Más de 8.500 personas acreditadas como víctimas en toda Colombia. 135 casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos en el Batallón La Popa, de Valledupar (Cesar). Más de 21.000 personas secuestradas en distintos sitios del país cometidos entre 1990 y 2016. Cinco grandes patrones criminales. Siete exjefes guerrilleros y 12 militares en retiro condenados. Cuatro proyectos de reparación priorizados.
Esas son algunas de las cifras que resumen las dos sentencias emitidas el pasado 16 y 18 de septiembre por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con relación a los macrocasos 01 y 03, que investiga la justicia transicional, creada tras el Acuerdo de Paz de 2016. Las primeras decisiones que imponen sanciones restaurativas en lugar de penas de cárcel.
Pero, más allá de los números para medir la efectividad de la justicia, en el centro de las decisiones están las víctimas de los más graves crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por grupos al margen de la ley y agentes del Estado, durante medio siglo de violencia. Estas son sus voces.
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Mónica Oyuela, hija de Augusto Oyuela, secuestrado y asesinado por las Farc
Mónica Oyuela tenía 13 años cuando esperó recibir en el aeropuerto a un papá enfermo y convaleciente. Eso se imaginó cuando su mamá le dijo que el papá estaba grave, que no había esperanza luego de escuchar por radio que habían encontrado dos cuerpos amarrados a un árbol en Cartagena del Chairá. Pero lo primero que las recibió en esa terminal fue un carro fúnebre, una cita verde y un ataúd con el cuerpo de Augusto Oyuela.
Han pasado 30 años desde ese momento y a Mónica le sigue doliendo casi lo mismo. Respira profundo y se arma de valentía para contar que está relacionada con el caso 01 en la JEP por el secuestro, tortura y asesinato de su padre, Augusto, cuando él tenía 42 años. Era un ganadero y comerciante de San Vicente del Caguán que un día fue citado por la columna Teófilo Forero de las antiguas Farc a una reunión para mejorar las carreteras de la zona, pero ese encuentro, al que también citaron a su socio, se convirtió en un secuestro de no más de diez días en el que los transportaron hasta la finca de unos campesinos donde los torturaron y asesinaron.
Mónica recuerda con total lucidez y tristeza que en televisión estaban pasando la novela de las nueve de la noche, Café con aroma de mujer, cuando los tiros interrumpieron el silencio de la vereda. Cuenta que los campesinos no quisieron salir a mirar, que llamaron a la Fiscalía y que la noticia se difundió por radio. Su mamá supo que su papá estaba muerto, pero no pudo decirle la verdad. Mónica estaba segura que su papá se iba a recuperar de lo que fuera que le hubiera sucedido, pero después supo que no era así y que a sus 13 años le tocaría hacerse la fuerte hasta que pudiera reclamar verdad y justicia.
En el 2022, después de pasar un camino tedioso por Justicia y Paz, Mónica ingresó a la JEP y le comenzaron a hablar de verdad y reparación. No entendía esa forma de justicia hasta que un año después la invitaron a una audiencia de reconocimiento. A través de un vínculo de YouTube vio a Fabián Ramírez, comandante del Bloque Sur de las Farc. “Lo veo hablando de mi padre y reconociendo. Eso fue histórico, fue increíble, fundamental. Eso para mí fue el inicio de sentir que estaba obteniendo justicia”, cuenta Mónica. Después vinieron un par de encuentros más con otros jefes guerrilleros y Mónica pudo saber muchas cosas que necesitaba y quería conocer. En las audiencias, Mónica se dedicó a mostrar el valor de su padre para que los comparecientes entendieran todo lo que ella había perdido. Con la reciente sentencia de la JEP a los siete miembros del antiguo secretariado de las Farc, Mónica se siente reparada.
“Prefiero una justicia imperfecta porque la justicia ordinaria no me hubiera traído nada de esto. El que haya una sentencia es para mí que esto no sea indefinido. Es un paso más para soltar y cerrar”, agrega, aunque reconoce que siempre será necesario repetir el perdón todas las veces que sean necesarias. “Ellos han podido volver con sus familias, nosotros ya no podemos volver a nuestras familias y ningún esfuerzo es suficiente. Sigan invirtiendo en la lucha, busquen a las personas desaparecidas, sigan pidiendo perdón cuantas veces sea necesario y nunca crean que es suficiente”.
Héctor Mahecha, víctima de secuestro por las Farc
Héctor Mahecha fue víctima de secuestro, tortura, amenazas, desplazamiento forzado y hechos de terrorismo por el Comando Conjunto Central de las extintas Farc. Recuerda que a su padre también lo secuestraron y que pusieron bombas en su casa y su negocio. Con todo ese pasado en su vida, hoy Héctor dice que es una persona positiva y que tiene mucha fe. Cree que el proceso en la JEP ha sido largo y trabajoso, pero al mismo tiempo sanador.
Héctor reconoce que al principio fue incrédulo de una justicia transicional y que cuando se enfrentó a la antigua cúpula de las Farc fue un impacto muy grande. En todo ese camino se alejó de la idea de una justicia punitiva, pues encontró mayor beneficio en la verdad. “Muchas víctimas quieren cárcel para ellos, pero ¿en qué va a beneficiar a las víctimas tener encerrada a la cúpula en una cárcel? Eso no va a ayudar a las víctimas como tal porque pagan su pena y listo, salen. La justicia de la verdad me parece que funciona más para las personas que tengan muchas dudas y se solucionen”, explica Héctor.
Hoy por hoy reconoce que tiene una posición ambigua frente a la reciente sentencia de la JEP contra los siete ex jefes guerrilleros, en parte porque siente que no se dijo nada concreto. Por eso entiende que exista disgusto entre las víctimas, pero sabe que dentro de los proyectos de restauración se pueden hacer trabajos, obras y actividades restaurativas que de verdad valgan la pena. Sobre todo resalta que la fundación ReviPaz pueda participar.
“En mi caso particular no hubo víctimas mortales. Sufrimos todos los flagelos y yo no puedo dar, ni nadie puede dar reversa y tratar de resolver el pasado. Hay que mirar desde aquí el presente y el futuro. Entiendo que para otras víctimas no sea fácil porque hay resentimiento, hay una duda razonable en cuanto a que no se han hecho muchas cosas. Muchos teníamos proyectos de vida, pero la guerra nos los quitó.”, agrega y espera que con esta sentencia, los ex Farc sigan trabajando por las víctimas tanto a nivel simbólico como restaurativo.
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Juan Carlos González, víctima de secuestro por las Farc
Juan Carlos González fue víctima de secuestro por las Farc en al menos cuatro ocasiones y en cada una de las veces que la guerrilla lo internó en la selva él pensó en su familia. “Uno no piensa en nada más. Es una total incertidumbre. ¿Qué va a ser de mi familia si no vuelvo?”, relata. También, cada vez que lo liberaron, Juan Carlos recordó que sus padres siempre le enseñaron a dar el perdón. “Nosotros tenemos la facultad de perdonar, pero no tenemos la facultad de condenar. El único que tiene la facultad de condenar es Dios. Mientras no descarguemos todo eso que tenemos represado, vamos a sufrir”, agrega.
Esa enseñanza lo ha ayudado a vivir. Sabe que nadie ni nada le va a devolver lo que perdió, pero se consuela al decir que la vida debe continuar. Tras la sentencia de la JEP, Juan Carlos sintió que fue una forma de cerrar un capítulo, sin necesidad de olvidar lo que le sucedió.
“Se sabía que la sentencia sería sin restricciones políticas, con algunas restricciones de movilidad. Pero esto nos enseña también que hay que trabajar mancomunadamente, trabajar juntos para lograr una paz estable y duradera. Hay que abrir nuestros corazones, sacar el odio y el rencor. No tenemos que olvidar lo que pasó, pero sí dejar el odio y el rencor de nuestros corazones para que las cosas surjan y hay que trabajar con ellos porque así lo dice la justicia transicional”, dijo Juan Carlos.
Olga González, hija Gilberto González, secuestrado y desaparecido por las Farc
Olga González cuenta que ella y su familia fueron condenados a 13 años y dos meses de sufrimiento e incertidumbre, a pesar de no haber cometido ningún crimen. Desde que secuestraron y desaparecieron a su padre, el agricultor Gilberto González, el 28 de mayo de 2012, toda su familia se sumió en una condena de dolor. Hoy se siente inconforme con la sanción de la JEP a los máximos responsables de la política de secuestro dentro de las Farc porque la sanción de 8 años es mucho menor a los 13 años y dos meses que sufrieron. Hace poco menos de dos meses que Olga y su familia encontraron el cuerpo de su papá luego de una ardua labor de búsqueda. Aunque su hallazgo fue un bálsamo, también fue la chispa que encendió una pregunta que todavía no tiene respuesta: ¿Qué fue lo que pasó?
“Estamos esperando la verdad. Esa es la reparación que yo espero que llegue. Hoy nosotros ya tenemos a mi papá con nosotros, pero ¿qué pasó desde el instante que se llevaron a mi papá de ese lugar? ¿Qué pasó hasta el día que él murió y qué pasó desde el lugar de donde se lo llevaron y al lugar donde lo encontramos? ¿qué pasó? Nosotros queremos esa verdad, queremos saber qué pasó, queremos saber el por qué y esa verdad no ha llegado”, cuenta.
Olga espera que la vida no se le acabe sin responder esas preguntas. Quiere que la fe, la esperanza y la paciencia que la acompañaron durante 13 años y dos meses le alcance para conocer la verdad que todavía no le han dicho. Por eso, con la sentencia de la JEP, Olga le dice al último secretariado de las Farc que los compromisos no se pueden quedar en papel, que las víctimas necesitan ser reparadas en todos los sentidos y que ya no quiere seguir sufriendo en la incertidumbre. “Una reparación completa será cuando la verdad sea dicha, no por terceros sino por boca directamente de las personas que cometieron los delitos”.
Mario Montoya, víctima de secuestro por las Farc
Mario Montoya dice que para hoy estar contando su historia tuvo que pagar 238 millones de pesos por once días en cautiverio. Fue secuestrado por las Farc el 7 de febrero de 2009 cuando trabajaba como en la Universidad del Tolima. Lo liberaron bajo la promesa del pago de una cuota mensual. No tenía tanto dinero para pagar su rescate, entonces tuvo que endeudarse y hoy, 16 años después, todavía debe una parte de esa alta suma de dinero. Pero más allá del daño económico, lo que más le pesa a Mario es el daño que le hicieron a su familia. “Mi familia está desintegrada, eso lo ocasionó el secuestro. ¿Quién nos ayuda a que la familia vuelva a estar unida? Si me vuelven a secuestrar, no me dejo llevar, yo me hago matar. No vuelvo a vivir ese flagelo”, cuenta Mario. Con la sentencia de la JEP, Mario espera que sea abran las puertas para que se reconozca el daño a las víctimas y que en los 8 años de sanción beneficien a los que estuvieron secuestrados para sentirse finalmente reparado.
Víctima de secuestro por las Farc
“El vacío de justicia es grande, pero es el precio que teníamos que pagar para acabar con la violencia. Sabíamos que la única manera de que ellos se entregaran y accedieran al Acuerdo de Paz, a incorporarse a la vida civil, era no pagar cárcel. Ese es el precio que pagamos las víctimas y tuvimos que sacrificarnos con el fin de que se hubiese apagado la violencia en ese momento. Pero miramos hoy en día nuestro país y nos hacemos la pregunta ¿Vale la pena parar la violencia cuando está resurgiendo nuevamente? Si en mi caso personal tengo que olvidarme de eso para haber evitado las muertes del 2016 hacía acá, pues no tengo nada que decir, solo sacar fortaleza y pasar la página”.
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