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28 Aug 2022 - 3:00 a. m.

Los baldíos que el Estado no recupera en la hacienda Bellacruz

La Agencia Nacional de Tierras tiene suspendida la recuperación de alrededor de 1.500 hectáreas en esa finca del Cesar, pese a una orden de la Corte Constitucional. Los campesinos que las reclaman, regados en varios municipios, están falleciendo.
Sebastián Forero Rueda

Sebastián Forero Rueda

Periodista Colombia 2020
Dentro de Bellacruz hay al menos siete predios baldíos que suman 1.500 hectáreas. / Cortesía
Dentro de Bellacruz hay al menos siete predios baldíos que suman 1.500 hectáreas. / Cortesía

Apenas el 31 de julio pasado, Benjamín Gómez* conmemoró el primer año de muerte de su hermano. Falleció en Bucaramanga, porque se contagió de covid-19 y como en los últimos años había estado pegado al cigarrillo por la desesperanza, los pulmones se le complicaron severamente. Ese día Benjamín, de 67 años, lo recordó. Y recordó, sobre todo, que no alcanzaron a cumplir una promesa: la de pasar su vejez en los baldíos de la hacienda Bellacruz, las tierras por las que pasaron toda su vida peleando.

A esa muerte se sumó hace seis meses, en febrero de este año, la de Avelino García, quien también falleció esperando volver a esas antiguas tierras del sur del Cesar.

Benjamín, quien prefiere resguardar su identidad, responde al otro lado de la línea desde el pueblo de Pelaya, a unos 10 minutos en moto de donde empieza la antigua hacienda. El predio se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de despojo de tierras en el país, que hasta hoy sigue sin resolverse y que corresponde a una fracción de tierras que en su totalidad recoge alrededor de 22.000 hectáreas entre los municipios de Pelaya, La Gloria y Tamalameque. Un caso, además, que evidencia la dimensión del problema de los baldíos en el país, sobre el que recientemente se pronunció la Corte Constitucional, que aseguró que la falta de intervención del Estado devino en un lío de enormes proporciones.

Lea: La importancia del Acuerdo de Paz y la Agencia de Tierras en fallo sobre baldíos.

Gómez formó parte de un grupo de 70 familias campesinas sin tierra que en 1986, en medio de las tomas de predios promovidas desde la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), entraron a asentarse en zonas de la hacienda Bellacruz que reivindicaban como baldíos, pero que la familia Marulanda Ramírez reclamaba como su propiedad privada. Para ese momento habían pasado unas cuatro décadas desde que el caldense Alberto Marulanda Grillo llegó a esta zona del Cesar a comprar tierras, pero también -como ha documentado la comunidad y los colectivos de abogados que la acompañan- a apropiarse de otras echando cercas, con artilugios jurídicos y vías de hecho en contra de los colonos que ya estaban allí. Así, dentro de Bellacruz, la hacienda que fundó, habrían quedado baldíos de la nación.

Esa hacienda de Marulanda Grillo la heredaron sus hijos Carlos Arturo y Francisco Alberto, quienes embistieron con fuerza a la comunidad campesina que entró en 1986. “Ellos tenían un grupo de celadores bien grande, bien armados, acompañados de Ejército y Policía; nos desalojaban, nos rompían las ollas, nos quemaban los toldos, la ropa, los mercados los desbarataban; había días de dos y tres desalojos, hubo compañeros heridos y a muchos los llevaron presos”, cuenta hoy Benjamín.

Su relato lo respalda ahora un documento de 79 páginas, anexo al Informe Final de la Comisión de la Verdad, que detalló el despojo en la hacienda Bellacruz de la voz de los integrantes de la comunidad que salieron exiliados. Según la Comisión, del proceso de la hacienda salieron desde 1997 unas 37 personas hacia Bélgica, 22 adultas y 15 niños y niñas. En el exilio han nacido 21 hijos e hijas. El documento habla de al menos 102 desalojos forzados en esas tierras hasta 1990.

Vea: La lucha de los campesinos de la hacienda Bellacruz llega a la Comisión de la Verdad.

Pero el desplazamiento masivo de la comunidad campesina asentada en los predios de la hacienda se dio el 14 de febrero de 1996. Ese día los paramilitares del frente Héctor Julio Peinado entraron a la hacienda acompañados del administrador de los Marulanda, conocido como Caballito¸ y arremetieron contra los campesinos. Quemaron ranchos, destruyeron víveres, amenazaron a los labriegos y los azotaron con un látigo que tenía vainillas de fusil en sus tres puntas y que desgarraba la piel de los campesinos. Al látigo lo llamaban “Martín Moreno”: el que quita lo malo y deja lo bueno. Para el momento de este desplazamiento, Carlos Arturo Marulanda, dueño de la hacienda, se desempeñaba como embajador ante la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo, con sede en Bruselas.

Los baldíos prometidos

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) tiene en este momento suspendida la recuperación de siete predios baldíos identificados dentro de Bellacruz, pese a que la Corte Constitucional, en la Sentencia SU235 de 2016, le ordenó explícitamente recuperarlos. La orden se refiere a los predios Potosí, Caño Negro, Los Bajos, San Simón, Venecia, María Isidra y San Miguel, que suman en su conjunto unas 1.500 hectáreas, que son las que reclama la comunidad campesina para su adjudicación.

En respuesta enviada a este diario, la ANT explicó que congeló esa recuperación de baldíos con base en un auto de la Sección Tercera del Consejo de Estado, del 14 de agosto de 2019. Ese auto se produjo como resultado a una demanda de revisión que interpuso la empresa MR de Inversiones, dueña de la hacienda Bellacruz, junto a la Fiduciaria Davivienda, contra las resoluciones del extinto Incoder que declararon la indebida ocupación de los baldíos y determinaron la recuperación material de esos predios. El argumento de la empresa es que el Incoder había violado el debido proceso en el trámite que terminó en la expedición de esas resoluciones. El Consejo de Estado concedió en ese auto la medida cautelar que solicitaban los demandantes y suspendió los efectos de esas resoluciones de ese Instituto mientras resuelve de fondo el asunto.

La recuperación de los baldíos de Bellacruz tiene su origen en un proceso de clarificación de la propiedad que inició el entonces Incora en agosto de 1990, antes de que los paramilitares expulsaran a la comunidad a sangre y fuego. Como resultado de ese proceso, la entidad emitió la Resolución 1551 de 1994, en la que declaró que los siete predios mencionados anteriormente eran baldíos. Lo que seguía era la adjudicación de los predios a los campesinos, pero el proceso se rompió con el desplazamiento de febrero de 1996.

En 2008, la familia Marulanda le vendió su empresa MR de Inversiones, dueña de la hacienda, al Grupo Industrial Hacienda La Gloria, encabezado por el empresario colombo-boliviano Germán Efromovich (exdueño de Avianca). El grupo industrial sembró esa tierra de palma de aceite. Luego, en 2009, le cambió el nombre a hacienda La Gloria y en 2010 gestionó una zona franca para producir y exportar aceite, que le aprobó en abril de 2011 el Ministerio de Industria y Comercio.

En 2013, el Incoder expidió la Resolución 481, con la que declaró la indebida ocupación de los baldíos por MR de Inversiones y decretó la recuperación material de esos predios, decisión que confirmó con la Resolución 3322 de ese mismo año. Esas dos fueron las resoluciones que demandó MR de Inversiones ante el Consejo de Estado y que ese tribunal ordenó suspender como medida cautelar.

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En la respuesta enviada a este diario, la ANT sostuvo que esa suspensión del Consejo de Estado la obliga a detener la recuperación de los baldíos. “Si bien es cierto que la honorable Corte Constitucional en la sentencia SU 235 de 2016 dio órdenes precisas a la ANT, no es menos cierto que La decisión adoptada por el Consejo de Estado en el auto del 14 de agosto de 2019 impide que esta entidad realice algún tipo de actuación administrativa orientada a la recuperación material de los predios baldíos que se encuentran en la hacienda Bellacruz”, respondió la Agencia. Además, dijo que ello fue ratificado por el Juzgado décimo civil de circuito de Bucaramanga, que es el que hace el seguimiento a la sentencia de la Corte Constitucional.

“A la ANT le corresponde atender la citada orden judicial y hasta que el Consejo de Estado no levante la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones 481 y 3322 no puede adelantar ningún trámite dentro de los predios que conforman la hacienda Bellacruz”, explicó la entidad.

En su respuesta, la Agencia también reveló que, dada la naturaleza baldía de esos predios, ha tratado de administrarlos, labor que le ha impedido la empresa de Efromovich. La ANT envió a dicho grupo empresarial un oficio el 9 de febrero de 2021 con el fin de ingresar a la hacienda para administrar los terrenos e instalar siete vallas. “Frente a esto, el representante legal de MR de Inversiones dio respuesta mediante oficio con fecha del 11 de febrero de 2021, negando la entrega al predio, bajo el argumento de que cualquier actuación realizada por la Agencia significaría la violación de la suspensión provisional de las resoluciones cuestionadas”, se lee en la respuesta de la ANT a este diario.

Lea: Las claves de la decisión sobre baldíos.

Para la Agencia, “uno de los motivos que ha generado dificultad en el proceso de recuperación de los predios es precisamente la ocupación indebida que se presenta, al igual que la medida de suspensión decretada por el Consejo de Estado”.

Ernesto Caicedo es abogado de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y ha acompañado a las comunidades de Bellacruz en el proceso. Para él, el asunto podría destrabarse por parte de la ANT y del Juzgado Décimo Civil de Bucaramanga si actuaran en derecho. Su argumento es que actualmente, de forma paralela al proceso de baldíos en Bellacruz, existe un proceso de restitución de tierras sobre predios que también están dentro de la hacienda, y que acumula cerca de 200 solicitudes. Cuando se admitió la primera de esas demandas, en abril de 2018, una de las órdenes que deviene es la suspensión inmediata de todos los procesos que existan sobre dichos predios. “La suspensión procesal (por la restitución de tierras) fue declarada desde el 14 de abril de 2018 y la medida cautelar fue concedida el 14 de agosto de 2019, fechas que demuestran que primero sucedió la suspensión antes que la medida cautelar, siendo la primera en el tiempo, es la primera en derecho y la que debe aplicarse”. Siendo así, la ANT podría avanzar en el cumplimiento de la SU235, recuperar los baldíos y adjudicarlos a quienes cumplan las condiciones.

Uno de ellos, en principio, sería Benjamín. Hoy vive en el pueblo de Pelaya en una casa arrendada y siembra maíz para sobrevivir. Otros labriegos, como él, están regados por el sur del Cesar y en Santander, en avanzada edad y en no pocas ocasiones aguantando hambre. A veces los colectivos de abogados que los acompañan (como el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos) logran conseguirles asistencia alimentaria. Otro grupo es de los exiliados, en Bélgica y uno más el que fue reubicado en una vereda de Ibagué (Tolima). Además del hermano de Benjamín, y de Avelino García, han muerto también en los últimos meses los campesinos Agustín Gómez, Lisardo Torres y Zenith Moreno. Todos lejos de sus tierras y esperando una decisión que hoy sigue pareciendo lejana.

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