Gobierno intensificó erradicación forzada de coca en medio de la pandemia

A excepción de Chocó, en todas las regiones donde se ha erradicado coca forzadamente, hay acuerdos firmados para la susitución voluntaria de esos cultivos. / Jonathan Bejarano

Desde que el Gobierno nacional decretó el aislamiento preventivo por la pandemia del COVID-19, el pasado 25 de marzo, la Fuerza Pública ha ejecutado operativos de erradicación forzada de coca en al menos seis departamentos. Las comunidades campesinas han denunciado que mientras acatan el aislamiento en sus viviendas, afuera llegan grupos móviles de erradicación compuestos por cientos de policías, militares y civiles provenientes de otras regiones que aumentan el riesgo de contagio de coronavirus y que les arrancan su único sustento. Además, en cinco de los seis departamentos hay acuerdos vigentes del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) y los campesinos reclaman su cumplimiento.

“Es como si la gente estando en cuarentena les cancelaran sus contratos de trabajo, no tendrían plata para comprar el antibacterial, el papel higiénico, comida ni para pagar los arriendos y los servicios públicos”, le dijo a este diario Juan Carlos Quintero, de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), cuando en esa región empezaron a denunciar las jornadas de erradicación forzada.

No solo las comunidades le han pedido al Gobierno Nacional que, al menos durante la pandemia, suspenda la erradicación forzada. También se han sumado alcaldías y gobernaciones de estas regiones, así como centros de pensamiento y organizaciones como Dejusticia, Fescol, Sisma Mujer, entre otras, que pidieron detener esos operativos para garantizar los derechos a la salud y a la seguridad alimentaria de la población cultivadora. El Ministerio de Defensa, por su parte, dijo que “la misión constitucional y legal asignada a la Fuerza Pública es irrenunciable y continúa de acuerdo con los protocolos existentes en esta coyuntura, para garantizar la protección de los uniformados y las comunidades.”

Catatumbo

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Los grupos móviles de erradicación continuaron avanzando por veredas de ese municipio hasta que el 23 de marzo llegaron a la vereda Santa Teresita. Allí, la comunidad se organizó en asentamiento campesino para oponerse a la erradicación. Así continuaron hasta que el jueves 26 de marzo una bala disparada por un miembro del Ejército le quitó la vida a Alejandro Carvajal, un joven de 22 años que participaba de la protesta pacífica. Ese hecho hoy es materia de investigación.

La exigencia de los campesinos se Sardinata es por el cumplimiento del PNIS, sobre el que firmaron un acuerdo en septiembre de 2017 en el que expresaron su voluntad de querer sustituir las matas de coca. A dicho acuerdo se acogieron alrededor de 1.500 familias, pero el Gobierno solo caracterizó efectivamente a 302 y de esas, solo 150 han recibido los pagos mensuales, apenas el primer paso del PNIS. Desde la muerte de Alejandro Carvajal han continuado los intentos de erradicación y se han presentado dos nuevos hechos: por un lado, lo que las comunidades señalan como un montaje judicial contra Óscar Barragán, miembro de Ascamcat, y Yeison Arciniegas, excombatiente de las Farc, que fueron detenidos por las autoridades el domingo 5 de abril, señalados de pertenecer al Epl. Por otro, la aparición de la marca “AUC Vive” grabada en una piedra de la vereda El Cairo, donde permanecen las comunidades en resistencia contra los erradicadores.

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Bajo y medio Putumayo

El jueves 19 de marzo, Marco Rivadeneira, un emblemático líder que promovía la sustitución voluntaria de coca en Putumayo, fue asesinado en la vereda Nueva Granada (Puerto Asís), tras una reunión con comunidades del corredor Puerto Vega – Teteyé para coordinar justamente alternativas para los campesinos cultivadores que quedaron por fuera del PNIS. Tres días después, el 22 de marzo, la comunidad de la vereda donde fue asesinado el líder denunció la llegada de erradicadores y Fuerza Pública que, a través de bombas manuales, empezaron a fumigarles con glifosato sus cultivos de coca.

En esta región, los campesinos han exigido dos cosas: primero, el cumplimiento del PNIS para las 20.331 familias que firmaron el acuerdo de sustitución en Putumayo – más de 9.000 solo en Puerto Asís y Orito – y han cumplido con su compromiso de arrancar las matas de coca. Y segundo, que se formulen alternativas para las familias que no alcanzaron a ingresar al PNIS, que pueden ser otras 15.000.

Desde esta misma región denunciaron también erradicación forzada en la vecina zona del corregimiento Cofania Jardines de Sucumbíos, en el municipio de Ipiales, en Nariño.

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Caquetá

El Ejército sostuvo que los grupos móviles de erradicación fueron agredidos con armas blancas y maquinaria agrícola por parte de los campesinos. “Las tropas al verse rodeadas por la multitud que se acercaba de manera hostil accionaron sus armas de dotación de manera disuasiva, con la finalidad de protegerse y salvaguardar la integridad física de las personas encargadas de la erradicación.”

Luego, desde las comunidades denunciaron que el 4 de abril los erradicadores llegaron a la vereda Primavera del municipio de El Paujil a arrancar las matas de coca. De nuevo, el llamado de los campesinos que han defendido sus cultivos en esta región a través de cercos humanitarios es por la sustitución voluntaria de esos cultivos. Entre San José del Fragua, Cartagena del Chairá, La Montañita y el Paujil hay más de 7.000 familias que manifestaron querer sustituir sus cultivos. 

Sur de Córdoba

El 12 de abril pasado, nuevamente las comunidades denunciaron la llegada de erradicadores al corregimiento de Juan José y esta semana al corregimiento de San Juan. En Puerto Libertador también hay acuerdos de sustitución voluntaria a los que se acogieron al menos 1.368 familias. Sin embargo, el cumplimiento de parte del Gobierno ha sido mínimo. Hasta el momento solo se han entregado los pagos mensuales y se están implementando los proyectos de seguridad alimentaria. Pero los proyectos productivos de ciclo corto y ciclo largo aún no llegan.

Ante ese panorama y con la crisis del COVID-19, las comunidades hicieron una reunión con el gobernador de Córdoba y los alcaldes de la zona en Puerto Libertador para gestionar apoyos o ayudas humanitarias para los campesinos que están en esta situación.

Chocó

Estas operaciones tuvieron lugar, según la denuncia, en las comunidades afrodescendientes de San Miguel, Bebedó, Dipurdú, Santa María de la Loma, Fugiadó, Puerto Murillo y Nuanamá, en el municipio de Medio San Juan; la comunidad de Cañaveral, en Sipí; y Negría, en Istmina.

“Acadesan y las comunidades que lo componen, quiere dejar en claro que no se oponen a la erradicación de cultivos de uso ilícito: somos los mas interesados en que esta problemática sea superada. Sin embargo, la erradicación debe ser voluntaria, concertada y contando con la participación de las comunidades”, dijo el consejo comunitario. En Chocó no hay a la fecha acuerdos individuales de sustitución en el marco del PNIS. Sin embargo, las comunidades sí han tenido interlocución con el Gobierno Nacional y han expresado su voluntad de sustituir sus plantaciones de coca.