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Sandra Ubaté Monroy ha seguido desde Argentina cada detalle del paro nacional que estalló en Colombia desde el 28 de abril. Se reunía virtualmente con otros colombianos exiliados en distintas partes del mundo, que como ella tuvieron que huir del país para proteger su vida ante las amenazas de gente armada. Las reuniones podían durar horas porque cada uno hablaba y lloraba del dolor de patria ante cada noticia de un manifestante asesinado, policías heridos, personas desaparecidas y las agresiones físicas y sexuales contra la población.
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Sandra no podía creer que la historia se repitiera luego de tantos años, que el número de desaparecidos de manera forzada por miembros de la Fuerza Pública llegara a más de 300 personas según organizaciones sociales y que las instituciones del Estado le aplicaran eufemismos a este delito para ocultar las cifras reales.
La violencia en Cali fue lo que más la afectó tras conocer los casos de desaparición y asesinatos de jóvenes en sectores como La Luna, Ciudad Jardín y Siloé, muy similar a lo que ocurrió con su hermano Jhon Ricardo Ubaté, y una amiga de él, Gloria Bogotá, hace 26 años en esa misma ciudad.
Jhon tenía 23 años, se había graduado como administrador de empresas y era desmovilizado del Epl por los acuerdos de paz de 1991. De Bogotá se fue a vivir a Cali, donde tenía previsto presentar una entrevista laboral en el hospital Mario Correa Rengifo. Se instaló en la zona de Siloé, en la comuna 20, y luego integró el Comité de Derechos Humanos de esta comuna.
“Era una época dura de la mal llamada limpieza social. Había muchos muchachos que estaban siendo asesinados en las noches por grupos paramilitares y mi hermano entregó una investigación hecha a mano a la Asamblea Permanente por la Paz en la que denunciaba que miembros de la Quinta Estación de Policía se cambiaban sus uniformes en la escuela del barrio, se vestían de negro, usaban armas de la Policía y mataba a los chicos del barrio”, relata Sandra.
A las 10:48 a. m. del 19 de mayo de 1995, frente a la Clínica Tequendama de Cali, seis policías vestidos de civil que participaron en el operativo del Gaula, al mando en este momento del mayor Manuel de Jesús Lozada Plaza, capturaron a Jhon y Gloria, que en ese momento estaba con él. Dentro de la información que ha recogido en 26 años, Sandra cuenta que más de 40 testigos que vieron cómo ambos fueron golpeados, que su hermano se subió a la Trooper en la que iban los policías y gritaba que lo iban a desaparecer, y posteriormente vieron cómo se los llevaban en ese mismo carro.
El destino fue la estación Quinta de la Policía de Siloé y no se volvió a saber nada más de ellos. “El argumento de la Policía es que mi hermano estaba haciendo una extorsión. Pero si era eso realmente, por qué no hacen una captura legal. Luego pude descubrir que ese grupo de policías estaba trabajando con particulares de mucho poder en Cali. Hay muchas similitudes con lo que ha pasado ahora en el paro: el apoyo de particulares a la fuerza pública, las capturas, las desapariciones. Cali ha sido como un laboratorio de violencia”, replica.
Como dice, la búsqueda de los desaparecidos en Colombia tiene diferentes aristas: por un lado, es el proceso físico de búsqueda de la persona viva o de su cuerpo, “de ir de exhumación en exhumación, de morgue en morgue rogando que ahí esté para hacer la identificación, pero salir regocijada porque no está. Es una dualidad entre la vida y la muerte”.
Está también la búsqueda administrativa, que es la reparación económica que da el Estado, pero también lo que ocurrió en el caso de Gloria: había que confirmar la identidad de esta mujer. Sandra solo tenía un nombre y un apellido, pero necesitaba saber quién era, cuántos años tenía, dónde estaba su familia. Cuando intentó poner la denuncia de su desaparición en ese entonces no se la recibieron en la Fiscalía porque no era pariente.
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Hoy la situación es distinta. Cualquier persona que sea testigo de una desaparición forzada puede denunciar ante la Policía, la Defensoría del Pueblo, la Personería o la Fiscalía y pedir que se active el Mecanismo de Búsqueda Urgente, sin importar si han pasado minutos o pocas horas desde la desaparición. En 1995 ni siquiera existía una ley en Colombia que tipificara el delito de desaparición forzada. Eso ocurrió solo hasta el año 2000.
Sandra confirmó la identidad de Gloria en febrero de este año por su cuenta. No hubo entidad estatal que se encargara de encontrar en los registros a esta mujer. Halló su identidad revisando puestos de votación por un contacto que se hizo en la Registraduría y confirmó que el nombre completo es Gloria Mireya Bogotá Barbosa y que su familia vive en un barrio humilde de la capital. La información se la entregó a la Fiscalía.
Ese mismo mes ubicó a la familia y les contó lo que había sucedido con su hija y hermana. “Fue muy doloroso porque ella era como mi familia después de tantos años de buscarla, pero la tuve que soltar. Le entregué la búsqueda a la familia y yo solo quería abrazarlos y contarles que en estos 26 años Gloria no ha vuelto porque la desaparecieron”.
La familia, como confirmó Sandra, sí asumió que algo había pasado porque Gloria era la más pendiente de su mamá, así que no era posible que se fuera por voluntad propia. Pero callaron por miedo.
“Lo mismo que pasa con familias de los desaparecidos del paro nacional: no han denunciado porque están muertas del miedo e intimidadas por la Fuerza Pública. Yo sé que las mamás no quieren decir que su hijo es de la Primera Línea, pero hay que decir las cosas, es la única manera, hay que vencer el miedo. El único deber que tenemos los familiares es el de buscarlos y la única obligación que tiene el Estado es el de devolverlos vivos porque vivos se lo llevaron”, exclama Sandra.
La búsqueda de justicia también continúa. El caso de Jhon y Gloria entró a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un mes después de la desaparición. Si bien el mayor Manuel de Jesús Lozada fue privado de la libertad en 1999, cinco años después el juzgado lo absolvió sin que se le notificara a la familia Ubaté Monroy y a su abogado. Por este tiempo en prisión, Lozada demandó al Estado y fue indemnizado.
Ante la negligencia del Estado, el caso pasó recientemente a la Corte de la CIDH para que sea este organismo el que tome una decisión. A estas alturas, dice Sandra, no les desea ningún mal a los responsables, sino que solo espera que se arrepientan, les digan por qué lo hicieron y dónde están Gloria y Jhon.
“Encontrar a mi hermano es una meta personal. Y también es por darle un poco de paz a mi papá y a mi mamá. Que tengan un lugar donde ir a llorar a mi hermano y que dejen de esperarlo todas las Navidades, de celebrar todos sus cumpleaños, de esperarlo el día de la madre”.
Sandra tuvo que salir exiliada hacia Chile en 1997, tras las constantes amenazas contra ella y su familia por insistir en la búsqueda. La novia de Jhon y su familia también tuvieron que salir del país hacia Londres con el apoyo de Amnistía Internacional y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes). Les enviaban sufragios, veían a hombre armados rodear su casa y hubo un intento de secuestro contra Sandra.
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Hace ocho años vive en Argentina con su familia. Desde allá y con el Grupo Europa Abya Ayala de familiares desaparecidos, conformado por más de 40 colombianos y colombianas en el exilio, están trabajando en una campaña de apoyo para las familias que tienen un ser querido desaparecido en el marco del paro nacional.
“A través de videos les estamos diciendo a estas familias que también sentimos lo que están sintiendo. Yo sentí miedo, temor, rabia, angustia. No sabía dónde ir y tenía miedo de contarle a cualquier persona la historia de mi hermano porque lo podían tildar. Pero hay que vencer eso, pararse, denunciar y luchar. A los chicos desaparecidos del paro nacional los estamos cargando desde el corazón”, dice.
Desde la distancia considera que unas sanciones ejemplares hacia los miembros de la Fuerza Pública y aquellos que cometan estos delitos como la desaparición forzada, sería el camino real para que Colombia salga de tanto dolor. Está de acuerdo, así como lo recomendó la CIDH en el informe que entregó el pasado 7 de julio sobre lo ocurrido durante el paro, que se separe el Esmad y la Policía del Ministerio de Defensa y que instituciones como la Defensoría del Pueblo retomen su misión de proteger a la población civil.
“Yo viví Siloé cuando busqué a mi hermano, yo sé qué son muchachos que no tienen nada que perder porque hay mucha miseria y no tienen oportunidades. En esa época, esos muchachos sabían que no pasaban de los 30 años y por eso la violencia era tan profunda. Y es todavía lo que se vive hoy. La gente no entiende que Colombia está realmente dolida y con rabia”, reflexiona Sandra Ubaté.