En la antesala de las festividades de fin de año, varios grupos armados ilegales anunciaron ceses temporales de operaciones ofensivas contra la fuerza pública, una medida que, aunque reduce el riesgo para militares y policías, resulta insuficiente para las comunidades, que continúan atrapadas en medio de confrontaciones y otras dinámicas de violencia.
El anuncio del domingo del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC-EP sobre un cese de operaciones ofensivas contra la fuerza pública fue el último en darse.
Según el grupo que comanda Iván Mordisco la suspensión será entre el 23 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de 2026. La organización aseguró que la medida busca permitir que las familias colombianas compartan sin los temores propios de la confrontación armada, aunque aclaró que se reserva “el derecho a la defensa”.
Ese mismo día, en la madrugada, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un cese unilateral del fuego entre el 24 de diciembre y el 3 de enero, presentado por sus voceros como un gesto humanitario de temporada.
El anuncio llegó apenas días después de un paro armado que el propio ELN impuso en 13 regiones del país, con impactos directos sobre la movilidad, el comercio y la vida cotidiana de comunidades enteras. La secuencia —paro armado seguido de cese— volvió a poner en evidencia la fragilidad y el alcance limitado de este tipo de compromisos, especialmente cuando no incluyen medidas verificables de protección a la población civil.
Esa debilidad quedó aún más expuesta con los hechos ocurridos en Chocó. En el municipio de Carmen de Atrato, 18 soldados del Ejército Nacional fueron retenidos por una multitud mientras adelantaban operaciones contra el ELN.
De acuerdo con reportes oficiales, los uniformados fueron rodeados por cerca de 200 personas y trasladados por la fuerza a un resguardo indígena. La Defensoría del Pueblo confirmó que adelanta gestiones y diálogos con la comunidad para lograr la liberación segura de los militares, en una labor humanitaria coordinada con la Gobernación del departamento.
Para las autoridades, la retención constituye una violación de la libertad personal y una obstrucción a operaciones legítimas de la Fuerza Pública. El episodio, ocurrido en pleno anuncio de cese, alimentó las críticas sobre una posible instrumentalización de la población civil en medio del conflicto y reforzó los cuestionamientos sobre la efectividad real de los gestos anunciados por el ELN.
En paralelo, el Frente 33 opera en Catatumbo y pertenece a la disidencia de Calarcá Córdoba anunció un cese de operaciones ofensivas contra la fuerza pública por tiempo indefinido, sin que ello implique el fin de las confrontaciones con otros grupos armados ilegales en los territorios donde tiene presencia.
Sin embargo, organizaciones humanitarias y autoridades civiles advierten que estos anuncios no se traducen automáticamente en alivio para la población civil.
Defensoría pide más gestos
La Defensoría del Pueblo expresó su posición sobre el mensaje del ELN con un llamado crítico y cauteloso. Afirmó que aunque se reciben los anuncios “con cierto alivio”, recuerdan que no basta mencionar el respeto a la población civil si no se acompaña de acciones concretas, como la liberación incondicional de personas retenidas o secuestradas y la reducción efectiva de las violencias en los territorios.
La entidad también insistió en que los ceses deberían extenderse a las confrontaciones entre los propios grupos armados, una de las principales causas de desplazamientos, confinamientos y miedo generalizado en varias regiones del país.
Además, recordó además antecedentes recientes. Hace un año, un cese similar anunciado por el ELN no impidió que en enero continuaran ataques contra la población civil, incluida una ofensiva en el Catatumbo que derivó en el desplazamiento masivo más grande de la historia reciente de Colombia.
En ese contexto, la entidad fue clara en decir que los ceses anunciados pueden ser un gesto, pero solo tendrán sentido si se traducen en hechos verificables y sostenidos que garanticen la protección de los derechos humanos y un alivio real para comunidades que siguen viviendo en medio del conflicto armado.
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