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La violencia vuelve a golpear al Chocó a raíz de los recientes enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, en varios puntos de ese departamento. Cientos de familias han sido desplazadas hacia cascos urbanos y hacia ciudades como Pereira, Buenaventura y Medellín. Al mismo tiempo, líderes sociales han denunciado que los grupos armados no dejan salir y muchas familias están confinadas.
“No han dejado que la gente salga, ni para esconderse, los usan de escudo humano. Todo está muy complicado”, señaló un líder de la región.
Los hechos violentos suceden la misma semana en que el Gobierno hizo pública una reunión con los máximos jefes del Clan, considerado el grupo más grande del país, y anunció el inicio de un diálogo exploratorio.
Frente a ese panorama, defensores de derechos humanos y miembros de la Iglesia han hecho constantes llamados al Gobierno Nacional para que atiendan la situación en Chocó y evitar una crisis humanitaria similar o más grave a lo que ha ocurrido en Catatumbo en las últimas semanas.
“Lamentamos profundamente lo sucedido en el Catatumbo, pero lo que se está cocinando aquí, en el Medio San Juan, apunta a ser muy doloroso. Está avisado una confrontación entre los diferentes grupos y un desplazamiento de todas estas comunidades a las cabeceras municipales”, dijo en un video el obispo de Istmina-Tadó, monseñor Mario de Jesús Álvarez, quien además pidió intervención urgente e inmediata para frenar la ola de violencia.
La alerta también fue elevada por el Consejo Comunitario General del San Juan desde donde denunciaron que la confrontación ha elevado el riesgo de graves violaciones a derechos humanos e infracciones al DIH para las comunidades negras en municipios como Medio San Juan, Istmina, Sipí, Novita, Litoral de San Juan e incluso Buenaventura.
“Es urgente que las instituciones del Estado adopten medidas urgentes de prevención y protección para evitar que se presenten situaciones de desplazamiento forzado masivo, un agravamiento de los confinamientos, enfrentamientos armados en medio de la población civil, amenazas, asesinatos, desapariciones forzadas, entre otras vulneraciones a los derechos que suelen presentarse en contextos de crisis humanitaria como el que viene afectando al Río San Juan desde agosto de 2021″, se lee en un comunicado.
El hecho más reciente de violencia que golpeó a Chocó fue el paro armado que decretó la guerrilla del ELN en noviembre de 2024 durante poco más de una semana. Afectó a 85 comunidades afros e indígenas (unas 45.000 personas, según cálculos de la Defensoría del Pueblo).
De hecho, según el Balance Humanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja, en 2023 Chocó fue, de lejos, el departamento con más casos de confinamiento en el país: 20.720 de los 43.047 registrados a nivel nacional.
“Esto es muy difícil. Colombia en estos momentos es una máquina de producir víctimas. La Unidad de Víctimas no va a tener la capacidad para atender la magnitud de esta crisis humanitaria que se viene encima”, señaló el padre Albeiro Parra en diálogo con Colombia+20.
“Ya no sabemos qué hacer”
A pesar de los constantes llamados y alertas sobre la creciente situación de violencia en Chocó, líderes reclaman que hasta ahora todo ha empeorado. “Todos estos días hemos estado lanzando alertas, hemos hecho reuniones, consejos de seguridad, pero no ha servido de nada. Nos hemos reunido con la comunidad internacional, con Naciones Unidas, con todo el mundo. ¿Qué más hacemos?“, agregó el padre Parra.
En respuesta a la crisis, la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, señaló este sábado que los combates entre los grupos armados han provocado desplazamientos y confinamientos en las comunidades, por lo que solicitó un consejo de seguridad.
“Completamos 3 días de combates entre el ELN y el Clan del Golfo en la cuenca media del río San Juan. Ya se han desplazado las comunidades para ponerse a salvo y las que no han podido quedaron confinadas. De nuevo tendremos que hacer el despliegue humanitario”, indicó Córdoba.
Mientras sucede ese despliegue humanitario, líderes sociales piden que los grupos armados con presencia en Chocó, permitan la salida de la población civil. “Ya hemos hecho advertencias, hemos estado en terreno, en consejos de seguridad y las cosas siguen igual de graves o peores. Esta guerra hay que pararla ya a como de lugar”, dijo un líder de la comunidad.
En ese territorio del país hay presencia del Clan del Golfo y del Frente de Guerra Occidental del ELN. Fuentes en terreno también alertaron sobre la presencia de la estructura Jaime Martínez que pertenece a la disidencia de las FARC, Estado Mayor Central, bajo el mando de Iván Mordisco. “Dicen que hay una alianza entre esa estructura y las AGC para sacar al ELN”, explicó una fuente a Colombia+20.
Otros escenarios de guerra en el país
En los últimos meses en al menos nueve regiones en Colombia se ha acrecentado la crudeza del conflicto y según expertos consultados por este diario, podrían desencadenar una crisis humanitaria parecida a la que desde hace tres semanas azota a la región del Catatumbo, en Norte de Santander, que ya causó la muerte de más de 80 personas, más de 52.000 desplazados y 77.000 personas afectadas.
En Arauca, el ELN sostiene enfrentamientos con las disidencias de las FARC comandadas por Iván Mordisco, en lo que parece una lucha por mantener su bastión histórico. En otras regiones como el Nordeste Antioqueño y el Magdalena Medio, el sur de Bolívar, y Cauca, la violencia también ha escalado.
En el Sur de Bolívar, las comunidades también han alertado por enfrentamientos entre Clan del Golfo y el ELN, lo que ha provocado desplazamiento y confinamiento de familias.
“En el sector de Mina Piojo, el ELN dio la orden a la población civil de salir del caserío debido a que habría enfrentamientos con el Clan del Golfo. Sin embargo, estos últimos prohibieron la salida a los pobladores bajo amenazas dejando confinadas aproximadamente a 350 personas”, dice un comunicado.
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