Lo último que la lideresa sindical Mariela Reyes Montenegro hizo en su vida fue visitar a unos trabajadores. El encuentro se dio en el barrio Morales de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca. El sicario la estaba esperando y, cuando salió del recinto, le disparó por la espalda y huyó en una moto.
Mariela lideraba la secretaría de la mujer del sindicato Sintraemdes, y su asesinato -ocurrido el 2 de enero- fue el primero del año 2023, según registros del Programa Somos Defensores, que este jueves publicó su informe semestral sobre agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia.
El documento, titulado ‘La Espera’, concluye que a pesar del nuevo enfoque que implementó el Gobierno de Gustavo Petro para frenar la violencia contra esta población, en el primer semestre de este año persistieron los escenarios de riesgo y victimización.
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De enero a junio de 2023, el programa confirmó 85 asesinatos de defensores de derechos humanos, cifra que representa una caída del 14% con respecto al mismo período de 2022, cuando se registraron 99 homicidios. El informe es enfático en señalar que “aunque se haya presentado una disminución, los 85 asesinatos continúan siendo la manifestación de una realidad aterradora”.
Esa realidad resulta más grave si se tiene en cuenta que frente a los primeros seis meses del año pasado, hubo un aumento del 6% en el total de agresiones (466 hechos, sumando amenazas, homicidios, atentados, desplazamientos, desapariciones forzadas, secuestros, judicializaciones, detenciones arbitrarias y robos de información).
El rol de la Paz Total en la situación de violencia contra defensores
Según el análisis del Programa Somos Defensores, el Gobierno -en su apuesta de Paz Total- debe ofrecer más garantías para estas personas, que trabajan por sus comunidades e impulsan iniciativas de paz, justicia y restitución de derechos.
“La violencia selectiva persiste en el país con sus diferentes repertorios y formas de expresarse, generando profundas heridas en la democracia y en la sociedad colombiana. Mientras se procura avanzar en la Paz Total, las comunidades continúan a la espera de las garantías para sus vidas y para que den las condiciones para ejercer el derecho a defender los derechos humanos”, concluye el informe.
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El documento también alerta sobre los riesgos que puede generar la ausencia de marco jurídico en medio de los diálogos que se están teniendo con algunas estructuras armadas en el marco de la Paz Total. Para Somos Defensores, la falta de certeza jurídica del tratamiento que se les va dar puede terminar desgastando las mismas muy rápidamente y desatar una escalada de violencia por parte de las organizaciones como los Shottas y los Espartanos en Buenaventura y las bandas criminales en Medellín.
El programa también hizo un llamado para que los ceses al fuego sirvan para desescalar la violencia y no para que los grupos armados se expandan, y agregó que hace falta claridad sobre la ruta que el Ejecutivo está tomando con el Clan del Golfo (o AGC), toda vez que varios de estos grupos armados son los principales responsables de la violencia contra defensores de derechos humanos.
Además, uno de los hallazgos del informe es que el ELN -guerrilla que está en medio de un proceso de paz con el Gobierno- aumentó en un 177% sus agresiones contra estas personas (con 27 hechos más que los cometidos en el primer semestre de 2022).
“El incremento de agresiones que se les atribuye puede estar relacionado con la estrategia recurrentemente usada de demostrar su fuerza militar y capacidad de afectación en escenarios de negociación”, dice el documento.
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Una radiografía de los asesinatos a defensores en 2023
De los 85 asesinatos documentados de enero a junio de este año, 15 víctimas fueron mujeres (18%) y 70 fueron hombres (82%). Con respecto al mismo período del año anterior, estos datos muestran que los asesinatos contra mujeres se incrementaron en un 50% (5 casos más).
Los 85 homicidios se presentaron en 24 departamentos y en Bogotá, lo que equivale a una ocurrencia en el 76% del territorio nacional. Los departamentos con más casos son Cauca (con 17 hechos), Valle (7) Antioquia (6), Nariño (6), Cesar (5), Arauca (4), Bolívar (4), Córdoba (4) y Norte de Santander (4).
Sobre lo que ocurre en departamentos como Cauca, Valle, Antioquia y Nariño, que suelen tener altos registros de violencia contra defensores, Somos Defensores explica que “la presencia por décadas de diferentes actores armados, las disputas territoriales entre ellos, la ubicación estratégica para la guerra, las economías ilegales de algunas subregiones de estos departamentos y la precaria presencia del Estado, son algunas de las razones que han conducido a que durante años allí se focalicen en las mayores cifras de asesinatos selectivos”.
Los municipios con mayor cantidad de casos de asesinatos en el primer semestre del 2023, fueron Tumaco, Nariño (4 homicidios); Jambaló, Cauca (3); y Tame, Arauca (3).
Para cometer los asesinatos, en 60 casos se utilizó arma de fuego, en 13 casos se utilizó arma blanca, en 2 casos se utilizaron objetos contundentes, en 1 caso se utilizaron golpes, 1 se produjo por mina antipersonal y en 8 casos se desconoce el tipo de arma utilizada.
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Otra de las graves situaciones que expone el informe es la incapacidad de las autoridades para dar con los responsables de estos hechos. De los 85 casos de asesinatos documentados, se desconoce el autor de 50 homicidios. Los mayores perpetradores identificados, con 8 asesinatos, son grupos postacuerdo de paz, otros 8 casos a manos de paramilitares, 7 por autores individuales, 6 por la guerrilla del ELN, 4 por bandas criminales y 2 por alianzas criminales.
En los liderazgos afectados con los 85 asesinatos se mantiene en primer lugar el comunal con 23 casos, 7 menos que el año anterior; el comunitario con 21 casos, 1 más que el año anterior; el indígena se mantiene en tercer lugar con 15 casos, 15 menos que el año anterior; el campesino en la misma posición y con 9 casos mantiene la cifra del año anterior; el afrodescendiente con 4 casos, uno más que en 2022; el LGBTIQ+ con 4 casos, 2 más que en 2022; el juvenil y el de víctimas con 3 casos cada uno y 2 más que en 2022 cada uno; el ambiental con 1 caso, presentó 4 menos que el año anterior; los activistas de DDHH 1 caso, 3 menos que el año anterior y el sindical con 1 caso, 2 menos que en 2022.
¿Qué hay detrás de las 466 agresiones contra defensores?
Entre enero y junio de 2023, el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH) del Programa Somos Defensores, registró un total de 466 agresiones, 27 casos más que en el mismo periodo de 2022.
“En cuanto a las agresiones registradas, las amenazas con 279 casos continúan siendo el hecho más recurrente y presenta una reducción del 2% en relación con el primer semestre de 2022. Los atentados con 52 hechos, presentaron nuevamente un incremento equivalente al 93%. Los desplazamientos forzados con 21 hechos, aumentaron en un 50%. Las desapariciones forzadas presentaron un incremento del 13%. Las detenciones arbitrarias con 7 hechos, también tuvieron un incremento considerable equivalente al 250%. Los secuestros, que en el primer semestre de 2022 no se registraron, en este período de análisis presentaron una ocurrencia de 5 hechos. De la misma forma, se registraron 5 robos de información, hechos que no tuvieron ningún registro entre enero y junio de 2022. Y finalmente, las judicializaciones con 3 hechos, tuvieron el mismo registro que en el 2022″, se lee en el informe.
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En cuanto a los presuntos responsables, el Programa Somos Defensores encontró que de las 466 agresiones confirmadas el 41% se atribuyen a autores desconocidos, el 24% a paramilitares, el 16% a grupos postacuerdo de paz, el 8% al ELN, el 4% a autores individuales, el 4% a la fuerza pública, el 2% a bandas criminales, el 0.6% a instituciones del Estado y el 0.4% a alianzas criminales.
Las agresiones registradas cuya responsabilidad recayó en la fuerza pública, presentaron una disminución del 15% (3 hechos menos) que corresponden a 7 detenciones arbitrarias, 6 amenazas, 3 atentados y 1 judicialización.
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A raíz de todos estos hechos de violencia, una de las conclusiones del informe es que urge avanzar hacia la formulación e implementación de una política pública para el ejercicio de la labor de defensa de los derechos humanos construida participativamente: “Es un elemento fundamental para a mediano y largo plazo contar con entornos seguros y favorables para la defensa de los derechos humanos”.