Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Dos mujeres y un hombre llevan colgados de sus hombros un cartel que dice “Por pelioneros. En San Pablo no se pelea”. Con sus manos sostienen unas escobas con las que tendrán que limpiar las calles de ese barrio de Santa Marta (Magdalena). Mientras ellas evitan fijar su mirada en la cámara que los graba, el hombre toma la palabra: “Estamos acá en estos momentos pagando con labor social lo que nos toca pagar, porque no se puede pelear en ninguna clase, porque están al pendiente en todos los barrios los Conquistadores de la Sierra. Escuchen bien: los Conquistadores de la Sierra”.
El video, difundido a través de redes sociales, es la muestra cruda de la legitimación de la gobernanza armada y del aumento del control social, que este 12 de noviembre condenó la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El organismo denunció la imposición de sanciones y castigos en Santa Marta y Valledupar, presuntamente perpetrados por un grupo armado no estatal con presencia en la Sierra Nevada de Santa Marta.
“En 2025, ONU Derechos Humanos ha recopilado 19 registros audiovisuales provenientes de diversas fuentes, en los que se evidencian conductas como la violencia física, el trabajo forzado, la inmovilización de extremidades, la exhibición de carteles con mensajes de arrepentimiento y las solicitudes públicas de perdón. Estas agresiones se imponen por presuntas acciones como el expendio de sustancias psicoactivas, el hurto, la violencia de género, la violencia intrafamiliar y las riñas”, se lee en el comunicado.
La activista de derechos humanos e investigadora Norma Vera Salazar lleva meses advirtiéndolo: las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), un grupo heredero del paramilitarismo del que hacen parte sobrinos, hijos y otros familiares de Hernán Giraldo Serna -conocido como el Patrón de la Sierra y hoy gestor de paz de Petro-, ha venido replicando y fortaleciendo un modelo de la mal llamada “limpieza social”.
Se trata del mismo patrón criminal y sistemático que durante dos décadas permitió a Giraldo consolidar su control territorial.
“Este grupo impone castigos que van desde golpear con cepos, sumergir a las personas en los ríos helados de la Sierra durante la madrugada —casi hasta provocarles el ahogamiento—, cortarles el cabello o obligarlas a barrer y realizar trabajos comunitarios, especialmente a las mujeres”, explicó a Colombia+20 la investigadora Vera.
Las prácticas suelen ser grabadas y difundidas en redes sociales, donde se exponen públicamente a las víctimas. “Los videos son distribuidos sin ningún criterio ético ni de responsabilidad por parte de algunos medios locales. En ellos se muestra a las personas pidiendo perdón y dando las gracias a las Conquistadoras de la Sierra por haberles perdonado la vida”, afirmó la defensora de derechos humanos.
A eso se suma la desatención de las autoridades locales, que señaló Vera, ha permitido que miembros de las Autodefensas de la Sierra, como Naín y la Bebecita, puedan difundir estos videos de forma masiva a través de TikTok, con alcances de más de un millón de reproducciones.
Las mujeres, territorio de guerra
En el nuevo ciclo de violencia, los cuerpos de las mujeres vuelven a ser el botín y el mensaje: una forma de imponer miedo y control en los territorios.
En su alerta, la ONU Derechos Humanos señaló que entre las víctimas hay mujeres obligadas a realizar trabajos forzados y otras a quienes se les ha rapado el cabello de manera humillante. Estos actos, advierte el organismo, “atentan contra su autoestima y su identidad, estrechamente vinculadas con su autonomía y control personal”.
Una de las dinámicas más extendidas de esta violencia ocurre cuando las mujeres son castigadas por conflictos domésticos. “A las mujeres les imponen castigos producto de tener peleas y disputas asociadas a violencias intrafamiliares, lo que en la lógica coloquial del Caribe se conoce como ‘pelear marido’”, explicó Vera Salazar.
Pero la forma más cruel de esta violencia se expresa en los llamados crímenes instrumentales perpetrados por el Clan del Golfo y las ACSN. Según la investigadora, en los últimos 16 meses se han documentado 21 casos en los que el cuerpo de las mujeres ha sido usado para saldar cuentas entre hombres. “El cuerpo de la mujer no solo ha sido usado para ser violada, violentada o expuesta públicamente; también ha sido usado para cometer asesinatos en nombre de los hombres de su familia”, advirtió.
El 22 de junio, en el municipio de Fundación (Magdalena), ese patrón violento dejó dos víctimas. Geo Martínez y Mabel Ponce, dos adultas mayores, fueron asesinadas en medio de una retaliación criminal. Como ellas, madres, tías y abuelas han sido atacadas por intentar proteger a sus hijos o por su relación con hombres vinculados a grupos armados.
La paz total de Petro no ha podido frenar la violencia
Aunque en febrero, en una entrevista con Colombia+20 de El Espectador, el vocero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), José Luis Pérez, aseguró que el grupo estaba dispuesto a firmar un acuerdo antes de que terminara el gobierno de Gustavo Petro, la realidad en los territorios muestra lo contrario.
A seis meses de que culmine el mandato de Petro, la esperanza de un desescalamiento en la Sierra Nevada de Santa Marta se ha desvanecido. “Ciudades como Santa Marta y Guachaca han aumentado sus índices de homicidios por cada 100.000 habitantes. El propio departamento del Magdalena está a menos de 60 homicidios de alcanzar la misma tasa que tuvimos hace 20 años, durante el mayor auge del paramilitarismo”, advirtió la investigadora Vera Salazar.
El pasado 3 de julio, el Gobierno designó como gestores de paz en el proceso con las ACSN a Fredy Castillo Carrillo, jefe de Los Pachenca (las mismas ACSN) —quien además es solicitado en extradición por Estados Unidos—, y a su hermano, Carmen Evelio Castillo, alias Muñeca, a quien se le mantuvo el reconocimiento como representante en la mesa.
Pese a que este año se anunciaron acciones de desescalamiento y un compromiso de no reclutar menores de edad, el fortalecimiento de la gobernanza criminal es la muestra de que los grupos armados son los que siguen marcando el pulso de la Sierra Nevada.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.
