Colombia + 20

24 Aug 2022 - 12:44 a. m.

Transformación del Esmad salda una deuda con el segundo punto del Acuerdo de Paz

Ese punto apostó a la participación política y a brindar garantías a la protesta social. La nueva directriz del Gobierno Petro da luces de un posible cambio en las dinámicas de movilización social del país en la que prevalece el diálogo y los derechos humanos.
Según la plataforma Temblores Ong, en el año 2021 se registraron 12 casos donde el presunto victimario era miembro del Esmad.
Según la plataforma Temblores Ong, en el año 2021 se registraron 12 casos donde el presunto victimario era miembro del Esmad.
Mauricio Alvarado
Según la plataforma Temblores Ong, en el año 2021 se registraron 12 casos donde el presunto victimario era miembro del Esmad.
Según la plataforma Temblores Ong, en el año 2021 se registraron 12 casos donde el presunto victimario era miembro del Esmad.
Foto: Mauricio Alvarado

¿Qué efectos tendrá la transformación del Esmad en la protesta social? Esa es una de las preguntas que suscita la nueva decisión del director de la Policía Nacional de transformar el Escuadrón Móvil Antidisturbios por la Unidad de Diálogo y Acompañamiento a la Manifestación Pública.

Esta decisión responde a una de las propuestas del presidente Gustavo Petro quien en campaña prometió la transformación del Esmad que ha sido blanco de denuncias por violaciones a los derechos humanos durante las protestas de 2019 y el paro nacional de 2021, principalmente. Según la plataforma Temblores Ong, que trabaja por la protección de los derechos humanos y las víctimas de la violencia policial, en el año 2021 se registraron 12 homicidios en los que el presunto victimario era miembro del Esmad y otros ocho en los que ese cuerpo habría participado junto con otras fuerzas. En total, desde su creación en 1999, el Esmad sería el presunto autor de 48 homicidios.

Pero además, la transformación de ese cuerpo no solo responde a la propuesta en campaña de Petro, sino a un punto pendiente del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las Farc. De hecho, esa guerrilla llegó a la mesa de La Habana con la pretensión de hacer esa y otras reformas a la Fuerza Pública, que finalmente no prosperaron porque esa fue una línea roja del Gobierno Santos.

Alejandro Lanz le dijo a Colombia +20 que el anuncio dado por el director de la Policía sobre el Esmad es una decisión que celebran porque la estaban esperando desde hace mucho tiempo. “El desmonte del Esmad, creemos, debe ser un proceso transicional. No los defendemos, pero necesitamos un mejor uso de la policía antimotines para que las protestas no sean intervenidas con violencia homicida sino acompañadas y resueltas si es el caso con mecanismos no letales en el uso de la fuerza. Así como lo propone el Acuerdo de Paz en un apartado del segundo punto”.

Según Juan Sebastián Hernández, investigador de la línea Sistema Judicial en Dejusticia, las afectaciones durante el conflicto armado a las personas y organizaciones que participaban activamente en la protesta social fueron la razón principal para que este tema fuera discutido en La Habana entre el gobierno de Colombia y las Farc.

“La razón por la que la protesta social fue uno de los temas que se abordaron en el acuerdo de La Habana es precisamente porque esta fue una de las más afectadas durante el conflicto, tanto por actores armados -algunos de los cuales prohibieron manifestaciones en las zonas donde tenían control territorial- como por el Estado, que veía en la protesta social a personas en contra, que eran tildadas de revolucionarias o guerrilleras, que es lo que usualmente se conoce como la estigmatización de la protesta”, explicó Hernández.

En el Acuerdo de Paz, este tema se abordó en el segundo punto que le apuesta a la garantía de la movilización social porque se entiende como un escenario de participación política de la ciudadanía, que brinda apertura democrática en la sociedad. Dentro de lo pactado en La Habana se planteó que se debe garantizar los derechos de la ciudadanía y la población que se manifieste pública y pacíficamente.

“Las movilizaciones y las protestas, incluyendo los disturbios se tratarán con pleno respeto de los derechos humanos por parte de la autoridad legítima del Estado, garantizando a la vez, de manera ponderada y proporcional, los derechos de los demás ciudadanos”, se lee en el punto 2.2.2 el Acuerdo Final.

En este documento también se plantearon medidas transversales para la construcción de agendas de trabajos locales, municipales, departamentales y nacionales, como las garantías de acceso y libertad de información durante las movilizaciones.

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Para Juliana Bustamante Reyes, docente y directora de la Clínica de derechos Humanos ‘PAIIS’ de la Universidad de los Andes, esta decisión es un paso al reconocimiento del derecho a la protesta como legítimo pero que debe ir acompañado de un proceso de formación a los integrantes de la Fuerza Pública. “La idea de todo esto es que realmente quede incorporado en la psiquis del cuerpo de Policía, que el ejercicio del derecho a la protesta es legítimo y hace parte de vivir en sociedad. Derecho que está reconocido tanto en nuestra Constitución como en el Acuerdo de Paz. Por eso, más allá de un cambio de uniforme o de un curso de derechos humanos, el centro del asunto es una transformación profunda cultural, de formación y compresión por parte de la Policía de lo que significa su relación con la ciudadanía”.

El director de Temblores Ong también comparte la postura de que esta decisión debe traer transformaciones en el relacionamiento entre la ciudadanía y la Policía, y el freno de las violaciones de derechos humanos que se han presentado en medio de enfrentamientos entre estos dos actores. “Hay que reconstruir relaciones que hoy son de miedo y pavor. Reformar al Esmad es una parte importante para reformar a la policía, pero ojo, no es la única vía para tratar para que desde esa fuerza cesen los asesinatos a civiles”, resaltó Lanz.

Desde el Congreso de la República, representantes de diferentes partidos políticos como el Polo Democrático, Alianza Verde, La U, Cambio Radical, Liberal y Centro Democrático, crearon una serie de recomendaciones para el nuevo gobierno respecto a los puntos del Acuerdo. Estas quedaron incluidas en el décimo informe sobre el balance de la implementación del Acuerdo de Paz en el Gobierno Duque llamado ‘No enreden la Paz’.

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Sobre el segundo punto, las garantías de la participación ciudadana en espacios de protesta, en corto y mediano plazo invitan al nuevo gobierno a transformaciones del Esmad y a la recuperación de legitimidad de esta institución. “Se debe tener como objetivo acercar la Policía a la ciudadanía para recuperar su legitimidad –especialmente entre los jóvenes–, aprovechar el camino recorrido por el Proceso de Transformación Integral de la Policía... Es fundamental implementar reformas relacionadas con los protocolos de atención a la protesta social por parte del Esmad”, se lee en el documento.

Aunque las organizaciones y analistas aplauden esta decisión, la ven con buenos ojos y reconocen la carga simbólica que tienen para encaminar los cambios que se avecinan, advierten la importancia de hacer cambios de fondo que se lleven a la práctica.

“Necesitamos saber los cambios de fondo. Cómo se regularán las armas no letales y cómo habrá cambios reales de fondo. En el gobierno de Iván Duque respondieron con cambios en el color del uniforme policial y con un QR inservible para atender masacres sostenidas del Esmad”, enfatizó Leanz.

Lo mencionado por el director de Temblores Ong está establecido en el punto 2 sobre garantías para la movilización y la protesta pacífica, de ejercer vigilancia y control sobre los artefactos utilizados, por las autoridades, durante las manifestaciones. “Fortalecimiento de la vigilancia y control a la acción y los medios utilizados por las autoridades para el tratamiento de este tipo de actividades”, se lee en el Acuerdo Final.

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Juan Sebastián Hernández, investigador de la línea Sistema Judicial en Dejusticia le contó a Colombia +20 que lo fundamental de esta decisión de la dirección de la Policía Nacional es resolver el uso excesivo de la fuerza y las dinámicas alrededor de esto.

“Reformar el Esmad es un primer paso, precisamente, para dejar atrás estas dinámicas en las que la fuerza pública hace uso excesivo de la fuerza bajo el argumento de que no está lidiando con manifestantes que ejercen un derecho legítimo, sino contra factores subversivos que van a atentar contra las seguridad pública y que están conectadas con las guerrillas o el narcotráfico. Esa es una de las razones por las que el conflicto armado se alargó: que las demandas ciudadanas no se podían tramitar por medios democráticos, porque la protesta social era vista como un ejercicio subversivo, y por eso la gente se abstenía de protestar”.

Otro de los puntos a tener en cuenta, resaltados por la docente Bustamante, es el cumplimiento de las recomendaciones y directrices de instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Del 8 al 10 de junio del 2021, esta entidad internacional visitó Colombia y emitió una serie de recomendaciones al gobierno Duque para cesar los casos de muertes, violaciones o abusos sexuales, ataques a la prensa, desapariciones y el uso indiscriminado de armas de fuego durante las manifestaciones.

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