“La situación en los territorios es grave y tiende a agudizarse”: JEP

La JEP adelantará dos audiencias el próximo 21 de julio en el ETCR Román Ruíz, en la vereda Santa Lucía, del municipio de Ituango (Antioquia) y el 12 de agosto en el ETCR Mariana Páez, ubicado en Mesetas (Meta).

Foto: Archivo particular

Los asesinatos de excombatientes de las Farc no cesan. La cifra ya está en 216 desde la firma del Acuerdo de Paz entre la extinta guerrilla y el Gobierno Nacional, en 2016. Las amenazas y hostigamientos en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (Etcr) tampoco han parado. Es por esto que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió arrancar un estudio para determinar si protege o no, colectivamente, a los exguerrilleros.

Para eso ya pidió a diferentes entidades información sobre la seguridad y los riesgos de los territorios donde se encuentran. Además, ordenó la realización de dos audiencias territoriales virtuales en Ituango (Antioquia) y Mesestas (Meta), donde están ubicados los Etrc y la situación es delicada.

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Reinere de Los Ángeles Jaramillo, la magistrada de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, que adelanta este proceso, habló con Colombia2020 sobre la obligación del Estado de proteger a los firmantes del acuerdo y, por tanto, la verdad que deben entregarle a las víctimas del conflicto armado.

¿Por qué decidieron hacer un estudio de medidas cautelares?

En la medida en que el proceso de justicia avanza, se agudiza la situación de riesgo de los comparecientes de la Fuerza Pública y de las antiguas Farc-Ep. Los primeros han sido amenazados por sus compromisos con la verdad, sobre todo en el caso 03, sobre Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. Por eso, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP ha otorgado medidas de protección a 16 comparecientes de la Fuerza Pública. En cuanto a la situación de las y los comparecientes, integrantes de la extinta guerrilla de las FARC, es angustioso para la Jurisdicción observar el incremento continuo del número de personas de esa organización víctimas de homicidio, que a le fecha reportan 217 víctimas, sin contar sus familiares, en el marco del proceso de implementación del Acuerdo Final de Paz.

La preocupación de la JEP y de la Sección, más un cuidadoso estudio y análisis de la situación fáctica y contextual de más de seis meses y las solicitudes individuales de estos comparecientes, llevó a que la Sala de Reconocimiento adoptara medidas cautelares de protección en beneficio de 23 miembros del partido FARC. Pero veíamos que se extendía a un número cada vez más amplio. En ese contexto, como jueces garantes, decidimos abordar de oficio el conocimiento de unas medidas cautelares que permitieran abordar la problemática de su inseguridad de manera integral y colectiva.

¿Cómo repercuten los asesinatos de los excombatientes en el trabajo de la JEP?

Los hostigamientos y los homicidios sucesivos contra excombatientes afectan sus derechos fundamentales a la vida, integridad, seguridad y reincorporación, pero también ponen en riesgo la posibilidad de conocer de forma completa y exhaustiva la verdad con la que se han comprometido ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, dentro del cual se encuentra la JEP. La muerte de cada persona debilita la confianza en la realización del derecho fundamental a la paz, la consolidación de la democracia, la confianza cívica en las instituciones, deja la verdad de los hechos en los sepulcros e impide el cumplimiento del punto de víctimas del Acuerdo Final y los fines de la justicia transicional.

¿Puede la JEP imponer medidas de protección sobre el colectivo FARC?

La función judicial implica garantizar los derechos fundamentales, prioritariamente, de las víctimas, pero también de los comparecientes e intervinientes. Es un deber legal de todas las instituciones del Estado aplicar el principio de colaboración armónica y la corresponsabilidad en la implementación de los distintos puntos del Acuerdo Final, especialmente, en lo relacionado con las garantías de seguridad que se deben aplicar a esta colectividad. El 77,9% de los comparecientes son de las Farc, y es nuestro compromiso, junto con otras instituciones, pues también realizan un proceso de reincorporación social, productivo y político incluyente.

Esa es la razón fundamental por la cual decidimos abordar el estudio de estas medidas de tipo colectivo. Cabe aclarar que la aplicación de la protección es complementaria, pues no pretende reemplazar las funciones de otras entidades públicas. Por el contrario, se trata de generar una mayor articulación y una revisión del panorama de cómo cada institución avanza en los compromisos asumidos en materia de garantías de seguridad previstas en el Acuerdo Final y conforme a la verificación de la información obtenida y los indicadores formulados.

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¿Cómo se está recolectando la información para dicho estudio?

En el auto 057, se vincularon diez instituciones con deberes en la implementación de garantías de seguridad, a quienes se les solicitó información relacionada con sus compromisos. Se les otorgó un término prudencial para que emitieran las repuestas. Cada una las entregó y con eso se elaboraron matrices de análisis de la información. En este momento se encuentran en proceso de análisis. Esperamos que prontamente obtengamos los resultados con observaciones y recomendaciones. ¿Qué permitirá esto? En algunos casos, solicitar más información sobre la situación de riesgo. En otros, donde se evidencia a primera vista niveles de incumplimiento que pueden contribuir a la escalada de homicidios de personas en proceso de reincorporación, adoptar medidas urgentes que contribuyan a mitigar los riesgos.

En junio ustedes tuvieron una audiencia con el partido FARC, ¿qué sucedió allí?

El 1º de junio se realizó una audiencia dialógica con personas del Consejo Político del partido FARC, quienes profundizaron en la gravedad y urgencia que enfrenta esta población firmante de los acuerdos. Pudimos escuchar sus voces, desde diversas regiones, que se encuentran amenazados y en condiciones de inseguridad tanto en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) como en los Nuevos Asentamientos Rurales (NAR). Estas personas presentaron las dificultades para sostener sus proyectos de vida y productivos por amenazas, campañas de estigmatización y otras violencias que los impulsan a abandonar estos territorios por donde se mueven. Además mencionaron los riesgos a los que se ven sometidos por los proyectos subterráneos de economías ilegales y grupos armados que siembran los campos de violencia o dónde se desarrolla sustitución de cultivos ilícitos y avanza la fuerza de la economía del narcotráfico. Cabe resaltar que este encuentro también fue muy importante porque manifestaron su compromiso con mantenerse en la construcción de paz y con el Sistema Integral.

A partir de esa reunión, la JEP decidió realizar unas audiencias, ¿dónde se llevarán a cabo? ¿Cómo se adelantarán? ¿Quiénes podrán participar?

El 21 de julio y el 12 de agosto, la Sección celebrará dos audiencias regionales virtuales, por la pandemia, en Ituango (Antioquia) y Mesetas (Meta), respectivamente, con la participación de voceros del proceso de reincorporación de los ETCR. Escogimos estos primeros porque la situación de seguridad es muy delicada, según información recopilada, que es concordante con lo expresado por los comparecientes. En las audiencias se abordarán las temáticas sobre la seguridad, las violencias en los territorios y las propuestas de protección colectiva para superar la situación. Pero no estarán solos, también convocamos a participar en las diligencias a las entidades vinculadas al trámite de las medidas cautelares, que deberán responder dudas sobre el cumplimiento de sus funciones en materia de seguridad. Además, las audiencias tendrán énfasis, especialmente, en el enfoque de género y construcción desde las poblaciones campesinas en proceso de reincorporación y en los aspectos territoriales sobre los Nuevos Asentamientos Rurales, por cuanto en estos últimos se has presentado hechos de violencia que afectan a estas poblaciones y que requiere una mayor cobertura del Sistema Integral de Seguridad.

¿Qué alcances tendría que la JEP decrete esas medidas cautelares? ¿Cómo se verían los cambios?

Las medidas que se adopten tienen un carácter integral y serán asumidas en forma complementaria. Pero primero la Sección deberá hacer la evaluación y a partir de eso, ordenar las medidas que deben asumir cada una de las entidades comprometidas, en caso de que no se están cumpliendo adecuadamente o que deban reforzarse tales mecanismos.

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Los excombatientes de Ituango piensan abandonar la zona el 15 de julio por la crítica situación de seguridad, ¿tomará la JEP alguna medida en medio de la urgencia? ¿Cómo se hará la audiencia con los excombatientes de allá?

La JEP respeta los procesos de diálogo y concertación que se han desarrollado entre las autoridades regionales y los excombatientes de las Farc para solucionar la situación y se ha comprometido a celebrar la audiencia regional de Ituango. Las medidas urgentes se ordenarán en el momento que se cuente con las condiciones exigidas para la toma de decisiones. La audiencia se celebrará virtualmente y se están generando las condiciones territoriales para cumplir con los fines propuestos.

¿Cómo está la situación en los territorios por lo que ha podido tantear la JEP?

La situación en general es grave y tiende a agudizarse. Es urgente articular mayores esfuerzos por desarrollar en plenitud el sistema integral de seguridad. Parar las muertes es un deber y un compromiso con las víctimas y con sociedad colombiana. La JEP reitera su compromiso con el logro de los objetivos y con su función de garante del Sistema Integral.