4 Apr 2022 - 12:00 p. m.

Así se está construyendo el caso sobre afectación a los pueblos étnicos en la JEP

La Sierra Nevada-Alta Guajira, Orinoquia-Amazonia y Buenaventura-Dagua fueron las nuevas regiones analizadas por la JEP en la primera fase de recolección de información. A finales de abril, se espera que la entidad entre en la fase final de apertura formal de un macrocaso étnico.
Silvia Corredor Rodríguez

Silvia Corredor Rodríguez

Redactora Colombia +20
Según el censo 2018 del DANE, en Colombia hay 25.515 raizales, 6.637 palenqueros y 2.649 personas del pueblo rom. / El Espectador.
Según el censo 2018 del DANE, en Colombia hay 25.515 raizales, 6.637 palenqueros y 2.649 personas del pueblo rom. / El Espectador.
Foto: Óscar Pérez

La información de comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y rom entregada a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está siendo analizada por su Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SRVR) para la apertura de un macrocaso sobre crímenes cometidos contra pueblos y territorios étnicos.

Según Belkis Izquierdo Torres, magistrada presidenta de la SRVR, relatora del macrocaso territorial 02 y quien está al frente de este nuevo caso étnico, las regiones de Sierra Nevada-Alta Guajira, Orinoquía-Amazonía y Buenaventura-Dagua fueron analizadas por los altos registros y subregistros de victimizaciones durante el conflicto que, a su vez, pueden ilustrar los fenómenos de violencia contra los pueblos y territorios étnicos a escala nacional.

Para llegar a esa primera delimitación, la SRVR adelantó una investigación con la información cualitativa y cuantitativa disponible en la JEP hasta septiembre de 2021. Esta fase de agrupamiento hace parte del proceso de priorización de macrocasos que maneja esta Sala, que tiene dos fases más: concentración y priorización.

Según la magistrada Izquierdo, la palabra adecuada para referirse a este nuevo caso es “concentración”, porque este año se ha venido realizando la recolección y el análisis de información sobre los pueblos y territorios étnicos para definir los presupuestos necesarios y las decisiones que se deben tomar para pasar a la última fase, que es priorización. “Con respecto a las tres zonas hay un avance importante, pero cada una tiene su propio desarrollo y aquí lo que cuenta es la información que tiene disponible la JEP, que es realmente suficiente e importante”, agregó la magistrada.

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Aún no se puede hablar concretamente de macrocaso, porque no ha sido aprobada su apertura; sin embargo, las organizaciones de víctimas de las regiones priorizadas ven con esperanza esta posibilidad. “Para nosotros es importante que se investiguen las afectaciones a los pueblos étnicos, porque así se pueden tomar decisiones de fondo frente a los daños ocasionados, pero sobre todo frente a la persistencia de la violencia”, comentó a Colombia+20 Adriel José Ruiz, integrante de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP).

Jaime Luis Arias, gobernador del pueblo kankuamo, destacó la importancia que tiene la propuesta de este macrocaso para la reparación de su comunidad y su territorio. “Esto abre una puerta fundamental para que se reconozcan todas esas afectaciones que han perjudicado el territorio, el ambiente, el agua, los espacios sagrados y esto indudablemente se convierte en una gran posibilidad de reparación y de no repetición, porque nos da la oportunidad de que conozcamos la verdad de todo lo que ha afectado a nuestro pueblo”, afirmó.

Aunque la JEP ya cuenta con tres macrocasos territoriales que cobijan comunidades y territorios étnicos de Nariño, Urabá, norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, lo que se busca con esta propuesta es articular el trabajo que se ha venido desarrollando desde 2018 en esas zonas ya priorizadas y sumarlo a esas nuevas regiones.

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La idea de abrir otros tres macrocasos; uno de ellos, el de “Concentración de crímenes cometidos contra Pueblos y Territorios Étnicos”, se presentó justamente durante la entrega de información a la JEP en espacios como las audiencias de socialización que se realizaron entre el 21 de febrero y el 10 de marzo de este año. “Es una oportunidad para continuar descolonizando la justicia, incorporando ritualidades interculturales en la labor judicial, tomando en consideración otros sistemas jurídicos, dialogando con las autoridades con funciones jurisdiccionales de los pueblos étnicos, y practicando diligencias de diálogo intercultural y coordinación interjurisdiccional e interjusticias en los territorios”, explicó la magistrada Izquierdo.

La apuesta por una reparación intercultural

“Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra” es una de las frases que los pueblos étnicos del país le manifestaron a la JEP al inicio de su trabajo y que han mantenido durante estos años. Esta población, que representa el 15 % de las víctimas del país, ha entregado cientos de informes para contribuir al esclarecimiento de las afectaciones de sus integrantes y territorios sagrados durante el conflicto armado.

Por ejemplo, durante las audiencias de socialización realizadas por la JEP este año, los pueblos étnicos entregaron más de 200 informes, además de los entregados hasta el 21 de marzo de 2022, fecha de cierre de recepción de informes estipulada por la JEP. Uno de ellos fue “El pueblo sikuani vuelve a sufrir lo mismo”, presentado por las autoridades sikuanis de los municipios de Puerto Gaitán, Puerto López y Mapiripán en el Meta para solicitar la apertura de este macrocaso, que abordará afectaciones a los derechos territoriales, ancestrales y socioambientales de estas comunidades.

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La magistrada comentó a Colombia+20 que esta concentración se está trabajando desde una metodología territorial donde se integran los enfoques étnico racial, de género, mujer, familia y generación para dar una reparación integral. “Este caso desarrolla los compromisos de consulta previa que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Sivjrnr) tiene con los pueblos étnicos para avanzar en la investigación integral de los crímenes cometidos en su contra, garantizando la participación y materialización de los enfoques diferenciales y amparando los derechos de la niñez y las mujeres”, detalla.

Las afectaciones al territorio y a la mujer en el conflicto armado

La concentración de pueblos y territorios étnicos le apuesta a investigar no solo la violencia contra autoridades, líderes y lideresas e integrantes de pueblos étnicos, sino también la destrucción a la naturaleza, el territorio y el daño socioambiental que han vivido los territorios étnicos del país. Este punto es visto por las organizaciones étnicas de víctimas como un gran avance dentro de la justicia transicional por la centralidad que tiene la naturaleza y el territorio en sus cosmovisiones.

“El enfoque territorial y ambiental es un instrumento de análisis de la diversidad e integralidad del territorio, así como de las concepciones y relaciones que se tejen con él. En ese sentido, existe un llamado a identificar la diversidad, comprender las relaciones que existen entre el territorio y los pueblos étnicos y a reconocer el territorio como un sujeto vivo, titular de derechos que ha sido victimizado en el marco del conflicto armado”, señaló la magistrada Izquierdo.

El papel de las mujeres en la investigación, análisis y desarrollo de la concentración sobre pueblos y territorios étnicos es central, debido al rol que tienen dentro de estas comunidades y su conexión con la naturaleza. “Para nosotros, los pueblos indígenas, la mujer es sagrada y tiene un papel importante porque es la fuerza, la seguridad de que la vida sigue, por eso nuestro cuerpo es sagrado y es ese territorio que ha sido afectado por el conflicto”, afirmó Sibelis Villazón Cáceres, lideresa de la organización indígena kankuama.

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Para lideresas como Paknam Kɨma Pai, del resguardo inkalɨ Awá Katsa tɨ de Villagarzón (Putumayo), la implementación del enfoque territorial y ambiental, junto con el de género, es importante porque reconoce la relación de las victimizaciones hacia las mujeres con el territorio en sus comunidades. “Dentro del conflicto armado se denigró a la mujer y al territorio, entonces lo que también pedimos es que se dignifique la simbología que tiene para los pueblos originarios el territorio”, comentó.

La violencia contra las mujeres ha sido un mecanismo que los grupos armados legales e ilegales han usado en la guerra para ejercer control territorial, pero también para afectar a las comunidades, especialmente indígenas, debido al papel central que ellas tienen. Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, más de 800 mujeres indígenas fueron víctimas dentro del conflicto armado de hechos como violencia sexual, reclutamiento, desapariciones y asesinatos, muchos de ellos perpetrados en lugares y territorios sagrados para las comunidades.

Los retos de narrar lo étnico

Analizar las afectaciones del conflicto armado a los pueblos y territorios indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros y rom es visto como un reto debido a la diversidad que hay dentro de cada uno de ellos e incluso los posibles conflictos presentados entre estos mismos grupos.

Para la magistrada Izquierdo, sin duda lo es. “Uno de los grandes retos de la Jurisdicción es dar respuesta a todas las víctimas en sus diversas condiciones. Esto se dará en este caso porque se debe dar cuenta de las diferentes formas organizativas y sistemas de gobierno y de justicia, que a su vez responden al tipo de pueblo y a la pertenencia étnica. Para ello la Jurisdicción ya ha dado algunos pasos, y en tal sentido cuenta con lineamientos construidos entre la Comisión Étnica de la JEP y los pueblos y organizaciones étnicas”, afirmó.

Para Jaime Luis Arias, es una oportunidad de establecer uniones de resistencia que han desarrollado cada uno de estos pueblos y comunidades. “Al final el conflicto es uno solo y eso va a permitir establecer un camino de armonía en esos tejidos sociales y culturales que han venido resistiendo y que ojalá las medidas que se tomen estén encaminadas a fortalecerlos, a restablecer esos derechos y ante todo buscar una garantía de no repetición”, afirmó el gobernador.

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Esas diferencias en las afectaciones a los pueblos étnicos son parte de las razones que hacen tan importante la apertura de este macrocaso, que está definido en el Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 por el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc. “Los pueblos étnicos han sido afectados gravemente por el conflicto armado interno y se deben propiciar las máximas garantías para el ejercicio pleno de sus derechos humanos y colectivos en el marco de sus propias aspiraciones, intereses y cosmovisiones”, establece el Acuerdo.

La magistrada Izquierdo, quien además es una mujer indígena arhuaca, resaltó este apartado del Acuerdo Final como la base de este caso y del trabajo que se ha desarrollado desde la JEP por las poco más de 4,8 millones de personas que hacen parte de comunidades y pueblos étnicos en el país. “Adelantar una investigación integral de los crímenes y afectaciones graves, diferenciadas y desproporcionadas contra los pueblos y territorios étnicos, al igual que evidenciar la violencia histórica y estructural acentuada en el conflicto armado, hace parte del trabajo que se desarrolla para esta concentración”, comentó.

También resaltó que este caso responde a las decisiones que la Corte Constitucional tomó en 2009 hacia las afectaciones del conflicto armado sobre los pueblos indígenas y afrocolombianos del país. Según el DANE, en 2018 había 1’905.617 indígenas y 2’950.072 afrocolombianos. “Por medio del Auto 004 del 2009, la Corte Constitucional declaró que los pueblos indígenas de Colombia se encontraban en peligro de ser exterminados cultural y/o físicamente por el conflicto armado interno. Del mismo modo, en el Auto 005 de 2009, frente al pueblo negro o afrocolombiano declaró riesgo acentuado de destrucción cultural, social y agudización del racismo y discriminación racial de sus comunidades. A partir de esa circunstancia, la Corte reconoció que esa situación del riesgo se acrecentó y extendió a otros pueblos con el conflicto armado”, explicó la magistrada.

En Colombia hay cerca de 386.255 víctimas indígenas, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV). Colombia +20 registró en 2020 que las victimizaciones a los pueblos indígenas durante el conflicto armado fueron: desplazamiento forzado, amenazas y confinamiento. Las comunidades alertan que estos hechos siguen afectándolos en sus territorios, que corresponden al 29 % del total.

Se espera que, a finales de abril, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP emita el auto de priorización; es decir, que pase a la fase final para darle apertura al caso. Puede que esta fase sea de priorización interna, inicialmente, para dar más tiempo a la Sala de analizar en detalle los territorios críticos y los marcos temporales que se manejarán.

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