Colombia + 20

28 Jun 2022 - 2:12 p. m.

Política de Memoria y otras recomendaciones del Informe para reparar a víctimas

Un Museo de Memoria independiente y autónomo, que asuma los reconocimientos de responsabilidad que venía haciendo la Comisión, así como una reforma a la Ley de Víctimas que permita destrabar las indemnizaciones hacen parte de los lineamientos que deja la entidad en esta materia.
Este es el diseño arquitectónico que tendrá el Museo de la Memoria, actualmente en construcción en Bogotá.
Este es el diseño arquitectónico que tendrá el Museo de la Memoria, actualmente en construcción en Bogotá.
Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica

Según el documento de borrador del capítulo de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad de su Informe Final, que conoció Colombia+20, esa entidad le dedicó un apartado específico a la ruta a seguir para ir saldando la deuda de reparación que tiene Colombia con 9.189.839 víctimas del conflicto armado. Recomendaciones que apuntan a preservar y asegurar su memoria, continuar los reconocimientos de responsabilidades que inició la Comisión y garantizar su reparación e indemnización.

La política de memoria

La Comisión le recomienda “al Gobierno y al Congreso, con la participación de autoridades locales, incluyendo autoridades étnicas, academia y medios de comunicación y en especial las organizaciones de víctimas, discutir y concertar una política de memoria para la no repetición”.

El corazón de dicha política será el Museo de Memoria de Colombia, que deberá crearse y reglamentarse como una institución permanente, autónoma e independiente. Para que eso se dé, recomienda la comisión, deberá haber un mecanismo de selección de su director/a que no dependa exclusivamente del Gobierno. “Podría ser una junta directiva en la que participan el Gobierno, representantes de la academia y organizaciones de víctimas”, sugiere la entidad.

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Ese museo debería asumir varias de las funciones que actualmente tiene el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), que según plantea la Comisión debería entonces suprimirse. Entre las recomendaciones está también financiar y fortalecer los lugares e iniciativas de memoria, que también asumiría el Museo.

Además, la Comisión le recomienda “Al Gobierno y al Congreso, asignar al Museo de Memoria liderar la política pública de archivos de derechos humanos y el protocolo de gestión documental de los archivos referidos a graves violaciones a los DD.HH. e infracciones al DIH, incluyendo la implementación del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos”.

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Los reconocimientos de responsabilidad

Una de las herencias más importantes que deja la Comisión de la Verdad son los reconocimientos extrajudiciales de responsabilidad y de la dignidad de las víctimas. Durante sus años de mandato, logró que responsables de diferentes orillas, como paramilitares, guerrilleros y agentes de Estado, se pararan frente a sus víctimas, reconocieran su responsabilidad y pidieran perdón públicamente. Esto, al margen de lo que ha pasado también en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que tiene lógicas judiciales.

Por eso, considerando que dichos reconocimientos y acercamientos entre responsables y víctimas deben continuar, la Comisión recomienda que sea el Museo de Memoria el que asuma “el compromiso de liderar los reconocimientos extrajudiciales de responsabilidad y de la dignidad de las víctimas sobre la base de los avances de la Comisión”.

En dichos reconoimientos, dice la entidad, deberá dársele prioridad a hechos sufridos por sujetos de reparación colectiva. Para esa tarea, deberán asignársele los recursos a la entidad que la ejecute (el Museo).

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Reparación integral a víctimas

La Comisión le recomienda “Al Gobierno, autoridades locales, el Congreso, mediante un debate amplio con garantías de participación para las víctimas y sus organizaciones, realizar los ajustes de política, normativos e institucionales necesarios a la Ley 1448 de 2011 (de víctimas y restitución de tierras)”.

En ese ajuste a la ley, dice la entidad, deberán garantizarse recursos adicionales a los que se vienen destinando, porque según recoge “no se observa que la proyección presupuestal, ni las metas establecidas contribuyen a la indemnización en el mediano plazo”. En los primeros 10 años de vida de la ley 1448, cerrando 2021, apenas se había indemnizado a menos del 20% de las víctimas de todo el país.

Según la Comisión, los recursos adicionales podrían provenir “por una parte, de una reforma tributaria que incluya un impuesto transitorio con destinación específica; y por otra, de un reajuste de la distribución actual del presupuesto general de la Nación”. Incluso, la entidad recoge una propuesta de Codhes, referente a implementar una reforma tributaria de paz mediante un pacto fiscal pro-reparación económica de las víctimas. La Comisión proyecta una cifra de 328 billones para lograr las indemnizaciones.

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Allí también se contempla implementar programas y estrategias sectoriales, con metas y tiempos claros, para superar las barreras de acceso a la oferta social del Estado – salud, vivienda, educación, generación de ingresos – por parte de las víctimas, en particular las de desplazamiento forzado, de las cuales el 76% vive en condiciones de pobreza.

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Entre otras medidas, la Comisión le recomienda al Ministerio de Salud y a la Unidad de Víctimas, así como a las secretarías municipales y departamentales de salud, “fortalecer los programas de atención en salud integral (física y mental) y psicosocial” a las víctimas del conflicto. Allí recomienda específicamente “garantizar la atención a todas las víctimas que estén adelantando procesos o se encuentren acreditadas ante las instituciones del Sistema Integral para la Paz, independientemente de su inclusión en el Registro Único de Víctimas”.

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