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La paz total que delineó el presidente Gustavo Petro al inicio de su mandato se ha vuelto, hoy, a poco más de un año de que termine su Gobierno, mucho más parcial de lo que se pensó.
En total, nueve tableros de negociación se han seguido en los 32 meses de la administración Petro, entre guerrillas, disidencias, grupos herederos del paramilitarismo y bandas criminales. Con algunos hay avances, pero los hechos más concretos y significativos -ocurridos justamente en la última semana y ambos con epicentro en Nariño- han sido con estructuras más pequeñas que operan en territorios muy específicos.
El “primer gran éxito” de su política de paz, como lo calificó el mismo presidente Petro, ocurrió el domingo pasado con el Comuneros del Sur, el frente que se separó del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ante la comunidad, el grupo se convirtió en el primero en entregar armas al Gobierno.
En ese primer acto se entregaron al Ejército 585 artefactos explosivos, incluyendo minas antipersonales y granadas, que fueron destruidos posteriormente. Además, se firmaron acuerdos orientados a la sustitución de cultivos ilícitos y la reparación a víctimas. El grupo también se comprometió a transformarse en un movimiento político y social sin armas, enfocándose en la construcción de paz territorial y la transformación del territorio.
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Casi que paralelamente, el Gobierno alcanzó acuerdos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una disidencia de las FARC liderada por Walter Mendoza y que también nació producto de una fractura con la Segunda Marquetalia de Iván Márquez.
El jueves pasado se oficializó el pacto por la sustitución de 30.000 hectáreas de cultivos de coca en los departamentos de Nariño y Putumayo. Además, la CNEB se comprometió a no vincular a menores de 18 años a sus filas y a que no harán uso de minas antipersonal.
El cambio a la paz territorial
Estos avances reflejan la estrategia del Gobierno de territorializar los procesos de paz, alejándose de las mesas nacionales para enfocarse en acuerdos específicos con grupos armados en sus regiones de influencia. El comisionado de paz, Otty Patiño, ha enfatizado la importancia de estos procesos locales para lograr una paz duradera.
Así las cosas, esa estrategia de territorialización de la paz, enfocada en acuerdos locales y específicos y a abordar el conflicto armado desde una perspectiva local, reconociendo las particularidades de cada región promoviendo la participación activa de las comunidades afectadas, comienza a mostrar resultados.
Expertos advierten que, aunque los acuerdos con Comuneros del Sur y la CNEB son pasos importantes, su impacto es limitado y podrían generar un desgaste para el Ejecutivo si no se traducen en mejoras tangibles para las comunidades afectadas. La implementación efectiva y la sostenibilidad de estos procesos serán clave para consolidar la paz en las regiones.
La misma Misión de Verificación de la ONU en su informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo de Paz, dijo que los diálogos de paz total deben empezar a mostrar resultados más tangibles. Esa entidad acompaña justamente ese proceso de paz.
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“Ha habido avances (…) En el del Estado Mayor de los Bloques y Frente estas reuniones próximas tienen que evaluar entre otras cosas, el cese al fuego, cuya vigencia se acaba el próximo 15 de abril. Creo que ya es el momento de tener beneficios tangibles para las comunidades en estos meses por delante”, dijo a este diario hace unos días Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general de la ONU en Colombia y jefe de la Misión de Verificación de ese organismo.
La otra advertencia ha sido que, si el Estado no hace presencia en esos lugares, como fue en parte lo que ocurrió tras la salida de las antiguas FARC de algunos territorios tras la firma del Acuerdo de Paz, no podría impedirse el resurgimiento de nuevos grupos armados. En Nariño, sin ir más lejos, desde hace meses se habla de que el espacio (y control) de Comuneros en Samaniego ya está siendo cooptado por las Autodefensas Unidas de Nariño.
Mientras los acuerdos con los Comuneros del Sur y la CNEB representan sin duda avances en la pacificación del país, su éxito dependerá de la implementación efectiva de los compromisos y de la capacidad del Gobierno para mantener el impulso en un contexto de desafíos persistentes.
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