ExFarc denuncian que solo se está dando protección a militantes de Partido Comunes
Excombatientes que se desligaron de esa colectividad política señalaron en una carta dirigida a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que los dirigentes están excluyendo de las medidas de protección a aquellos firmantes de la paz que no militan con ellos.
En una carta con fecha del 4 de febrero conocida por Colombia+20, excombatientes de Farc que se desligaron del Partido Comunes denuncian que las garantías de seguridad que estableció el Acuerdo de Paz no se están aplicando con todos los firmantes de la paz, sino que estas se han “politizado” de acuerdo a si quien solicita un esquema de protección milita o no en este partido. “La politización clientelar de la seguridad es otra forma de incumplir lo firmado en medio de la crisis humanitaria que sufrimos quienes apostamos por la paz”, aseguran en el documento.
Lea: La pelea interna en las antiguas Farc por la reincorporación de los exguerrilleros
Miembros de Avanzar y la Mesa Autónoma de Reincorporación (Mar), dos organizaciones que conformaron en septiembre pasado quienes no se sintieron representados por Comunes, señalan que les han excluido de los escenarios donde se deciden las medidas de seguridad y que no están priorizando sus solicitudes de protección, dejando en muchos casos a la deriva la situación de los firmantes de paz que están amenazados.
“Nosotros como organización sindical hemos denunciado irregularidades en la Subdirección Especializada de Seguridad (la cual se creó al interior de la Unidad Nacional de Protección por el Acuerdo de Paz). Tres de nuestros compañeros asesinados tenían medidas de protección aprobadas por resolución, pero no sabemos por qué motivo no se implementaron. En otros casos hay gente que también tienen aprobadas las medidas desde hace un año u ocho meses y aún no las han implementado”, asegura Víctor Osorio, presidente del Sindicato Memoria Viva, conformado por excombatientes que ahora trabajan como escoltas en la UNP.
Acá puede leer la carta completa:
Benedicto De Jesús Gonzalez Montenegro, quien ocupó la curul de Jesús Santrich en la Cámara de Representantes, añade que la seguridad de todos los firmantes quedó solamente en manos del Partido Comunes, pero que este movimiento solo congrega a alrededor de 6.000 de los 13.000 excombatientes que se acogieron al proceso de paz, así que se pregunta quién representa a esta mayoría.
“Estamos pidiendo garantías de protección, pero también tener participación en los espacios de decisión”. Uno de esos escenarios a los que se refiere Benedicto es la instancia de seguimiento a las órdenes que dio la Corte Constitucional el pasado 27 de enero cuando declaró una violación masiva del Acuerdo de Paz en materia de garantías seguridad para los exintegrantes de las Farc en su regreso a la vida civil e instó al Estado colombiano a garantizar la protección de sus vidas.
El otro escenario en el que quieren participar es la Mesa Técnica de Seguridad y Protección que está conformada por cinco integrantes del Gobierno Nacional y cinco integrantes del Partido Comunes. “Los abajo firmantes no nos sentimos representados en la Mesa Técnica, ni en los delegados designados unilateralmente por una parte de los firmantes de paz, sin consulta alguna con excombatientes o beneficiarios. Endosarle nuestras evaluaciones de riesgo y la implementación de lo mandatado por la Corte Constitucional a los actuales integrantes de la Mesa Técnica de Seguridad, es violatorio del principio de personal de confianza fijado por el Acuerdo de Paz”, agregan en la misiva.
Para Victoria Sandino, ahora senadora, la situación de inseguridad de los firmantes de la paz no militantes se agrava aún más con la politización desde el Partido Comunes. Consultamos al partido sobre esta denuncia pero manifestaron que no se van a pronunciar al respecto.
Otros de los llamados que hacen en la carta son la falta de recursos para la Subdirección, la paquidermia administrativa, la subcontratación de personal de seguridad que no cumple con el requisito de confianza, el déficit de personal de seguridad, las restricciones y preferencias para la autorización de viáticos y misiones y la persecución laboral a escoltas y personal sindicalizado.
Al respecto Victor Osorio contó que conoce de compañeros suyos que “son chantajeados para que se afilien al Partido y los que no los hacemos somos señalados y criminalizados”. Añadió que representantes de Comunes han hecho solicitudes para que echen a por lo menos 50 trabajadores de la Subdirección Especializada porque no militan o no reciben las orientaciones del partido.
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A través de la carta, dirigida a Alfonso Campo Martínez, director de la Unidad Nacional de Protección, a la Misión de Verificación de la ONU, a la Corte Constitucional; a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del Acuerdo Final (Csivi), al Ministerio del Interior, a la Procuraduría y a las embajadas de Cuba y Noruega, piden una reunión con estos organismos para ser incluidos en los espacios de decisión y en la Subdirección de Seguridad.
De acuerdo con Sandino, a la fecha no les han respondido la carta. Al momento de la publicación de este artículo, la Unidad Nacional de Protección tampoco le respondió a este medio sobre las denuncias consignada en la misiva.
Las fallas en la seguridad de excombatientes
La queja interpuesta en la carta no solo confirma la evidente división entre sectores de las antiguas Farc, sino que se da en un momento en un contexto de riesgo inminente de los firmantes. Hasta enero pasado 291 exFarc habían sido asesinados en el país desde la firma del Acuerdo de Paz, y la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) advirtió en noviembre de 2020 que la cifra podría llegar a 1.600 en diciembre de 2024 si se seguía la tendencia al alza.
A ello se suma los casos de desplazamientos masivos de excombatientes y sus familias que estaban asentados en antiguos espacios territoriales. En julio de 2020 y tras el asesinato de 11 miembros del espacio territorial de Ituango, al menos 93 personas debieron trasladarse desde la vereda Santa Lucía hacia Mutatá.
Lo mismo ocurrió en diciembre de 2021 en el antiguo ETCR de Urías Rondón en los Llanos del Yarí, en límites entre Meta y Caquetá. Luego de varios hostigamientos a los excombatientes de ese espacio, incluyendo la quema de sus vehículos de protección, la población tuvo que salir desplazada.
En el ETCR de Buenos Aires, Cauca. Allí llegaron en principio unos 390 excombatientes. Hoy quedan 42. Muchos de ellos se han reasentado en las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) en Argelia, Santander de Quilichao, Popayán y Cali.
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Hay otros casos en que los firmantes del Acuerdo libran una cruzada a través de entidades para, a través de las tutelas, lograr la protección. Muchas veces las resoluciones de esas tutelas han llegado tarde.
En una carta con fecha del 4 de febrero conocida por Colombia+20, excombatientes de Farc que se desligaron del Partido Comunes denuncian que las garantías de seguridad que estableció el Acuerdo de Paz no se están aplicando con todos los firmantes de la paz, sino que estas se han “politizado” de acuerdo a si quien solicita un esquema de protección milita o no en este partido. “La politización clientelar de la seguridad es otra forma de incumplir lo firmado en medio de la crisis humanitaria que sufrimos quienes apostamos por la paz”, aseguran en el documento.
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Miembros de Avanzar y la Mesa Autónoma de Reincorporación (Mar), dos organizaciones que conformaron en septiembre pasado quienes no se sintieron representados por Comunes, señalan que les han excluido de los escenarios donde se deciden las medidas de seguridad y que no están priorizando sus solicitudes de protección, dejando en muchos casos a la deriva la situación de los firmantes de paz que están amenazados.
“Nosotros como organización sindical hemos denunciado irregularidades en la Subdirección Especializada de Seguridad (la cual se creó al interior de la Unidad Nacional de Protección por el Acuerdo de Paz). Tres de nuestros compañeros asesinados tenían medidas de protección aprobadas por resolución, pero no sabemos por qué motivo no se implementaron. En otros casos hay gente que también tienen aprobadas las medidas desde hace un año u ocho meses y aún no las han implementado”, asegura Víctor Osorio, presidente del Sindicato Memoria Viva, conformado por excombatientes que ahora trabajan como escoltas en la UNP.
Acá puede leer la carta completa:
Benedicto De Jesús Gonzalez Montenegro, quien ocupó la curul de Jesús Santrich en la Cámara de Representantes, añade que la seguridad de todos los firmantes quedó solamente en manos del Partido Comunes, pero que este movimiento solo congrega a alrededor de 6.000 de los 13.000 excombatientes que se acogieron al proceso de paz, así que se pregunta quién representa a esta mayoría.
“Estamos pidiendo garantías de protección, pero también tener participación en los espacios de decisión”. Uno de esos escenarios a los que se refiere Benedicto es la instancia de seguimiento a las órdenes que dio la Corte Constitucional el pasado 27 de enero cuando declaró una violación masiva del Acuerdo de Paz en materia de garantías seguridad para los exintegrantes de las Farc en su regreso a la vida civil e instó al Estado colombiano a garantizar la protección de sus vidas.
El otro escenario en el que quieren participar es la Mesa Técnica de Seguridad y Protección que está conformada por cinco integrantes del Gobierno Nacional y cinco integrantes del Partido Comunes. “Los abajo firmantes no nos sentimos representados en la Mesa Técnica, ni en los delegados designados unilateralmente por una parte de los firmantes de paz, sin consulta alguna con excombatientes o beneficiarios. Endosarle nuestras evaluaciones de riesgo y la implementación de lo mandatado por la Corte Constitucional a los actuales integrantes de la Mesa Técnica de Seguridad, es violatorio del principio de personal de confianza fijado por el Acuerdo de Paz”, agregan en la misiva.
Para Victoria Sandino, ahora senadora, la situación de inseguridad de los firmantes de la paz no militantes se agrava aún más con la politización desde el Partido Comunes. Consultamos al partido sobre esta denuncia pero manifestaron que no se van a pronunciar al respecto.
Otros de los llamados que hacen en la carta son la falta de recursos para la Subdirección, la paquidermia administrativa, la subcontratación de personal de seguridad que no cumple con el requisito de confianza, el déficit de personal de seguridad, las restricciones y preferencias para la autorización de viáticos y misiones y la persecución laboral a escoltas y personal sindicalizado.
Al respecto Victor Osorio contó que conoce de compañeros suyos que “son chantajeados para que se afilien al Partido y los que no los hacemos somos señalados y criminalizados”. Añadió que representantes de Comunes han hecho solicitudes para que echen a por lo menos 50 trabajadores de la Subdirección Especializada porque no militan o no reciben las orientaciones del partido.
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A través de la carta, dirigida a Alfonso Campo Martínez, director de la Unidad Nacional de Protección, a la Misión de Verificación de la ONU, a la Corte Constitucional; a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del Acuerdo Final (Csivi), al Ministerio del Interior, a la Procuraduría y a las embajadas de Cuba y Noruega, piden una reunión con estos organismos para ser incluidos en los espacios de decisión y en la Subdirección de Seguridad.
De acuerdo con Sandino, a la fecha no les han respondido la carta. Al momento de la publicación de este artículo, la Unidad Nacional de Protección tampoco le respondió a este medio sobre las denuncias consignada en la misiva.
Las fallas en la seguridad de excombatientes
La queja interpuesta en la carta no solo confirma la evidente división entre sectores de las antiguas Farc, sino que se da en un momento en un contexto de riesgo inminente de los firmantes. Hasta enero pasado 291 exFarc habían sido asesinados en el país desde la firma del Acuerdo de Paz, y la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) advirtió en noviembre de 2020 que la cifra podría llegar a 1.600 en diciembre de 2024 si se seguía la tendencia al alza.
A ello se suma los casos de desplazamientos masivos de excombatientes y sus familias que estaban asentados en antiguos espacios territoriales. En julio de 2020 y tras el asesinato de 11 miembros del espacio territorial de Ituango, al menos 93 personas debieron trasladarse desde la vereda Santa Lucía hacia Mutatá.
Lo mismo ocurrió en diciembre de 2021 en el antiguo ETCR de Urías Rondón en los Llanos del Yarí, en límites entre Meta y Caquetá. Luego de varios hostigamientos a los excombatientes de ese espacio, incluyendo la quema de sus vehículos de protección, la población tuvo que salir desplazada.
En el ETCR de Buenos Aires, Cauca. Allí llegaron en principio unos 390 excombatientes. Hoy quedan 42. Muchos de ellos se han reasentado en las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) en Argelia, Santander de Quilichao, Popayán y Cali.
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Hay otros casos en que los firmantes del Acuerdo libran una cruzada a través de entidades para, a través de las tutelas, lograr la protección. Muchas veces las resoluciones de esas tutelas han llegado tarde.