Conflicto

24 Feb 2022 - 1:00 p. m.

Paramilitares avanzan en el sur del Chocó

Las Agc, también llamadas Clan del Golfo, coparon en las últimas semanas el Medio y Bajo San Juan tras golpes sucesivos del Ejército contra el Eln en la zona. La ofensiva ha provocado desplazamientos y confinamientos masivos. Iglesia, comunidades y autoridades locales denuncian presunta omisión de la Fuerza Pública para combatir a los paramilitares.

Camilo Alzate González

 Los pobladores del río San Juan viven confinados en medio del fuego cruzado. / Santiago Ramírez
Los pobladores del río San Juan viven confinados en medio del fuego cruzado. / Santiago Ramírez

“Hoy todo el día ha habido plomera en Tordó, la gente está encerrada, tienen tres noches que no duermen, encerraditos ahí viendo qué pasa y qué no pasa”, comenta Pascual desde Copomá, un caserío del Bajo San Juan, al sur de Chocó.

Los combates ocurrían simultáneamente el 17 y 18 de febrero, a la par que el ministro del Interior, Daniel Palacios, declaraba desde una oficina de Quibdó, acompañado por mandos militares y policiales, que la crisis humanitaria no tenía las dimensiones denunciadas por la Iglesia católica, calificando las denuncias de “extravagantes”.

Palacios negó que el 72 % de la población chocoana estuviera en riesgo, contradiciendo a la Defensoría del Pueblo, y agregó que Chocó tiene “una de las tasas más altas de esclarecimiento del país en homicidios”, con más de 900 capturas el año anterior.

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Lo que no puntualizó Palacios es que Quibdó figura entre las capitales más violentas del país: la tasa de homicidios en 2021 fue de 102 por cada 100.000 habitantes, mientras que el promedio nacional fue de 26, usando datos de la Policía.

“En 2022 hemos tenido cuatro desplazamientos y dos confinamientos que han sido certificados por la Unidad de Víctimas, atendidos en 48 horas”, continuó Palacios, asegurando que se trataba de máximo 2.800 personas afectadas y de alguna manera restándole importancia a la crisis.

El ministro citaba datos incompletos. La Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios ha registrado confinamientos en Bojayá de 2.326 indígenas y en el municipio de Bajo Baudó de 1.077, mientras prepara un nuevo informe sobre el río San Juan, donde se han desplazado ocho comunidades en el último mes y por lo menos 39 se encuentran en confinamiento total, incluyendo la cabecera municipal del litoral del San Juan. Según su personero, Cleider Palacios, “el 100 % de las comunidades están confinadas, hay desplazamientos entre veredas, la gente busca resguardarse de los combates”. En la cabecera municipal del litoral del San Juan ya hay desabastecimiento de alimentos.

Carta del personero de Alto Baudó a la Defensoría denunciando combates y confinamientos:

El Consejo Comunitario del San Juan, que representa a 72 comunidades afrocolombianas, denunció en un comunicado este 22 de febrero la “complicidad de la gran mayoría de instituciones estatales” con esta situación, argumentando que “el Gobierno Nacional rechazó la mayoría de las medidas de protección colectiva solicitadas” yha incumplido las medidas cautelares del Juzgado de Restitución de Tierras de Quibdó, ordenando la protección integral de indígenas y afrocolombianos en el San Juan.

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El control paramilitar del río y sus afluentes se consolida tras una ofensiva iniciada en agosto de 2021, cuando se rompió el pacto de no agresión entre el Eln y las Agc, también llamadas Clan del Golfo, en la zona. Los paramilitares ahora controlan el río Sipí, donde al menos tres pueblos fueron abandonados por sus habitantes. También controlan la desembocadura del San Juan al océano, el río Calima que conecta con Buenaventura y han llegado incluso hasta el río Copomá, donde esta semana continuaban los combates con la guerrilla.

Lorenzo González, del Consejo Comunitario del Bajo Calima, narró que desde la incursión paramilitar el 24 de noviembre las cosas van “de mal en peor, esa gente se está regando por todas partes, prácticamente ya tienen tomado el territorio de nosotros”. Ceibita y La Esperanza, dos caseríos del río, fueron abandonados por los habitantes y ahora los vecinos reportan que las casas están saqueadas, con las puertas rotas y los enseres tirados a la intemperie. Un total de 780 pobladores del río Calima se han desplazado a Buenaventura y Cali desde que empezaron los combates en noviembre.

Las Agc copan los caseríos reuniendo a los pobladores y anunciándose como nueva autoridad, hasta ahora sin atropellos en la mayoría de los casos. Cuando se retiran, el Eln regresa y confisca celulares para revisar chats y llamadas, buscando a los “colaboradores”. Han asesinado a varios líderes y vecinos acusándolos de ayudar a las Agc, mientras fuentes en la zona relatan que enviaron una lista de 30 personas a quienes les ordenaron abandonar el caserío de Paimadó, en jurisdicción de Istmina, que los paramilitares usaron como base para su avanzada el año pasado.

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“Ellos (el Eln) han dicho que no se van a dejar quitar su casa”, relata una pobladora desde Dipurdú, el primer caserío donde comenzaron los enfrentamientos el año pasado.

La confrontación puso en desventaja a la guerrilla entre septiembre y noviembre de 2021, cuando el Ejército propinó tres golpes contundentes en la zona: primero capturó tras un bombardeo a Fabián, comandante histórico y máximo jefe del Eln en Chocó; luego a Julio y Schumager, dos de sus subordinados más importantes.

La última retaguardia del Eln se encuentra en las cabeceras del río Baudó, donde los combates con las Agc no cesan desde diciembre, con una veintena de comunidades indígenas atrapadas en medio de las minas y el fuego, según denunció en un oficio Edilberto Andrade, personero de Alto Baudó.

“Es una guerra que efectivamente el Eln viene perdiendo”, afirma un analista conocedor de esa guerrilla que pide no citar su nombre, “hay una operación conjunta entre Ejército, Armada y Clan del Golfo, una acción compartida”.

Las denuncias de operativos irregulares y connivencia de la Fuerza Pública con grupos ilegales en la región son viejas, pero nadie ha podido probarlas más allá de los testimonios que ofrece la población local.

Monseñor Barreto, obispo de Quibdó, ha sido una de las voces más firmes al avalar dichos testimonios: “La gente lo denuncia en encuentros con nosotros, se lo dice a la ONU, se lo dice a Defensoría; el Clan del Golfo se ha tomado todos los departamentos”, aclarando que la suya no es una postura personal, sino la visión de la Iglesia y los tres obispos de Chocó sobre la actual crisis.

“Entonces, si hay cinco mil efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, ¿cómo es que ha llegado el Clan del Golfo?”, prosigue monseñor Barreto, “si solo fueran dos o tres municipios, vaya y venga, pero están en las comunidades, tiene que haber alguien que investigue”.

Un funcionario, que prefiere no revelar su nombre y que ha investigado las denuncias, cuenta que ni él ni sus compañeros han visto el “hermanamiento” de los militares con las Agc, “pero uno deduce de las acciones, unos van adelante y otros van detrás”. Agrega que a la zona han llegado muchos efectivos de los paramilitares, algunos de nacionalidad venezolana. Y para empeorar, señala alertas de la Defensoría indicando que las disidencias de las Farc quieren ingresar al río.

“No tenemos conocimiento de que exista un accionar premeditado de la Fuerza Pública, pero sí llamamos la atención de que no se está actuando con la misma contundencia con que se actúa en otras ocasiones”, se queja Cleider Palacios, personero del litoral del San Juan, “por ejemplo, como cuando se da de baja a cabecillas (del Eln) hay una fuerte presencia de la Fuerza Pública, pero en este caso no se mira al Ejército o la Armada en la zona, los combates van y vienen, y no hay presencia de la Fuerza Pública”.

En video: “Los riesgos de los líderes que defienden el río San Juan en el Chocó

Enviamos un cuestionario al vicealmirante Francisco Hernando Cubides para preguntarle sobre las operaciones de los buques y patrulleros fluviales que vigilan las bocas del río Calima y su presunta omisión en las fechas en que los paramilitares de las Agc ocuparon la zona. Por premuras de tiempo en la agenda del vicealmirante la entrevista no pudo concretarse.

No obstante, desde su oficina de prensa en la Fuerza Naval del Pacífico indicaron que hacen “presencia permanente” en el río San Juan, tanto la Armada como el Ejército, añadiendo que entre 2021 y 2022 han neutralizado más de 130 miembros de grupos ilegales, aunque sin especificar cuáles de esos golpes fueron a las Agc.

Al cierre de este reportaje, 300 personas del Medio y Bajo San Juan se concentraban en el poblado de Noanamá declarándose en refugio humanitario “hasta que se visibilice nuestra situación”, explicó la líder Jesusita Moreno, “la esperanza es esa reunión que están pidiendo los obispos (con el presidente Iván Duque). Dios quiera que por ahí resulte alguna solución y podamos tener tranquilidad”.

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