Colombia + 20

23 Aug 2022 - 7:47 p. m.

“Empieza el cambio en política de drogas”: comunidades tras freno a erradicación

Así reaccionaron las organizaciones sociales, de derechos humanos y campesinas a la orden de la Dirección de la Policía Nacional de suspender la erradicación forzada de cultivos de coca y la aspersión con glifosato en el país.
Cultivos de coca en el Cauca
Cultivos de coca en el Cauca
Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA; El... - JOSE VARGAS ESGUERRA

La suspensión de la erradicación forzada de cultivos de coca y el uso de glifosato en aspersión aérea, así como la priorización de la erradicación voluntaria, fueron las decisiones que dio a conocer este martes el mayor general Henry Armando Sanabria Cely, director de la Policía Nacional.

El anuncio llega apenas 15 días después de que el presidente Gustavo Petro asumiera su mandato y se convierte en su primer paso concreto hacia el cambio de enfoque en la política de drogas, como lo anunció durante toda su campaña e incluso en su discurso de posesión.

Organizaciones sociales, campesinas y estudiosos de la política de drogas en el país consultados por Colombia+20 coincidieron en resaltar el anuncio como una decisión fundamental y hacia la reconstrucción de la confianza con las comunidades que han sido perseguidas en el marco de esa política. Asimismo, alertaron sobre la necesidad de que esa decisión venga acompañada del cumplimiento a los compromisos que el Estado adquirió con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

“Nos complace esta noticia porque lo vemos como un gesto para reducir conflictividades territoriales y también para ayudar en la construcción de la paz territorial. Pensamos que la ruta a seguir son los acuerdos rápidos de contención concertados con las comunidades, a lo cual siempre ha habido disposición en los territorios con una oferta que debe ampliarse por parte del PNIS establecido en el Acuerdo de Paz. La oferta del PNIS debe ampliarse y cumplir los compromisos con las familias ya inscritas”, comentó Pedro Arenas, de la Corporación Viso Mutop y exalcalde de San José del Guaviare, quien también resaltó esta decisión como un precedente político en la región porque en países productores como Perú y Bolivia siguen erradicando coca.

Arnobis Zapata, líder campesino de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca Amapola y Marihuana (Coccam) resaltó la decisión como el inicio del camino para ver al campesino como un sujeto de derechos y no como un narcotraficante, y resaltó la disposición que tienen desde la Coccam para aportar al cambio. “Recibimos la noticia como algo positivo que permite generar confianza para empezar a revisar la política antidrogas que estaba concentrada solo en los cultivadores de coca, y que ha fracasado, como lo está entendiendo el Gobierno. Estamos dispuestos desde las organizaciones campesinas y la Coccam a construir efectivamente en conjunto con el Gobierno Nacional soluciones para que los campesinos salgan de los cultivos de coca”, señaló Zapata.

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Sobre la erradicación voluntaria, Zapata afirmó que es el camino a fortalecer de cara a los cambios que trae este anuncio en la política de drogas. “La sustitución voluntaria es el camino que nos queda y estamos preparados para hacerla. Solo esperamos que el Gobierno Nacional convoque a las instancias del PNIS, a las organizaciones campesinas y sociales en todo el territorio nacional para que nos sentemos y revisemos hacia dónde vamos”, señaló Zapata.

La necesidad de revitalizar el PNIS la compartió también María Alejandra Vélez, del Centro de Estudios de Drogas y Narcotráfico de la Universidad de los Andes. “Es necesario recuperar la confianza con el programa de sustitución voluntaria, terminar de cumplir lo pactado (los proyectos productivos) y avanzar en los temas integrales que no se hicieron: formalizar tierras, vías y actividades productivas consistentes con la vocación del territorio”, dijo.

Para la experta, es clave ahora revisar la sustitución voluntaria en zonas de Parques Nacionales y reserva forestal (Ley Segunda), con instrumentos como el Pago de Servicios Ambientales y en consenso con comunidades que vinieron a saber ahora que están en zonas de reserva. “Es necesario también acuerdos comunitarios para detener la expansión de la coca y focalizar la atención. Sustitución completa también es una utopía”.

En ese respaldo al PNIS coincidió también Diógenes Quintero, quien ocupa en el Congreso la curul de paz del Catatumbo: “Ese programa, que fue la estrategia acordada en La Habana, no fue implementada de manera adecuada por el gobierno, los campesinos cultivadores de coca sienten que no les cumplieron, a algunos ni siquiera se les dio la oportunidad de acogerse al programa; el Acuerdo de la Habana, que es una obligación para el Estado, establece que antes de acudir a la erradicación se debe intentar la sustitución. Y en el marco de generar nuevamente esa confianza se hace necesario presentar una nueva estrategia concertada con los campesinos que quieren sustituir”.

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), una de las organizaciones que más activamente participó en la discusión contra la erradicación forzada y de hecho había logrado detenerla, por ejemplo, en municipios del Cauca, resaltó que la decisión se ajusta a las solicitudes y denuncias que históricamente han hecho las comunidades campesinas de suspender estos operativos porque se presentan graves violaciones a los derechos humanos. “Es un reconocimiento por parte de la institucionalidad de que los operativos de erradicación forzada, tal como lo han denunciado reiteradamente las comunidades del país, han tenido unos excesos graves y no han contribuido realmente a la solución del problema de las drogas ilícitas”.

La violencia histórica de la erradicación forzada de cultivos ilícitos

Después de la firma del Acuerdo de Paz, la política de la erradicación forzada de cultivos de coca dejó, al menos, una docena de campesinos muertos a manos de la Fuerza Pública. El 5 de octubre de 2017, en la que fue conocida como la “primera masacre después de la firma de la paz”, siete labriegos que participaban de una protesta contra la erradicación en El Tandil (Tumaco, Nariño) murieron por disparos de uniformados Antinarcóticos y del Ejército Nacional.

Los otros cinco casos se registraron durante 2020: Segundo Girón y Ángel Artemio Nastacuás, en Tumaco (Nariño); Alejandro Carvajal, en Sardinata, y Digno Emérito Buendía, en Cúcuta (Norte de Santander), y Educardo Alemeza Papamija, en Puerto Asís (Putumayo). Todos muertos en operativos de erradicación forzada de coca.

Las víctimas también han venido del otro lado: entre 2006 y 2020, al menos 457 erradicadores fueron víctimas de minas antipersonales, entre ellos 417 civiles. De estos civiles, 43 murieron.

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Sin embargo, hasta hace unos días estos hechos aún se seguían denunciando desde territorios como Putumayo o Caquetá. Así lo denunció Pedro Arenas: “El 21 de agosto estaban haciendo erradicación terrestre forzada en veredas de Puerto Asís (Putumayo) y también tenemos denuncias de choques directos de comunidades, que se oponen a la erradicación, con Ejército y Policía, al punto que el gobernador de Putumayo ha llamado a una reunión de urgencia el próximo 25 de agosto con el fin de construir una ruta sobre una concertación con este tema”.

Rigoberto Abello, de la Coordinadora departamental de organizaciones sociales, ambientales y campesinas del Caquetá (Coordosac), también alertó eventos de erradicación forzada en los municipios de Montañita, Paujil y San José de Fragua en este departamento y resaltó la importancia de que se cumpla este anuncio de la Dirección de la Policía Nacional. “Hay que ver que esto realmente se lleve a la práctica y se empiecen a generar esas rutas colectivas que quedaron suspendidas por la no implementación del PNIS y los otros componentes del punto 4 del Acuerdo”, resaltó Abello.

El diputado Balvino Polo del departamento del Caquetá le contó a Colombia +20 que espera que esta directriz llegue a los departamentos y se cumpla lo anunciado. “Recibimos con agradado la decisión de no erradicar más cultivos de coca y que la primer directriz a la Dirección de Policía Antinarcóticos sea precisamente es una petición a la ANLA sobre el glifosato que es malo para los temas ambientales y también afecta la salud de los humanos”, resaltó Polo.

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Hasta el momento se sabe que el director de la Policía Nacional está a la espera de la respuesta del Ministerio de Defensa y de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) de cesar el permiso ambiental para el uso de glifosato con el que se buscaba erradicar las 143.000 hectáreas sembradas de cultivos de coca que actualmente hay en el país.

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