Caso Lucas Villa: las claves de un crimen que cumple dos años en la impunidad

Mauricio Villa, padre de Lucas Villa, en el lugar donde dispararon a su hijo, el Viaducto de Pereira.

Foto: Santiago Ramírez

El primer mensaje llegó a las 7:39 de esa noche, era un audio de una profesora desde el lugar de los hechos. “Estábamos acá en el viaducto y se escucharon unos disparos, hay dos chicos heridos allá, los dejaron tirados en la punta de Dosquebradas”, decía con la voz agitada y al fondo un ruido de viento y gritería: “Yo vivo por ahí, no sé si hay manera de auxiliarlos”.

Segundos después los canales de chat y grupos de Whatsapp de quienes cubrían el paro nacional en Pereira ya habían colapsado con las imágenes repetidas una y mil veces que el país conoce bien: Lucas Villa Vásquez, pacifista, profesor de yoga y estudiante de último semestre en la Universidad Tecnológica de Pereira, junto a Andrés Felipe Castaño, un menor de edad vecino de un barrio popular y perteneciente a una barra brava, yacían baleados sobre el pavimento. Alrededor revoloteaba una turba atónita y furiosa.

Era el 5 de mayo de 2021, ese día ajustaba una semana el paro nacional. Durante ocho jornadas continuas de marchas en la ciudad, aquella había sido la primera sin desmanes ni arremetidas violentas de la Fuerza Pública contra los marchantes. Hasta ese momento.

Tres días antes Carlos Maya, alcalde de Pereira, había anunciado un “frente común” de la Policía con empresarios afectados por actos de vandalismo, lo que fue interpretado como una incitación a que civiles armados colaboraran levantando bloqueos y marchas.

En efecto, los manifestantes reportaron desde el 1° de mayo ataques de civiles en camionetas blancas en todos los puntos de protesta y el 7 de mayo ya había registros de 9 personas heridas con arma de fuego, entre ellos Villa y Héctor Fabio Morales, un joven vigilante que participaba de las protestas, hijo de Yolanda Henao, una reconocida lideresa comunitaria. Morales fue asesinado por sicarios el 7 de mayo, dos días después del ataque contra Villa, cuando esperaba el bus después de abandonar la protesta en el viaducto.

En contexto: La violencia contra manifestantes en Pereira durante el Paro Nacional

El propio Maya declaró en una reunión con concejales el 4 de mayo -un día antes del atentado- que la ciudad estaba a punto de quedarse sin gasolina, por eso daría la orden de levantar el principal bloqueo en la vía al Valle “a las buenas o a las malas, pero lo levantan”. Uno de los asistentes grabó al alcalde y ese audio fue publicado por Baudó Agencia Pública, medio que además demostró meses más tarde que el ataque contra Villa fue coordinado y planificado, y no el producto de un tiroteo indiscriminado.

Una semana más tarde El Espectador reveló los detalles de otra reunión privada de empresarios, orquestada por el entonces senador Alejandro Corrales y el representante a la Cámara Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, junto al comerciante Eduardo Castrillón, todos militantes del Centro Democrático, donde discutieron estrategias para acabar las manifestaciones y levantar los bloqueos, entre ellas la posibilidad de armarse.

Antes de esa reunión el senador Corrales se había comunicado con varios políticos y líderes de gremios en Pereira, solicitando que le ayudaran a convocar a más empresarios para dicho encuentro. Uno de esos mensajes por Whatsapp lo envió a una mujer llamada Ana María. Allí se refería a los manifestantes como “peludos” y “mechudos” por culpa de los cuales se estaban muriendo “tres millones de aves” en las granjas del Valle. Agregó que el asunto ya no dependía del Gobierno, sino de lo que “los privados” pudieran hacer. En ese punto habló de pasar a las “vías de hecho” o “lo que sea que vaya a salir”.

“Ocurrió un milagro”

Como lo había publicado este diario en julio de 2022, la Policía, en cabeza del coronel Aníbal Villamizar, cometió omisiones evidentes que quedaron probadas incluso en sus comunicaciones por radioteléfono. Con una extraña orden se había retirado a los uniformados que acompañaban la manifestación del viaducto, pero esto ocurrió únicamente ese 5 de mayo y no el resto de días de la protesta, como lo confirmó en su declaración a la Fiscalía Héctor Toro Zapata, el comandante de Dosquebradas: “No había dispositivo de Policía, teniendo en cuenta que se dispuso no tener servicio de Policía con el fin de evitar provocación y confrontaciones”.

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Minutos después altos oficiales dieron orden a los cuadrantes para que no acudieran al lugar del atentado, ni socorrieran a las víctimas, a pesar de que cuatro unidades cercanas reportaron que ya se encaminaban al lugar. Estas comunicaciones quedaron grabadas y fueron entregadas por la misma Policía a un investigador judicial. Un mayor dijo minutos después del atentado que había ocurrido “un milagro”, cuando la central de radio le informó que el paso vehicular ya estaba totalmente despejado por el puente.

En respuesta a este diario, la Policía aseguró que “todas las órdenes que se han emitido en el marco de las jornadas de manifestación se realizan en estricto cumplimento de la ley, los reglamentos y los estándares internacionales, actuando de acuerdo con el mandato legal y garantizando los derechos constitucionales de los ciudadanos”, añadiendo que “la Fiscalía General de la Nación es la autoridad competente que viene investigando las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon el mencionado homicidio. Desde el primer momento la Policía ha colaborado con el suministro de toda la información requerida en el marco de dicho proceso investigativo”.

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El coronel Aníbal Villamizar fue primero trasladado a Medellín y luego apartado del mando tras el escándalo que suscitó un operativo para demoler una supuesta olla de microtráfico que resultó ser falsa, en un acto público en marzo de 2022, donde estuvo acompañado del ministro de la defensa de ese entonces, Diego Molano. Además, el coronel Villamizar resultó envuelto en otro escándalo cuando medios de comunicación revelaron en 2021 que 22 fusiles desaparecieron de una estación de Policía en Sucre mientras él era el subcomandante. Aunque Colombia+20 intentó hablar con el coronel en varias oportunidades, nunca aceptó concedernos una entrevista.

La sombra de la mafia

A pesar de las denuncias que señalaron una posible coordinación de civiles con las autoridades para atacar a los manifestantes, dicha línea de investigación no ha prosperado, aunque la Fiscalía fue ágil recabando suficiente información que permitió ubicar a los autores materiales del atentado.

Gracias a cámaras de seguridad, rastreos en bases de datos y testimonios de informantes constataron que para cometer el homicidio tres hombres, ya identificados, salieron y regresaron al barrio San Judas en dos motos: una Yamaha BWS y una RX 115.

Sobre José Carlos Londoño “Kaloyelo”, un sujeto que grabó el atentado desde un puente aledaño, no pudo determinarse su rol en el crimen, pues también fue asesinado meses después en Pereira, el 14 de octubre de 2021, información que habíamos revelado en marzo pasado. Londoño había sido interceptado en sus comunicaciones por la Fiscalía y se investigaba su relación con varios miembros de la banda criminal, así como supuestas conexiones con miembros de la Policía.

Tampoco hay certezas del papel que cumplió la tercera víctima del atentado: Javier David Clavijo Rúa, quien recibió un balazo en la pantorrilla. Clavijo vivía en el barrio del cual salieron los sicarios y había recibido dinero de la banda para infiltrarse en las protestas, según contó él mismo a otras personas. Su rastro se perdió pocas semanas después del homicidio.

Clavijo, a su vez, había declarado a los investigadores que dos policías de civil lo retuvieron en la clínica donde fue a curarse la herida después del atentado, quitándole un teléfono celular en donde, según él, había material audiovisual que había captado minutos antes del atentado, como lo contó Colombia+20 en diciembre de 2022.

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La Fiscalía estableció que la banda responsable del atentado está subordinada directamente a la organización criminal La Cordillera, una estructura mafiosa heredera del poder del cartel del norte del Valle, fundada por el narcoparamilitar Carlos Mario Jiménez, Macaco, a mediados de 2000, con varias sucesiones en su mando a través de los años.

Es la misma organización a la que Gustavo Petro acusó de planear un atentado en su contra durante la campaña presidencial, con fuertes vínculos con políticos y empresarios de la región, según expedientes judiciales conocidos por Colombia+20. Ninguno de sus jefes ha sido capturado en días recientes o vinculado formalmente a la investigación.

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Este es el reclamo principal de las víctimas y de buena parte de la sociedad pereirana: aún no hay claridad sobre los máximos responsables de la violencia generalizada contra los manifestantes en Pereira ni sobre los autores intelectuales del atentado contra Villa.

“Con el nuevo Gobierno esperamos que haya claridad de los hechos contra la vida de mi hermano. Sabemos que hay muchos indicios, que hay pruebas para señalar implicados, para nosotros uno de los mayores responsables fue el coronel Aníbal Villamizar”, aseguró Siddsy Uribe Vásquez, hermana de Lucas, quien rescata la alegría y el entusiasmo con que su hermano vivió las marchas, el mismo de miles de manifestantes pacíficos que clamaban por un cambio y en cuyo espíritu “él sigue viviendo”.

“Seguimos con la esperanza de esclarecer los hechos”, concluyó Sidssy Uribe, “que no se repita un asesinato como el que ocurrió con Lucas”.