Liderazgo en Chocó: el costo de defender el territorio

El Eln se consolidó en la zona, tras la salida de las Farc. / Raúl Arboleda AFP

“La gente no habla, está callada porque piensa que la van a asesinar o a desplazar”, manifestaron a La Paz en el Terreno líderes del Bajo Atrato y Darién, una de las cinco subregiones chocoanas, en ejercicios de mapeo para identificar los riesgos contra sus vidas —en Chocó, es común que, tras el homicidio de un líder étnico, su comunidad, sintiéndose desprotegida, se desplace forzadamente—. En esto concuerdan líderes de la costa Pacífica: “Hay liderazgos fuertes de mujeres, hombres, indígenas, negros, mestizos, pero lamentablemente tocó menguar, porque ya estamos viendo que están matando, que no es mentira, que están en riesgo”.

Las cifras de varias organizaciones sociales y de la Defensoría del Pueblo, contrastadas por La Paz en el Terreno, muestran que en Chocó, entre 2017 y abril de 2021, hubo al menos 126 agresiones contra líderes sociales, entre las que resaltan 69 amenazas y 44 asesinatos, sin contar las que no se denuncian. Dos de cada tres hechos ocurrieron en el Bajo Atrato y Darién —donde arrecia la violencia contra líderes de restitución de tierras—, incluyendo 56 amenazas y 17 asesinatos. Le sigue la subregión de Alto y Medio Atrato, con 23 agresiones, quince en Quibdó. Allí, principalmente pandillas han desbordado la situación de inseguridad.

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Las cifras de violencia más bajas en algunas subregiones no necesariamente están ligadas a que allá la violencia sea menor. Los líderes y lideresas han entendido cómo se deben mover por el territorio y cuándo deben callar para no tener riesgo. “Los grupos armados le dicen a uno: ‘Haga su trabajo comunitario, que nosotros hacemos nuestro trabajo de guerra’. Le toca a uno estar al margen de eso”, aseguró otro líder en el mapeo.

Tras la salida de las Farc en 2016, con la firma del Acuerdo de Paz, se reconfiguró el poder armado sobre el departamento, principalmente competido por las neoparamilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia, de mayor expansión en el territorio, y la guerrilla del Ejército Nacional de Liberación, de histórica influencia en algunas zonas. Presentes en todo el departamento, cada grupo tiene mayor presencia en unos municipios y disputas a muerte por el control de otros. Son contadas las zonas donde no hay enfrentamientos, como lugares en la subregión de San Juan, donde ambos grupos tendrían un acuerdo de no agresión, según manifestó la Defensoría del Pueblo y se corroboró en el mapeo.

La abundancia de afluentes que conectan el norte, el sur y el centro del departamento, e incluso del país, permite la movilidad de armas y drogas, así como la instalación de peajes ilegales. Las selvas del Darién y las cuencas de los ríos Atrato, San Juan y Baudó también han propiciado condiciones estratégicas para la permanencia de cultivos de uso ilícito y el desarrollo de proyectos de extracción minera. Además, la cercanía de Chocó con Panamá ha favorecido el negocio del narcotráfico, porque conecta con el mar y, por ende, con Centroamérica y el comercio internacional de la droga, promoviendo así el financiamiento de los grupos armados ilegales, de estrecha relación con carteles mexicanos.

Las acciones de denuncia o para contrarrestar los efectos que tienen estos negocios ilegales, principalmente sobre una juventud sin mayores oportunidades y el territorio, propician escenarios de riesgo para la labor social. Su trabajo va en contravía de los intereses de los actores armados ilegales: conservación ambiental, defensa de los derechos humanos y preservación de sus tradiciones ancestrales, alejadas de la ilegalidad.

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La pandemia, además, ha incomunicado aún más a las comunidades chocoanas, en un conocido contexto de falta de conectividad, las cuales viven en desconfianza y bajo estrictos controles de los armados, muchas veces mimetizados en las poblaciones. “Los grupos armados pasaron de andar en camuflado a estar camuflados”, afirmó un investigador que ha trabajado en Chocó durante años, quien también indica que en ocasiones ni siquiera hay certeza de que haya algún informante; también por ello, las personas prefieren callar. Incluso, para hablar por teléfono en los contados puntos donde cogen señal, la gente muchas veces debe hacerlo en altavoz, con gente armada escuchando, aseguró un acompañante de procesos sociales en Chocó que también pidió la reserva de su nombre.

En la actualidad, el control armado ha llegado hasta el punto en que hay líderes y lideresas sociales que en el norte del Chocó no pueden acceder al terreno con sus esquemas de seguridad. Los grupos armados ilegales lo tienen prohibido y les hacen dejarlos en Chigorodó o en Belén de Bajirá, aseguraron líderes en el mapeo. En muchos poblados, además, la gente que sale de la zona tiene que avisarle al grupo armado para dónde va y a qué, advierte Adith Bonilla, coordinadora de la Territorial Chocó de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). “La comunidad ha quedado más expuesta”, afirmó.

El riesgo de ser mujer, joven y LGBTI

“No es lo mismo ser una mujer negra, trans, mestiza, indígena, nuestros problemas por la orientación sexual son diferentes porque uno también siente miedo y ha sido agredida, que no son solo físicas, sino verbales y muy fuertes”, afirmó una persona que ejerce el liderazgo con enfoque de género. La mayoría de personas de la comunidad LGBTI han tenido que salir hacia los cascos urbanos en medio de la discriminación de sus propias comunidades, aseguraron en el mapeo. “Las poblaciones LGBTI definitivamente están más vulnerables, porque sus iniciativas todavía están en procesos de madurez y no han logrado llegar a las comunidades”, dice una persona de cooperación internacional con conocimiento de causa.

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“Las mujeres son amenazadas para que no ejerzan liderazgos”, aseguraron en el mapeo. “Los grupos nos miran como una cosa, como un objeto que sirve para dar placer. Nos quieren tomar en el momento en que ellos quieran y no nos podemos negar. Nos pasa a todas: niñas, adolescentes y mayores”, aseguró una lideresa. No más en 2020, según datos de la Policía, se presentaron al menos 199 casos de violencia sexual en el departamento. Muestra de este miedo es la disminución en la participación electoral de las mujeres en las últimas elecciones locales y regionales, donde se pasó de nueve alcaldesas a tan solo dos en 2019. “Cuando estuvimos indagando con mujeres candidatas, se pudo notar que muchas desistieron de intentar lanzarse por temas de seguridad”, expresó un defensor de derechos humanos.

Sobre las juventudes, algunas personas en el territorio manifestaron que ya no están tan interesadas en la labor social. Aunque con la firma del Acuerdo de Paz y la creación de las Escuelas de Capacitación se veía un interés en esta población, ha ido disminuyendo. “A los jóvenes ya no les interesan los liderazgos ni participar de estos espacios porque no tienen condiciones, en cualquier momento se tienen que desplazar”, comentó un líder.

Las familias han optado por sacar a los jóvenes de los territorios, no solo para evitar que sean reclutados, sino también en búsqueda de mejores oportunidades. “En los territorios no hay colegios ni universidades, ni el SENA; eso hace que los jóvenes se vayan para las grandes ciudades y así se va perdiendo la cultura”, afirmó un líder afro. Para un investigador que ha trabajado en Chocó, los liderazgos juveniles no necesariamente se están acabando, sino que ellos han entendido que ya no pueden ejercerlos de maneras muy visibles.

Amenazas sobre el territorio

El narcotráfico se mueve principalmente por el río San Juan hacia la costa Pacífica, lo que causa restricciones en la movilidad. Las comunidades denuncian que después de las 5 de la tarde nadie se puede movilizar por el afluente, a no ser que sea una emergencia y se tenga permiso de los actores armados. Sin embargo, de día la Armada es la que controla la movilidad de las personas por el río como supuesta estrategia para frenar el tránsito del narcotráfico. En respuesta a un derecho de solicitud de información enviado por el equipo de La Paz en el Terreno, la Armada informó que entre 2016 y 2021 ha incautado 39.857 kg de cocaína en el departamento, sobre todo en los municipios costeros.

El microtráfico es un problema que ataca principalmente las cabeceras municipales. En la subregión de la costa Pacífica, los liderazgos denuncian casos de desaparición forzada relacionada con el microtráfico. La población más afectada son los jóvenes y la Defensoría del Pueblo expresa que “la inducción de esta población en las dinámicas de microtráfico es una de las conductas más recurrentes, utilizadas por los grupos armados ilegales, implicando así, una acción directa de utilización ilícita o reclutamiento forzado”. Sin embargo, esta institución dice estar trabajando en programas para mitigar la utilización y el reclutamiento de menores en estas dinámicas.

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La extracción minera es otra actividad que se lleva a cabo de forma significativa en el territorio, por sus condiciones geográficas y que, a su vez, genera riesgos ambientales y sociales. En 2016 se experimentó un auge económico a raíz de la minería; los liderazgos aseguraron que con esto una persona podría llegar a hacerse $100 millones al mes. “Uno como líder cómo le dice: ‘Usted no trabaje ahí’, si lo primero que le van a decir es: ‘Ah, bueno, consígame pues la plata. Como el hijo suyo está estudiando, yo necesito que el mío sea abogado, sea ingeniero, sea contador’. Es una oportunidad que les puede generar cosas que no tenían. Entonces queda uno entre esa espada y la pared”, expresan. Lo paradójico es que Chocó fue el segundo departamento más pobre del país en 2020, después de La Guajira, según el DANE.

“La minería de oro en Chocó alimenta todo un sistema en el que muchos actores ganan mucho dinero, no solo los actores armados y la gente que explota, sino también funcionarios de las instituciones”, resalta Rodrigo Rogelis, investigador del Centro Sociojurídico Siembra. Para Kyle Johnson, investigador de Conflict Responses, el Estado ve al Chocó, primero, como una posible fuente de ingresos, con recursos naturales de interés para la explotación privada. “El segundo interés del Estado, más reciente y vinculado con el primero, es el tema de seguridad, porque obviamente la inseguridad es un impedimento para la inversión directa extranjera. Sin embargo, el Estado tiene una mezcla de no tener voluntad ni capacidad, por lo menos con las políticas recientes, de mejorar la seguridad en el Chocó”, explica.

En las sesiones de mapeo, algunas empresas mineras y palmeras también fueron señaladas de configurar riesgos, principalmente porque suelen deteriorar el medio ambiente, dividir a las comunidades o no respetar a las autoridades etnicoterritoriales, pues han montado proyectos extractivos, de infraestructura y monocultivos sin consultarles, como es exigido por ley. En últimas, los riesgos para el liderazgo tienen que ver con disputas por los recursos, dentro o fuera de la ley.

La autoprotección, la única salida

A pesar de la existencia de medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) —no se sabe cuántas o cuáles con exactitud, pues la entidad no respondió a una solicitud de información al cierre de esta edición—, los líderes chocoanos siguen a merced de los violentos. La fuerza pública tampoco ha sido efectiva; de hecho, sus miembros han sido señalados de tener connivencia con actores ilegales, a pesar de que, según sus representantes, su accionar no configuraría factores de riesgo para las comunidades.

Mientras llegan los acuerdos humanitarios, que a los ojos de Jesús Arroyo, coordinador de la Macroterritorial Pacífico de la CEV, podrían mitigar de manera más inmediata la exposición de los civiles en el conflicto, las comunidades necesitan fortalecer sus medidas de autoprotección. Para Adith Bonilla, a pesar de los largos años de atropellos por todos los frentes, sus lazos de confianza se han debilitado pero no se han perdido, pues “es lo que todavía funciona y ha evitado que mueran más líderes”. La autoprotección no es solo callar, va desde acciones cotidianas como identificar a tiempo movimientos extraños y evaluar en colectivo posibles riesgos, hasta mediar con valentía para que los armados liberen a un joven reclutado o a un líder secuestrado. Otra iniciativa que ha tomado fuerza es la creación de Guardias Cimarronas para proteger a las comunidades afros, sin armas y de manera organizada.

*La Paz en el Terreno es una alianza entre Rutas del Conflicto y Colombia+20 que rastrea la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC en dos temas claves: la situación de riesgo contra los líderes y las lideresas sociales y el proceso de reincorporación de los firmantes del Acuerdo. Esta publicación es posible gracias al apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la fundación Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol) y la Embajada de Suecia.