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A pocas semanas de que se emitan las primeras sanciones propias —uno de los tres tipos de sanciones que impone la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)— el debate sobre el alcance del tribunal de paz está en su momento más álgido.
Esta parte del proceso marcará un punto de quiebre en el proceso de paz: para algunos será la prueba de fuego de los excombatientes; para otros, el momento en que la justicia transicional demuestre si puede cumplir lo pactado en La Habana.
Entre reclamos por una verdad “a medias”, hay temores de impunidad y denuncias por vulneraciones al debido proceso.
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En diálogo con Colombia+20, Camilo Fagua Castellanos —abogado de la Coordinación Nacional de Defensa de Firmantes de Paz— responde a las críticas contra los comparecientes y envía un mensaje a las víctimas.
Dayibeth Jurado, abogada y coordinadora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), organización que representa a más de 1.500 víctimas acreditadas en la JEP, habla sobre la importancia de la participación de las víctimas en el proceso.
“Existe preocupación sobre participación de víctimas en construcción de las sanciones”: CCJ
¿Cuál es la posición de las víctimas en esta etapa decisiva del proceso judicial?
Representamos a cerca de 1.400 víctimas en el caso 01. Por un lado, tenemos víctimas de secuestro que al mismo tiempo tienen otras vulnerabilidades y sufrieron violencia sexual. Esas víctimas tienen una posición bastante planteada y han manifestado que realmente no se ha cumplido ese estándar de reconocimiento por parte de los comparecientes. Por otro lado, también tenemos víctimas del sector de la fuerza pública que fueron secuestrados. Ellos tienen una posición bastante contundente en cuanto a la reparación o la exigencia de reparación no vista desde los comparecientes, sino desde la misma institucionalidad. Hay otro sector específico que serían las familias de personas dadas por desaparecidas, que también tienen una posición de reclamar verdad para encontrar a sus seres queridos. Sus consideraciones es que los comparecientes no han dicho toda la verdad porque de las cifras que nos dio la Unidad de Búsqueda, por parte del secretariado solo se han encontrado cinco personas de las múltiples víctimas de desaparición forzada. Por eso se sigue reclamando que los comparecientes no han cumplido con ese estándar de verdad. Las víctimas de violencia sexual también han manifestado que no lo han reconocido. La posición de las víctimas ha estado muy enfocada en exigir de la jurisdicción que se pueda dar cumplimiento a los estándares desde el punto de vista de aporte a la verdad y el reconocimiento.
¿Qué papel han tenido las víctimas acreditadas en el proceso y cómo ha sido su participación en la construcción de las sanciones?
Existe la preocupación en cuanto a la participación que se les está dando a las víctimas en la construcción de estas sanciones, porque lo que hemos visto es que en esta construcción de proyectos no se ha dado la posibilidad de construir conjuntamente compareciente, víctima y mediador JEP, sino que a través del traslado es que las víctimas están participando. No en la construcción sino presentando observaciones a la construcción de las sanciones propias.
La defensa presenta una propuesta de sanción propia que no ha sido construida con las víctimas, y las víctimas, a través de sus organizaciones representantes, entregan observaciones. No hay una línea específica de actividades. Solo hacen valer ejemplos que van a cumplir esas sanciones propias en cuanto a las líneas específicas restaurativas que ha fijado la Jurisdicción. Ellos en las propuestas no dicen las actividades específicas a cumplir en los territorios. Lo que estamos planteando es una construcción conjunta con las víctimas y su participación, que solo se está dando como una validación a la propuesta. Nos parece importante que las propuestas que se presentan sean diseñadas en conjunto con las víctimas. Lo que estamos viendo es que la participación no se está materializando del todo.
¿Creen que se va a poder garantizar que las sanciones propias mantengan un carácter restaurativo y reparador y sean cumplidas por los comparecientes?
Esperamos que se pueda garantizar. Las organizaciones hemos apostado mucho a este nuevo escenario de justicia y específicamente al que nos propone la Jurisdicción porque pasamos a pensarnos en un enfoque restaurador y reparador. Se supone que el deber ser es que sí se deben garantizar esas sanciones propias para mantener el carácter restaurativo. Ese es el sentido de existencia. Uno de los objetivos de la audiencia pública de verificación era justamente hacer esa validación por parte no solo de las víctimas, sino de las entidades e incluso con participación de los comparecientes sobre esos aportes de verdad y esa contribución a la reparación para dar paso a la sentencia. Necesitamos que las acciones sean muy claras, concretas y de ello también va a depender estructuralmente de dónde se va a financiar la posibilidad de que esas sanciones se puedan cumplir y que a su vez puedan tener un contenido reparador y restaurador. Eso también hace parte de la articulación institucional que se debe tener y de la posibilidad del Gobierno nacional también de proporcionar tanto a nivel presupuestal como en la generación de espacios de articulación para que esas acciones puedan tener garantías.
¿Qué lectura hacen del hecho de que para muchos colombianos esta etapa de sanciones propias es la prueba final de si las FARC cumplieron su palabra?
Si nos acercamos a una sentencia y hay sanciones propias es porque tanto la SRVR como el Tribunal han emitido decisiones que avalan que los exmiembros de las FARC han cumplido con esos presupuestos que establecieron en el marco de la JEP. La sentencia lo que va a ordenar es una sanción para que ellos puedan cumplir esta faceta después de un de un aporte de verdad y reconocimiento que hicieron y que la SRVR ya ha avalado en decisiones anteriores. En el año 2024 se peofirio el auto de correspondencia, que lo prefiere la Sección para casos de Reconocimiento del Tribunal para la paz. Es una valoración sobre el trabajo que ha hecho la SRVR, específicamente respecto a las conductas reconocidas, las calificaciones realizadas y los responsables, entre otros aspectos. Sobre si han cumplido su palabra, si lo reflejamos o lo pasamos a la categoría de aporte de verdad o de satisfacción al derecho a la verdad, el Tribunal avanzó a la fase de Audiencia Pública de Verificación en el caso nacional contra el secretariado lo que supone que puedan darse estas sanciones propias. Eso es una posición, pero hay otra posición de las víctimas.
“Una verdad y una justicia fragmentada no repara a las víctimas”: defensa de ex-FARC.
¿Cuál es la estrategia jurídica central de la defensa frente a la fase de imposición de sanciones propias por parte de la JEP?
La estrategia jurídica es el reconocimiento de graves crímenes durante, con ocasión y en relación directa o indirecta con la guerra. En otras palabras, la estrategia no es otra cosa que el cumplimiento integral de lo dispuesto en el Acuerdo Final de Paz, que tiene tres aspectos fundamentales: primero, cumplir con los principios establecidos en el punto quinto del Acuerdo Final, especialmente, la obligación de contribuir con el esclarecimiento y la verdad para generar todas las condiciones y materializar el principio de reconciliación, así como la asunción de responsabilidad en los hechos más graves ocurridos en el contexto de la guerra. Segundo, que se garantice la seguridad jurídica de todas aquellas personas que confiaron en el Estado como alta parte contratante del Acuerdo y en particular en la JEP como tribunal de cierre del conflicto armado interno; esto es, la aplicación de la amnistía más amplia posible y que para aquellos seleccionados se emita una única resolución de conclusiones que integre todos los hechos imputables no amnistiables antes de dictar sentencia, para evitar sanciones parciales y fragmentadas. Tercero, que se garanticen los principios de restauración del daño causado y la aplicación de justicia prospectiva para que las nuevas generaciones no vuelvan a vivir el horror de la guerra.
¿Qué mensaje les envían a las víctimas y a la sociedad colombiana en esta etapa decisiva del proceso judicial?
El mensaje principal es que la paz sigue siendo el camino hacia la reconciliación que tanto necesita nuestra amada Colombia. Por parte de los firmantes de paz, especialmente los más de 9.900 que suscribieron sus actas ante la JEP, es innegable el cumplimiento pleno con los aportes de verdad y el reconocimiento de los hechos más graves ocurridos durante la guerra. El Acuerdo de Paz debe respetarse en su letra y en su espíritu, de ahí el llamado a la JEP para que retome el rumbo de lo pactado en La Habana. Una verdad y una justicia fragmentada no repara a las víctimas, no garantiza la no repetición y encubre responsabilidades del Estado en la guerra por lo que no aporta en la construcción de paz.
¿Qué papel han tenido las víctimas acreditadas en el proceso y cómo evalúa la defensa su participación en la construcción de las sanciones?
El papel de las víctimas es central y ha sido fundamental. Su participación en los proyectos de sanción propia no solo se dio de manera plena tal como lo indica el procedimiento. Igualmente, las víctimas han participado en los TOAR ejecutados y en las diversas acciones de reconciliación realizadas por los comparecientes. Hay algo a lo que poco se le ha dado relevancia pública luego de la Audiencia de Reconocimiento: entre víctimas y comparecientes conformaron la Fundación Revipaz. Eso es un ejemplo claro de que la reconciliación es posible.
¿Cómo garantizarán que las sanciones propias mantengan el carácter restaurativo y reparador y sean cumplidas por los comparecientes?
Nuestros representados han demostrado una voluntad firme y constante. Han realizado voluntariamente más de 90 acciones restaurativas previas a la sanción, sumadas a todas las medidas de confianza ejecutadas desde la Mesa de Negociación. Su compromiso es total. Lamentablemente, la coordinación entre las entidades involucradas es mínima. Esto quedó en evidencia durante la audiencia de verificación llevada a cabo entre el 31 de julio y el 1.° de agosto del presente año, donde se constataron graves vacíos en la planeación y la viabilidad financiera de los proyectos de sanción.
En el Caso 01, el secretariado aceptó responsabilidad por secuestros, pero no lo hizo en casos de violencia sexual lo que ha sembrado dudas entre las víctimas y la jurisdicción sobre la voluntad para entregar verdad de los comparecientes. ¿Qué responder ante ello?
Los firmantes han aceptado la ocurrencia de esas conductas. La asunción de responsabilidad se ha hecho de manera técnica y jurídicamente fundamentada. La responsabilidad que les asiste, y tal como quedó pactado en el Acuerdo, no es aceptar de manera indiscriminada todas las imputaciones que les endilguen. Esto no es el modelo de Justicia y Paz.
El esclarecimiento y la asunción de responsabilidad merece de la mayor seriedad y compromiso ético y político de ahí que se ha sustentado la ausencia de generalidad, y sistematicidad, o de los elementos jurídicos necesarios para su configuración. No es aceptar por aceptar, eso va en contravía del espíritu del Acuerdo.
¿No cree que esa negativa en otros crímenes erosiona la percepción de voluntad de verdad que exige la JEP para otorgar sanciones propias?
La voluntad de verdad se mide por la contribución total al esclarecimiento, no por la admisión indiscriminada e irresponsable de cada imputación realizada. Los comparecientes han aportado verdad amplia y suficiente y han asumido responsabilidad en los crímenes no amnistiables. Eso lo han dicho reiteradamente los informes ante el Consejo de Seguridad de la ONU e incluso en la última Audiencia fue manifestado por la misma magistratura de la JEP.
Sectores de víctimas han dicho que esto se siente como “verdad a medias” para evitar sanciones más severas. ¿Cuál es la respuesta de la defensa?
Respetamos profundamente a las víctimas, eso no quiere decir que estemos de acuerdo con las apreciaciones de algunos sectores. No es “verdad a medias”, es verdad jurídicamente sustentada de acuerdo con los estándares internacionales. El Acuerdo de paz no busca una confesión genérica, sino un aporte real y verificable a la verdad.
Puedo decir que mientras hay algunos sectores de víctimas que indican que no se ha dado verdad, por otro lado, hay otras que están trabajando hombro a hombro con los firmantes en pro de la reconciliación.
La JEP ha señalado que la negación en ciertos delitos podría derivar en procesos de sanción ordinaria. ¿Están dispuestos a asumir ese riesgo?
Nuestra posición no busca retrasar, negar ni dilatar; está fundada en convicciones jurídicas sólidas. Confiamos en que, al final del debate actual, prevalezcan los argumentos técnicos y las pruebas, pues este sigue siendo un proceso jurídico que se rige por normas establecidas nacional e internacionalmente.
La invitación es a que la JEP realice una lectura juiciosa e integral, técnicamente a la luz del Derechos Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, ojalá alejada de presiones o intereses políticos y sin desviar la mirada de la función que se le encomendó: ser la Justicia para la paz.
Si se mantuviera la negativa, ¿aceptarán que la JEP derive esos hechos a la justicia ordinaria, incluso con riesgo de cárcel?
El mensaje sigue siendo el mismo de 2016, la población firmante acudió voluntariamente ante la JEP, primero por dar cumplimiento a lo pactado, segundo con tener presente que es el tribunal para dar un cierre jurídico a un conflicto de décadas y tercero buscando la materialidad de su seguridad jurídica como parte de su proceso de reincorporación.
La JEP tiene un mandato claro y especifico, así como una temporalidad constitucionalmente definida. Es en ese periodo que debe dar cumplimiento a los principios pactados.
¿Qué lectura hace la defensa del hecho de que para muchos colombianos esta etapa de sanciones propias es la prueba final de si las FARC cumplieron su palabra?
La actividad reparadora y restaurativa se está dando desde la Mesa de Negociación. Las medidas de confianza, como la concentración en sitios especiales, la dejación de armas, la entrega de menores, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la entrega de bienes producto de la economía de la guerra, las acciones de desminado humanitario, el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, el trabajo de los firmantes certificado por la Comisión de la Verdad, los actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad y miles de acciones con comunidades y víctimas son muestra de que la acción restaurativa no comienza con la sanción, sino que lleva más de nueve años.
¿Qué mensaje concreto envían hoy a las víctimas de delitos que el secretariado no reconoce, cuando la sociedad espera una verdad total?
Cuando las víctimas reclaman una verdad total, esperan las responsabilidades del Estado, de los terceros responsables, una respuesta integral de por qué le pasó esta tragedia a nuestra sociedad. Reconocemos la legitimidad de su dolor y de su incansable búsqueda de la verdad, y les respetamos profundamente. La denominada “verdad total” es aquella que se construye con rigor procedimental y, sobre todo, con el más profundo respeto hacia las víctimas. Si bien se ha aportado toda la verdad dentro de los marcos de este proceso, comprendemos que, en ciertos casos, incluso la verdad más completa puede resultar insuficiente para sanar las heridas y calmar el dolor. Reiteramos, de la manera más enfática, el compromiso inquebrantable con el esclarecimiento de los hechos, actuando siempre dentro de los marcos establecidos por la ley y el Acuerdo de Paz.
¿Qué les han dicho sobre la tutela impuesta por ustedes sobre la sanción única para el proceso en la JEP?
La JEP respondió con un simple comunicado, insuficiente y ha introducido de manera fragmentada y sin explicar su alcance en algunas decisiones judiciales. Sin embargo, Llevamos meses esperando una respuesta de fondo que garantice los derechos de los comparecientes. El silencio y la dilación de la JEP, que aún no define quienes darán respuesta a la tutela, envían un pésimo mensaje: que el derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica de los comparecientes no son una prioridad para la Jurisdicción.
Especialmente para miles de firmantes que confiando en el Estado colombiano esperaban la materialización de sus derechos constitucionalmente reconocidos.
¿Qué les responde a los cuestionamientos de sectores que consideran que las sanciones propias son “demasiado blandas”?
Es esencial continuar con la labor pedagógica, incluso después de los nueve años transcurridos desde la firma del Acuerdo Final de Paz. Es crucial comprender que el modelo de justicia para la Paz que este estableció en la negociación no es de carácter retributivo, sino restaurativo. Su propósito central no es el castigo a través de la privación de la libertad, sino garantizar la verdad, reparar integralmente a las víctimas y contribuir a la no repetición de los hechos. Estos sectores deben dejar de pensar en la venganza, en el ojo por ojo, en superar el odio para la no repetición.
En este contexto, las sanciones propias de hasta ocho años de duración y con un sólido componente reparador, resultan proporcionales y suficientemente rigurosas. Este modelo jurídico fue avalado por la Corte Constitucional y el Congreso y respaldado por la comunidad internacional como el mecanismo idóneo para poner fin al conflicto y construir una paz estable y duradera.
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