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Casi tres años después del inicio del Gobierno de Gustavo Petro, la paz total -una de las apuestas más ambiciosas del presidente- dio su primer gran logro tangible e irreversible: la entrega de armas de uno de los grupos ilegales con los que el Ejecutivo entabló mesas de diálogos de paz.
No fue ninguna de las grandes estructuras de las que se habló en la recta inicial del Gobierno. De hecho, se trata de un grupo que surgió (o más bien, se “independizó”) hace menos de un año: Comuneros del Sur, un frente del ELN que opera en Nariño desde 1992 y decidió, en mayo de 2024, desligarse de esa guerrilla para empezar un proceso de paz por aparte con acciones territoriales en los 10 municipios donde hace presencia, en la región de Abades.
Aunque Comuneros es un grupo pequeño en comparación con los otros que se han vinculado a la paz total (tiene apenas unos 100 integrantes), el inicio de su dejación de armas marca un precedente clave y abre la esperanza en este territorio, que lleva décadas resistiendo al conflicto armado.
En total se entregaron 585 unidades de material de guerra (entre minas, morteros y granadas), que fueron destruidas por el grupo de Manejo de Artefactos Explosivos (Marte) del Ejército Nacional el sábado pasado, tras recibir luz verde por parte del propio presidente Petro.
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El presidente viajó a Pasto para asistir a un evento sobre los avances en este proceso de paz que congregó a más de 1.500 habitantes. Se espera que el resto de las armas sean entregadas y destruidas en los próximos tres meses, con verificación internacional.
Más allá de los impactos territoriales de este proceso, la entrega de armas de Comuneros se convierte en un tanque de oxígeno necesario para la apuesta de paz total del jefe de Estado, que ha recibido críticas por el fortalecimiento de los grupos armados, el recrudecimiento de la violencia y la falta de avances concretos en la mayoría de mesas de diálogo. Sin ir más lejos, el proceso de paz con el ELN, el primero que inició este Gobierno, está completamente suspendido.
El temor por la consolidación de un grupo de Autodefensas
Hay un tema que no puede perder de vista el proceso de paz que se adelanta con Comuneros: las denuncias por la consolidación de las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN).
Se trata de un grupo que se presentó con un panfleto en octubre de 2023 para combatir “a los bandidos del Bloque Occidental” de las disidencias de las FARC y que, según algunas personas del territorio, supuestamente trabaja en connivencia con Comuneros del Sur. “Son los mismos, pero con otro brazalete. Las AUN les hacen el trabajo sucio para que no haya escándalo en el proceso de paz”, le dijo a Colombia+20 un líder social de la región de Abades hace algunos meses.
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Aunque la delegación de paz de Comuneros ha negado cualquier vínculo con esa organización de autodefensas, en el territorio se han mantenido los llamados por jugarle limpio al proceso de paz para que la violencia no se vuelva a enquistar si, como todo indica, se llega a un proceso de desmovilización.
En el evento del sábado, Royer Garzón, representante de Comuneros en la mesa de negociaciones, reafirmó públicamente su compromiso y “voluntad sincera de la paz territorial”, y afirmó que las comunidades están hartas de la guerra.
Los proyectos del Gobierno en la región
Durante la reunión en Pasto, distintas entidades del Estado hicieron un balance de lo que se ha logrado en el marco del proceso y firmaron dos acuerdos clave: uno que garantiza la dignificación de las víctimas y otro que marca el inicio del proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.
Las acciones se están adelantando en los municipios de Barbacoas, Cumbal, Guachucal, La Llanada, Mallama, Providencia, Ricaurte, Samaniego, Santa Cruz de Guachavés y Los Andes Sotomayor.
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“En los 10 municipios donde había presencia del grupo Comuneros del Sur, se han invertido $45 mil millones y hay 109 equipos de médicos, enfermeras, 4 centros de salud y 6 ambulancias. Así se transforma el territorio, y no es que lo vamos a hacer, ya están”, indicó Petro.
La hoja de ruta de las delegaciones ha estado marcada por tres temas principales: el desescalamiento de las violencias, la implementación de las tranformaciones territoriales y la transición de los integrantes del grupo armado a la vida civil y hacia un movimiento social y político.
Entre los logros reportados por el Ejecutivo está el inicio del desminado humanitario en tres zonas periféricas en Samaniego y la capacitación a 10 integrantes de Comuneros del Sur por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas (UBPD) para conformar el grupo “Buscadores de Comuneros” para que contribuyan a la documentación de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado.
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Además, el Gobierno aseguró que ha intervenido alrededor de 50 infraestructuras educativas, dotado de mobiliario 36 ambientes rurales y desarrollado 3 sedes de educación superior con una inversión superior a los 15 mil millones. También se realizó la priorización de 48 proyectos de mejoramiento de infraestructura en salud, dotación y la adquisición de ambulancias, y se asignaron 109 Equipos Básicos de Salud en el territorio.
En materia de infraestructura de vías, se han priorizado 12 proyectos y se ha entregado maquinaria amarilla a los municipios de Samaniego, Santacruz, La Llanada y Providencia.
Por último, el Ejecutivo destacó que se está desarrollando un proceso de conectividad digital a través de la instalación de 166 centros digitales en los diez municipios.
¿De qué se tratan los acuerdos firmados?
En cuanto a los dos acuerdos firmados el sábado en Pasto, el primero reconoce el papel fundamental de las comunidades afectadas por el conflicto y sienta las bases para un proceso de reparación simbólica y reconocimiento histórico en Nariño.
Según contó Andrei Gómez Suárez, se plantearon mecanismos para la recuperación de la memoria colectiva, la preservación de testimonios y la participación activa de las víctimas en los procesos de paz y reconciliación. También se busca el fortalecimiento de las iniciativas comunitarias de memoria y la articulación con el Sistema Integral para la Paz, incluyendo la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
Este tema generó dudas, pues la Comisión terminó su actividad misional en 2023 y la UBPD se diseñó para los casos ocurridos antes de 2016.
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El segundo pacto fue orientado a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en los 10 municipios priorizados del departamento. Este acuerdo, suscrito por Carlos Erazo y Roger Garzón como representantes de las partes, tiene como meta reemplazar, mediante una ruta voluntaria, 5.000 hectáreas de cultivos de coca.
La fase inicial de este proceso contempla declarar al municipio de Samaniego libre de cultivos de uso ilícito durante el año 2025. Posteriormente, la fase dos ampliará las acciones a los demás municipios priorizados, en un proceso gradual liderado por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos.
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“La planificación y la acción coordinada serán fundamentales para transformar estas economías en el territorio y garantizar un futuro más seguro y próspero con las comunidades”, dijo Ángela María Robledo, quien también participa como delegada del Gobierno en el proceso con Comuneros.
Las pullas al ELN
El sábado, durante su discurso en Pasto, el presidente Petro aprovechó para criticar el actuar del ELN y resaltar la decisión de Comuneros de separarse de esa guerrilla.
“Sabemos que hay una mezcla entre dos mundos: el salido de la insurgencia armada que quería cambiar al mundo, y el que surge del traquetismo, que piensa en la codicia. Reconociendo esa realidad tenemos que acercarnos a la violencia. Debo reconocer que en Comuneros del Sur brilló más la idea del cambio y la transformación que en el ELN, que no piensa en el campesino porque lo asesinó en el Catatumbo, sino en cuidar los cultivos de la segunda zona mas cocainera del mundo”, dijo Petro.
Con la serie de acciones emprendidas en Nariño, las comunidades campesinas e indígenas de la región de Abades guardan la esperanza de que, de una vez por todas, el conflicto desaparezca de su territorio y puedan jalonar alternativas de desarrollo en su terrutorio. Garantizar la seguridad y despejar la sombra de las Autodefensas Unidas de Nariño es una condición indispensable para que esa expectativa pueda cumplirse.