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27 Jul 2022 - 2:00 a. m.

Estas son las recomendaciones de ONU al gobierno Petro para reducir la violencia

El informe “Violencia territorial en Colombia” muestra cómo el conflicto se agudizó en los territorios, pese al despliegue militar del gobierno Duque, y recomienda orientar la estrategia de defensa desde los derechos humanos.
Solo en 2022, la ONU ha conocido de 202 homicidios a defensores de DD. HH. y 100 masacres. / AFP - Paola MAFL
Solo en 2022, la ONU ha conocido de 202 homicidios a defensores de DD. HH. y 100 masacres. / AFP - Paola MAFL
Foto: AFP - PAOLA MAFLA

El presidente Iván Duque se despide con la calificación de que durante su mandato el Estado fue “insuficiente” para frenar o al menos reducir la violencia en Colombia. Así lo argumentó la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en su informe “Violencia territorial en Colombia: recomendaciones para el nuevo gobierno”. Aunque el documento no hizo mención directa al gobierno Duque, sí se centró en la situación de derechos humanos y en las acciones totales estatales de los últimos dos años que estuvieron bajo su mandato.

El documento tiene como mensaje principal para el presidente electo, Gustavo Petro, el deber de reformular la estrategia del Estado desde un enfoque de derechos humanos para enfrentar a los grupos armados y las organizaciones criminales, así como para proteger a las poblaciones afectadas. “Lo único que pedimos es que el Gobierno llegue hasta las comunidades y que haya una estrategia eficaz para protegerlas. Esto no puede ser solo una estrategia militar contra los grupos que se mida en capturas y bajas. Los indicadores deben ser el bienestar de las comunidades y la protección de sus derechos”, señaló en entrevista con este diario Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Vea: ONU recomienda al Gobierno Petro reformar la estrategia de seguridad del Estado.

El informe sostiene que la vía militar no tuvo efecto para combatir a las organizaciones armadas. Estas, en cambio, mutaron y cambiaron de liderazgo con facilidad, sosteniendo la violencia principalmente en el Pacífico, la Costa Caribe y en la frontera oriental. Estas son justamente las regiones donde el Estado apenas hace presencia y donde la pobreza multidimensional es alarmante, dice el informe.

A pesar del despliegue militar ordenado durante el gobierno Duque, las cifras son alarmantes y van en aumento. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes llegó a 26,85 en 2021, más de tres puntos con respecto a 2020. Además, la Oficina de la ONU reprocha la estigmatización a líderes sociales y muestra que desde 2016 han asesinados a 562 de ellos. Las amenazas se cuentan en miles.

Mientras tanto, 327 excombatientes de las Farc han sido acribillados desde la firma de la paz. Solo en 2021, casi 74 mil personas se desplazaron y, según el ICBF, 98 casos de reclutamiento forzado de menores de edad se registraron el año pasado. El años 2021 dejó casi 500 víctimas de explosivos.

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Con todo ese panorama, el informe también denuncia que la Comisión de Garantías de Seguridad, creada por el Acuerdo de Paz para adoptar, entre otras cosas, un plan de acción para combatir y desmantelar las organizaciones armadas ilegales, solo se ha reunido 22 veces en seis años, cuando debería haberlo hecho al menos en 72 oportunidades. Por eso, la ONU insistió en que esta comisión debe recuperarse como espacio de concertación con la sociedad civil.

Las recomendaciones al gobierno de Gustavo Petro

Para alcanzar la paz duradera prometida por el Acuerdo, reclamada por las comunidades en los territorios, el informe plantea recomendaciones en tres ejes:

El primero es reducir hasta eliminar la presencia de grupos armados no estatales, por lo que debe adoptar e implementar una política de desmantelamiento de grupos armados, desarrollar una estrategia de sometimiento colectivo, implementar una estrategia de protección de civiles y, tal vez la más llamativa, “considerar genuinamente el llamado de las poblaciones afectadas por la violencia que piden la adopción de acuerdos humanitarios o de paz con los grupos armados no estatales”.

Al respecto, Juliette de Rivero le dijo a este medio que el Estado colombiano debe combinar estrategias para desmilitarizar el territorio y proteger los derechos humanos. “No hay una sola vía. Hay que reconocer la complejidad de los actores armados en Colombia. El Gobierno debe determinar la ruta más eficaz y nosotros podemos asesorarlo para que tenga en consideración plena las obligaciones del país en materia de derechos humanos, justicia, participación y no repetición”, añadió.

La ONU asegura que aunque la Fuerza Pública debe seguir actuando contra los grupos armados, su foco central debe ser “la protección de la población civil frente a la violencia de estos grupos, tanto en el desarrollo de los operativos como en la implementación de acciones de inteligencia y recolección de información”.

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Otro de los ejes que plantea el informe, y que ha sido reiterativo en los pronunciamientos de la ONU sobre Colombia, es el de la implementación efectiva del Acuerdo de Paz. Esta vez se centra en el ámbito territorial, principalmente en el desarrollo de la reforma rural integral, la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y la reactivación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). La ONU recuerda que el Acuerdo “ofrece respuestas estructurales a la situación que padece la población en territorios con presencia de otros grupos armados no estatales”. Por eso sus recomendaciones van orientadas hacia garantizar el acceso y tenencia de la tierra para las comunidades; las alternativas para las personas vinculadas a la economía del narcotráfico; y el desarrollo de un plan descentralizado para lograr la paz territorial.

La tercera recomendación es a la vez un reclamo: “Consolidar el Estado de derecho en las zonas más afectadas por la violencia y el conflicto armado interno, reforzando la presencia y la capacidad de las instituciones del aparato de justicia y de los organismos de control en los territorios”. Para ello, la Oficina considera que se deben reforzar los gobiernos locales y desarrollar una campaña para restaurar la confianza en la institucionalidad, de la mano de las organizaciones de base. En esa misma línea, hay que tomar medidas para “asegurar que no puedan existir hechos de connivencia entre funcionarios del Estado y ciertos grupos armados no estatales y organizaciones criminales, y combatir la impunidad”, señala el documento.

Además, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos destacó las audiencias de reconocimiento de responsabilidades llevadas a cabo por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero reclamó mayor “apertura” por parte de las instituciones del Estado para reconocer la responsabilidad estatal en la violencia, lo que ayudaría a “consolidar el Estado de derecho y fortalecer la confianza en la institucionalidad”, según el informe.

El informe, además, recuerda la recomendación del Comité para la Eliminación de todas las formas de Violencia contra las Mujeres (CEDAW) a Colombia para que facilite el acceso a justicia por parte de las mujeres, principalmente indígenas y migrantes, y que cumpla el enfoque de género y el capítulo étnico del Acuerdo de Paz. Y reiteró su llamado un llamado a los grupos no estatales a respetar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario y a escuchar los llamados de paz de la población civil.

Más presencia militar y más violencia

El informe es enfático al cuestionar que, aunque la estrategia de Zonas Futuro planteada por el gobierno Duque pretendía hacer una intervención integral en las regiones más afectadas por la violencia, esa política solo derivó en el aumento de la presencia de fuerzas militares. Como resultado, dice, “se observó un progresivo crecimiento de la inseguridad, la cual se expandió territorialmente, así como la falta garantías para los derechos humanos en dichas zonas”. La violencia aumentó. La Oficina mostró que los más afectados son los territorios periféricos, con débil presencia estatal y donde la tasa de pobreza multidimensional es la más alta. Además, donde hay mayor presencia de población indígena, afro y campesina.

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