Ejército allanaron una vivienda en la que se encontraban cinco presuntos integrantes del grupo, todos procedentes del Caquetá, a los que se les capturó y y se les decomisó armas tipo escopeta calibre 16, prendas alusivas a las AAC, computadores y celulares con información de ciudadanos, entre ellos líderes sociales y firmantes de paz a los que extorsionaban.

“Aún no tenemos claridad si ellos están detrás de lo que ocurrió el 20 de julio. La Policía baraja la posibilidad de que se trató de un conjunto de amenazas que hicieron las disidenciaa. Queremos respuestas concretas pronto porque desde ese día se ensañaron contra cinco de nuestros compañeros y sus vidas corren riesgo permanentemente”, sentenció Maryluz Biscué.

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Cacería de firmantes de paz y líderes comunales

Hernando Guerrero Torres, excombatiente de las Farc que fue asesinado el 25 de abril en el municipio de Dolores, ha sido el único firmante de paz al que las armas le quitaron la vida en Tolima en lo que va de 2021. Sin embargo, detrás se esconden amenazas constantes que los reincorporados prefieren, en su mayoría, callar.

Esta “tensa calma”, como llama al primer semestre del año Jaír*, firmante de paz es lo que lo pone a pensar por qué estas últimas semanas han estado tan convulsionadas, a niveles que no se llegó a imaginar durante su etapa de reincorporación. Hasta el mes pasado vivió en el oriente del Tolima, de donde salió huyendo hace poco más de 20 días por amenazas de la disidencia del frente Ismael Ruiz de las antiguas Farc.

El excombatiente, que pidió reserva de identidad, le dijo a este diario que en su caso particular viene recibiendo amenazas a nombre de las autodenominadas Águilas Negras desde 2018; y que en este 2021 la autoría de estas intimidaciones se alterna entre las disidencias y otros grupos delincuenciales.

“Lugares como Espinal (con vigente restricción de parrillero en moto) o el Guamo se han convertido de a poco en nuevos asentamientos paramilitares. Los que se hacen llamar Autodefensas Anticomunistas de Colombia también rondan por esos lugares, e incluso por Ibagué. Las disidencias del Ismael Ruiz rodean el nororiente tolimense. Desde todos esos frentes han mandado amenazas vía Whatsapp a líderes sociales, comunales y a excombatientes, en los que no nos bajan de objetivo militar. Normalmente todos esos mensajes les han llegado a los representantes legales de organizaciones. Lastimosamente pocas personas nos ponen cuidado, porque el gran impacto psicológico y la zozobra que dejan estas acciones hacen que en el Tolima no haya canales fuertes de diálogo tras los consejos de seguridad y así mantenga vigencia la estigmatización sobre nosotros”, reiteró Jaír.

Carmen*, reincorporada en Icononzo, no ha sido blanco de intimidaciones, pero insistió en que ha escuchado a decenas de compañeros y a líderes sociales decir que la disidencia Ismael Ruiz se encarga de realizar amenazas en el sur del departamento, mientras que grupos paramilitares y pandillas sin identificar hacen lo propio en el norte.

“De lo que me han contado sé que las disidencias que apoyan a la ‘Segunda Marquetalia’ han estado detrás de los crímenes y amenazas que se han perpetrado recientemente al sur del Tolima. Hasta las mismas autoridades tienen las mismas hipótesis; creen que ellos son los responsables de la masacre en Rioblanco de comienzos de este mes”, afirmó.

Sobre el panorama de los liderazgos sociales en el departamento, las cifras obtenidas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señalan que a lo largo del año han sido asesinados tres de ellos, en los municipios de Ataco, Chaparral y Herveo.

En este último permanece una alerta, que se ha extendido a los municipios de Purificación y Espinal, donde se han presentado nueve asesinatos selectivos con corte a la fecha de publicación de esta nota, desde el pasado 26 de julio. Estos sucesos no entran aún en el conteo de líderes asesinados, porque las investigaciones respectivas de sus muertes aún no han sido aclaradas por las autoridades competentes.

Volviendo al sur del Tolima, la alcaldesa de Rioblanco, Elizabet Barbosa, comentó hace un par de semanas que tiene conocimiento de “panfletos que mandan las disidencias en los que señalan que harán limpiezas sociales y crímenes selectivos contra los defensores que se metan con temas de construcción de paz”. Pero solo agregó que está en manos del Batallón el garantizar la seguridad de los amenazados.

Mientras que Carlos Alfonsín, líder comunal en el sur del departamento comentó que las amenazas a población defensora de derechos humanos están tan fuera de control para las autoridades que en algunos casos les comentan que no hay más remedio que priorizar por municipios. “Ahora los medios locales le prestan mayor atención a lo que pasa en lugares como Prado, Fresno o Purificación, mientras que para el sur poco se trabaja desde la Gobernación”, concluyó.

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¿Estigmatización por parte de las autoridades?

Maryluz Biscué teme que sus denuncias, además de no ser escuchadas a nivel nacional, no sean parte de la agenda sociopolítica de las autoridades locales. O, en su defecto, sean estigmatizadas por los mismos.

Según ella, desde el año pasado han llevado desde su organización distintos pliegos de pedidos de ayuda a la Alcaldía de Ibagué, particularmente a la secretaría de Gobierno. Allí, a su parecer, ha sido “ninguneada, por no tener puertas abiertas para dialogar”.

“El exsecretario Carlos Sarmiento Ortega ante las amenazas en nuestra contra, en el marco del paro nacional, no nos defendió, sino que dio declaraciones públicas en las que dijo que muchos de nosotros éramos financiados por el Eln. Eso es falso, nos pone en peligro, por la estigmatización nos pone como carne de cañón para los que nos quieren matar y no lo ha refutado el actual secretario”, denunció Biscué.

A la fecha de publicación de este artículo, el señor Carlos Sarmiento Ortega no respondió las llamadas telefónicas hechas por este medio.

*Se cambió el nombre a petición expresa del entrevistado

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