El 28 de julio pasado, 13 organizaciones sociales que desarrollaron una misión humanitaria en la región del río Guayabero (entre el sur del Meta y el Guaviare) citaron a una rueda de prensa virtual para las 5:00 de la tarde. El objetivo: entregar a los medios de comunicación los hallazgos de la misión que llevaron a cabo en esa zona durante 10 días, del 18 al 27 de julio, en los que recorrieron varias veredas de Vista Hermosa, La Macarena, Mesetas y Uribe (Meta); y otras del lado del Guaviare, así como los dos espacios de reincorporación de excombatientes que hay en la región.
En la información entregada ese día, se hizo especial énfasis en la posible responsabilidad que tendrían integrantes del Ejército Nacional en la vulneración de los derechos humanos a los campesinos de la región. Entre los hechos documentados había cultivos de pancoger arrasados, casas quemadas, depósitos de agua destruidos, mangueras macheteadas, así como denuncias de amenazas y hostigamientos de la Fuerza Pública a los pobladores de la zona, todo en medio de los operativos de erradicación forzada que se adelantan en la región desde finales de mayo pasado.
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Sin embargo, la información que entregaron a los medios, recogida en el ‘Comunicado final de la Misión Humanitaria’, no cayó bien en el Ejército Nacional. Fue tan así que el general Raúl Hernando Flórez Cuervo, comandante de la Fuerza de Tarea Omega que opera en la región del río Guayabero y a la que están adscritas las tropas desplegadas allí desde mayo, interpuso una acción de tutela contra todas las organizaciones participantes en la misión humanitaria al considerar que se le habían vulnerado sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra.
En su escrito de tutela, hizo referencia particular a varias afirmaciones del comunicado suscrito por varias organizaciones, entre ellas la Red Llano & Selva, Fensuagro, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Centro de Alternativas al Desarrollo (Cealdes) y Humanidad Vigente Corporación Jurídica. Entre las afirmaciones que citó el general están: “escuchamos testimonios indignados y dolidos de mujeres, hombres, niños agredidos por la Fuerza Pública; testimonios de mujeres abusadas sexualmente, amenazadas de serlo y víctimas de seguimiento e inteligencia militar que, incluso, les describieron la ropa íntima que llevaban un día determinado; además, el testimonio de amenaza, estigmatización y lesiones personales por parte de miembros de la Fuerza Pública contra periodistas de la comunidad, quienes documentaron abusos, agresiones y el uso indiscriminado de la fuerza en la erradicación forzada de cultivos de coca”.
Luego de referenciar dichas afirmaciones de la misión humanitaria, cuestionó que esos hechos no se hayan denunciado penalmente por los integrantes de esta. “Actos que evidentemente son constitutivos de investigación penal y bajo el deber constitucional deben ser denunciados ante autoridad competente por parte de la Misión Humanitaria; aun así, a la fecha no se conoce algún tipo requerimiento judicial al respecto”, se lee en la tutela. Asimismo, sostuvo que ni en la rueda de prensa ni en el comunicado se adjuntaron pruebas de la información presentada por las organizaciones.
Por eso, el general le pidió al juez que protegiera sus derechos al buen nombre y a la honra y “que mediante el medio más idóneo (plataformas digitales, medios de comunicación electrónicos, plataformas de mensajería instantánea) se retracten (las organizaciones) de las falsas acusaciones atribuidas a los miembros de las Fuerzas Militares”. Y fue más allá: pidió que se compulsaran copias ante la Fiscalía General para que se investigue si se cometieron delitos como injuria y calumnia.
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La notificación del fallo de un juez de Villavicencio que resolvió la tutela en primera instancia llegó este viernes 28 de agosto. Si bien el fallo no fue remitido en su totalidad, sino por fragmentos (ya está siendo solicitado en su integridad por las organizaciones que fueron tuteladas), la decisión del juez fue negar la tutela del general Flórez, argumentando falta de claridad sobre a quién se le estarían vulnerando los derechos referidos pues el General en ocasiones se refiere a sí mismo, pero en otras habla de todos los integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega.
El juez estableció que si bien en una tutela pueden subsanarse algunos errores de procedimiento y de informalidad, “por más flexibilidad e interpretación que pueda dársele a la acción presentada, no es claro ni siquiera a quién se le están vulnerando los derechos fundamentales y quién sería el beneficiario de una eventual orden de protección de derechos”.
Identificar quién es la persona a la que se le vulneraron los derechos, dice el juez, “es fundamental para ejercer el derecho de defensa de las entidades accionadas, en la medida que esta información resulta relevante para determinar algunos asuntos de procedencia de la acción, e incluso, de si efectivamente se vulneran o no los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre”. Dicha decisión puede ser impugnada por el brigadier general Flórez, quien no ha confirmado que lo vaya a hacer.
Para Natalia Herrera, quien es abogada de la Corporación Jurídica Yira Castro y ha asumido la vocería de las organizaciones de la misión humanitaria, que el general haya presentado la tutela en su contra es un acto evidente de censura. “Tiene una intención clara de censurar la denuncia que están haciendo las organizaciones respecto a las violaciones de derechos humanos que se vienen presentando en esa región. Es una acción de censura al trabajo de defensa de derechos humanos que venimos adelantando”.
Pero, además, cuestionó que esa haya sido la reacción oficial del Ejército cuando se están denunciando hechos que vincularían a integrantes de esa institución. “En el marco de las funciones propias de la fuerza pública la reacción que ellos deberían haber tenido respecto a una denuncia de hechos tan graves es precisamente abrir de oficio las investigaciones para poder corroborar si la información era veraz o no. Sin embargo, ellos lo que hacen en primer momento es asumir que se trata de acusaciones falsas y que eso daña el buen nombre no solamente de él sino de todos sus subalternos”, dijo la abogada.
Sobre el hecho de no haber presentado hasta el momento denuncias penales por los hechos recogidos en la zona, la abogada sostuvo que están trabajando en un informe que tenga un material probatorio contundente, pero que “no haber hecho una denuncia penal no implica que no estemos en la facultad de denunciar los hechos públicamente. El deber de denuncia no necesariamente se enmarca en el nivel penal. Pero el Ejército debería tomar una actitud proactiva y empezar las investigaciones de oficio en el marco de su deber constitucional de garante de los derechos”.
La misión humanitaria llegó a la región del Guayabero a mediados de julio, luego de que desde el 26 de mayo se presentaran choques entre los miembros del Ejército y los campesinos de la zona que defendían los cultivos de coca de los que derivan su sustento. Choques en medio de los cuales, según denuncian las organizaciones de la zona y la misión humanitaria, los uniformados habrían cometido violaciones a los derechos humanos contra los campesinos. Además, dichas organizaciones acudieron a la región del Guayabero ante la ausencia de organismos de control como la Defensoría del Pueblo para que tomaran acciones preventivas y evitar las violaciones a los derechos humanos o, al menos, documentarlas.
Buscamos al general Flórez a través de su oficina de comunicaciones para conocer las investigaciones que ha hecho esa institución sobre las denuncias, pero aseguraron que estaba en recorridos operacionales en el municipio de La Macarena y no pudo atender la entrevista.
Este es el comunicado final completo de la misión humanitaria en el Guayabero: