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2 Jul 2022 - 9:00 p. m.

Paz territorial, cómo saldar las deudas con el campo para ponerle fin a la guerra

Despojos, desplazamientos, asesinatos y desapariciones fueron constantes en el campo colombiano durante el conflicto. En el capítulo “Hacia una paz territorial”, parte de los Hallazgos y Recomendaciones de la Comisión de la Verdad, se ahondaron en esos hechos, que se busca cambiar durante el posconflicto.
El Fondo de Tierras, pactado en La Habana, pretende un alcance de tres millones de hectáreas.
El Fondo de Tierras, pactado en La Habana, pretende un alcance de tres millones de hectáreas.

El primer acercamiento en el posconflicto que los colombianos tuvimos con el concepto de paz territorial fue cuando el exalto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, dio un discurso de ocho páginas en el que esa expresión era el hilo conductor. Allí, el negociador en La Habana dejó frases que además de estar inscritas en lo pactado entre el Estado y las extintas Farc, quedaron en el tiempo e incluso fueron adoptadas en algunas partes del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV).

Una de estas es la siguiente: “(La paz territorial) se trata de poner en marcha una campaña de planeación participativa para que entre autoridades y comunidades se piense en las características y necesidades del territorio, en las respuestas a esas necesidades, y de manera metódica y concertada se construyan planes para transformar esos territorios”.

El capítulo “Hacia la paz territorial” es la novena parte del texto de Síntesis, Hallazgos y Recomendaciones que la CEV le entregó al país el pasado 28 de junio, como primera parte de su Informe Final que paulatinamente se irá conociendo de forma pública.

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Colombia no ha sido incluyente en centenares de aspectos que conciernen al campo y, a partir de dicho reconocimiento, arranca ese apartado del informe, cuyo eje transversal es desglosar las causas del porqué de tantas arbitrariedades cometidas como sociedad. Aquí caben temas desde desbarajustes en la distribución de tierras, hasta los frenos a procesos locales de democracia que marginaron por décadas a personas que sufrieron los rigores más estrictos de la guerra.

El conflicto de tierras no fue la única causa compleja de la guerra en Colombia y eso lo reitera el capítulo a lo largo de sus páginas. Sin embargo, el informe le atribuye al modelo de acumulación por desposesión una serie de incapacidades estatales que dieron pie para que se pasara por encima de poblaciones rurales. De esta manera cierra esa idea: “El desplazamiento de más de nueve millones de personas y la pérdida de más de ocho millones de hectáreas usurpadas o abandonadas como resultado de la violencia del conflicto armado no solo han significado una contrarreforma agraria, sino que sumadas a la incapacidad del Estado para regular los derechos de propiedad de la tierra y los conflictos por su uso, la baja calidad de la democracia que existe en el país y la dualidad territorial del débil e inefectivo Estado colombiano”.

Lea el capítulo “Hacia una paz territorial” desde la página 595:

Los pueblos étnicos y campesinos fueron blanco constante de las decisiones nefastas que permitieron monopolización en la tierra, para privarles de oportunidades de desarrollo individual o colectivo. Esto, según la CEV, atentó contra misma Constitución de 1991, llevando a estas personas a la exclusión y la pobreza en medio de la violencia armada que supo ser por años la única constante en millones de hogares rurales.

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¿Por qué el conflicto armado se ensañó más de medio siglo con los campesinos? ¿Por qué las contrarreformas agrarias no fueron suficientes para atender las necesidades reales de un campo poco productivo y generador de poca empleabilidad y miedo? Sobre esos interrogantes – y varios más- la CEV explicó contextos de desigualdad, violencia y la relación de esto con los diseños institucionales en Colombia que desde una centralidad exacerbada permitió que los impactos de la guerra en el campo tuvieran dimensiones más escabrosas; el país dejó sola a la ruralidad.

Si bien la Ley 200 de 1936 (política agraria vanguardista en el siglo pasado), referida en un par de ocasiones a lo largo del documento, se ha entendido históricamente como el inicio de “una tradición en el modelo de garantía del derecho a la tierra del campesinado que privilegió la entrega de baldíos fuera o en los límites de la frontera agrícola, evitando con ello afectar la gran propiedad para efectos de redistribución”, como resumió la CEV, lo cierto es que los años mostraron agudos problemas y demoras en la formalización de tierras, en la redistribución de la misma y en cuestiones de asistencia técnica.

Casi 40 años después, las políticas de contrarreforma agraria, desde el gobierno de Misael Pastrana, que les apostaron a asuntos de vivienda, en el fondo no respondieron a atenciones de un campo bajo fuego y con rendimientos bajos y empleabilidad deficiente.

Fue así como la apertura económica a final del siglo pasado intentó ser una salida, pero a la luz de la CEV no fue más que contribución para la hibridación de la guerra en los territorios. En otras palabras, las lógicas de guerra bien sean por narcotráfico, guerrillas, paramilitares u otros actores, permearon la realidad de familias rurales que clamaron durante toda su vida por cambios que los dejaran de hacer vivir de forma periférica. Esos conflictos territoriales callaron voces y dieron pie para desplazamientos forzados y precariedad extrema.

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Nuevas economías, narcotráfico y más conflictos de tierras

La apertura económica que vivió Colombia hace casi 30 años, que por ese entonces vivía en paralelo con altísimos índices de violencia homicida, fue uno de los puntos de quiebre que la Comisión de la Verdad, dentro de sus hallazgos, marcó como un periodo a considerar dentro de los daños territoriales causados durante el conflicto armado.

Esto significó el abandono de economías campesinas para priorizar los mercados internacionales. Esto, además de acabar económicamente con importadores subsidiados, fue el pretexto perfecto para que el narcotráfico y otras formas de renta ilegal emplearan personas trabajadoras de la tierra en función de sus negocios. La dualidad era simple: morir de hambre o trabajar en lo que fuera. No es casualidad la cantidad de conflictos sociales y ambientales generados en los noventa como consecuencia de esto y la CEV así criticó el modelo neoliberal que acaparó casi todos los circuitos de mercado en el país por esos años.

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De acuerdo con Luis Javier Orjuela, docente de la Universidad de los Andes y una de las fuentes citadas en el Informe Final para dar explicación a los conflictos sobre tierras, “el nuevo modelo de desarrollo promovió un Estado pequeño con poca injerencia en la regulación d ellos mercados”, que en un efecto dominó ocasionó una robustecida movilización campesina, que lejos de lograr sus cometidos de ser escuchada, fue altamente estigmatizada y perseguida política y socialmente por los poderes centrales del Estado colombiano.

“En muchas regiones, esto se vivió como la continuidad de la violencia política contra la ANUC o del genocidio político contra la UP. Los liderazgos campesinos fueron perseguidos, encarcelados, amenazados, asesinados y desaparecidos […]”, agregó el informe de la CEV.

Retomando el tema del narcotráfico, la Comisión de la Verdad hizo hincapié en la población rural de la Orinoquía, en el Magdalena Medio, en la frontera nororiental y en el Urabá como unos de los primeros focos en los que el fenómeno de esta economía ilegal impactó más fuerte. Los límites en los programas de colonización, el fortalecimiento de la economía agraria industrializada -perjudicando a la economía campesina- logró que miles de labriegos dejaran sus cultivos para pasar a la coca, “como única alternativa para subsistir y permanecer en el territorio”.

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Despojo territorial y disputa de poderes locales

Los paramilitares, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas, fueron el actor armado que más despojó durante la guerra (47% de los casos). La CEV le dedicó un espacio dentro de su informe a estos sucesos, entendiendo que “no solo ha implicado la usurpación de bienes materiales, sino también la enajenación de aspectos íntimos y simbólicos para las comunidades y poblaciones rurales que han tenido vínculo con sus territorios”.

Dicho esto, la CEV reconoció que esos episodios atroces durante la guerra hicieron que se crearan las Zonas de Reserva Campesina -tan estigmatizadas como las agrupaciones de movilización social-, que fungieron como símbolo de resistencia y de mensajes diversificadores para que su gente permaneciera en las tierras. Tal vez, como señala el informe, el caso más conocido fue el de la comunidad de paz de San José de Apartadó, que declaró su territorio como neutral frente al conflicto hace 26 años.

Asumiendo y desglosando en la historia, la CEV dentro de sus hallazgos también determinó que en las mismas zonas de colonización periférica, que recibieron las afectaciones que ya han sido mencionadas a lo largo de esta nota, los grupos armados -principalmente las Farc- proporcionaron un orden interno con distintas comunidades para “construir consensos y algunas formas embrionarias de representación”.

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Claro que el común denominador entre estas relaciones con el sistema político colombiano fue la violencia indiscriminada contra civiles, que alteraron órdenes territoriales, formas de participación y permitieron niveles de desconfianza que acabaron de a poco con un tejido social de centenares de pueblos que incluso tras la firma del Acuerdo de Paz se están viendo afectadas por esas conductas criminales de los grupos que pervivieron tras las Farc.

Llegando a las conclusiones y recomendaciones, la CEV se preguntó “¿Y la tierra para qué?” Con esto dejaron sobre la mesa que toda consecuencia vivida por la marginación del campo colombiano dejó como lección la urgencia de ejecutar procesos de ordenamiento territorial, para revivir debates de descentralización y autonomía territorial, que les permita a las poblaciones rurales pensar por fin en bienestar local y regional para los suyos.

“Avanzar hacia la paz territorial, estable y duradera en Colombia debe incluir la construcción de consensos en todas las escalas, alrededor de principios que orienten el desarrollo territorial. Para esto, deben ser reconocidas nos solo las «interrelaciones entre el desarrollo económico y social, con las formas de uso y ocupación del territorio», sino también las trayectorias culturales y político-institucionales que han estado en la base de los conflictos territoriales”, se lee en el Informe Final.

La paz territorial es construida desde abajo, pero se logra solo si se articulan todos los niveles del Estado. Eso concluye la Comisión de la Verdad.

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