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Rigoberto Mendoza Ospina se desmovilizó de las FARC hace siete años, optó por el camino de la paz y en la tarde del sábado 8 de julio fue asesinado por disidentes de esa extinta guerrilla en Puerto Rico, Caquetá.
Los asesinatos contra reincorporados siguen siendo una constante que los violentos quieren a fuerza y fuego normalizar. Rigoberto es el firmante número 377 en ser asesinado tras la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Su vida como civil fue dedicada al servicio comunitario en la zona rural de Bajo Lourdes, jurisdicción del municipio de Puerto Rico. Allí era uno de los líderes más respetados en el proyecto textil de la Asociación Unidos Producimos Paz, iniciativa que junta a 43 personas que dejaron las armas alrededor del la producción textil.
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Tras salir de una reunión de Junta de Acción Comunal en Puerto Rico, sus compañeros y vecinos le perdieron el rastro. Llegadas las horas de la noche encontraron su cuerpo sin vida en la zona rural vecina de La Aguililla y junto a él había un cartel alusivo al frente Rodrigo Cadete, de las disidencias de Gentil Duarte.
De acuerdo con datos preliminares de la Policía en Caquetá, en los últimos meses ha aumentado la presencia militar en ese departamento de estructuras de la Segunda Marquetalia y del Estado Mayor Central -esta última con la que el Gobierno reactivó este fin de semana sus diálogos de paz-, que entre sus actividades criminales han centrado esfuerzos en amenazas a las personas que están en proceso de reincorporación y que cumplen sus actividades sociales, principalmente, en los municipios de Paujil, Puerto Rico, Montañita y San Vicente del Caguán.
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El reclamo del Consejo Nacional de Reincorporación
Tras el asesinato de Rigoberto Mendoza, el Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI) con delegados de reincorporación de las antiguas FARC emitieron un documento en el que condenaron el hecho y llamaron con vehemencia a distintas instancias para una protección integral.
“Reiteramos nuevamente nuestro llamado urgente a los países garantes, a la Misión de verificación de la ONU, a la comunidad internacional, a las organizaciones sociales comprometidas con la construcción de paz y a la sociedad colombiana en su conjunto a rodear a las y los firmantes de paz.”, dice el comunicado.
Además de los pedidos a atender la seguridad individual de cada firmante de paz, hubo un pedido de S.O.S para que se ejecuten políticas de prevención sobre espacios territoriales de reincorporación que a lo largo del último año han sido blanco de hostigamientos y ataques por parte de grupos armados.
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“La mitad (de los AETCR- espacios territoriales) se encuentran en alto riesgo de seguridad, de los cuales seis tienen vocación de traslado por el riesgo inminente que se vive, dos de estos ya fueron desplazados de sus territorios para salvaguardar sus vidas y los bienes que han podido conseguir en el tránsito a la vida legal.”, denunciaron.
Frente a los casos de violencia contra firmantes de paz en Caquetá, la Defensoría del Pueblo ya tenía conocimiento de este contexto. De hecho, en la Alerta Temprana 007/20 advirtieron que estructuras armadas como la compañía Fernando Díaz (brazo de la Segunda Marquetalia) y el mismo frente Rodrigo Cadete -responsable del asesinato de Rigoberto Mendoza- se están disputando territorios en ese departamento, para consolidar rutas de narcotráfico, ejercer control sobre la población civil e intimidar liderazgos sociales y comunitarios como el que realizan personas como Rigoberto.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) ha sido hasta ahora la única instancia del Gobierno en pronunciarse frente al asesinato de Rigoberto Mendoza. A través de su cuenta de Twitter, se hizo una exigencia para “una investigación eficaz de las autoridades competentes”. Este hecho, según datos de Indepaz, es el asesinato número 21 que ocurre contra un firmante de paz en lo corrido del año (dato que para el CNR es de 23 casos).
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El llamado de atención de la ONU
A lo largo de las 20 páginas que tiene el más reciente informe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas ante su Consejo de Seguridad, se dedicaron varios párrafos a puntos que esa organización internacional insta al Estado colombiano para que cumpla con urgencia alrededor de la seguridad humana y territorial de aquellas personas que están siendo amenazadas y asesinadas luego de transitar a la vida civil.
La ONU señaló que a pesar de los esfuerzos multilaterales para consolidar la paz y la reincorporación de los firmantes de paz en Colombia, los exmiembros de las antiguas FARC viven constante violencia que “sigue poniendo en peligro el proceso, como puso de manifiesto el traslado urgente del antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación de Mesetas (Meta)”.
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A su vez, en línea con la protección colectiva de población reincorporada, el documento de Naciones Unidas reafirmó su apoyo al Ministerio de Defensa en la decisión de reforzar gradualmente los despliegues preventivos de seguridad “en los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación. La Policía potenciaría su presencia en los 24 espacios, mientras que las Fuerzas Militares reforzarían su presencia sobre todo en los espacios de los departamentos del Caquetá, Guaviare, el Meta y el Putumayo”.
La Misión de la ONU también dijo que si en la administración de justicia no hay seguimientos de fondo y aplicación oportuna de decisiones de fondo, ningún otro intento por proteger la vida de los excombatientes de las FARC sería suficiente.