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Para los pobladores del Cauca ya no son esperanzadores los anuncios de medidas urgentes y consejos de seguridad de ningún presidente. Tampoco lo son las campañas en redes sociales con hashtags que piden un S.O.S ante la situación de violencia, como la que se despertó luego de la fatídica última semana, en la que se reportó una masacre con cinco víctimas y el asesinato de 11 personas en distintos municipios, incluido el alcalde de Guachené, Elmer Abonía Rodríguez.
El desangre a cuentagotas de este departamento no viene de los últimos días ni años. En su territorio, habitado en buena medida por comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, el conflicto armado se ha ensañado durante décadas dejando a más de 532.000 caucanos afectados (uno de cada tres habitantes), según registros de la Unidad de Víctimas.
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Ese es el resultado de una suma de factores que incluyen la presencia histórica de actores armados (guerrillas, paramilitares, disidencias y Fuerzas Militares), la disputa por el control de economías ilícitas y rutas del narcotráfico, los conflictos por las tierras, las tensiones interétnicas y un abandono estatal que ha sido regla.
Ni el Acuerdo con las FARC ni la Paz Total han detenido la violencia
La firma del Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla de las FARC, que por años fue el principal actor armado en la región, tampoco sirvió para frenar definitivamente la crisis.
Cifras del mecanismo de monitoreo del Sistema Integral para la Paz (liderado por la JEP) indican que desde noviembre de 2016 hasta diciembre de 2023 se registraron 2.797 hechos de violencia (al menos 964 homicidios selectivos, 421 amenazas, 220 enfrentamientos armados, 120 secuestros, 62 masacres, entre otros hechos). Además, en los siete años de implementación del pacto, Cauca ha encabezado la lista de asesinatos a líderes sociales (van 302 víctimas) y de excombatientes de las FARC (con 72 homicidios).
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“En algunos municipios, la negociación con las FARC generó un ambiente de paz muy notorio entre 2015 y 2017, pero desde el 2018 se empezaron a consolidar grupos disidentes, y con la política de no implementación del Acuerdo del Gobierno de Iván Duque estas estructuras se fortalecieron, se duplicaron los cultivos de uso ilícito y la situación empezó a empeorar”, asegura Juan Manuel Torres, investigador caucano que coordina el área del Pacífico en la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
Ese alivio efímero de la violencia por cuenta del Acuerdo de Paz quedó en evidencia en la tasa de homicidios de 2016 y 2017, que estuvo por debajo de la media nacional (menos de 20 por cada 100.000 habitantes). Sin embargo, en los años siguientes comenzó a subir, y desde 2020 dobla el promedio del país (para 2022, la tasa en Cauca fue de 56,1, mientras que la nacional fue de 25,8).
El interés de los grupos ilegales por controlar este territorio tampoco es nuevo. De hecho, desde mediados de la década de los 60 casi todos han tratado de hacerse a un espacio en este departamento, estratégicamente ubicado: conecta el centro y el sur del país y tiene salida al Océano Pacífico.
Las FARC llegaron allí, a Riochiquito (Tierradentro), en 1965, tras huir de los bombardeos a Marquetalia, y crearon el Bloque Sur. Una década después empezarían a surgir otras estructuras, como los frentes 6, 8, 13, 60, 30 y la columna móvil Jacobo Arenas, que se repartieron el control del Cauca hasta su desmovilización.
La huella que dejó la presencia de esta organización quedó registrada, entre otros hechos, en cientos de tomas guerrilleras, al punto de que dos municipios caucanos —Toribío y Caldono— fueron los más hostigados del país (suman casi 500 ataques).
Pero hubo más grupos. Según documentó la Comisión de la Verdad, para finales del siglo XX, en el departamento ya habían hecho presencia también el EPL, el ELN y el M-19.
Al Cauca también llegaron en la década de 1990 grupos paramilitares que actuaron en connivencia con la Fuerza Pública y dejaron marcas en la memoria por hechos execrables como la masacre de 21 indígenas nasa en la hacienda El Nilo, un emblema del proceso de liberación de tierras del movimiento indígena del Cauca.
No obstante, el poderío de las FARC en este departamento no logró ser opacado por las demás organizaciones que trataron de disputarle el poder.
En los últimos siete años, tras la desmovilización de las FARC, estructuras de tres grupos armados se han disputado el control del territorio: el Comando Coordinador de Occidente del Estado Mayor Central (EMC), el Comando Conjunto Occidental de la Segunda Marquetalia, y tres frentes de la guerrilla del ELN que se han ido expandiendo.
Actualmente, todas estas organizaciones están en negociaciones o acercamientos con el Gobierno Nacional, en el marco de la apuesta de paz total. Pese a que tienen ceses al fuego vigentes y han expresado su compromiso con una serie de alivios humanitarios para evitar la victimización de la población civil, en la práctica los hechos de violencia se mantienen.
La población de este departamento fue una de las que más apoyó la elección del presidente Gustavo Petro (el 79% del electorado votó por él), y una de sus principales expectativas era que se dieran soluciones estructurales a la violencia que se vive allí hace más de 50 años.
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No obstante, los datos del Sistema de Monitoreo muestran un aumento exponencial de la violencia año tras año. Los registros de hechos de afectación por el conflicto armado pasaron de 63 en 2017 a 96 en 2018. El año siguiente fueron 146, escalaron a 183 en 2020 y en 2021 hubo más del doble: 440. Las cifras de afectaciones subieron a 480 el año pasado -ya con Petro en el poder-, y este 2023 cerrarán con más de 560 hechos (sumando homicidios, amenazas, atentados, desplazamientos, reclutamientos forzados, entre otros).
Para el investigador Juan Manuel Torres, otro de los temas que debe resolver el Estado es garantizar una presencia efectiva que le dé legitimidad en estas comunidades, donde durante años las reglas han sido impuestas por los actores ilegales:.
“Hay algunas poblaciones donde existen gobernanzas armadas, la población está adaptada a que el grupo armado hace manuales de convivencia, implanta carnés o cartas de recomendación para la circulación de la población. El Estado se ve como un ausente que solo llega para castigar, pero no ofrece garantías en seguridad, educación ni salud, y los gobiernos nunca han podido solucionar eso. Se echan culpas uno y otro”, explica el coordinador de la Fundación Pares.
Torres agrega que, además de estos grandes grupos organizados, hay unas estructuras a la que se les presta poca atención mediática, pero tienen una incidencia relevante en la dinámica de violencia: las bandas delincuenciales y pandillas que operan en los cascos urbanos, especialmente en municipios como Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Padilla o Guachené. De hecho, las primeras hipótesis apuntan a que estos grupos serían los responsables del crimen del alcalde Elmer Abonía.
La crisis cocalera y el control del cañón del Micay
Al margen de la falta de medidas efectivas, otro de los temas que le ha restado respaldo político a Petro en el Cauca está relacionado con la crisis de la economía de la hoja de coca, de la que dependen centenares de familias.
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Según el último reporte de Naciones Unidas (2022), Cauca, con 26.223 hectáreas, fue el cuarto departamento con mayor área sembrada en coca (los cultivos se cuadruplicaron frente a 2016, año de la firma del Acuerdo de Paz, cuando se registraron 8.660 hectáreas).
Durante los últimos 14 meses, la caída en el precio de la hoja ha profundizado un descalabro económico que ha dejado graves secuelas en la población. “La crisis cocalera ha golpeado incluso más fuerte que las aspersiones con glifosato, mucha gente está trabajando a perdidas, y eso ha hecho que sectores que respaldaban al Gobierno hayan retirado ese apoyo. En todo caso, esto puede ser una oportunidad para que el presidente aterrice una política de sustitución en el departamento”, dice Torres.
Petro ha puesto la mira en una región en particular para un proyecto de “transformación de las economías ilícitas”: el cañón del Micay, donde se concentran la mayoría de cultivos de coca.
Desde inicios de año el Gobierno está tratando de recuperar el control de esta zona, ubicada en el occidente del Cauca (entre los municipios de El Tambo, López de Micay y Argelia).
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Sin embargo, sus intentos para que el frente Carlos Patiño del EMC salga del territorio no han llegado a buen puerto, y de hecho le han causado varios reveses a la delegación del Ejecutivo en la mesa de diálogos con esta disidencia de las FARC. En medio de esa pugna por el control, la población civil ha quedado en medio.
De hecho, una serie de atentados del EMC en septiembre, en respuesta a los intentos del Ejército para incursionar en el corregimiento de El Plateado, dejó más de una decena de afectados y mostró los desafíos de intervenir esta zona.
Los llamados de las comunidades étnicas
El sector que sido más atacado por estas organizaciones ilegales es el movimiento indígena, que ha tenido que enterrar a más de 140 de sus líderes en los últimos siete años y que también se vio afectado por los homicidios de la semana pasada.
El defensor de derechos humanos Eduin Capaz, quien pertenece al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), aseguró que hacerle frente a la violencia de los actores ilegales y defender su autonomía les ha costado la vida.
Solo entre enero y noviembre de 2023 hubo 729 indígenas víctimas de la violencia del conflicto armado, según el informe del CRIC sobre las afectaciones a la vida y al territorio de los pueblos indígenas en ese departamento.
De acuerdo con el documento, la zona norte (que comprende municipios como Caldono, Caloto, Corinto y Jambaló) es la que más ha presentado víctimas: 350.
El reclutamiento forzado es el tipo de afectación más común, con 175 casos, seguido del desplazamiento (100 hechos), la amenaza colectiva (98), homicidios (90), seguimientos (56) y confinamiento (45). Entre los roles con más víctimas están los comuneros, guardias indígenas, los líderes comunitarios y las autoridades ancestrales.
Sobre las afectaciones al territorio, el informe da cuenta de al menos 208 casos, incluyendo enfrentamientos, retenciones, presencia de vallas y hostigamientos.
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Capaz plantea tres llamados principales al Ejecutivo para empezar a resolver la crisis. “Primero, hay que empezar la sustitución de las economías ilícitas, en lo cual se ha avanzado y hay unas apuestas de las comunidades, pero es necesario que el Estado ayude en esta transformación. Segundo, que los diálogos de paz lleguen a buen puerto pero con acuerdos que incluyan diálogo con los sectores sociales del Cauca. Tercero, que desde las organizaciones se puedan generar estructuras dentro del territorio y se reúnan los anhelos y planes de vida del proyecto campesino, afrocolombiano, indígena, que han avanzado mucho en los estudios de cómo sería la paz en este territorio”, dice el líder.
Bajo este panorama de violencia, el nuevo año será recibido, nuevamente, con las alertas encendidas en este departamento donde la violencia se ha ensañado. El grito de las comunidades se mantiene en que la respuesta estatal llegue y los grupos armados cumplan con sus compromisos y traduzcan su voluntad de paz en hechos.
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