El caso aviva de nuevo la llama encendida hace unas semanas por el caso de las falsas víctimas de la masacre ocurrida en Mapiripán. Se dice ahora que en Las Pavas no hubo desplazamiento. Que lo digan aquellos sectores radicales que siempre han dudado de los procesos adelantados por la justicia en torno al tema, no es nuevo. Pero cuando es una autoridad de investigación quien lo asegura, el tema se vuelve preocupante. Y así se lee en el encabezado del fallo: “Archivo del caso (…) Descripción de la causal: inexistencia del hecho”.
Las explicaciones del fallo de 24 páginas son varias. Pero la esencia reposa en lo manifestado por Pedro Moreno Redondo, un campesino que se retractó de sus declaraciones previas ante la justicia; por un intermediario de la empresa que hoy es dueña de las tierras, y por Jesús Emilio Escobar, propietario original de los predios. De sus declaraciones, la fiscal llega a una conclusión bastante libre, por decir lo menos: “ninguna de las familias del corregimiento de Buenos Aires ha sido objeto de actos violentos como producto del conflicto armado en esta zona, que haya permitido el trasteo o desplazamiento de sus respectivas residencias”.
Esto último contrasta con lo que afirman estudiosos del caso, como la Clínica de Juristas de la Universidad Javeriana o José Augusto Páez, asesor regional de Paz del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, quienes aseguran que, en una zona tan conflictiva como ésta es irrisorio pensar que no hubo afectaciones. Páez le afirmó a Verdad Abierta que él mismo vio muchas quemas de caseríos enteros.
Contrasta, también, el dicho de la fiscal al afirmar que la finca siempre fue propiedad de Escobar (antes de venderla a la familia Dávila Abondano y a José Ernesto Macías), con los documentos que reposan en manos del Incoder desde 2006. Esta entidad realizó ese año una visita a la finca y dio fe de que los campesinos estaban trabajando ahí desde hacía seis años y que el resto del terreno estaba abandonado.
El problema radica en dos puntos principales. El primero es la correcta aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, algo que será imposible si no existe certeza en las decisiones de la justicia sobre quiénes son o no víctimas (evidencia, como manifestó a este diario Gonzalo Sánchez, coordinador del grupo de Memoria Histórica, de la fragilidad del aparato judicial para afrontar el conflicto). Y el segundo es que los sectores radicales manifiesten abiertamente que, como algunas víctimas son falsas, entonces no hubo delitos atroces. Un salto argumental inaceptable que le ha dado la vuelta al país y que se ha querido aplicar respecto de la masacre de Mapiripán.
Esta vez, lo más preocupante es que la afirmación está respaldada por una decisión de la Fiscalía, que ya ha sido puesta en entredicho por los conocedores del caso, gracias a lo cual la fiscal Viviane Morales se retractó de su manifestación de hace una semana en la que decía que nunca hubo desplazamiento forzado en la zona y agregó que visitará los predios y reanudará una investigación desde cero que cubra hechos sucedidos antes del 2006 (el fallo de la fiscal de Cartagena se basa en hechos desde el 2009).
Falta esperar. Pero esta es una alarma para que la justicia fortalezca en gran medida la identificación de víctimas en los procesos relativos al conflicto. No desde la estigmatización y la doble victimización, sino desde la aplicación de las formas que el derecho ha creado. Es la única vía para encontrar la verdadera justicia.