El dominio paramilitar de la finca Las Pavas que una empresa de palma no reconoce
Dos decisiones judiciales emitidas en la última semana sobre este emblemático caso en el sur de Bolívar no sólo confirmaron que allí sí hubo desplazamiento forzado, sino que develaron la presunta relación de la cúpula paramilitar de las AUC con el predio, al que Jorge 40 llegaba en helicóptero. Una empresa de palma reclama la propiedad.
Sebastián Forero Rueda
Con apenas cinco días de diferencia, el Tribunal Superior de Cartagena asestó dos golpes fundamentales en el emblemático caso de la Hacienda Las Pavas, en el corregimiento Buenos Aires del municipio El Peñón (sur de Bolívar). El primero, el 9 de febrero, con una sentencia que reversó la decisión de primera instancia que había absuelto a dos de los principales responsables del desplazamiento de la comunidad campesina de Las Pavas en 2003, y los encontró culpables. Y el segundo, el 14 de febrero, con la ratificación de la condena para otro de los responsables, mando medio de los paramilitares del Bloque Central Bolívar que ejecutó ese desplazamiento.
Pero los dos documentos, conocidos por este diario, van más allá y dejan prácticamente sin piso los alegatos que ha sostenido hasta hoy la empresa palmicultora Aportes San Isidro, que reclama la propiedad de esa hacienda de 3.000 hectáreas y que ha descrito el caso como “el más increíble fraude procesal encaminado a engañar a la administración de justicia”. Esta versión contrasta con lo que arrojan estos dos fallos: la presunta relación que tuvieron con el predio los máximos jefes paramilitares Vicente Castaño, Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, o Jorge 40.
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Los hechos sobre los cuales se emitieron las dos nuevas sentencias tuvieron lugar el 26 de octubre de 2003. Ese día, Gustavo Sierra, emisario de quien decía ser el propietario legítimo del predio – Jesús Emilio Escobar Fernández (hermano del narcotraficante del cartel de Medellín Gustavo Escobar Fernández) – desplazó a familias campesinas que llevaban casi una década asentadas en los predios que había dejado abandonados. Un desplazamiento forzado que se hizo en alianza con paramilitares del Bloque Central Bolívar, incluido Mario Mármol como ficha de ese grupo armado en el territorio. O salían de las tierras o los lanzaban al río, les dijeron ese día.
“La finca de los Castaño”
La presencia paramilitar a Las Pavas empezó años atrás y los recientes fallos muestran que al menos dos estructuras, el Bloque Norte de las AUC y el Bloque Central Bolívar, tuvieron fuerte interés en el predio al considerarlo un punto estratégico.
En diciembre de 1999, 30 paramilitares de diferentes estructuras del Bloque Norte de las AUC salieron desde la finca Las Brisas en el municipio de Tamalameque (Cesar), abordaron dos chalupas y se dirigieron por un brazo del río Magdalena hasta un poblado conocido como Papayal. La orden de esa incursión vino del jefe paramilitar Salvatore Mancuso y consistía en llegar hasta la finca Las Pavas y montar allí la seguridad para que el propio Rodrigo Tovar Pupo, conocido como Jorge 40 y comandante del Bloque Norte de las AUC, llegara hasta el predio.
El relato de esta travesía lo hizo el exparamilitar Wilson Poveda Carreño, conocido como Rafa, quien perteneció a ese bloque, y quien sostuvo ante las autoridades que al día siguiente de esa incursión Jorge 40 aterrizó en helicóptero en Las Pavas en una corta visita. “Cuando él llegó nos dijo a nosotros que él venía mandado por el comando Mancuso a ver cómo estaba la finca y nos dijo que la finca era de la organización”, dijo en referencia a Las Pavas.
En otro apartado de su declaración, Poveda dijo: “¿a qué fue el señor Jorge 40? Por orden del señor Vicente Castaño, para que fuera a verificar la finca cómo estaba, que hasta donde yo tengo conocimiento, y esa era la palabra de él, era la finca de los Castaño”.
Para el momento de esa incursión, el dueño de Las Pavas en el papel era Jesús Emilio Escobar Fernández, aunque la había abandonado. Sin embargo, testimonios como el de Poveda dan a entender que el predio en realidad pertenecía a los Castaño y a su estructura paramilitar.
Otros testimonios dan cuenta de una segunda incursión de hombres del Bloque Norte de las AUC a Las Pavas en enero de 2000 y de una más en 2004, ambas por orden de Vicente Castaño, quien quería ratificar que la finca era de su propiedad.
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La sentencia que falta
Pero mientras desde la Casa Castaño se ordenaban incursiones a Las Pavas, el Bloque Central Bolívar, grupo paramilitar que operaba en la zona también mostraba interés en la finca. Según las sentencias, la cúpula de esa estructura encabezada por Carlos Mario Jiménez o Macaco, fue la que determinó el desplazamiento de las familias campesinas que ocurrió el 26 de octubre de 2003.
La orden la ejecutaron dos comandantes de esa estructura en la zona: Walter Emiro Bertel, conocido como Sahagún y quien comandaba una base paramilitar en Pueblito Mejía, y Jorge Eliécer Pérez, conocido como Rapidito, comandante de la base de Papayal y subalterno de Sahagún. Cuando Gustavo Sierra – el emisario del propietario Jesús Escobar Fernández – se acercó al comandante Rapidito para fraguar el desplazamiento de las familias, esa estructura ya tenía en sus planes sacar del predio a esas familias.
La sentencia del 14 de febrero del Tribunal de Cartagena ratificó la condena contra Sahagún por esos hechos, pues era quien estaba al mando de los paramilitares que ese 26 de octubre de 2003 dieron la orden a las familias de desplazarse. Rapidito, autor material de ese desplazamiento forzado y quien presidió la reunión ese día, es el único de ellos que aún no ha sido condenado por la justicia.
Para Juan Felipe García, abogado de la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana que junto con Jorge Niño del Programa de Desarrollo y paz del Magdalena Medio representan a las víctimas de Las Pavas, la sentencia contra Rapidito es lo que falta para que los campesinos tengan justicia por el desplazamiento forzado de 2003. El juicio contra ese comandante paramilitar culminó en 2019 en el juzgado primero penal de Cartagena, pero a la fecha, más de dos años después, no ha sido emitida la sentencia de primera instancia. Sin embargo, estos dos últimos fallos del tribunal recogen acervo probatorio suficiente con el que se podría condenar a ese exjefe paramilitar.
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Sembrar palma de aceite en Las Pavas
El Tribunal dejó claro que tanto el Bloque Norte como el Bloque Central Bolívar de las AUC tuvieron presencia en Las Pavas y tenían esa finca en su radar como un territorio estratégico. Si bien la sentencia aclara que no es el espacio para resolver si entre ambas estructuras había una disputa por el predio o si los acercamientos eran consensuados, el plan de ambas era el mismo: sembrar esas tierras con palma de aceite.
Giovanny Manuel Lobo, conocido como El Bachiller, cuyo testimonio fue valorado por el Tribunal, dijo que participó en la incursión que en 2004 hicieron los hombres del Bloque Norte de Jorge 40 a Las Pavas. Cuando se le interrogó por la finalidad de esa estructura al tomar esa finca, respondió: “la finalidad hasta donde yo sé era que la hacienda fuera desocupada para tomar posesión de ella porque, según me dijo Omega (comandante paramilitar que lideró la incursión), se le iban a hacer unas remodelaciones para sembrar cultivos de palma”.
En el mismo sentido declaró Samuel Alonso Sepúlveda, conocido como Narco, jefe de finanzas de uno de los frentes del Bloque Central Bolívar. “Siendo jefe de finanzas ya se tenía conocimiento pleno de los intereses de las empresas palmeras de adquirir esos terrenos para su explotación para lo cual acudieron a los jefes del extinto Bloque Central Bolívar (…), quienes dieron la orden a los que fungíamos como comandantes en la zona referida para planear y ejecutar el desplazamiento de las familias que vivían en los terrenos de Las Pavas”.
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“Falsas Víctimas”
El Tribunal de Cartagena concedió credibilidad a esos testimonios sobre la presencia que desde 1998 tuvieron los paramilitares, tanto del Bloque Norte como del Central Bolívar en la hacienda Las Pavas. Esos testimonios desvirtúan el argumento de Aportes San Isidro, que ha sostenido en el proceso que en ese predio no existió presencia paramilitar y que el desplazamiento forzado de las familias en realidad nunca ocurrió.
Para Juan Felipe García, representante de las víctimas, esto abre una nueva pregunta para la justicia: “si ese bien era de “la organización”, como lo afirman los miembros de los grupos paramilitares, ¿cómo termina en las manos de una empresa de palma en 2007?
El 23 de enero de 2007, Las Pavas fue adquirida por el Consorcio El Labrador a su antiguo propietario oficial, Jesús Emilio Escobar Fernández. Dicho consorcio estaba compuesto por C.I. Tequendama y Aportes San Isidro. El 22 de marzo de 2011, la primera le vendió su participación a la segunda y desde entonces Aportes San Isidro, empresa palmicultora, es quien ha defendido la propiedad de la finca, con base en la compraventa que hicieron a Escobar Fernández, que ellos argumentan como lícita y exenta de toda culpa. Según su versión, las familias campesinas de Las Pavas son falsas víctimas y en Las Pavas nunca ocurrió desplazamiento forzado, como tampoco hubo presencia paramilitar.
Contactado por Colombia+20, Johnny Mercado, abogado defensor de Mario Mármol, uno de los dos condenados en la sentencia del 9 de febrero por el desplazamiento de las familias campesinas, respondió que interpuso una impugnación especial contra esa sentencia de segunda instancia ante el Tribunal Superior de Cartagena
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Según sus argumentos, el fallo da cuenta de que sí se presentó un desplazamiento forzado, pero en la zona de Papayal y no precisamente en el predio de Las Pavas. Además, agrega que la sentencia tuvo en cuenta y acogió testimonios de los exparamilitares, pero no otras pruebas que fueron aportadas al proceso como “certificaciones de la Fiscalía, del Tribunal de Justicia y Paz, del Ejército, de Inspecciones de Policía, entre otras” que dicen “que no han tenido conocimiento de que en los predios de Las Pavas se haya llevado a cabo algún desplazamiento forzado de campesinos”.
Mercado, además de ser el defensor de Mario Mármol es también el abogado de la empresa Aportes de San Isidro. Así mismo, Juan René Ibarra, auxiliar de Mercado, fue uno de los primeros defensores de Rapidito, el paramilitar que habría ejecutado el desplazamiento y cuya sentencia está pendiente. Para la defensa de las víctimas, no deja de ser curioso el hecho de que la empresa palmicultora haya proveído sus abogados a dos miembros de la estructura paramilitar.
Sobre ello, el abogado Mercado respondió que Mario Mármol estuvo vinculado a Aportes San Isidro como parte de su cuerpo de seguridad, razón por la que él asumió su defensa, pues se trataba de un trabajador de la compañía. En el caso de Rapidito, dijo que si bien el abogado Ibarra sí ha trabajado con él alguna vez, él no tuvo nada que ver en esa relación contractual.
Con apenas cinco días de diferencia, el Tribunal Superior de Cartagena asestó dos golpes fundamentales en el emblemático caso de la Hacienda Las Pavas, en el corregimiento Buenos Aires del municipio El Peñón (sur de Bolívar). El primero, el 9 de febrero, con una sentencia que reversó la decisión de primera instancia que había absuelto a dos de los principales responsables del desplazamiento de la comunidad campesina de Las Pavas en 2003, y los encontró culpables. Y el segundo, el 14 de febrero, con la ratificación de la condena para otro de los responsables, mando medio de los paramilitares del Bloque Central Bolívar que ejecutó ese desplazamiento.
Pero los dos documentos, conocidos por este diario, van más allá y dejan prácticamente sin piso los alegatos que ha sostenido hasta hoy la empresa palmicultora Aportes San Isidro, que reclama la propiedad de esa hacienda de 3.000 hectáreas y que ha descrito el caso como “el más increíble fraude procesal encaminado a engañar a la administración de justicia”. Esta versión contrasta con lo que arrojan estos dos fallos: la presunta relación que tuvieron con el predio los máximos jefes paramilitares Vicente Castaño, Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, o Jorge 40.
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Los hechos sobre los cuales se emitieron las dos nuevas sentencias tuvieron lugar el 26 de octubre de 2003. Ese día, Gustavo Sierra, emisario de quien decía ser el propietario legítimo del predio – Jesús Emilio Escobar Fernández (hermano del narcotraficante del cartel de Medellín Gustavo Escobar Fernández) – desplazó a familias campesinas que llevaban casi una década asentadas en los predios que había dejado abandonados. Un desplazamiento forzado que se hizo en alianza con paramilitares del Bloque Central Bolívar, incluido Mario Mármol como ficha de ese grupo armado en el territorio. O salían de las tierras o los lanzaban al río, les dijeron ese día.
“La finca de los Castaño”
La presencia paramilitar a Las Pavas empezó años atrás y los recientes fallos muestran que al menos dos estructuras, el Bloque Norte de las AUC y el Bloque Central Bolívar, tuvieron fuerte interés en el predio al considerarlo un punto estratégico.
En diciembre de 1999, 30 paramilitares de diferentes estructuras del Bloque Norte de las AUC salieron desde la finca Las Brisas en el municipio de Tamalameque (Cesar), abordaron dos chalupas y se dirigieron por un brazo del río Magdalena hasta un poblado conocido como Papayal. La orden de esa incursión vino del jefe paramilitar Salvatore Mancuso y consistía en llegar hasta la finca Las Pavas y montar allí la seguridad para que el propio Rodrigo Tovar Pupo, conocido como Jorge 40 y comandante del Bloque Norte de las AUC, llegara hasta el predio.
El relato de esta travesía lo hizo el exparamilitar Wilson Poveda Carreño, conocido como Rafa, quien perteneció a ese bloque, y quien sostuvo ante las autoridades que al día siguiente de esa incursión Jorge 40 aterrizó en helicóptero en Las Pavas en una corta visita. “Cuando él llegó nos dijo a nosotros que él venía mandado por el comando Mancuso a ver cómo estaba la finca y nos dijo que la finca era de la organización”, dijo en referencia a Las Pavas.
En otro apartado de su declaración, Poveda dijo: “¿a qué fue el señor Jorge 40? Por orden del señor Vicente Castaño, para que fuera a verificar la finca cómo estaba, que hasta donde yo tengo conocimiento, y esa era la palabra de él, era la finca de los Castaño”.
Para el momento de esa incursión, el dueño de Las Pavas en el papel era Jesús Emilio Escobar Fernández, aunque la había abandonado. Sin embargo, testimonios como el de Poveda dan a entender que el predio en realidad pertenecía a los Castaño y a su estructura paramilitar.
Otros testimonios dan cuenta de una segunda incursión de hombres del Bloque Norte de las AUC a Las Pavas en enero de 2000 y de una más en 2004, ambas por orden de Vicente Castaño, quien quería ratificar que la finca era de su propiedad.
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La sentencia que falta
Pero mientras desde la Casa Castaño se ordenaban incursiones a Las Pavas, el Bloque Central Bolívar, grupo paramilitar que operaba en la zona también mostraba interés en la finca. Según las sentencias, la cúpula de esa estructura encabezada por Carlos Mario Jiménez o Macaco, fue la que determinó el desplazamiento de las familias campesinas que ocurrió el 26 de octubre de 2003.
La orden la ejecutaron dos comandantes de esa estructura en la zona: Walter Emiro Bertel, conocido como Sahagún y quien comandaba una base paramilitar en Pueblito Mejía, y Jorge Eliécer Pérez, conocido como Rapidito, comandante de la base de Papayal y subalterno de Sahagún. Cuando Gustavo Sierra – el emisario del propietario Jesús Escobar Fernández – se acercó al comandante Rapidito para fraguar el desplazamiento de las familias, esa estructura ya tenía en sus planes sacar del predio a esas familias.
La sentencia del 14 de febrero del Tribunal de Cartagena ratificó la condena contra Sahagún por esos hechos, pues era quien estaba al mando de los paramilitares que ese 26 de octubre de 2003 dieron la orden a las familias de desplazarse. Rapidito, autor material de ese desplazamiento forzado y quien presidió la reunión ese día, es el único de ellos que aún no ha sido condenado por la justicia.
Para Juan Felipe García, abogado de la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana que junto con Jorge Niño del Programa de Desarrollo y paz del Magdalena Medio representan a las víctimas de Las Pavas, la sentencia contra Rapidito es lo que falta para que los campesinos tengan justicia por el desplazamiento forzado de 2003. El juicio contra ese comandante paramilitar culminó en 2019 en el juzgado primero penal de Cartagena, pero a la fecha, más de dos años después, no ha sido emitida la sentencia de primera instancia. Sin embargo, estos dos últimos fallos del tribunal recogen acervo probatorio suficiente con el que se podría condenar a ese exjefe paramilitar.
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Sembrar palma de aceite en Las Pavas
El Tribunal dejó claro que tanto el Bloque Norte como el Bloque Central Bolívar de las AUC tuvieron presencia en Las Pavas y tenían esa finca en su radar como un territorio estratégico. Si bien la sentencia aclara que no es el espacio para resolver si entre ambas estructuras había una disputa por el predio o si los acercamientos eran consensuados, el plan de ambas era el mismo: sembrar esas tierras con palma de aceite.
Giovanny Manuel Lobo, conocido como El Bachiller, cuyo testimonio fue valorado por el Tribunal, dijo que participó en la incursión que en 2004 hicieron los hombres del Bloque Norte de Jorge 40 a Las Pavas. Cuando se le interrogó por la finalidad de esa estructura al tomar esa finca, respondió: “la finalidad hasta donde yo sé era que la hacienda fuera desocupada para tomar posesión de ella porque, según me dijo Omega (comandante paramilitar que lideró la incursión), se le iban a hacer unas remodelaciones para sembrar cultivos de palma”.
En el mismo sentido declaró Samuel Alonso Sepúlveda, conocido como Narco, jefe de finanzas de uno de los frentes del Bloque Central Bolívar. “Siendo jefe de finanzas ya se tenía conocimiento pleno de los intereses de las empresas palmeras de adquirir esos terrenos para su explotación para lo cual acudieron a los jefes del extinto Bloque Central Bolívar (…), quienes dieron la orden a los que fungíamos como comandantes en la zona referida para planear y ejecutar el desplazamiento de las familias que vivían en los terrenos de Las Pavas”.
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“Falsas Víctimas”
El Tribunal de Cartagena concedió credibilidad a esos testimonios sobre la presencia que desde 1998 tuvieron los paramilitares, tanto del Bloque Norte como del Central Bolívar en la hacienda Las Pavas. Esos testimonios desvirtúan el argumento de Aportes San Isidro, que ha sostenido en el proceso que en ese predio no existió presencia paramilitar y que el desplazamiento forzado de las familias en realidad nunca ocurrió.
Para Juan Felipe García, representante de las víctimas, esto abre una nueva pregunta para la justicia: “si ese bien era de “la organización”, como lo afirman los miembros de los grupos paramilitares, ¿cómo termina en las manos de una empresa de palma en 2007?
El 23 de enero de 2007, Las Pavas fue adquirida por el Consorcio El Labrador a su antiguo propietario oficial, Jesús Emilio Escobar Fernández. Dicho consorcio estaba compuesto por C.I. Tequendama y Aportes San Isidro. El 22 de marzo de 2011, la primera le vendió su participación a la segunda y desde entonces Aportes San Isidro, empresa palmicultora, es quien ha defendido la propiedad de la finca, con base en la compraventa que hicieron a Escobar Fernández, que ellos argumentan como lícita y exenta de toda culpa. Según su versión, las familias campesinas de Las Pavas son falsas víctimas y en Las Pavas nunca ocurrió desplazamiento forzado, como tampoco hubo presencia paramilitar.
Contactado por Colombia+20, Johnny Mercado, abogado defensor de Mario Mármol, uno de los dos condenados en la sentencia del 9 de febrero por el desplazamiento de las familias campesinas, respondió que interpuso una impugnación especial contra esa sentencia de segunda instancia ante el Tribunal Superior de Cartagena
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Según sus argumentos, el fallo da cuenta de que sí se presentó un desplazamiento forzado, pero en la zona de Papayal y no precisamente en el predio de Las Pavas. Además, agrega que la sentencia tuvo en cuenta y acogió testimonios de los exparamilitares, pero no otras pruebas que fueron aportadas al proceso como “certificaciones de la Fiscalía, del Tribunal de Justicia y Paz, del Ejército, de Inspecciones de Policía, entre otras” que dicen “que no han tenido conocimiento de que en los predios de Las Pavas se haya llevado a cabo algún desplazamiento forzado de campesinos”.
Mercado, además de ser el defensor de Mario Mármol es también el abogado de la empresa Aportes de San Isidro. Así mismo, Juan René Ibarra, auxiliar de Mercado, fue uno de los primeros defensores de Rapidito, el paramilitar que habría ejecutado el desplazamiento y cuya sentencia está pendiente. Para la defensa de las víctimas, no deja de ser curioso el hecho de que la empresa palmicultora haya proveído sus abogados a dos miembros de la estructura paramilitar.
Sobre ello, el abogado Mercado respondió que Mario Mármol estuvo vinculado a Aportes San Isidro como parte de su cuerpo de seguridad, razón por la que él asumió su defensa, pues se trataba de un trabajador de la compañía. En el caso de Rapidito, dijo que si bien el abogado Ibarra sí ha trabajado con él alguna vez, él no tuvo nada que ver en esa relación contractual.