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“Mientras no exista acuerdo, no vale la pena citar la plenaria del Senado”, declaró ayer el ministro del Interior, Guillermo Rivera, ante las incesantes dilaciones para destrabar el futuro de la reglamentación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) en el Congreso y la imposibilidad de llegar a una negociación entre el Gobierno y las fuerzas políticas ahora volcadas a favor del presidente electo, Iván Duque.
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Aunque sólo se necesita el aval de esta cámara alta para que la justicia transicional comience a operar de lleno y con herramientas sólidas para tomar decisiones, desde los comicios de la segunda vuelta, que le dieron un triunfo sin precedentes a Duque, las dudas en torno al Acuerdo de Paz comenzaron a calar entre quienes, en el pasado, habían acompañado lo pactado con la hoy desarmada guerrilla Farc.
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El pulso, de momento, les da la razón a las voces que lideraron el No en octubre de 2016, un hecho que quedó en evidencia ayer, al término de la reunión de la subcomisión de legisladores en el Ministerio del Interior. Cambio Radical y los partidos Liberal y Conservador brillaron por su ausencia. No llegó ningún legislador en representación de esas colectividades y los que sí lo hicieron, entre ellos el senador Jorge Robledo, concluyeron que el futuro de la reglamentación de la JEP “está jodido”, según palabras del senador de la U, Armando Benedetti.
El meollo del asunto radica en que el Centro Democrático quiere incluir tres modificaciones precisas para, ahí sí, darles luz verde en el Senado a las normas para que opere la justicia transicional y convencer a su nueva coalición de gobierno de que la vote favorablemente. ¿Cuáles son? A grandes rasgos, limitar la participación en política de los responsables de los crímenes más graves, establecer un procedimiento especial para los terceros involucrados en el conflicto y crear una sala especial para juzgar a los miembros de la Fuerza Pública.
Esta última condición ha sido rebatida, incluso, por las mismas cabezas militares, pues dejaría en el limbo jurídico a los más de 2.300 uniformados que se han sometidos a la JEP, según advirtió el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas -quien también llegó a la reunión junto al general Alberto José Mejía, comandante de las Fuerzas Militares- , y podría ponerlos en el radar de la Corte Penal Internacional, como lo aseguró el ministro del Interior, Guillermo Rivera. “Estas normas de procedimiento son esenciales para otorgarles seguridad jurídica a quienes deben comparecer ante la JEP y para garantizar que las víctimas del conflicto armado puedan satisfacer sus derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, reiteró Rivera.
Para la agrupación Voces de Paz, que ejerce la representación en el Congreso del hoy partido FARC, el temor recae en dos principales destinos: uno, como expresó Francisco Toloza, es que “la JEP termine en las manos de sus principales detractores por el afán de aprobarla antes de que cierre esta legislatura, ante la negociación con el Centro Democrático, las nuevas presiones provenientes de las coaliciones del futuro gobierno y la incapacidad del actual de concretar mayorías”. Otro tiene que ver con lo que Imelda Daza, también de Voces de Paz, define como “un intento de impunidad que favorezca a ‘los terceros’ en el conflicto, algunos pertenecientes al establecimiento, congregaciones paramilitares, grandes grupos empresariales y altos mandos de las Fuerzas Armadas, que también tienen un compromiso en el horror que vivió el país”.
Para Daza, “las grandes afectadas con todo esto somos las víctimas del conflicto, que decían éramos la centralidad del Acuerdo y que queremos la verdad. Todo eso se va al traste si el nuevo gobierno y Congreso se concentran en mover sus fichas para impedir que se reglamente esa justicia transicional”.
Aunque la senadora Paloma Valencia, que en representación del uribismo ha estado negociando en la subcomisión designada por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, para desenredar el embrollo en el que está estancada la reglamentación de la JEP, dijo ayer que se está muy cerca de llegar a un acuerdo “para volver al procedimiento mucho más garantista”, el Gobierno cree que la salida de este laberinto terminará siendo una JEP autónoma y sin procedimientos discutidos vía Congreso.
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“Con la aprobación del acto legislativo que creó la JEP esta jurisdicción nace a la vida jurídica y no necesita una ley que la desarrolle para empezar su funcionamiento. En virtud de ello, tendrá que darse sus propias normas de procedimiento para cumplir ese mandato constitucional que le ordena actuar. Lo mejor que se puede hacer, lo más democrático, lo más institucionalista, es darle trámite a la ley”, explicó Rivera.
Como último recurso, concluyó el ministro, la subcomisión tendrá plazo hasta hoy para llegar a un acuerdo. Si no lo hace, mañana será convocada la plenaria del Senado, que actualmente está debatiendo en un período de sesiones extraordinarias, para votar el proyecto de ley. “La corporación deberá decidir si aprobarlo o archivarlo y asumir la responsabilidad de ello. No podemos seguir en este terreno del aplazamiento sin que se tome una decisión”, concluyó el ministro.
El miércoles, entonces, se pondrá a prueba la voluntad de paz de quienes hoy se preparan para co-gobernar desde el Congreso con el nuevo mandatario, pero que a la vez llevaron en su solapa durante seis años una paloma blanca.