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“El actual paradigma de la guerra contra las drogas ha sido un fracaso”, dice sin rodeos la Comisión de la Verdad en sus hallazgos sobre el narcotráfico. Y lo ha sido, sostiene, porque, en términos sencillos, puso el énfasis donde no es: no produjo resultados efectivos para desmontar el narcotráfico como sistema político y económico, mientras el prohibicionismo criminalizó poblaciones y territorios, y “sumó un número enorme de víctimas en el marco del conflicto armado interno”. Para la entidad, ha existido un doble rasero que denominó como un “péndulo moral”: “mientras se señalaban unas cosas como inmorales -tales como el financiamiento de la guerrilla- se minimizaba esta misma acción del Estado y del entramado paramilitar, los cuales también se lucraban del narcotráfico”.
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En 80 páginas, la Comisión aborda de una forma compleja el narcotráfico “como protagonista del conflicto armado interno”, desde la expansión de los cultivos de coca en el campo colombiano y las lógicas que eso generó, hasta su profunda penetración en el régimen político del país. Una de sus conclusiones: “El narcotráfico, a partir de la extensión de los cultivos de coca, reemplazó la reforma agraria y se ha convertido en una forma de ascenso social. De alguna manera, el narcotráfico ha servido de «entrada al sistema» a sectores excluidos que, sin caminos para acceder legalmente a la distribución de la riqueza y el poder, lo hacen de manera ilegal. Al mismo tiempo, les ha facilitado a sectores de las élites conservar el statu quo porque cumple con un papel estabilizador en la economía del país.”
¿Por qué se expandieron los cultivos de coca en Colombia?
En una frase, según lo planteado por la Comisión de la Verdad, podría explicarse así: la coca reemplazó la reforma agraria en el campo colombiano. El avance de esa mata se dio, recoge el Informe Final, a mediados de la década de 1980 por la crisis en el desarrollo rural y la soberanía alimentaria. Se dio en un contexto de deterioro de las exportaciones de café y agropecuarias desde 1986: la caída de las hectáreas de cultivos como algodón, arroz, trigo, cebada, soya, sorgo y hortalizas en el periodo de la apertura económica. Paralelamente, el aumento del banano de exportación, la caña de azúcar, la palma africana y los frutales afectó “la estructura agrícola del país” y destruyó los empleos agrícolas.
En las condiciones de la ruralidad, nada podía competirle entonces a la coca. La vida económica de muchas regiones del país pasó a depender de esa mata. Uno de los testimonios recogidos por la Comisión, de un campesino de Llorente (Nariño), se lo explicó así: “la coca es un romboy [glorieta]: sale de aquí y ella gira, la plata ahorita la tengo aquí, mañana la tiene él, la tiene el carnicero, la tiene el verdulero, la tiene el supermercado, la tienen los que venden celulares… la misma economía de la coca hace que infunda trabajo aquí. Y no solamente aquí en Llorente, esto es a nivel nacional”.
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La coca le cambió la vida a los campesinos en esas regiones. En otro de los testimonios se lee: “Lo cierto es que el que cultivaba coca tenía mejores ingresos que los que no. Esos campesinos sacaban a su familia a estudiar a otros departamentos, compraban los mejores caballos y mejoraron su nivel económico. Pero a la par se creció el consumo de alcohol, les alcanzaba para una borrachera de tres días y eso era cada ocho días, uno sabía que si alguien estaba enfiestado era porque había logrado vender algo de coca; montaron muchas tiendas y muchos billares. La inmensa mayoría de familias cambiaron su estilo de vida”. Y otro agregó: “Es que yo sí le digo que gracias a ese cultivo muchos pudimos estudiar porque el Estado solo les daba educación a los ricos”.
Tan es así, que la Comisión lo dice sin ambages: “muchos pueblos de Colombia han surgido y son relevantes debido a que estuvieron en contacto con el narcotráfico”. La entidad habla de pueblos cercanos a Tumaco (Nariño), San José del Guaviare (Guaviare) o al Urabá (Antioquia) que resolvieron con recursos del narcotráfico la precaria presencia del Estado.
Ahora, si bien regionalmente el narcotráfico generó oportunidades, también significó explotación, violencia y desigualdad. Según documentó la entidad, hay 17 macroterritorios étnicos – que recogen resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras – en los que se han instalado diferentes grupos armados que se han disputado el control de la población y las rentas del desarrollo de la coca o economías extractivas. “En 2020, en 148 de los 767 resguardos existentes en Colombia había cultivos de coca. Y de los 200 consejos comunitarios reconocidos en el país, 100 presentaron afectación por cultivos de coca”, documentó la Comisión.
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¿Por qué persiste el cultivo en esas regiones? Porque persisten las mismas condiciones: “La falta de carreteras que permitan conectar veredas de producción agrícola con centros de comercio, la precaria asistencia técnica para el desarrollo campesino, la incertidumbre en la formalización de la tierra en áreas estratégicas de colonización, las zonas de protección especial o la delimitación de Parques Naturales Nacionales y las escasas oportunidades de comercio de productos campesinos le han quitado competitividad al campo colombiano y han sido un aliciente para la acogida de la hoja de coca”.
El narcotráfico está “imbricado” en la economía y la política
La Comisión lo afirma así: la primera articulación del narcotráfico, antes que con la violencia del conflicto armado, fue con el régimen político. Y no a través de funcionarios y candidatos que se corrompieron, sino “imbricado”, es decir, superpuestos el narcotráfico y la política como las tejas en un tejado.
Se trató, desde su origen, de una adaptación de elites económicas al tipo de negocio del narcotráfico, elites que antes se dedicaban al banano, al algodón o al café; o también del surgimiento de nuevas élites de la mano del narcotráfico. “En algunas familias de la élite regional caribeña, la marihuana fue un eslabón clave en su consolidación estamental”.
Si bien la penetración del narcotráfico en la política quedó en evidencia con el proceso 8.000, en la campaña presidencial de Ernesto Samper y los dineros del Cartel de Cali, ya casi dos décadas antes había registros de ese fenómeno. “Desde 1977, en los cables enviados por su embajada al gobierno de los Estados Unidos, se informaba de los posibles relacionamientos con narcotraficantes de campañas presidenciales de periodos anteriores y se planteaba que la corrupción que estaba en todos los sectores y estamentos del gobierno era la principal amenaza para la sobrevivencia de las instituciones democráticas”, se lee en el documento.
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La Comisión accedió a documentos del gobierno de Estados Unidso en los que se alertaba por el nivel de penetración que podían llegar a tener estos dineros en las campañas de 1974, en la que ganó Alfonso López Michelsen; de 1978, en la que ganó Julio César Turbay Ayala; y la de 1982, donde López Michelsen intentó ser reelegido.
“La Comisión de la Verdad entrevistó a conocidos narcotraficantes del Cartel de Cali, que confirmaron una frecuente relación y apoyo económico a diferentes políticos, particularmente miembros del Congreso, Senadores y Representantes de quienes entregaron a la Comisión los nombres”, documenta la entidad en su informe.
Según sus hallazgos, es evidente que el sistema político y electoral ha promovido “el clientelismo y una creciente corrupción electoral que ha minado la transparencia democrática – sobre todo a nivel regional – y ha incentivado la tolerancia frente a la circulación de recursos de dudosa transparencia como base del ejercicio político”.
Lejos de hacerle frente a las denuncias, y establecer una estrategia de control contundente de capitales en las campañas políticas, el Estado colombiano ha permanecido inerme. En la década de 1990, dos procesos terminaron de quebrar la legitimidad del régimen político. Por un lado, el proceso 8.000 de Samper, y por otro, la “parapolítica”, en la que, según Salvatore Mancuso, en 2005 el 35% del Congreso había sido elegido gracias al paramilitarismo, regiones en donde ellos tenían influencia y en donde los dineros del narcotráfico fueron fundamentales para las campañas.
Una excongresista acusada de tener nexos con los paramilitares, se lo contó a la Comisión así: “candidatos al Congreso que no tenían un peso relevante en la política local, tras la inyección del dinero del narcotráfico y el apoyo de los ejércitos privados paramilitares, lograron más votación que los políticos tradicionales, como “Eleonora, que salió con 82.000 votos en Córdoba que era una locura. O sea, para una muchacha que acababa de ser concejal de Tierralta con 400 votos””. Una nueva élite.
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“A pesar del escándalo y las investigaciones de la parapolítica, no hubo una transformación significativa de la cultura o del sistema político del país que desmontara la relación del narcotráfico y el régimen político, vinculación que aún pervive”, concluye la Comisión.
En la Unidad de Investigación de Activos Financieros (UIAF) apenas aparecen cuatro investigaciones sobre lavado de activos y narcotráfico sobre políticos y funcionarios públicos entre 2015 y 2020, según los hallazgos de la Comisión.
La entidad lo dice sin ambigüedades: “las élites colombianas han tenido un doble discurso frente al narcotráfico con la “guerra contra las drogas”, focalizándose en las guerrillas y el campesinado cocalero, mientras mantienen relaciones con los traficantes de cocaína. El modelo de acumulación de capitales a partir de la cocaína ha sido amplio en el país y, en algunos casos, tan frecuente y profundo, que se ha convertido en un atentado a la democracia y a la independencia de las instituciones”.
El narcotráfico en la Fuerza Pública
“Testimonios tomados por la Comisión relatan cómo algunos grupos del Ejército, la Policía, Fuerza Aérea, Armada y DAS se enriquecieron con el narcotráfico y permitieron el movimiento de insumos químicos”, dice la Comisión de la Verdad.
La relación entre narcotraficantes y miembros de la fuerza pública, dice el Informe, puede rastrearse por lo menos desde los años setenta y ochenta. Un ejemplo claro: la consolidación del grupo Muerte a Secuestradores (MAS), en el que participaron 59 miembros del servicio activo de las fuerzas militares. Otro: el grupo Perseguidos por Pablo Escobar, “los Pepes”, en el que participó una parte del cartel de Medellín, el cartel de Cali, Fidel y Carlos Castaño, así como la DEA y el Bloque de Búsqueda de la Policía.
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Durante finales de los ochenta y la década de los noventa, militares y policías se disputaban el traslado al aeropuerto de Medellín. Un teniente coronel de la Policía, retirado, se lo contó así a la Comisión de la Verdad: “Cuando estaba en la Dijin nos mandaban en comisión de tres meses al aeropuerto; yo nunca fui a esa comisión. Pero entre los policías de la Dijin todo el mundo quería ir al aeropuerto… ¿por qué se iba a esos tres meses en el aeropuerto? Porque por allí había la salida del narcotráfico, entonces el policía fácilmente podía llegar y manipular y obtener información de los narcotraficantes y le pagaban. Entonces todo el mundo iba al aeropuerto a ese servicio, porque sabía que en esos tres meses podía… en términos policiales, la cultura en ese momento era: “se le puede aparecer la Virgen”. ¿Y qué era ese “se le puede aparecer la Virgen”? O sea: “se le apareció el dinero»”.
Para la Comisión, entre unos y otros, hubo “un intercambio de conocimientos sobre la violencia (que) empezó un camino de ida y venida entre los grupos de seguridad de los narcotraficantes y la fuerza pública para favorecer los intereses privados de unos y de contrainsurgencia de los otros”.
En el testimonio que entregó ante la justicia de Estados Unidos el narcotraficante Luis Hernando Gómez Bustamante, conocido como Rasguño, y que recogió en su Informe la Comisión, él afirmó que el 80% de los comandantes que habían llegado al Valle del Cauca estuvieron al servicio del narcotráfico.
“Así, en diferentes momentos ha habido fracturas críticas en instituciones de seguridad del Estado e incluso durante el trabajo de la Comisión ha habido generales del Ejército denunciados por tener alianzas con grupos armados y narcotraficantes”, se lee en los hallazgos. La Comisión se refiere al caso del general (r) Leonardo Barrero, excomandante de las Fuerzas Militares que sería conocido como “El Padrino” en la organización narcotraficante La Cordillera, que opera en Nariño para las Agc o Clan del Golfo.