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Según un comunicado de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), uniformados adscritos a la Segunda División del Ejército abrieron fuego contra un asentamiento de labriegos, ubicado en la vereda Vigilancia (zona rural de Cúcuta). En los hechos murió Digno Emérito Buendía Martínez, de 44 años, y resultaron heridos de bala Miguel Hernández León, Juan José Orozco y Jimmy Alberto González.
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“Encendemos la alerta a las autoridades que el Ejército Nacional podría incurrir en nuevos usos excesivos de la fuerza y están intentando justificar su accionar con un supuesto enfrentamiento cuando es un hecho totalmente falso”, enfatizó la organización social, la cual también dijo que las comunidades tienen retenido al subintendente Martínez del Ejército.
La Segunda División del Ejército emitió un comunicado en el que señalaron que "según información preliminar sobre los hechos ocurridos en la mañana de hoy en la vereda Totumito, corregimiento de Vigilancia, municipio de Cúcuta, Norte de Santander, tropas adscritas a la Trigésima Brigada se encontraban en labores de erradicación cuando fueron atacadas, mediante acciones de vía de hecho, por algunas personas que se encontraban en el lugar. Hasta el momento se tiene conocimiento de un uniformado herido e información preliminar de civiles afectados". El Secretario de Gobierno de Cúcuta, Francisco Javier Cuadros, informó por medio de su cuenta de Twitter que “los heridos han sido evacuados al puesto de salud más cercano. Se realiza seguimiento y articulación desde varias entidades del municipio para atender situación”.
Desde el pasado 25 de abril el Ejército inició labores de erradicación forzada en el área rural de Cúcuta. Según un comunicado conjunto de Ascamcat y la Coordinadora de cultivadores de coca, marihuana y amapola (Coccam) ese día incursionaron tropas comandadas por el capitán Edwin Guiza a las veredas Vigilancia y Banco de Arena del corregimiento de Banco de Arena. En el mismo comunicado le solicitaron a la Defensoría del Pueblo “hacer monitoreo de posibles vulneraciones a los derechos humanos en el marco de las movilizaciones”.
La erradicación forzada que ordenó el gobierno de Iván Duque está incrementando las tensiones en Norte de Santander. El asesinato de Digno Emérito Buendía se suma al de Alejandro Carvajal, quien murió luego de recibir un disparo de parte de uniformados del Ejército en la vereda Guayacanes, zona rural de Sardinata, el pasado 26 de marzo. Los hechos son materia de investigación. En ese municipio las operaciones de erradicación iniciaron el 11 de marzo.
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Diversos sectores le han pedido al gobierno Duque que suspenda las erradicaciones forzadas en Norte de Santander. La Asamblea departamental emitió un comunicado en marzo en el cual solicitó “la suspensión del proceso de erradicación que en la actualidad se adelanta en diferentes municipios de la zona del Catatumbo y propone la creación de mesas de diálogo en las que se construya, junto a los actores involucrados, una salida que represente el menor riesgo para los nortesantanderanos”. La Comisión Diocesana de Reconciliación y Paz, que agrupa a cuatro párrocos de la región, también propuso “generar un proceso de una erradicación concertada, dialogada y planificada con los campesinos, articulando estas acciones con proyectos productivos y progreso para toda la región campesina”. A esas voces se unió la Asociación de Personeros del Catatumbo quienes expresaron “su preocupación por la erradicación manual de cultivos ilícitos llevada en la Región del Catatumbo sin tener en cuenta políticas sociales y alternativas para el campesino”.
Ascamcat pidió que “estos hechos sean investigados y sancionados”. En varios comunicados, las comunidades campesinas han pedido que sean incluidos en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), creado por el Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc. Sin embargo, la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, en una comunicación de mediados de marzo, aseguró “el Programa de Sustitución se encuentra cerrado actualmente y solo atiende a las 99.097 familias que suscribieron un acuerdo individual”.