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Jair Vega Oviedo supo que se enfrentaba a una situación grave cuando empezaron a llamarlo varios de sus antiguos compañeros de armas. Estaban preocupados. El nombre de Vega apareció en una nota periodística en la que aseguraban que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió proceso sancionatorio contra cuatro excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC, incluido él.
“Uno está acá trabajando, cumpliendo y no se espera una vaina de estas. ¿Qué es lo primero que la gente piensa cuando ve algo así? Pues que uno se metió otra vez a un grupo armado. Esa resolución me está manchando la hoja de vida”, lamenta Vega desde una casa de paredes prefabricadas del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Icononzo (Tolima), donde vive y adelanta su proceso de retorno a la vida civil.
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La resolución que menciona fue expedida el pasado 10 de mayo por la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP. Esa decisión judicial ordena abrir un “incidente de verificación del cumplimiento del régimen de condicionalidad” respecto de este y otros tres firmantes de paz. Según se lee en el documento, hay evidencia preliminar de que estas cuatro personas “no están dando cumplimiento a los compromisos derivados de los beneficios transicionales recibidos”, lo que podría abrir la puerta a que sean expulsados de la jurisdicción.
En el caso de Vega, la razón de la apertura del proceso sancionatorio es que “no se logró obtener comunicación con el compareciente”. Sin embargo, Colombia+20 accedió a reportes de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) en los que se demuestra que el firmante de paz sigue activo en su proceso y, de hecho, hay registros recientes de su participación en actividades de la ARN.
Vega ha participado incluso en actividades de la JEP, como quedó registado en esta foto de una jornada de información y divulgación que la propia Sala de Amnistía del alto tribunal adelantó en el ETCR el pasado 28 de marzo. El exFARC aparece sentado entre los asistentes, al lado de una de las funcionarias de la JEP.
“Yo estoy estudiando acá en el ETCR, cursando grado décimo de bachillerato. Participé en un trabajo para las víctimas haciendo una placahuella, hago un curso de electricidad con el SENA los sábados y de resto trabajo como agricultor por acá. Seguramente lo que pasó fue que me llamaron cuando estaba en el campo y, como en muchas zonas no hay señal, no pude contestar”, asegura Vega.
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“Lo están estigmatizando y ponen en riesgo su vida”
Para Juan David Bonilla, abogado defensor del excombatiente, se trata de “una decisión desproporcionada y sin sustento”, que evidencia “falta de rigurosidad” en los procedimientos de la JEP y desconoce las dificultades de comunicación y conectividad de las zonas rurales del país, donde están ubicados la mayoría de ETCR.
“Abrir el incidente estigmatiza y pone en riesgo la vida de mi representado. Como no lo ubican pueden dar a entender que está en un grupo armado ilegal, y varias de estas estructuras están teniendo presencia en la región, sin mencionar que su identidad fue expuesta en un medio de comunicación. Hay una afectación muy grave a su trámite”, dice Bonilla.
Según el registro de actuaciones previas a la resolución de la Sala de Amnistía, el 4 de mayo de 2022 la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que opera como una Fiscalía de la JEP, informó que tuvo comunicación directa con Vega y actualizó su dirección y datos de contacto. Sin embargo, cuando los funcionarios de la JEP trataron de ubicarlo, no obtuvieron respuesta.
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“Él está cumpliendo con los compromisos, pero le abrieron el incidente por no responder a sus llamadas. En estos casos se debe requerir al abogado defensor, pero no lo hicieron”, asegura Bonilla.
Otro recurso al que suele acudir la JEP cuando no logra ubicar a los comparecientes es comunicarse con personas que fungen como enlaces territoriales en los ETCR, una figura que se creó precisamente ante las dificultades de comunicación de estos lugares. Según el abogado, la Sala “se saltó” también ese paso.
Lo que llama la atención es que entre los trámites adelantados por la JEP hay un requerimiento a la ARN, en la que el alto tribunal constató que Vega Oviedo está activo en su proceso de reincorporación. De los cuatro excombatientes mencionados, es el único que no registra anotaciones en ese sentido, pues otro aparece en estado de “pérdida de beneficios”, uno más como “ausente” y el restante con “limitante temporal”, según los registros conocidos por este diario.
De hecho, en la Secretaría de la JEP reposa otro documento que daría cuenta de que Vega ha cumplido sus compromisos y no está evadiendo sus responsabilidades. Se trata de una solicitud presentada por el equipo de defensa jurídica de los excombatientes para acreditar la realización de una carretera veredal -la placahuella- como TOAR (los trabajos, obras y actividades con contenido restaurador-reparador con los que los excombatientes saldan parte de sus deudas con la justicia y las víctimas tras haberse acogido al Acuerdo de Paz y a la JEP).
Colombia+20 se comunicó con la JEP para conocer sobre este caso, pero el tribunal afirmó que el proceso sigue en curso y que las decisiones judiciales se informarían a través de los canales correspondientes.
Vega aparece en varias fotografías de la obra, junto a uniformados de la Policía, representantes de organismos de cooperación internacional, víctimas y excombatientes. Incluso, en una de las imágenes está posando al lado de una placa que reza: “Del conflicto a la reincorporación y reconciliación. Homenaje a las víctimas, desplazados del conflicto armado y comunidad en general”.
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“Desde que estábamos en la cárcel firmamos un acta de compromiso en la que nos comprometíamos a cumplir con lo acordado y hasta la presente yo lo he estado haciendo. No me parece justo lo que está pasando y afecta mucho. Ahora el temor es que me quieran devolver a la cárcel a pesar de estar cumpliendo con todo, y eso lo podían verificar fácil con la ARN”, dice Vega.
Por ahora, resta esperar a que el proceso continúe y la JEP defina cuál es la suerte de este firmante de paz. No obstante, el equipo de defensa jurídica advierte que “la preocupación se mantiene porque no es el único caso en el que se abren procesos contra comparecientes que están cumpliendo todos sus compromisos”.