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La estigmatización, la violencia basada en género, los hostigamientos, las retenciones, las amenazas, la violencia verbal, la violencia económica, las intervenciones violentas y los montajes judiciales son algunas de las afectaciones que han sufrido los manifestantes después de las jornadas de protesta que iniciaron el 28 de abril del año pasado. Estos hechos han sido documentados por organizaciones de derechos humanos en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pasto y Popayán en el paro nacional del 2021. “Estigmatizar la protesta social conduce paso a paso a la guerra porque ya no es un derecho sino que se convierte en un crimen, y los manifestantes quedan expuestos a la violencia por parte de la Policía, principalmente”, resaltó el padre Alejandro Agudelo, coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep, con ocasión de los balances que se hacen un año después del Paro Nacional.
Estudiantes, líderes, lideresas, integrantes de la guardia indígena, de los sindicatos, de organizaciones sociales y demás participantes del Paro Nacional en 2021 fueron catalogados como “vándalos”, “insurgentes”, “encapuchados”, “delincuentes”, “enemigos”, “terroristas”, entre otras expresiones peyorativas. Algunos de ellos denunciaron que un año después se siguen presentando capturas de manifestantes a nivel nacional. “La persecución a esos liderazgos que se generaron durante el paro están representadas en capturas”, comentaron integrantes del Congreso de los Pueblos y Coordinación Nacional Agrario a Colombia+20.
“Las consecuencias de la estigmatización es el miedo y la exclusión social, porque hay menos oportunidades, la gente no va a querer contratar a un pelao que estuvo involucrado en un proceso por violencia, es más difícil acceder a un crédito, salir a la calle y ser señalados. El estallido social les dejó una etiqueta muy difícil de quitar, que son vándalos, vagos, gente que solo quieren dañar todo”, comentó Andrea Pérez, activista social.
Para varios analistas, lo que se vivió en 2021 en términos de movilización fue muy importante para el país, fue un estallido social por la inequidad, la exclusión, la falta de oportunidades y también por incumplimientos del Estado a compromisos adquiridos en algunos territorios, como Buenaventura o Cauca, por solo mencionar algunos. Sin embargo, también dejó un precedente negativo por el nivel violencia que se vivió y por la represión hacia los manifestantes.
El padre Javier Giraldo, fundador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep, comentó que las violaciones a los derechos humanos fueron alarmantes, se violó principalmente el derecho a la protesta. “Son movilizaciones que responden a un derecho constitucional que no fue respetado por este gobierno, sino que fue ahogado en sangre. Lo que muestran los informes nacionales e internacionales es alarmante e impresionante por la cantidad de muertos, mutilados, heridos, desaparecidos y encarcelados arbitrariamente”, comentó el padre Giraldo.
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En medio de las protestas, las agresiones contra los manifestantes aumentaron hasta llegar a 5.808 casos de violencia policial en todo el país en 2021, de los cuales “80 corresponden a violencia homicida, 47 a violencia sexual y 1991 a violencia física”, reportó la plataforma Grita. El coordinador del Observatorio de Violencia Policial de Temblores Org, Alejandro Rodríguez, alertó que el 30 de abril, dos días después de iniciar el Paro Nacional, fue el día con más casos de violencia policial documentados con un total de 680 registros.
Las consecuencias de la estigmatización
En Colombia la noción del “enemigo interno” ha sido utilizada durante cinco décadas para combatir el fantasma del comunismo o de “la izquierda”. Aunque para algunos esto es algo del pasado, para Edwin Capaz, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) aún es una realidad. “Ese intento por bloquear toda diversidad democrática de pensamiento y calificarlo como enemigo interno, de alguna forma llevó a la estigmatización, al señalamiento, al asesinato, a la judicialización y se mantiene en muchas instancias de poder del Estado y la sociedad colombiana”, comentó.
Uno de los casos emblemáticos fue el que sufrió la Minga Indígena en la ciudad de Cali. Una semana después de haber iniciado el paro nacional, el 9 de mayo, la Minga se dirigía a la Universidad del Valle en Cali. Según reportes, la caravana se encontraba en el sur de la ciudad cuando se encontraron con un taponamiento en la vía como manifestación de los vecinos que no estaban de acuerdo con los bloqueos que la Minga había realizado en la capital del Valle desde el 28 de abril.
Al intentar pasar, vinieron los desmanes en los que la lideresa indígena estudiantil e integrante de la Red de Jóvenes Constructores de Paz de la Fundación Mi Sangre, Daniela Soto, recibió dos disparos y resultó gravemente herida. No solo Soto resultó herida de gravedad durante estos hechos, el CRIC tiene registrados más de 20 indígenas agredidos en Cali. Valle del Cauca ocupó el primero de los lugares más violentos durante las manifestaciones del 2021 con 1.484 hechos de violencia policial, seguido de Bogotá con 1.174 hechos, según datos del Observatorio de Violencia Policial de Temblores Org.
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Para esta organización, los discursos de estigmatización que recayeron sobre los manifestantes tienen efectos fácticos en la realidad. “Los discursos de los mandatarios, de la Policía, del Ministro de Defensa al decir que estaban infiltrados del ELN permitieron que algunas personas tomaran ese impulso de salir a disparar con armas de fuego, con armas traumáticas contra las personas que estaban manifestándose”.
La situación que vivió la Minga indígena durante las manifestaciones del 2021 también alcanzó niveles mediáticos de estigmatización. “Diferentes medios nacionales y emisoras circulaban supuestos fundamentos de algunas instituciones judiciales o de algunos líderes políticos, incluso de mandos militares, sobre infiltración de narcotráfico y grupos armados ilegales en la organización entonces con esto le dieron más fortaleza al manejo de comunicaciones de intentar hacer justificar a la opinión pública nacional que hay cuestiones oscuras en este tipo de movilizaciones”, alertó el Consejero Mayor del CRIC.
La plataforma Grita, mecanismo dispuesto por la organización Temblores para facilitar la denuncia de violencias policiales, presentó en su reporte sobre los hechos de violencia ocurridos durante el 2021, que la violencia hacia la Minga Indígena y jóvenes manifestantes en Cali dejó un total de 30 homicidios, al parecer, cometidos por la fuerza pública.
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Meses más tarde de estos hechos, las “Águilas Negras” enviaron un panfleto a integrantes de organizaciones sociales, líderes, defensores de derechos humanos, indígenas del Suroccidente del país y periodistas de medios alternativos un panfleto con la siguiente información:
“Para esos que han estado incitando a la movilización y quieren un país castrochavista, comunista. Colombia no es de ustedes. Bajo nuestro fuego, declaramos objetivo militar a las siguientes personas incitadoras de las protestas en el suroccidente y que están detrás de la minga y ese pacto histórico castrochavista, gente que solo busca desestabilizar el país y hacerle daño a la gente que sí produce...”, documentó el Cinep en la edición No. 64 de la Revista Noche y Niebla.
Las afectaciones por la estigmatización también llegaron a generar persecución judicial o también como se conoce “falsos positivos judiciales”. El Cinep en su investigación para el No. 64 de la Revista Noche y Niebla titulado “El estigma como política de Estado”, encontró una lista de al menos 10 acusaciones de acciones colectivas que terminan siendo estandarizadas y señaladas hacia una sola persona.
El Cinep lo llamó el “kit de acusaciones” con el cual acusan a los participantes en las protestas de: “concierto para delinquir, rebelión, terrorismo, obstrucción de vías, perturbación del transporte público, actos vandálicos, ataques a la fuerza pública, secuestro simple agravado, tortura agravada, homicidio agravado en grado de tentativa, hurto calificado y daño en bien ajeno agravado”.
Para el padre Javier Giraldo, esta situación es muy preocupante porque termina siendo como una “cacería de brujas” contra los marchantes, y además, viola el derecho a la protesta. “Hay una persecución a los que participaron en las marchas y cuando se proyecta en los medios masivos de información, busca crear un terror generalizado en la población para disuadirlos de participar en nuevas marchas y en ese sentido se está violando el derecho a la protesta”, resaltó.
“El Estado se pone en la posición de que tiene un enemigo y el enemigo es precisamente el que protesta y ese enemigo que protesta es ya la mayoría de la población y entonces el Estado ve cómo defenderse de ese enemigo de la manera más violenta”, explicó el padre Giraldo del Cinep para comprender la represión policial durante el Paro Nacional del año pasado.
Las deudas del gobierno a un año del Paro Nacional
Hoy se cumple un año del 28A, el inicio del “estallido social” que llevó a muchos colombianos a las calles y que justamente los regresará allí para seguir exigiendo lo mismo que en 2021. Los incumplimientos a los pactado en 2021, la impunidad de los casos de violencia contra los manifestantes y las continuas amenazas.
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“El gobierno ha sido permisivo en la vulneración de los derechos humanos que sigue habiendo en los territorios, no ha cumplido con los acuerdos de hace un año y lo que ha hecho, como dijo en un principio, fue acabar con los acuerdos de paz y montar la figura de paz con legalidad, por la que también salimos a protestar”, afirmó Joe Sauca, defensor de derechos humanos y consejero del pueblo coconuco.
Para algunas organizaciones sociales las cosas no han cambiado en un año, el estigma y la violencia continúan, al igual que la impunidad. Edwin Capaz, consejero mayor del CRIC resaltó que no se conocen quiénes son los responsables de muchos de los asesinatos contra jóvenes en las ciudades principales y que múltiples amenazas aún circulan en Bogotá, Cali, Medellín, entre otros. “En el subconsciente colombiano todavía existen secuelas graves de todo el nivel de organización por la ejecución de señalamientos”, agregó.
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Del 8 al 10 de junio del 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reunió con víctimas, líderes y lideresas del paro, integrantes de la minga indígena y representantes del gobierno en Bogotá y Cali. De esa visita, la CIDH emitió 40 recomendaciones, las cuales no han sido acatadas. “Uno ve que nada de esto se ha cumplido y se llega a la conclusión de que realmente no hay voluntad”, expresó el fundador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep.
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