El Gobierno colombiano, a través de una Resolución Ejecutiva, negó la solicitud de extradición elevada por Venezuela contra Larry Amaury Álvarez Núñez, también conocido como Larry Changa, cofundador del Tren de Aragua, la estructura criminal originaria de Venezuela.
Álvarez Núñez, quien tiene nacionalidad venezolana, chilena y colombiana, era requerido por el Tribunal Especial Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Caracas, por delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, tráfico de armas y municiones, extorsión agravada, legitimación de capitales y asociación para delinquir agravada
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, mediante pronunciamiento del 10 de septiembre de 2025, emitió concepto desfavorable a la solicitud venezolana tras establecer que el Gobierno de Chile había presentado primero su requerimiento formal de extradición por delitos distintos —asociación criminal y tráfico ilícito de drogas— y, conforme a los tratados internacionales vigentes, la prelación recae sobre el país que realiza primero la solicitud.
Larry Changa pidió pista en la paz total
La fecha en la que se publicó la resolución fue apenas cuatro días después de que Changa enviara una carta al presidente Petro, al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre y al comisionado de paz, Otty Patiño, en la que decía que estaba interesado en aportar a la paz y explorar una eventual desmovilización del Tren de Aragua.
La petición incluye una suspensión temporal de las órdenes de extradición mientras se desarrollan las conversaciones.
El 14 de octubre, el Gobierno Petro respondió a Changa y le cerró la puerta de la paz total.
“No vamos a permitir que, so pretexto de participar en los procesos de paz, los grupos delincuenciales se burlen de la justicia internacional para buscar la impunidad de sus crímenes”. Esa fue la frase con la que el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, negó al Tren de Aragua su ingreso en la apuesta de paz total de Petro.
La extradición fue avalada para Chile
El alto tribunal aplicó las disposiciones del Acuerdo sobre Extradición firmado en Caracas en 1911 entre Colombia y Venezuela, y el Tratado de Extradición con Chile de 1928, señalando que, aunque ambos instrumentos están vigentes, el criterio de “prevención” —la solicitud presentada primero— es el que define la preferencia entre Estados solicitantes.
La Corte precisó además que, aun si se evaluara el criterio de “mayor gravedad del delito” previsto en el tratado con Chile, no habría diferencia sustancial en las penas máximas, por lo que la prelación seguiría correspondiendo al país que inició antes el trámite.
En consecuencia, la Sala Penal determinó que la solicitud venezolana no podía prosperar, y recomendó al Ejecutivo mantener detenido al ciudadano exclusivamente por el proceso de extradición instaurado por Chile.
El documento afirma que el trámite de extradición por requerimiento de la República de Chile “se encuentra en etapa administrativa final”. Eso quiere decir, dice la resolución, que la decisión del Gobierno sobre la solicitud de extradición está aún en proceso de notificación.
En Colombia, aunque la Corte avala una extradición, es el presidente el único que puede dar luz verde o suspenderla.
La ministra de Agricultura, Martha Viviana Carvajalino Villegas, actuando como delegataria de funciones presidenciales en materia de extradición, fue quien firmó la resolución que niega la solicitud venezolana.
En el documento también figura la firma del ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre Lynett, quien ordenó notificar la decisión al requerido y comunicarla a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Tren de Aragua es considerada una organización terrorista por Estados Unidos, una designación que expidió el presidente Donald Trump en enero de este año.
Con la designación como grupo terrorista, la administración Trump puede comenzar a aplicar medidas que funcionen como un cerco para bloquear la actividad del grupo criminal en Estados Unidos.
Álvarez Núñez fue capturado el 8 de julio de 2024 en Colombia, donde permanece en la cárcel La Picota, tras una solicitud inicial de detención provisional hecha por Venezuela. Posteriormente, Chile formalizó su propia petición de extradición el 4 de julio de 2024, dos semanas antes de que lo hiciera el Gobierno venezolano.
La Fiscalía de la Nación, en acatamiento del concepto de la Corte, canceló la orden de captura con fines de extradición a Venezuela el pasado 24 de septiembre, pero mantuvo la privación de libertad del ciudadano por la solicitud chilena, que sigue su curso.
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