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De todas las grietas que quedaron al descubierto durante el inédito consejo de ministros de esta semana, una de las más hondas fue la de la apuesta de paz total del presidente Gustavo Petro. Lo que comenzó como un intento de desmovilizar o someter a los principales grupos armados ilegales deja, tras más de dos años, pocos resultados de fondo que mostrar y una fractura innegable en la seguridad del país, como expuso el gabinete en su inédita y televisada reunión.
Desde la ministra de Justicia (que pidió “replantear” los diálogos), pasando por el ministro de Defensa (que reconoció fallas en la articulación del Ejecutivo para dar respuestas), hasta la vicepresidenta, Francia Márquez, que criticó la paz total y resumió en una frase el sentir de decenas de comunidades: “Me duele que mi gente me diga que estaba mejor antes de que yo llegara al Gobierno”.
Los dardos del gabinete encierran la frustración del país con la apuesta de paz de Petro: aunque se preveían las dificultades de llegar a acuerdos con tantas estructuras armadas en simultáneo, había expectativas de que el ambiente de negociación promoviera un clima de tranquilidad en las regiones más azotadas por la violencia.
La evidencia más clara de que eso no se cumplió es la crisis que vive desde hace tres semanas la región de Catatumbo, catalogada como la más grave en 28 años (y que inicialmente era el tema central del consejo de ministros, aunque nunca se abordó). En esa región de Norte de Santander la arremetida del ELN y los posteriores combates con una disidencia de las FARC -ambos grupos, con mesas de diálogo instaladas para ese momento- dejó en cuidados intensivos la confianza ciudadana en la paz total.
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“El balance de la paz total es lamentable porque, hasta ahora, no hay ningún acuerdo territorial ni parcial que pueda ocultar el escenario humanitario tan complejo del país. La percepción es que Colombia va peor en la situación de orden público y quitar esa idea de la opinión pública y los mandos militares va a ser muy difícil”, plantea el investigador Jorge Mantilla.
Ante ese panorama, el Gobierno anunció esta semana el inicio de los diálogos (por ahora, en etapa privada) con el Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC), el grupo ilegal más poderoso del país. Se trata de un proceso en el que el Ejecutivo vaciló por meses, pero que ahora, en medio de la crisis que vive el país, parece la última carta para sembrar expectativas en la paz total.
EGC, ¿tanque de oxígeno?
De los nueve tableros de negociación anunciados, solo está avanzando el de Comuneros del Sur (el frente que se separó del ELN en Nariño), el del Estado Mayor de Bloques y Frente (disidencia comandada por “Calarcá Córdoba”) y, con varias dificultades, las tres mesas de paz urbana.
“El anuncio (con el Clan) se puede leer como una señal para buscar oxígeno ante una situación crítica. Se esperaba que esto pasara hacia marzo, pero, ante la situación en Catatumbo, se adelantó. Este inicio de diálogo se da en un momento clave por la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos y su insistencia en la migración, un tema en el que el Clan del Golfo tiene mucha incidencia en la zona del Tapón del Darién”, explica Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Aunque todavía hay una serie de dudas de fondo sobre cómo se dará el proceso con esta organización armada (entre ellas, si será vía sometimiento o negociación política), ya hay cuatro temas centrales sobre la mesa: el tráfico de personas migrantes y el control de las rutas en la frontera con Panamá; la superación de economías ilegales, como el narcotráfico y la minería; los alivios humanitarios y el respeto por la vida de la población, y opciones de acceso a la justicia transicional.
Álvaro Jiménez, coordinador de la delegación del Gobierno en los diálogos con el EGC, le dijo a Colombia+20 que el objetivo central del proceso es “que el grupo deje de existir y podamos llevar el Estado Social de Derecho a las regiones donde tiene presencia”.
Pese a que uno de los mayores desafíos en este tablero de diálogos es la falta de un marco jurídico para el proceso, Jiménez asegura que no se está pensando en crear nuevos tribunales o instrumentos (como pasó en 2016 en la negociación con las FARC), sino hacer uso de los ya existentes (en la baraja está el sistema de Justicia y Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz y la propia justicia ordinaria.)
Para la investigadora Elizabeth Dickinson, del International Crisis Group, incluir a los gaitanistas era un paso que se debía dar: “Tenerlos por fuera de la paz total no tenía sentido, porque este es el grupo con más integrantes, con más poder económico (mueven unos $18 billones al año), y si se quedaban por fuera los demás actores no iban a pensar en la desmovilización”.
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La necesidad de líneas rojas para prevenir los riesgos de un poder desbordado
De hecho, para algunos sectores el giro que Petro dio al aceptar un diálogo con el Clan ―un grupo heredero del paramilitarismo al que el mandatario ha denunciado― no es otra cosa que el reconocimiento de la dimensión que tiene esta estructura armada.
Desde la lectura de Mantilla, “más que un tema de sometimiento, lo que se evidencia es un escenario de institucionalización del poder de facto que ya tiene este grupo, cuyo poder económico supera el déficit fiscal del país, y que en términos de correlación de fuerzas tiene condiciones militares y territoriales para incluso definir el alcance de la mesa de diálogos”.
Al respecto, la investigadora Dickinson acota que “es importante tratar al Clan del Golfo con la seriedad que merece por su poder y asegurar que el grupo no se aproveche de la negociación para fortalecerse”.
La advertencia no es menor si se considera el funcionamiento de esta estructura armada. En lo militar, el Clan ha logrado acumular los aprendizajes de décadas de conflicto y las estrategias de todas las facciones que han participado en la guerra.
En sus filas hay exparamilitares, exguerrilleros e incluso, exmiembros de la Fuerza Pública, que han desarrollado una estructura disciplinada, con amplias redes de informantes y salario en todos sus niveles, logrando la precisión de una empresa multinacional del crimen con ingresos diversificados: narcotráfico, tráfico de personas migrantes, extorsión, minería ilegal, entre otras rentas.
El profesor Amaranto Daniels Puello, director del Instituto Internacional de Estudios del Caribe, grupo que le ha hecho seguimiento a las afectaciones de este grupo en terreno, asegura que el Gobierno debe trazar desde el inicio varias líneas rojas.
“Lo mas urgente es que se garanticen los derechos fundamentales de las organizaciones sociales sin que haya mecanismos de cohersión. Lo segundo es que sepan con quién van a negociar si, en varias regiones, el Clan responde a federaciones armadas. De otro lado, el gobierno tiene que frenar el reclutamiento forzado involuntario de los jóvenes. En cuarto lugar, hay un temor por el posible costreñimiento en el marco del periodo electoral que viene en 2026, que obliga a evaluar si lo que hay es una certeza de negociar o de ganar tiempo. El hecho de abrir un dialogo no está exento que se dé una escalada de violencia con mayor confinamiento, desplazamiento, y otros hechos, por eso el gobierno debe tener claras las líneas rojas para hacer funcionar este proceso”, explica Daniels.
También es crucial que el Ejecutivo prevenga el impacto de estas conversaciones en las demás mesas de diálogo, especialmente la de la disidencia de “Calarcá”, que mantiene disputas territoriales y considera un enemigo ideológico al EGC.
El cálculo con miras a 2026
A estas alturas, tanto los funcionarios de Petro como los jefes del Clan del Golfo tienen claro que, a 18 meses del fin del Gobierno, no se va a firmar un acuerdo de paz o sometimiento. Sin embargo, avanzar en las conversaciones podría representar una ventaja para las dos partes, de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
“Una hipótesis es que el Clan esté haciendo un cálculo para buscar mejores condiciones con miras a un próximo gobierno. Desde ahora pueden dar pasos para negociar, porque si la paz total tiene avances nulos, es posible que en 2026 se dé un efecto como el que vino tras el fracaso de los diálogos del Caguán, que posicionó una respuesta militar más fuerte con bala para todo el mundo”, dice el investigador Gerson Arias.
¿Qué ha pasado en los demás tableros de la apuesta de paz?
Aunque las críticas a la apuesta de paz total abundan tanto en la oposición como al interior del Gobierno, hay una serie de acuerdos y compromisos que muestran avances en algunas regiones del país.
“Construir la paz es vivir en crisis, pero se han dado pasos muy importantes para el país”, dice al respecto el jefe negociador con el Clan del Golfo, Álvaro Jiménez, quien defiende la apuesta de paz del Ejecutivo.
En términos de fin del conflicto y desarme el proceso más adelantado es el de Comuneros del Sur en Nariño. Se trata de un grupo con presencia en pocos municipios, conformado por entre 80 y 200 miembros. Se espera que a finales de este mes se empiece con la destrucción de armas y material de guerra de ese grupo, que se separó del ELN en mayo de 2024.
Con la disidencia EMBF, comandada por ‘Calarcá Córdoba’, se están dando pasos en proyectos de transformación territorial en el sur de Bolívar y nordeste antioqueño, Catatumbo y las Sabanas del Yarí.
Además, el Ejecutivo trata de consolidar su apuesta de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, disidencia de las FARC que se separó de Iván Márquez en noviembre pasado, con la que hay acuerdos de sustitución de cultivos de uso ilícito por 2.000 hectáreas en Nariño y 1.000 en Putumayo.
En el caso de las bandas urbanas de Medellín, Quibdó y Buenaventura, la falta de un marco jurídico expedido por el Congreso para su sometimiento ha dificultado la llegada de acuerdos de fondo.
Justo esta semana se rompió la tregua entre los Shottas y los Espartanos, las bandas de Buenaventura, una medida que contribuyó a la disminución de la violencia y la salida de esa ciudad de la lista de las 50 más peligrosas de Latinoamérica.
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Con la cuenta regresiva del fin del Gobierno en contra, los próximos meses serán claves para saber cuál va a ser el plan del Ejecutivo con el Clan del Golfo y qué incentivos está dispuesto a ofrecer para avanzar en este tablero de negociación.
Del resultado de este diálogo depende, en buena medida, la lectura sobre el éxito o fracaso de la apuesta de paz total al cierre de la administración Petro.
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