Las afectaciones de la guerra en Colombia para los niños, niñas y adolescentes

Uno de los temas más inéditos de este volumen son las afectaciones a las instituciones educativas u otros lugares donde se pasa la niñez. En los más de 2.7000 testimonios que recogió la Comisión se ven envueltas principalmente las escuelas.

Foto: El Espectador - José Vargas

Este martes la Comisión de la Verdad (CEV) dio a conocer su volumen sobre las afectaciones niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado, como parte de los diez capítulos que componen el Informe Final sobre la guerra en Colombia.

De acuerdo con el informe titulado ‘No es un mal menor‘, la población menor de edad fue un objetivo específico de la guerra y de ello da cuenta la “forma y la frecuencia” con la que la violencia se presentó. La Comisión, por ejemplo, recoge testimonios de hechos que ocurrieron en parques, colegios o sus alrededores, lugares que son propios de la niñez y la adolescencia. “Esos espacios fueron escenario de hostigamientos y reclutamientos y , además, fueron sembrados de minas antipersona pese a que deberían estar al margen de la guerra, ya que son bienes civiles protegidos a la luz del DIH”, dice el informe.

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El volumen recopila cerca de 200 historias, para construirlo se escucyharon a 4.014 víctimas y se recogieron 2.744 testimonios (de los cuales 50 fueron a personas que aún son menores de edad), se recibieron 140 informes y 75 casos, discriminando varios tipos de violencia entre 1958 a 2016. Los temas que emergieron de esa escucha incluyen: ausencias y orfandades, desplazamiento forzado, afectaciones a las escuelas y entornos educativos, vinculación (reclutamiento, uso y utilización) y afrontamientos/resistencias.

El documento indica que los niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de múltiples violencias con un grado de invisibilidad alto no solo por los responsables, el Estado o la sociedad, sino también al interior de sus familias que los excluyeron de las conversaciones o explicaciones sobre hechos violentos que tuvieron que vivir. “Aunque muchas veces esto fue una forma de protegerlos, quedaron con preguntas que debieron responder en solitario. Este silencio y dolor por las pérdidas, los desplazamientos o el reclutamiento son circunstancias con las que han tenido que lidiar a lo largo de su vida, aún en la adultez”, explica el informe.

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Para calcular las cifras de afectaciones, la Comisión de la Verdad integró 112 bases de datos provenientes de 42 entidades y organizaciones sociales como la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, el Sistema de Información Interinstitucional de Justicia y Paz, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entre otras.

De esas bases de datos se calcularon cifras para los delitos de homicidio, desaparición forzada, reclutamiento, desplazamiento forzado y secuestro. Así las cosas:

• De 1985 a 2018: 64.084 niñas, niños y adolescentes perdieron la vida por el conflicto
• De 1985 a 2016: 28.192 fueron desaparecidos de manera forzada
• De 1990 a 2018: 6.496 sufrieron secuestro
• De 1990 a 2017: 16.238 fueron reclutados por grupos armados
• De 1985 a 2019: 3.049.527 fueron víctimas de desplazamiento forzado.

Lea aquí el documento completo:

La orfandad en el conflicto armado

El informe de la Comisión lo dice así de claro: “Luego de décadas de conflicto armado interno es posible que las experiencias más invisibles que afectaron a las niñas, niños y adolescentes sean la ausencia y la orfandad”. El documento ahonda en las secuelas físicas y psicológicas al tener una crianza lejos de padres -o sin ellos- y el cuidado a cargo de otros familiares o personas. “No tener el amor y el cuidado de adultos tan significativos para acompañarlos en las primeras etapas de desarrollo les creó miedos y una sensación de incertidumbre e inseguridad respecto de sí mismos y de sus familias; un impacto emocional que también alcanzó a las siguientes generaciones”, dice el informe.

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Además, identifica dos tipos de ausencia para dos realidades distintas. La primera es lo que llama la “ausencia anunciada”, que afectó particularmente a las hijas e hijos de combatientes o miembros de la Fuerza Pública, quienes “además de crecer lejos de sus progenitores, conocían los riesgos que incluían la posibilidad de morir”y, por otro lado, “la ausencia repentina” padecida por una amplia mayoría de personas víctimas de desaparición, asesinato o secuestro. A eso le agrega la ausencia definitiva que en cualquier caso empeoraba la situación de los menores.

Uno de los testimonios es el de Olga María, quien creció en Simacota, zona rural de Santander:

“Me acuerdo tanto de que tenía la arepa en la boca y mis hermanos también comiendo, la grabadora estaba con rancheras, cuando vi que un tipo venía mojado, ¡pero lo que se dice mojado! Y le fue diciendo a mi papá: “¡Aurelio, hijueputa, usted no me pasó!”, desesperado ese señor. Mi papá se paró y apagó, y mi mamá: “¿Qué?”, y el tipo: “¡Hijueputa, mataron a Marino!”. Marino vivía en Puerto Nuevo, era otro hermano de mi papá. Mi mamá dejó todo... yo no sé si hasta dejó el fogón prendido. Ese fue el primer desplazamiento que tuvimos en la vida”, afirma Olga quien perdió a su tío a los cinco años y a los seis a su padre, a quien desaparecieron.

“Ese día (de la desaparición de su padre) estaba temprano, y mi mamá le había dicho desde la noche anterior a mi papá: “Aurelio, no vaya, ¿usted se va a ir por allá?”. Me acuerdo de que ellos discutieron esa noche, y mi papá: “No, pero los marranos y el perro”. Yo me acuerdo de que le dije: “Ay, sí, papi, mi perro Coconito, me lo trae… ¡o vamos!”, y mi papá: “No, yo voy solo, voy mañana”. Total, que mi papá fue, le hizo un mercado a mi mamá y se lo trajo a la casa. Eso fue el 15… a la fecha han pasado 31 años desde que no volvió”, asegura.

El capítulo también indica que en 10 años, desde 2011 y hasta abril del 2021, el ICBF reportó 1.161 casos de personas menores de 18 años huérfanas que reciben o recibieron atención por ser víctimas del conflicto. “Esta cifra, a pesar de lo alta, no da cuenta de la magnitud del fenómeno, pues los registros son muy recientes y no incluyen a quienes perdieron a uno de sus progenitores o quedaron bajo el cuidado de familiares y, por ello, no acabaron bajo la custodia del ICBF”, detalla.

Solo hasta 2016 se aprobó, a través de la Ley de Víctimas, los lineamientos de protección para niños huérfanos de la guerra. La Comisión indicó que aunque se reconoce ese esfuerza la respuesta a ese fenómeno fue tardía y aún es insuficiente.

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El informe también tiene un enfoque étnico en su explicación y afirma que menores de comunidades étnicas han sido sistemáticas excluidos de las cifras oficiales debido a la invisibilización históricas. La siguiente tabla detalla los tipos de violencia por población étnica y muestra que las mayores cifras de homicidios, secuestros o desapariciones forzadas las sufrieron menores negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros.

El capítulo señala que la orfandad y la ausencia se convirtieron en un impacto que pasaba de generación en generación y que cambio -en muchos casos para siempre- las dinámicas y roles dentro de las familias: ”Los testimonios dejan claro que, además de los impactos emocionales sobre las niñas, niños y adolescentes, las ausencias y orfandades les implicaron asumir roles en los que vieron vulnerados sus derechos. Muchos tuvieron que trabajar y ganar dinero, casi siempre en condiciones indignas y de explotación, para apoyar a sus familias. También les tocó cuidar a las niñas y niños más pequeños y realizar todo tipo de labores domésticas, lo que dificultó, retrasó o frenó su proceso educativo”, se explica en el documento.

Así lo relata Olga:

“Desde que mi papá no volvió, ahí empezó la lucha. Yo con seis años me montaba a los racimos de plátano. Mi abuelo recogía el plátano de la orilla de Puerto Nuevo, se lo mandaba a mi mamá y nosotros lo vendíamos. También limones, el popocho, el banano… Yo me montaba con mi olla y me iba a vender plátano. Lo que más lamento es no haber tenido a mi padre. Uno va creando su propia armadura. Entonces yo era la “verraca”, tanto así que mi mamá me pegaba y yo ya no le lloraba porque tenía que ser fuerte. No tuve nunca una muñeca. Hoy en día veo esas burbujas que soplan y soy feliz con eso, porque yo no tuve infancia, yo tuve responsabilidades siendo niña”, detalla.

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Testimonios como el de Olga María se plasmaron en el texto. Con este volumen, ya son cuatro los capitulos que se conocen del Informe Final: Síntesis, Hallazgos y Recomendaciones; que reúne algunas medidas para frenar el conflicto y que no se vuelva a repetir, Cuando los pájaros no cantaban, el capítulo testimonial y la Convocatoria a la paz grande, la declaración o manifiesto que recoge el mensaje que la Comisión de la Verdad le deja al país en un espíritu de cambio.

Sobre los impactos emocionales, la Comisión afirma que en varias ocasiones la angustia por repetir en la cabeza el hecho violento o por no conocer el paradero de quien desapareció, puede a manifestarse en sentimientos de culpabilidad y pensamientos suicidas. “En nueve de cada diez testimonios tomados por la Comisión, las víctimas hablaron de la culpa, la tristeza, la rabia, la indignación y la impotencia como impactos de la pérdida. Además, una de cada diez personas entrevistadas que quedaron huérfanas por el conflicto armado afirmó que esta violencia les dejó una sensación de pérdida del sentido de la vida acompañada de pensamientos suicidas y depresión”.

Otro testimonio fue el de Julio, cuyos madre fue asesinada por la guerrilla de las Farc.

“Pienso que cuando era más niño me sentía incompleto, totalmente incompleto. Incluso, aún me pasa: cuando hay un problema las personas con que uno siempre va a contar en la vida son los padres. A veces, cuando tengo un problema y quisiera hablar con alguien, desahogarme, siempre pienso: “Si tuviera a mi mamá, ella seguramente me escucharía sin juzgarme”, porque eso es lo que uno busca: que no lo juzguen (...) Solo tengo a mi abuelita, porque mi abuelito falleció también y no tengo hermanos. Así que es algo muy solitario. Y ahí es cuando uno dice: “Estoy prácticamente solo”, afirma.

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El secuestro en la vida de los menores

La Comisión específica en este punto que se documentaron más casos en los que los padres y madres eran secuestrados, que de niños que fueron apartados y llevados por los grupos armados ilegales.

Los responsables, dice el capítulo, fueron en la mayoría la guerrilla de las Farc con 1.869 víctimas, seguidas del Eln, con 1.010. Entre 1990 y 2018, periodo analizado por la Comisión, se documentaron 50.770 víctimas de secuestro, con picos de esta violencia entre 2000 y 2004. “Respecto al secuestro de personas menores de dieciocho años, la Comisión identificó 6.496 víctimas entre 1990 y 2018. La cifra de secuestros de niñas, niños y adolescentes supera los 200 registros anuales a partir de 1997, con su máximo pico en el año 2002 (casi 1.000). Esto coincide con los años de mayor degradación del conflicto armado, entre 1996 y 2006″.

Niños y niñas nacidos en la selva

Otras temáticas que aborda este volumen es, por un lado, la enorme diferencia en cómo vivieron la orfandad de los y las hijas de excombatientes que fueron separados de sus padres de forma arbritraria y forzosa. “Las niñas y niños eran entregados a familias campesinas que trataron de esconderlos de los grupos armados, e incluso de las instituciones correspondientes, para que no pudieran ser rastreados o juzgados por la comunidad”, precisa el capítulo.

Además de esas dificultades, los menores sufrían el estigma de ser hijao hijo de un combatiente, una carga que los cuidadores solían ocultar para protegerlos, según dice el informe. Es difícil dar cuenta de las cifras sobre el número de bebés nacidos y entregados a familiares de los combatientes o a familias campesinas, pero el capítulo hace una aproximación con base en el Censo socioeconómico para los miembros de las Farc de 2017. “Dicho estudio estimó que el 54 % de los 10.015 excombatientes de las FARC-EP que se encontraban para ese año en las zonas veredales producto del Acuerdo de Paz tenían hijos o hijas. A muchos de ellos tuvieron que ocultarles su identidad, cambiarles el nombre o apellido, o incluso la fecha de nacimiento”, se indica.

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El otro tema es el del aborto en las filas de la guerrilla de las Farc. “El aborto se convirtió en una política no reconocida en sus estatutos: a pesar de no estar estipulado allí, los testimonios muestran que cuando las guerrilleras quedaban embarazadas tenían que abortar o, en cualquier caso, someterse a las decisiones de los comandantes, lo que anuló la autonomía sobre sus cuerpos y el ejercicio de su maternidad”, afirma el documento, que agrega que las mujeres -en su mayoría niñas y adolescentes- “eran castigadas por haber quedado en embarazo y eran obligadas a abortar o a entregar en adopción a sus hijas e hijos (...) Aquí no vienen a tener hijos, ustedes vienen a luchar, y somos un ejército, no estamos para ser padres, ni madres, ni nada”, dice Laura, una mujer reclutada a los 13 años por la Farc y cuyo testimonio esá incluido en este capítulo.

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El conflicto en entornos escolares

Uno de los temas más inéditos de este volumen son las afectaciones a las instituciones educativas u otros lugares donde se pasa la niñez. En los más de 2.700 testimonios que recogió la Comisión se ven envueltas principalmente las escuelas.

“A veces representa el dolor que significó dejar los estudios como una consecuencia de la guerra, y en otras oportunidades fue el lugar en que vivieron los enfrentamientos, las amenazas, la desaparición de compañeros de clase y el control por parte de los actores armados. Las escuelas –concebidas como entornos protectores287 de las niñas, niños y adolescentes– se convirtieron en escenarios para la guerra, donde sus vidas fueron puestas en peligro”, detalla el informe.

Así mismo, la Comisión de la Verdad, en trabajo conjunto con el Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz), documentó que entre 1980 y 2021 hubo 881 afectaciones a comunidades escolares por el conflicto armado.

Lo más grave, de acuerdo con el capítulo, es que también eran centros donde se ejercía una estrategia de control. “Los grupos armados fundaron colegios, lo que, además de ampliar su base social, les sirvió para impartir contenidos que se ajustaban a sus intereses y censurar otros. En consecuencia, algunos docentes fueron amenazados, otros desplazados y, en el peor de los casos, asesinados”, se afirma.

Además, los alrededores también fueron minados y representaron un peligro para los niños o quienes querían seguir yendo a la escuela. “El incremento de la violencia contra las escuelas se presentó desde 1997, con un recrudecimiento entre 2002 y 2009, años en los que se concentró el 41,4 % de los hechos contra comunidades escolares. Este periodo coincide con el aumento de la violencia paramilitar a partir de 1997 y con el fortalecimiento de las guerrillas a inicios del nuevo milenio”, dice el documento.

Así describe la situación Juan Francisco, un joven afro de 17 años y originario de Tumaco, Nariño. “Un día entre semana, durante el cambio de jornada escolar, cuando iba de regreso a mi casa, vi pasar unas camionetas sospechosas y empecé a caminar más rápido. Aun así, pude observar que unos señores encapuchados se bajaron y comenzaron a disparar contra la estación de Policía, al lado del colegio. No paraban, como que ellos disfrutaban disparar, querían acabar con la estación y con los policías que estaban ahí. No sé cuántos policías fueron, pero corrieron directamente a la institución educativa a esconderse y los encapuchados los siguieron. Gracias a Dios, de ahí no salió ningún muerto, pero sí heridos, ya que estaban entrando los niños que estudiaban en esa jornada”.

La Comisión también señaló la escuela no fue por año la prioridad del Estado, que concentró sus esfuerzos en la guerra. “En el pasado, los recursos para la guerra han variado entre periodos presidenciales, pero en general han significado un costo alto para Colombia, la cual carga con el título de ser el país latinoamericano con mayor gasto militar y el número 24 en el mundo en 2001 y el 18 en 2005”. Ello significó que las “niños y adolescentes no solo vivieron el miedo en el momento de las confrontaciones, sino que también, cuando pudieron regresar a las instituciones, tuvieron que recibir sus clases al lado de los escombros y los objetos dañados o alterados por la violencia”, indica el informe, que agrega que “las marcas que dejan los ataques en las paredes y los techos suelen permanecer por mucho tiempo en las instalaciones educativas, incluso años”.

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Escuelas de entrenamiento militar

La Comisión también detalló cómo los grupos armados crearon escuelas para entrenamiento militar. Así lo cuenta Andrés, reclutado en 1999, cuando tenía 10 años por paramilitares en Apartadó, y posteriormente llevado a Tuluá para ser entrenado: “Cuando llegamos, éramos un combo de diez y ya vimos cuál era la realidad: era la escuela de formación militar. Hicimos unos entrenamientos por el lado de Monteloro, una parte muy fría en Tuluá. Nos enseñaban todo sobre el armamento”.

Los entrenamientos fuero reconocidos por integrantes de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, quienes fueron los primeros en crear ese tipo de lugares llamados Las Galaxias, La 081 y la Isla de la Fantasía, entre 1985 y 1986 en Puerto Boyacá. Dichos centros se replicaron en el resto del país. Los paramilitares llevaron los entrenamientos a un nivel de mayor sevicio. En los testimonios, los menores reclutados afirman que tuvieron que aprender prácticas de tortura: “A mí me tocó ver cómo torturaron, masacraron y desmembraron como si se tratara de cualquier animal, como un pollo. También me tocó hacerlo, o es usted o es usted. En total, fueron 32 veces. Las anoté en la misma libreta que me dieron para llevar los apuntes de quiénes entraron y salieron de las autodefensas, y de las armas que se dañaron. Las personas eran desmembradas vivas. Era mejor cuando la persona había muerto, de lo contrario, gritaba cuando uno les sacaba las vísceras. Eso lo tengo en mi cabeza, es una imagen que nunca se me va a borrar”, dijo Estefanía, reclutada en el 2001 por el Bloque Central Bolívar.

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Este tipo de entrenamientos también se presentaron en la guerra de Guatemala y en la de la República del Congo y Sierra Leona.

Esos entrenamientos, de acuerdo con el capítulo, eran también una forma de adoctrinamiento político y de propaganda. “Al no ofrecer remuneración económica, el convencimiento sobre los motivos de la lucha armada era un elemento central en el entrenamiento de las guerrillas”, explica. Sobre esto, las víctimas manifestaron dos perspectivas: “Algunas, como Robinson, lo consideraron «un lavado de cerebro» útil a los propósitos del grupo y otras se convencieron genuinamente de los ideales guerrilleros. Así lo explica Jaime, adolescente reclutado por las Farc-Ep en Casanare: «Si yo estoy claro de mi ideología y de mi lucha, estoy capacitado para aguantar el resto que se me venga”.

También se afirma que no siempre el afrontamiento y la resistencia es igual: “hay víctimas quienes se volvieron líderes y defensores de derechos humanos, pero hay personas que quedaron desgarradas y sufrieron consecuencias físicas y psicológicas irreversibles”. La Comisión afirma que Colombia es un país de huérfanos, que carece de registros acertados sobre este tema y que ños factores de riesgo de reclutamiento persisten.