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Este martes, la Justicia Especial para la Paz (JEP) citó a una rueda de prensa extraordinaria como reacción a la revelación del diario El Espectador el fin de semana pasado: más de 24 mil audios que tenía el expediente del exjefe guerrillero Jesús Santrich, quien fue encarcelado por más de un año acusado de narcotráfico y quien fue dejado en libertad en mayo de 2019, justamente, porque esta justicia consideró de que no existía evidencia clara de que hubiese cometido un delito con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016.
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El magistrado Eduardo Cifuentes, ahora presidente de la JEP, hizo un recuento detallado de todos los esfuerzos que hizo esta justicia para obtener las pruebas necesarias y tomar una decisión en derecho. Sin embargo, dijo el magistrado Cifuentes: “El fiscal general de la época allegó, de manera informal, una memoria USB sin número de serial o de identificación, que contenía unos audios obtenidos dentro de las investigaciones realizadas en contra de Marlon Marín Marín, pero no de Seuxis Paucias Hernández. Esta información no contaba con informe de analista de línea, ordenes de interceptación de comunicaciones, cadena de custodia, ni actas de legalización”, puntualizó.
Cifuentes también recordó, a propósito de los 24 mil audios que existen del caso, que a la JEP solo llegaron doce audios, aunque esa justicia pidió el expediente completo de Santrich. En cambio, resaltó el magistrado, “distintos medios de comunicación exhibieron videos (sin audio) que, se entiende, fueron suministrados por la Fiscalía General de la Nación, en tanto tiene el rótulo de esa entidad. Esos videos tampoco fueron allegados a la JEP bajo el argumento de que los expedientes de extradición no contienen pruebas, sino que estas las tiene el país requirente”, dijo.
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En el mismo sentido, hizo énfasis en todos los trámites que hizo JEP ante los Estados Unidos para conocer las pruebas que existían contra el exjefe guerrillero Jesús Santrich. Sin embargo, “la oficina de asuntos internacionales de la Fiscalía apenas aportó algunos registros de audio, las actas de control previo y posterior ante jueces, pero correspondientes a una investigación distinta a la que había contra Santrich”.
De otro lado, frente a las irregularidades que ha señalado la JEP sobre la participación de agentes encubiertos sin autorización legal, el magistrado Cifuentes también recordó lo que le respondió la Fiscalía: “Para el caso colombiano dichas personas serían particulares que sostuvieron reuniones con otros particulares entre ellos el solicitado en extradición Jesús Santrich, en un contexto criminal que los habilitaba legalmente para realizar la grabación y/o filmación de las reuniones en las cuales participaban, circunstancia que no implicaba autorización judicial”, leyó el magistrado. No obstante, en la investigación publicada por este diario el domingo pasado, lo que quedó en evidencia es que la Fiscalía si autorizó la operación de agente encubierto en octubre de 2017 para el desarrollo de una operación encubierta (entrampamiento) de narcotráfico.
Y concluyó advirtiendo lo siguiente: “La JEP concluyó que pese a las solicitudes realizadas al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a la Fiscalía General de la Nación, no existió, o por lo menos no se adjuntó prueba de la asistencia judicial para la actuación de agentes encubiertos en el territorio colombiano”.
Finalmente, el magistrado Cifuentes recordó que el deber ser de esa justicia son las víctimas y enfatizó en que no se puede permitir que se arruine la paz. Igualmente, dijo que tanto Jesús Santrich como el exjefe negociador de paz de la guerrilla, Iván Márquez, fueron expulsados de la JEP y que a así seguirá siendo a raíz de su confeso regreso a la armas.