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Una expansión creciente y alarmante. Disputas territoriales a lo largo de la costa del Pacífico y cerca de la frontera con Venezuela. Extorsiones a empresarios y ganaderos a cambio de “protección”. Normas de control y violencia contra poblaciones vulnerables. Reclutamiento de viejos combatientes paramilitares, guerrilleros y exsoldados. Una estructura disciplinada “que opera con la precisión de una empresa multinacional”.
Estos elementos, recogidos por International Crisis Group en su más reciente informe, son algunos de los que han convertido a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo) en el grupo criminal más poderoso del país. El documento coincidió con la propuesta hecha el lunes por el presidente Gustavo Petro de plantear que una fórmula para que ese grupo se “acoja” a la justicia. El Clan del Golfo le respondió este mismo martes que acepta la invitación para sentar en un proceso de paz.
Justamente en el informe, titulado La incógnita de la “paz total”: qué hacer con los gaitanistas, la organización internacional plantea que, para el éxito de la política de paz del Ejecutivo es crucial no dejar por fuera a este grupo armado. Además, hace una completa radiografía del Clan del Golfo, su origen, evolución, poderío e intentos de diálogo con los últimos gobiernos.
Estos son los puntos clave del informe:
Las millonarias rentas criminales y el ‘modus operandi’ de las AGC
De acuerdo con Crisis Group, en las zonas que los miembros del clan dominan “son los árbitros de la vida cotidiana y se calcula que obtienen unos $4.400 millones de dólares al año por sus actividades en el tráfico de drogas, armas y migrantes y la minería ilegal”.
No obstante, advierte el informe, el grupo no depende exclusivamente de una actividad ilícita, sino que ha perfeccionado su capacidad para monetizar el control territorial, sobre todo cerca de la Costa Atlántica, un punto de tránsito clave en el tráfico de cocaína.
“Gravan a los narcotraficantes, pero también a las compañías mineras multinacionales. Cobran a los grandes terratenientes por “protección” mientras extorsionan a los campesinos, exigiéndoles parte de su producción”, sostiene el documento.
Petro dijo el lunes que la condición principal de ese diálogo es que el grupo armado abandone las economías ilícitas, como el tráfico de cocaína y el de migrantes por el tapón del Darién. “Se puede negociar, pero previamente esa organización tiene que entender que no se hace para duplicar el narcotráfico, sino para acabarlo”.
Sobre ese punto, el grupo respondió en el comunicado que ellos solo cobran un impuesto sobre el gramaje de la coca. “Lo que sí debemos anotar es que las economías ilícitas existen en las regiones mucho antes de que fuéramos una realidad como organización. No las hemos creado, cosa distinta es que se cancelen unos recursos en lo que se ha llamado el ‘impuesto al gramaje’ en el caso de la coca”.
Durante los últimos años, y especialmente tras la llegada del Gobierno Petro y el anuncio de su intención de negociar con los grupos ilegales del país, el Clan inició un proceso de politización que implicó cambios en el relacionamiento con las comunidades.
Según el informe, como parte de su intento por cooptar a la población, ponen topes a los precios de los alimentos básicos y reparten regalos a los niños.
“Pero también aplican técnicas coercitivas. Construyen extensas redes de inteligencia civil y castigan, a veces con violencia, las palabras o acciones que consideren reprochables. Mientras tanto, las juntas de acción comunal electas deben consultar con los gaitanistas sus decisiones, en parte porque dependen del grupo para financiar proyectos como la pavimentación de carreteras o el arreglo de escuelas”.
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El poderío militar y desestabilizador de las AGC
De acuerdo con el documento, la importancia del grupo, tanto en el crimen como en el conflicto, hace que su participación “sea esencial para el éxito de la paz total y, al mismo tiempo, complica los esfuerzos para incluirlos”.
Una de las razones por las que los gaitanistas preocupan a las autoridades, además de su expansión, es que ponen en riesgo todas las negociaciones en curso, incluidos los diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con las dos disidencias de las FARC (el Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia).
Como ha reportado Colombia+20, en varias regiones del país el Clan del Golfo está sosteniendo disputas territoriales con estos grupos, y en zonas como el Chocó, el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar logró acorralar al ELN, a tal punto que esa guerrilla le exigió al Gobierno Nacional enfrentar con determinación y por vía militar al Clan.
Sin embargo, el análisis de Crisis Group indica que “una estrategia puramente militar tiene pocas posibilidades frente a un grupo con los recursos y la experiencia que los gaitanistas han acumulado. Además, el grupo se ha ido volviendo cada vez más temible y audaz”.
El informe explica que el Clan del Golfo, fundado en 2007, fusionó a antiguos comandantes paramilitares de derecha con veteranos guerrilleros de izquierda.
“Actualmente, decenas de exintegrantes de las FARC se han unido a los gaitanistas, al igual que cientos de exsoldados. El resultado es una organización con una voluntad de expansión al estilo de los paramilitares, que aplica un nivel de disciplina típico de los movimientos guerrilleros y que opera con la precisión de una empresa multinacional. Está estructurada como un ejército convencional, pero también contrata civiles para desempeñar funciones que incluyen la contabilidad y organización política”.
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¿Por qué Crisis Group recomienda al Gobierno negociar con el Clan del Golfo?
Bajo ese contexto de poderío y expansión, un debilitamiento militar del grupo resulta ser un objetivo de largo plazo, que podría torpedear los diálogos de paz con otros grupos ilegales y, sin embargo, de lograrse acuerdos con esas otras estructuras, quedaría como una “rueda suelta” que seguiría ampliando sus redes criminales y afectando la situación humanitaria en varias regiones del país.
Es por esto que Crisis Group asegura que lo que debe hacer el Gobierno Petro es iniciar un proceso de conversaciones con los gaitanistas que se vayan volviendo más sustanciales progresivamente, con el objetivo, en primer lugar, de reducir la violencia contra la población civil y, en segundo lugar, de discutir las condiciones legales para la entrega de armas.
Para la organización internacional, mientras se adelantan esos diálogos, la Policía y el Ejército deben continuar sus operaciones para proteger a los civiles y presionar al grupo para que entable conversaciones.
“Nada en este proceso será fácil, pero avanzar paso a paso puede ayudar a que el desafío sea menos intimidante. Eso se traduce en unas medidas iniciales para generar confianza, que conduzcan a esfuerzos más amplios para negociar ceses al fuego regionales que llegado el momento permitan abordar el espinoso tema de la desmovilización. El gobierno no puede intentar dar el último paso (desmantelar a los gaitanistas y a sus redes) sin una nueva legislación. Si se logra establecer una vía legal, el Estado aún enfrentaría dificultades para ofrecer incentivos suficientes que convenzan a los excombatientes a dejar las actividades criminales de manera permanente y al mismo tiempo hagan justicia para las víctimas y no ofendan a la opinión pública”, concluye el informe.
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