“El frente Primero Armando Ríos Farc-Ep no se desmovilizará”, decía el comunicado firmado por la primera disidencia de las Farc, al mando de Iván Mordisco, en el Guaviare. El anuncio, que pasó de agache en los medios, fue justo dos semanas antes de que el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla llegaran al acuerdo más difícil para las Farc: cómo y cuándo dejarían las armas que definieron, en buena medida, su identidad. Cinco años después, hay treinta estructuras de grupos disidentes.
Estos son algunos de los datos que presentará el informe “Las caras de las disidencias: cinco años de incertidumbre y evolución”, que publicará la Fundación Conflict Responses (CORE) el próximo lunes 26 de julio. El documento busca proponer una lectura flexible, que muestre los cambios tan acelerados que han experimentado estos grupos ilegales, basado en el monitoreo hecho por la Fundación CORE, revisión de documentos primarios y secundarios, entrevistas y trabajo de campo en varias zonas del país durante el último año.
Con tantos grupos, sería razonable pensar que han avanzado en refundar a las extintas Farc-Ep; pero esa posibilidad, en el corto plazo, no es real. Primero, porque no les da el tiempo. Lograr el poder que alcanzó la guerrilla necesitó más de treinta años. Segundo, porque aunque hoy las disidencias tienen más integrantes que los que tenían las Farc-Ep en sus primeros años, están en diferentes momentos evolutivos, sin consolidarse en un grupo nacional (igual, no se sabe si todos aspiran a eso).
Tercero, porque el entorno actual es poco favorable para que logren ese carácter nacional, pues la base social de la guerrilla se fragmentó tras el Acuerdo y las disidencias cargan el lastre de su falta de legitimidad. Y cuarto, porque el amplio respaldo del mundo frente a la posibilidad de desactivar a la guerrilla más antigua de América Latina significa un rechazo generalizado a las disidencias, así algunas tengan vocación política.
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Pero que no hayan refundado a las Farc-Ep tampoco significa que haya que minimizarlas. No son marginales, como las veía el entonces gobierno de Santos, pero tampoco son una gran amenaza para la seguridad nacional, como las ha querido pintar el gobierno de Iván Duque, al punto de que la inteligencia les atribuye a algunas una participación en las marchas que hasta ahora la evidencia no ha sustentado. Tampoco son el “plan b” del Partido Comunes, como lo han afirmado algunos sectores que se oponen al Acuerdo de Paz.
Entre la minimización del fenómeno y las ansias de mostrar éxitos irrebatibles durante el gobierno de Santos y el actual, estos grupos continuaron evolucionando sin ningún contrapeso significativo en términos de política de defensa y seguridad que los contuviera. Además, el común denominador ha sido el aumento del pie de fuerza en las regiones donde tienen injerencia y los éxitos que se muestran son la captura o la muerte de objetivos de alto valor estratégico y militar y de otros de sus integrantes , acciones que no repercuten en el desmonte efectivo de las disidencias, sino que crean más desorden interno y violencia contra las poblaciones.
En los últimos cinco años, se han desarrollado dos proyectos disidentes: el de Gentil Duarte e Iván Mordisco (2016) y el de la Segunda Marquetalia (2019), que han venido competido indirectamente por tener injerencia o satélites en diferentes regiones, aprovechando redes preexistentes y el acumulado que dejaron sus principales líderes. En ese camino se rearmaron importantes mandos militares y surgieron grupos más independientes, sobre los que aún ni siquiera es claro que quieran tener una relación con Duarte o Márquez o, incluso, si aspiran a crecer más allá de sus necesidades inmediatas, como pasa con el frente 36, en Antioquia.
Recientemente, se ha promovido un discurso, desde la sociedad civil y el Gobierno, de que Márquez y Duarte están en una guerra a escala nacional. Sin embargo, hay regiones donde operan unidades vinculadas de alguna forma con Duarte y otras con Márquez, sin estar en conflicto, como Catatumbo y ciertas partes del Meta. Al mismo tiempo, hay conflictos entre unidades vinculadas con ambos grupos, pero estos estaban antes de que los grupos involucrados concretaran sus vínculos con la Segunda Marquetalia, como ocurre en Nariño y Putumayo. Es decir, la Segunda Marquetalia, al hacer sus alianzas, terminó indirectamente involucrada en conflictos que venían de atrás. De todas formas, esta podría ser su manera de enfrentarse a “Gentil”, para ir creando una “guerra nacional”.
Estos conflictos no representan una guerra desde arriba hacia abajo (top-down) de Duarte contra Márquez, porque esto requeriría que ambos lados tengan una comandancia vertical que, del lado de Duarte no está clara. Por ejemplo, el bloque Jorge Briceño agrupa a los frentes 40, 62 y el 7 en una sola estructura, comandada por él. En teoría, esto le daría mando directo sobre los tres frentes, pero su relación con Calarcá (jefe del 40) parece ser más de coordinación que de subordinación, por las diferentes maneras de actuar entre los dos. Además, “Duarte” tiene mando sobre alias “Jhonier”, comandante del Comando Coordinador de Occidente (CCO), pero dentro de esta unidad parece que “Jhonier” solamente coordina.
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Lo que sí es una posibilidad es que exista una serie de conflictos proxy o indirectos en los que habría disputas desde abajo entre varias unidades vinculadas a Duarte y Márquez, sin que esto sea una guerra general orquestada desde arriba. En todo caso, estos conflictos se concentran en el suroccidente del país.
Así como no hay una guerra nacional, tampoco es posible atribuirles una única motivación. Las disidencias tienen varias razones para seguir en el conflicto, que van más allá de simple plata o política: rechazan el liderazgo de la extinta guerrilla; creen que el Acuerdo no resuelve los problemas de Colombia y hasta lo han calificado de traición, consideran que negociar es antifariano, arrastran con desacuerdos y divisiones internas de las antiguas Farc-Ep y no creen que el Gobierno vaya a cumplir con el Acuerdo de Paz.
Las economías ilegales siguen siendo importantes, pues, según un comandante de la columna Alfonso Cano en Nariño. Esto ya no es por política, es por rutas”. En este punto es fundamental entender que las motivaciones no son excluyentes. Una discusión frecuente en el debate público es si son una nueva guerrilla o simplemente narcos motivados solo por el dinero. Algunos han argumentado que las de los Llanos Orientales, vinculadas con “Duarte”, tienen una agenda política; otros, que la “disidencia política” está liderada por “Márquez”. Para el Gobierno son narcos sin rumbo. Todos niegan la posibilidad de que estén motivados al mismo tiempo por plata y política.
Por el momento, ninguna de estas estructuras ni los diferentes emprendimientos regionales que han intentado agruparlos se asemejan a los antiguos bloques de las Farc-Ep. En estos cinco años es claro que sus trayectorias siguen siendo variadas, sus objetivos no son necesariamente refundar a la antigua guerrilla, sino que, por el contrario, algunas han estado en camino de convertirse en grupos especializados en prestar servicios para segmentos más poderosos del crimen organizado nacional y transnacional, que son los que lo están financiando hoy como los Comandos Bolivarianos de la Frontera en Putumayo o el Frente Óliver Sinisterra (Fos), en Nariño.
Por el contrario, Gentil Duarte e Iván Márquez sí apuntan a refundar un nuevo tipo de guerrilla —con referentes ideológicos, discursivos y simbólicos en las Farc-Ep—, al punto de ser capaces de disputarle al Estado el control territorial en zonas rurales.
Esto no quiere decir que tengan la iniciativa militar, aunque han buscado activar una suerte de guerrillas embrionarias, como las columnas móviles Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, en Cauca, que son de las pocas estructuras que consistentemente hostigan e intentan combatir a la fuerza pública.
Como parte del proceso de recrear las Farc-Ep, Gentil Duarte y la Segunda Marquetalia han ampliado su injerencia territorial al agrupar diferentes estructuras, mientras otros, cada vez menos, han permanecido más independientes y limitados territorialmente, como el Fos o las Guerrillas Unidas del Pacífico (Gup), entre 2016 y 2020. Al mismo tiempo, de otros se dispone poca información porque son nacientes o incipientes, su identidad no es clara, sus liderazgos varían o son poco conocidos, y parecen ser más una amalgama de disidentes, reincidentes, nuevos reclutas, crimen organizado y delincuencia común preexistentes, como lo son los Comandos Bolivarianos de la Frontera, la columna móvil Urías Rondón, en Nariño, o el frente Doimer Cortés, en Cauca.
También es importante tener en cuenta que al tiempo que unos grupos parecen estar más desarrollados, otros pasan por una etapa emergente, al punto que su alcance, por ahora, ha sido más limitado territorial y en cuanto a su organización. Estos grupos; a pesar de esto, por lo general están en disputa continua con otros, que pueden ser disidentes y dejan un gran impacto humanitario. Estos incluyen las columnas móviles Urías Rondón y Franco Benavides y el Frente 30, en Nariño, y el Frente Carlos Patiño, en Cauca.
En el informe de CORE se mostrarán evidencias sobre este y otros puntos, esperando abrir una conversación franca —que involucre al Gobierno, entidades del Estado, a la sociedad civil, comunidad internacional, fuerza pública y la academia— sobre estos grupos; cuáles son los escenarios que se prevén, dado que seguirán evolucionando y creciendo. Porque sin duda este ha sido uno de los principales retos de seguridad en los últimos cinco años y continuará siéndolo para el próximo gobierno.
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