Catatumbo arrancó 2026 en medio del mismo drama de hace un año: atrapado en el fuego cruzado entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC.
Los recientes ataques —con especial intensidad en El Tarra, donde el Frente 33 busca recuperar territorios bajo control del ELN— reviven el temor de que se repita la crisis humanitaria que los enfrentamientos entre estos grupos armados desataron en enero de 2025.
“Vamos casi para dos semanas desde que se recrudecieron las confrontaciones. En los últimos días hemos visto la magnitud de este escalamiento de hostilidades, particularmente en Filo Gringo. En la última semana se han evidenciado los mayores impactos humanitarios, pero también en los últimos dos o tres días se han registrado enfrentamientos en zonas como Pacheli”, explica Lina Mejía, coordinadora de la organización Vivamos Humanos.
Las confrontaciones no solo han dejado desplazamientos y confinamientos, sino población civil herida, principalmente por el uso de artefactos explosivos y drones cargados con explosivos.
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Estos hechos abren el debate sobre qué hizo el Gobierno durante el último año para contener la violencia y qué tan preparado estaba Norte de Santander para enfrentar una nueva escalada del conflicto.
“Claramente ni el departamento ni los municipios están preparados”, advierte Diógenes Quintero, representante de la curul de paz del Catatumbo, en entrevista con este diario. Para él, la responsabilidad principal recae en el Ejecutivo, que —señala— no tomó las medidas necesarias para enfrentar la crisis.
“El tema que hay que analizar aquí es la responsabilidad política que tiene que asumir el Gobierno: qué hizo en este año. Para nosotros fue un simple espectador de lo que estaba ocurriendo, de la tragedia que estamos viviendo en el Catatumbo”, añade el representante.
Las alertas por las faltas de recursos
Mejía coincide en que el departamento no está preparado para enfrentar una nueva ola de violencia y en que la respuesta del Ejecutivo ha sido insuficiente. “Hace un año incluso fue un poco más robusta la respuesta del gobierno departamental que la del nacional”, asevera la coordinadora de Vivamos Humanos.
El Puesto de Mando Unificado que se instaló cuando se intensificó la guerra –explica Mejía– quedó desmantelado a mitad de año. Aunque hubo algún tipo de reacción institucional en la primera mitad de 2025, los recursos se agotaron y, durante el segundo semestre, continuaron las afectaciones a la población civil sin una respuesta suficiente. “Dejaron nuevamente al gobierno departamental pues respondiendo solo”, añade.
La ausencia del Estado se ha reflejado en el papel que han asumido las organizaciones sociales y humanitarias que operan en la región. Carmen García, directora de la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz, señala que la atención a las víctimas recae hoy en las ONG que hacen presencia en el territorio.
“Nos estamos sosteniendo con los recursos de algunas organizaciones que están mitigando la situación con alimentos, pañales y apoyo para los niños a través del ICBF. Las Alcaldías y el Gobierno departamental no tienen dinero. Por eso, como defensores de derechos humanos, alzamos la voz y enviamos un comunicado al presidente Gustavo Petro para que, lo antes posible, lleguen ayudas y recursos a los municipios y al departamento”, afirma la lideresa.
Para el representante Quintero, las preocupaciones sobre los recursos se agravan en este inicio de año, cuando los presupuestos territoriales están agotados y muchos procesos contractuales se encuentran en cierre.
Temor por expansión de la arremetida en Filo Gringo a otras zonas
En un comunicado emitido el pasado 29 de diciembre, organizaciones del Catatumbo advirtieron que esta escalada de violencia había sido prevista. Desde la Mesa Humanitaria y otras entidades de la región —señalaron— se habían emitido alertas tempranas sobre el riesgo de un aumento de los enfrentamientos en diciembre.
“De hecho, en noviembre, cuando presentamos el informe de la Comisión de Verificación Humanitaria que hicimos en Filo Gringo, en Campo seis, en Bertrania y Versalles, advertimos que esto iba a recrudecerse hacia la segunda quincena de diciembre. Llamamos la atención a las autoridades departamentales y a los entes a nivel nacional, y finalmente eso cayó en saco roto. La respuesta no llegó ni preventiva ni en este momento. Hoy vemos las consecuencias desafortunadas”, explica Mejía.
En medio de la falta de respuestas del Gobierno, la crisis humanitaria amenaza con empeorar. Según registros de la lideresa García afirma que, ya hay más de 200 familias desplazadas en Tibú, más de 180 en Cúcuta y al menos 300 en El Tarra, además de otras que permanecen en albergues temporales o en casas de conocidos. “Esto se nos va a agrandar cada día más”, señala.
La preocupación es compartida. Quintero teme que la arremetida en Filo Gringo se extienda a los demás municipios y corregimientos de la región. “Además, hay información o rumores de un fortalecimiento que ha obtenido el Frente 33 en materia militar y que esto va a hacer que la confrontación se agudice mucho más, porque lo que sí hay que reconocer es que el mayor control hoy lo tiene el ELN”.
En medio de esa zozobra, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que se han tomado tres medidas iniciales: la instalación de un Puesto de Mando Unificado en Tibú; una misión de acompañamiento a una caravana humanitaria por el desplazamiento de familias desde Filo Gringo; y el despliegue de unidades de la Policía y refuerzos del Ejército en los municipios de Tibú y El Tarra.
Para Quintero, se trata de una respuesta tardía. “El ministro sale con unas declaraciones que dejan la sensación de que está completamente desubicado, como cuando dice que tenía controlado el 70 % del Catatumbo. Ahora anuncia la creación de un puesto de mando unificado y el envío de más tropas a la región. Pero esto no es nuevo: esto viene pasando desde hace un año. No le creemos al Gobierno”, asegura Quintero.
Tras un año de la arremetida violenta en Catatumbo, las preguntas sobre la preparación del Estado para atender la crisis persisten. Con los enfrentamientos que no cesan y el riesgo de nuevos desplazamientos, la región inicia 2026 bajo la sombra de un conflicto que sigue sin control efectivo.
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