Cicatrices sin sanar: cuerpos y mentes marcadas por la desaparición en Colombia

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La enorme dimensión de la desaparición forzada en Colombia ha dejado marcas en la salud mental de los familiares que no han parado de buscar a sus seres queridos. En contraste, la atención del Estado ha sido insuficiente para tratar su dolor. Menos del 5 % de las personas afectadas por este aberrante crimen han sido atendidas.

La desaparición forzada tiene uno de los matices más oscuros de la guerra, porque además de afectar todos los derechos de las víctimas, los perpetradores buscan borrar la existencia, el cuerpo y el recuerdo de esas vidas. En Colombia, según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, al menos 942 municipios de los 1.122 que tiene el país sufrieron algún caso de este crimen, que no solo produce un enorme dolor y desconcierto en sus familiares, sino que afecta a las comunidades del entorno de diferentes maneras.

El sufrimiento y la incertidumbre permanente al que están expuestas los miles de personas que aún buscan a sus desaparecidos generan una angustia que se extiende en el tiempo, situación que les ocasiona condiciones de estrés crónico, depresión y ansiedad. Este duelo sin cierre deja profundas lesiones físicas y emocionales, que al no ser tratadas de manera adecuada pueden agravar el estado de salud de quien trata de encontrar a su familiar.

(Lea también: Una guía para hablar de los desaparecidos por la guerra en Colombia)

Vivir con esa herida sin cerrar, y las condiciones de estrés constante que produce, se manifiesta en el cuerpo. “Se ha visto que el estrés psicológico y el sistema inmunológico tienen defensas recíprocas, es decir, que uno actúa en el otro; de esta manera, estados de ansiedad y depresión pueden decantar estados inflamatorios crónicos, lo que predispone a muchas patologías”, explica la gastroenteróloga Patricia Álvarez, experta en el tratamiento de enfermedades del tracto gastrointestinal. “Desde el día que desapareció mi hijo estoy enferma. A mí me dio cáncer en la matriz. Me dijeron que era por la angustia, porque no comía, me enfermé mucho, me dio depresión severa y todavía la tengo. Una doctora me dio una incapacidad. Ahí dice que tengo enfermedades múltiples. Los doctores me dicen que el dolor me salió por la piel”, cuenta Edilia Payán, madre de Jonathan Uzcátegui Payán, desaparecido en 2004 por los paramilitares del bloque Calima en el Cauca.

A pesar de los esfuerzos del Estado por atender psicológicamente a las víctimas, estos se han quedado cortos tanto por la cobertura como por la pertinencia y la calidad de los tratamientos que ofrecen. El principal mecanismo para prestar los servicios de salud es el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Ministerio de Salud (Papsivi). Su función es la de “ofrecer una atención diferencial, una estrategia de rehabilitación integral para la recuperación o mitigación de los daños causados por el conflicto y contribuir con la unión y el trabajo colaborativo en las comunidades”, explica Hernando Millán, funcionario de la oficina de promoción social del Ministerio de Salud, encargada del manejo del Papsivi.

Otra de las entidades que atienden este tipo de atención psicosocial es la Unidad de Víctimas, que tiene como obligación apoyar el plan de trabajo del Papsivi, complementarlo con la estrategia de recuperación emocional planteada por el Ministerio y seguir la ruta de acompañamiento a los familiares de desaparecidos en la entrega digna del cuerpo.

En la práctica, el Papsivi tiene una cobertura muy limitada: desde su creación en 2011, con la Ley de Víctimas, apenas ha atendido a 5.857 personas de los 129.109 familiares de desaparecidos inscritos en el Registro Único de Víctimas (RUV), es decir, apenas el 4,5 %. Es importante decir que aquellas víctimas que no están en el RUV no pueden acceder a estos servicios de atención psicosocial.

Además, el Papsivi tiene capacidad para llegar únicamente a las cabeceras municipales. Según la Asociación de Víctimas del Ariari, una agrupación del centro oriente del país a borde del río Ariari, en el departamento de Meta, el programa, que se realizó en la zona entre 2016 y 2017, no fue implementado en las áreas rurales del departamento, donde se concentran varias comunidades afectadas por la violencia de finales de los noventa y comienzos de 2000. Esa es una de las grandes falencias del programa.

En definitiva, las cifras muestran la carencia en cobertura. Para esta investigación, el equipo periodístico del proyecto de Rutas del Conflicto construyó una base de datos con estadísticas y testimonios de familiares y colectivos de víctimas del conflicto armado en 24 municipios, con una alta cifra de desaparecidos en el país, de acuerdo con datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica y la Unidad de Víctimas. Los municipios escogidos pertenecen a 15 departamentos ubicados en todas las regiones geográficas del país.

Se encontró que, por ejemplo, el municipio de Turbo, en Antioquia, tiene al menos 1.355 desaparecidos y en el RUV hay 2.451 familiares que los buscan. Sin embargo, según el Ministerio de Salud, solo 58 personas han sido atendidas por el Papsivi con enfoque en desaparición forzada, es decir, el 2,3 %. De los 24 municipios que Rutas del Conflicto examinó, Florencia, en Caquetá, es el que reporta mayor número de atenciones, con 107 víctimas atendidas, que representan el 8 % de quienes son reconocidos en el RUV.

En las grandes ciudades las cifras de atención a víctimas de este delito no son mejores. Medellín cuenta con 3.913 personas registradas por este hecho y solo han sido atendidas 148, cerca del 4 %. En Bogotá, el RUV tiene a 1.090 personas inscritas; el Papsivi ha llegado a 118 personas, para un 10,8 % de atenciones. Cali tiene 845 personas registradas por desaparición forzada y 155 atendidas, con lo que ha llegado al 18 %.

Además de la cobertura, la otra gran falencia que tiene la atención psicosocial es la calidad de las terapias. En el caso del Papsivi, la implementación del programa en algunas ocasiones no ha sido exitosa y las víctimas terminan por abandonarlo sin completar su ciclo de atención. En otros, el problema aparece cuando la responsabilidad del tratamiento llega a la EPS. “Llevé a mi hijo porque un día me dijo, ‘mami, ¿para qué vivir?’ Eso me asustó, entonces me mandaron para Bucaramanga a donde un psicólogo que le preguntó a mi hijo que cómo se veía en cinco años y él le respondió que no sabía. Entonces, el doctor me dijo: ‘Señora, ponga a su hijo a estudiar algo de pegar tubos porque su hijo no sirve para ser ingeniero’. Eso me destruyó y lo dijo sin saber del dolor de mi hijo. Hoy en día mi hijo está estudiando ingeniería de sistemas”, cuenta Alix Vélez, esposa de Miguel Cifuentes, desaparecido en la masacre cometida por las Autodefensas Campesinas del Santander y Sur del Cesar, el 28 de febrero de 1999, en Barrancabermeja.

Para los terapeutas es retador el manejo del dolor con familiares de desaparecidos, pues no pueden tratarlo completamente desde el punto de vista del duelo y sus etapas, ya que al no haber certeza sobre la muerte de la persona, la aceptación de la pérdida no se puede dar. “Se hace un duelo sobre algo que ya no está; la vida de esa persona que se fue deja un vacío y el duelo es el proceso de resolver ese vacío”, explica Miguel Gutiérrez, doctor en psicología, profesor e investigador de la Universidad del Rosario, quien agrega que una forma acertada de los expertos es acompañar a la persona en la búsqueda de sus propias soluciones.

Sin embargo, muchas veces ni los recursos ni la fuerza de trabajo, es decir, los equipos psicosociales, son suficientes para brindar atención de calidad. Según explica Aída Solano, coordinadora de la atención psicológica de la Unidad de Víctimas, la cantidad de personas a atender los desborda en profesionales y deben tercerizar el servicio. Y, aunque la Unidad capacita a tales contratistas, “a veces nos engañan”, dice Solano. “Llamamos a los beneficiarios y nos dice que el psicólogo no volvió, pero el profesional reporta deserción o desinterés de las víctimas”, cuenta la funcionaria.

El problema, según dicen las víctimas, es que muchas veces los profesionales no saben cómo atenderlas y terminan afectándolas aún más. “Hay unas demandas puntuales de poblaciones que necesitan profesionales bien formados para intervenir a nivel emocional y psicológico, pero no los hay”, asegura Gutiérrez. Precisamente, en Colombia, un país en conflicto, son pocas las opciones de formación que ofrece la academia para atender, desde la psicología, a estas personas y, asimismo, escasos los profesionales especializados en este enfoque.

A pesar de los esfuerzos de las comunidades, es clave que el Estado mejore la atención. Los expertos señalan que también es importante que las universidades se sumen para mejorar la formación de los psicólogos y llevar programas de formación a las regiones más afectadas por estos crímenes.

Las víctimas se organizan para resistir

Las organizaciones de víctimas y quienes han sido testigos del horror de este crimen han creado formas de no olvidar y de resignificar la vida de quienes siguen ausentes. Han consolidado colectivos por todo el país para recordar a los desaparecidos y para exigirle al Estado verdad, justicia y reparación. La unión y el trabajo de estos grupos de víctimas y los ritos que han construido han servido como un apoyo emocional para mediar su dolor y mantener vivo el recuerdo en medio de la indiferencia social que los rodea. “Como acción social tienen un valor muy grande. Va en contravía de la acción de borrar del todo a una persona. Logran restituir algo de la dignidad que les quitaron”, explica Miguel Gutiérrez.

(Escuche: (Pódcast): Las afectaciones psicológicas de quienes buscan a sus desaparecidos)

El reclamo ante el Estado es un elemento común en estas organizaciones y les ha dado un rol de liderazgo que no tenían. Alejandro Álvarez, psicólogo e investigador que ha recogido las prácticas de apoyo de la mayor organización de desaparecidos en Colombia, la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), explica que el desarrollo de un componente político que empodere a las víctimas para reclamar sus derechos es clave en su atención psicológica. “Asfaddes, en su crecimiento como organización, ha aprendido que es importante que las víctimas sean conscientes del valor de su trabajo colectivo para que no haya impunidad. Esta labor los convierte en sujetos activos, que se identifican a sí mismos como personas valiosas que hacen valer sus derechos”, explica Álvarez.

Para conocer en detalle la investigación sobre salud mental en los familiares de los desaparecidos por la violencia en Colombia, vea la serie de reportajes: Cicatrices sin sanar: historias, cuerpos y mentes marcadas por la desaparición en Colombia, en Rutas del Conflicto.

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