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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le ordenó al Gobierno de Iván Duque proteger a los exguerrilleros de las Farc que hoy están amenazados y rinden cuentas a esta justicia. La Sección de Ausencia de Reconocimiento decretó hoy medidas cautelares colectivas a los excombatientes, después de “constatar la grave situación de vulneración a sus derechos fundamentales, fenómeno que ha sido documentado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y el Instituto Kroc”.
Por un lado, le ordenó al Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, poner en marcha cuanto antes el Programa de Protección Integral para los integrantes del nuevo movimiento político Farc y, por tanto, convocar a la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), tal y como se estipuló en el Acuerdo Final. También le ordenó remitir los lineamientos y el Plan de Acción de la Política Pública y Criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones criminales que, según los excombatientes, son quienes más atentan en su contra.
Además, esta justicia le pidió al consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, convocar a la Mesa Técnica de Seguridad y Protección “para definir las medidas de protección que correspondan frente a solicitudes con análisis de riesgo, así como identificar y gestionar con celeridad lo necesario para la formulación e implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección”.
Asimismo, Archila deberá que remitirle a la JEP los diagnósticos realizados sobre los Espacios Transitorios de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y de las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR). Este trabajo deberá hacerlo en conjunto con la Unidad Nacional de Protección (UNP), que debe implementar todo lo que se decida en estos espacios y realizar estudios de riesgo para los comparecientes que los soliciten.
La magistratura afirmó que estos mecanismos se establecieron en el punto dos del acuerdo, sobre participación política, justamente con el objetivo de brindar garantías de seguridad fundadas en el respeto de la dignidad humana y para el ejercicio de la oposición política “y, en particular, para los nuevos movimientos que surjan luego de la Firma del Acuerdo Final”. En ese sentido, urge de inmediato su implementación.
Además porque, para la Sección, “la seguridad individual y colectiva de quienes participaron en el proceso de paz resulta fundamental en términos de garantía de no repetición y salvaguarda de los derechos de las víctimas a conocer la verdad sobre lo sucedido en el conflicto armado interno”, manifestó el Tribunal de Paz.
La Sección, citando a la Corte Constitucional, dijo que “los reinsertados son merecedores de una especial protección por parte del Estado, dado su especial nivel de riesgo, consustancial a su condición en el marco del conflicto interno, y a la decisión de deponer las armas para sustituirlas por el ejercicio activo de la participación política y democrática”.
El aumento de la violencia en contra de los excombatientes de las extintas Farc obligó a esta justicia transicional a empezar el trámite de medidas cautelares colectivas para proteger sus vidas en abril de este año. Durante los últimos cuatro meses, la magistratura ha reunido información y ha convocado a dos audiencias territoriales virtuales en Antioquia y Meta, para esclarecer cuál es la grave situación en materia de seguridad de los exguerrilleros.
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En la primera audiencia, que se llevó a cabo el pasado 21 de julio, los exguerrilleros que vivían en Ituango (Antioquia) y debieron trasladarse a Mutatá por problemas de seguridad le dijeron a la JEP que su vida depende de la implementación del Acuerdo Final de Paz. “¿Qué queremos? Que se ordene el funcionamiento pleno del Sistema integral Para el Ejercicio Integral de la Política, dentro del cual hay una serie de instancias, como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, programas de protección, el Sistema de Protección y Alerta para la Reacción Rápida”, afirmó uno de los exguerrilleros.
Con la puesta en marcha del Sisep y de la Comisión Nacional de Garantías “se esperaba avanzar en la consolidación de la política de desmantelamiento de las organizaciones criminales, responsables de los hechos violentos contra miembros del movimiento político, incluyendo las organizaciones sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”.
Los excombatientes presentes en la reunión calificaron la situación como “de extrema gravedad y urgencia”, a pesar de las 56 alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo sólo para la región de Ituango y de las medidas de seguridad implementadas por la UNP. La advertencia fue respaldada por la Fiscalía, que en la audiencia señaló que sólo en la región noroccidental del país se registraron 46 víctimas. De estas 36 son víctimas de homicidio; nueve de tentativa de homicidio y una de desaparición forzada. El 60,87% (28) de los casos se dio en Antioquia, el 34,78% (16) en Chocó, y el 2,17% (1) en Córdoba y Caldas.
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Según las fuentes que asistieron a la audiencia, la Unidad Nacional de Protección (UNP) reconoció su incapacidad para llegar a los territorios, sobre todo donde hay problemas de orden público, y brindarles esquemas a los exguerrilleros. Por eso la solución, desde el Gobierno, ha sido trasladar los antiguos ETCR a espacios más seguros, como sucedió con los integrantes del ETCR de Ituango.
En el caso de los homicidios de excombatientes para el 29 de abril, fecha en que se avocó esta medida cautelar, se reportaban 193. Y a 15 de julio, un total de 218, es decir, 25 muertos más, suma que, advirtió la JEP, “denota la gravedad de la situación que afecta a las y los integrantes de la población destinataria de las medidas de protección”.
Por estos hechos, la Fiscalía a la fecha tiene 20 sentencias condenatorias, 16 casos en juicio, 14 en proceso de imputación de cargos, 41 en indagación y dos casos que precluyeron por la muerte del acusado. Para la Fiscalía, esto corresponde a esclarecer el 45 % de los casos. No obstante, para el partido de la exguerrilla solo se han emitido sentencias en el 11 % de los casos y la impunidad es cercana al 90 %.