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Cientos de maestros rurales en Colombia que han vivido en zonas de guerra temen perder su trabajo. Desde el lunes 15 de febrero, llegaron a Bogotá para reclamarle al Ministerio de Educación garantías que les permitan conservar sus puestos que, al parecer, están en riesgo después de que se realizara un concurso en el que más de 5.000 de ellos se verían desplazados laboralmente por otros docentes con un mejor resultado en los exámenes para acceder a los cargos.
A este concurso lo cobija el decreto 882 de 2017, que en este contexto, a grandes rasgos, busca adoptar normas para mejorar el servicio educativo estatal y la profesión docente en zonas afectadas por el conflicto armado. Dentro de esa normativa se contempla que a través de un examen se escojan a los mejores maestros y así aumente la calidad en las escuelas rurales.
Parte de esos docentes escogidos haría parte del Plan Especial de Educación Rural (PEER), una de las medidas estipuladas dentro de la Reforma Rural Integral (RRI), primer punto del Acuerdo de Paz, que pretende cerrar brechas entre la educación rural y urbana, a través de la promoción en el acceso, cobertura, permanencia y calidad de las escuelas en el campo.
Los maestros rurales aseguran que el concurso al que fueron sometidos no cuenta con un enfoque territorial, en el que se consideren la totalidad de características y dinámicas dentro de cada territorio. Desde la semana pasada, lamentan que entren con ventaja aquellos docentes que son normalistas o licenciados, marginando así a los que son bachilleres, pero con varios años de experiencia al frente de la educación en los lugares más azotados por la violencia.
Desde que comenzaron a surgir los gritos de ayuda por parte de los profesores en los territorios, especialmente en el sur de Tolima, Educapaz se encargó de ofrecerle ayuda legal a los maestros para que sus reclamos tuvieran mayor alcance. Esta alianza de organizaciones, que agrupa a entidades como el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) o la Universidad de Los Andes, entre otros, emitió junto con la Mesa Nacional de Docentes Provisionales una acción popular que sigue su curso burocrático y pide medidas cautelares para pausar el concurso docente en los municipios donde hay Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Para Mery Luz Vargas, representante de la Asociación de Profesores del Sur de Bolívar, el Ministerio de Educación está pasando por encima de la implementación del Acuerdo de Paz: “Este concurso olvida los arraigos territoriales, a la ministra María Victoria Angulo no le interesa que pertenezcamos allí y nos quieren sacar. Muchos de nosotros somos víctimas directas del conflicto armado y, aunque nos hemos sabido levantar con nuestras bases pedagógicas propias, el Gobierno nos quiere sacar como no lo hicieron los grupos armados. Tenemos argumentos y lucharemos en paz”.
Desde el punto de vista de Solman Yamile Díaz, coordinadora de la línea de Educación y Ciudadanía del Cinep y coordinadora de esta entidad ante Educapaz, hay una mala lectura e interpretación del decreto 882 por parte del Ministerio de Educación, en tanto que no se defienden garantías para que estas personas estén más capacitadas y guiadas en una educación de calidad en sus municipios.
“Esta situación plantea un problema estructural. Es inconcebible que haya profesores con el estatus de “provisionales” cuando cuentan con una trayectoria de entre 16 y 22 años; no se puede sesgar la discusión en si estas personas tienen o no títulos profesionales, eso es otro debate. También no se puede olvidar la base y es que estos profesores le colocaron el pecho a la violencia en favor de sus escuelas, cumpliendo el rol que no pudo ejercer el Estado. No se puede olvidar que en esas zonas no había presencia estatal, la iglesia era la encargada de la educación y ellos subcontrataban a los profesores que hoy están siendo desplazados”, dice Díaz.
Una lectura similar la tiene Juan Carlos Arias, veedor comunal en Áreas de Educación en el Catatumbo (Norte de Santander). El líder señala, al igual que Díaz, que no hay respeto por la implementación de esta medida consagrada en la RRI y que deja al país en un dilema que no tiene contexto. “¿Un buen maestro es aquel con mayor bagaje académico, pero sin experiencia en terreno, o aquel que conoce a la comunidad con la que trabaja y más allá de las áreas disciplinares es un motor de esperanza y cambio?”, se pregunta Arias.
Lo que buscan Arias y los demás voceros de los demás maestros rurales es que se asuma por parte del Gobierno que existe una vulneración a los derechos laborales y que debe haber una medida inmediata que permita el nombramiento oficial de estos maestros, pero sin pasar por encima de los derechos de quienes ganaron los concursos. “Aquí la culpa no es de los profes que ganaron, ellos tienen conocimientos frescos y su mérito deben tener. Lo que pasa es que si la institucionalidad organiza eso sin contexto y a la brava, el resultado con los arraigados siempre va a ser arbitrario. Hemos sido enfermeros, amigos, consejeros... ¡por Dios! que no se olviden de eso”, concluye el líder nortesantandereano.
Esta no es la primera vez que la forma de implementar el Plan Especial de Educación Rural (PEER) entran en debate público. Este plan, que también en el papel pone especial cuidado a la atención integral sobre la primera infancia y al impulso sobre la calidad de la educación rural, descuida, según la Mesa Nacional de Educación, otros componentes educativos, como la capacitación misma de los maestros o el manejo de un presupuesto uniforme para llegar y permanecer en los territorios.
¿Qué propone MinEducación?
María Victoria Angulo, jefe de la cartera, explica que “todos los empleos de Carrera Docente se proveen mediante Concurso de Méritos desarrollado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. En este caso, la Comisión, mediante las Convocatorias 601 a 623 de 2018, convocó de manera pública y abierta a la ciudadanía y se inscribieron más de 120.000 aspirantes para las vacantes ofertadas”.
La ministra insiste en que el gobierno ha cumplido, pues no se han vulnerado derechos propios de los territorios PDET, propuestos en el Acuerdo de Paz, en tanto que el banco de preguntas para dicho concurso fue asesorado por la Universidad Nacional, teniendo en cuenta “las realidades de cada territorio”. A su vez afirma que los procesos de reclamaciones siguen vigentes ante la Comisión Nacional de Servicio Civil.
Según Angulo, los maestros no pueden reclamar sobre el hecho de que no les tomaron en cuenta su trayectoria en su respectivo municipio, pues “a estos aspirantes se otorgaban 14 puntos por cada año de experiencia en las zonas PDET frente a la experiencia docente de aspirantes que no han laborado en estas regiones a quienes se les otorgaba 4 puntos”, concluye un informe emitido por el Ministerio.
Yared García, representante de los maestros PDET en Putumayo, se niega a creer estas versiones y expresa que si se hubiera seguido al pie de la letra el PEER, “este concurso no habría sido abierto, sino especial como lo pacta el Acuerdo de Paz”. La docente oriunda de Puerto Guzmán teme que esto marque un precedente para marginar a los municipios PDET y un “motivo más para que los que duden de la implementación del Acuerdo sigan desconfiando”.
A pesar de que García considera que las capacitaciones para ellos son una discusión que se debe dar, alega que hay otros puntos que se deben priorizar. “El PEER habla de generar bienestar y buen vivir para la gente en las zonas PDET. El primer paso para ello, en materia de educación, es que no nos separen de lo nuestro y nos sigan permitiendo un crecimiento que hemos forjado con nuestros estudiantes”, propone la docente.
Los maestros seguirán en Bogotá hasta que sus reclamos sean escuchados. Dicen que resistirán por “amor a su pueblo” y seguirán abiertos a la esperanza de que en medio del posconflicto puedan seguir llegando a sus alumnos que acompañaron en los días más nefastos de la guerra.
“Vimos cambiar las armas por los lápices y créame que esa fue una lucha más difícil que la que estamos lidiando ahora. Triunfaremos, no dejaremos de creer en el proceso de paz y el país verá cómo de a poco nos ganamos el respeto para dejar de ser pisoteados y provisionales después de tantos años. El decreto 882 debe ser visto en clave de país, no como un negocio”, sugiere Sulinda Bocanegra, representante de los maestros en Planadas (Tolima).
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